jueves, 28 de agosto de 2014

Evo, el candidato favorito indiscutido de Bolivia


A menos que suceda algo imprevisto, Morales obtendrá la reelección. Lo que está en juego en las elecciones del 12 de octubre es el porcentaje con el cual el oficialista Movimiento Al Socialismo dominará la Asamblea Legislativa.

Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
La campaña presidencial hacia las elecciones de octubre transcurre con total pachorra en Bolivia. Los sondeos de opinión dan al actual presidente, Evo Morales, más del 50 por ciento de los votos. Quien le seguiría está 30 puntos más abajo. Quien salga segundo no puede aspirar, por ahora, a más del 18 por ciento. Por eso en el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya están pensando en la manera de modificar la actual constitución para que el líder aymara pueda postularse a una cuarta presidencia, en 2019. En la oposición, antiguos contendientes de Morales, como los derechistas Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, sólo esperan que el electorado recuerde sus rostros hasta 2019, cuando probablemente volverán a presentarse a una contienda que nunca pudieron ganar.
Inequívocamente, todos los indicios apuntan a que Morales será elegido por tercera vez seguida presidente de Bolivia. Lo único que está en juego en las elecciones del 12 de octubre es el porcentaje con el cual el oficialismo dominará la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta hoy y desde 2009, el partido gobernante maneja al Congreso en sus dos tercios. Pero si se debiera dar crédito a las encuestas, el MAS perdería su poder absoluto en ambas cámaras, pues sólo controlaría el 50 por ciento.
El presidente, como la mayoría de los bolivianos, está seguro de que triunfará una vez más en las próximas elecciones generales. Desde la llegada de Morales a la presidencia, en 2005, Bolivia pasa por un período ininterrumpido de desarrollo económico como nunca en su historia. Según las proyecciones de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Panamá y Bolivia lideran el crecimiento en la región este año, con un 6,7 por ciento y un 5,5 por ciento respectivamente.
El Producto Bruto Interno (PBI) de Bolivia corresponde en un 80 por ciento a las ventas de hidrocarburos y minerales. Actualmente, el Estado Plurinacional recibe entre un 60 y un 80 por ciento de las ganancias de las empresas que explotan hidrocarburos. Con esa recaudación, financia una ramificación de bonos, dirigidos a cada sector ajeno al mercado laboral. Hay bonos para los niños que van a la escuela (Juancito Pinto), para las mujeres que recién tuvieron familia (bono Juana Azurduy) y para los ancianos que nunca hicieron aportes jubilatorios (Renta Dignidad).
Quien eventualmente saldría segundo en las elecciones de octubre, el derechista Doria Medina, ya avisó que –de concretarse su fantasía– mantendría este sistema de bonos ya instaurado por el MAS.
Los principales candidatos a la presidencia saben que triunfará quien mejor represente la continuidad del modelo económico boliviano. Aunque nadie podría encarnar mejor esa opción que Evo Morales.
Días atrás, el candidato que tiene encima más horas de coaching –Doria Medina– dijo insulsamente que si él fuera elegido presidente, haría que las ganancias por la explotación de hidrocarburos fueran divididas 50 y 50: la mitad para el Estado y la mitad para la empresa explotadora. De inmediato, masivamente le hicieron entender que en lo sucesivo no debiera ser tan sincero.
El modelo económico boliviano es tan inexpugnable que Morales recibió felicitaciones hasta del Fondo Monetario Internacional (FMI) por su eficaz manejo de los macronúmeros. Pero el presidente rechazó estos buenos augurios como si se trataran de una maldición.
Una encuesta de intención de voto realizada por Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado fue difundida la semana pasada por la red televisiva ATB, cuyos dueños serían empresarios identificados con el gobierno de Morales. Según esta consultora, si las elecciones fueran este domingo, el 59 por ciento de los electores votarían por Morales. El 17 por ciento lo haría por el postulante de Unidad Democrática (UD), Samuel Doria Medina. Mientras el tercer lugar, con el 4 por ciento, pertenecería a Jorge “Tuto” Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien fue vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer, elegido urnas de por medio en 1997. En cuarto lugar, con el 3 por ciento, quedaría Juan Del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM) y quien fuera aliado del MAS hasta 2009. Quinto y último, con menos del 1 por ciento, quedaría el candidato indígena Fernando Vargas Mosúa, del Partido Verde de Bolivia (PVB). El 17 por ciento restante todavía no se decidió.
Vargas Mosúa es del pueblo mojeño, de la Amazonia de Bolivia. Este líder indígena se lanzó a representar a un caudal de indígenas que no están conformes con el discurso pro Madre Tierra del MAS, que según ellos no se cumple en los hechos. Ahora, en las encuestas miden menos del 1 por ciento. Para este candidato, “las tres candidaturas que llevarían la mayor cantidad de votos se benefician con el triunfo del MAS. Pelean entre ellos, se hacen los distintos. Pero en 2009, cuando fue aprobada la actual constitución, estos tres candidatos se pusieron de acuerdo a través de sus partidos para viabilizar la aprobación de la carta magna vigente, porque en última instancia beneficiaría a los empresarios que representan”.

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Otra oportunidad para medio millón de abuelos

El proyecto del Gobierno tuvo el respaldo de la oposición, aunque la mayoría de los bloques objetaron algunos puntos. La iniciativa les permitirá acceder a la jubilación a más de 500 mil personas, la mayoría del 30 por ciento más pobre de la población.

Por Sebastián Premici
La Cámara de Diputados estaba por convertir en ley, al cierre de esta edición, la nueva moratoria previsional para que más de 500.000 personas accedan a un haber jubilatorio. Tanto el Frente para la Victoria (FpV) como las distintas fuerzas de la oposición, UCR, PRO, Unen y Frente Renovador, entre las principales, expresaron su respaldo para aprobar la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió antes en el Senado. Sin embargo, la UCR, Unen, el Frente Renovador y el PRO cuestionaron algunos artículos en la votación en particular. “La ley promovida por el Poder Ejecutivo implica el acceso del ciento por ciento de los adultos mayores al derecho de la jubilación. El sistema previsional argentino es, lejos, el mejor de América latina, porque tenemos la mejor mínima, la mejor media, el mejor sistema de movilidad y la mayor cobertura”, sostuvo Juan Carlos Díaz Roig, miembro informante del oficialismo.
La moratoria se pagará en planes de 60 cuotas, con una quita inicial cercana al 50 por ciento. El monto de las cuotas no podrá exceder el 30 por ciento del haber jubilatorio que pasará a cobrar quien se anote en la moratoria (ver aparte).
El diputado nacional Martín Lousteau (Suma+Unen) manifestó que si bien la ley de moratoria tiene un fin “loable”, el sistema previsional “es 150 veces más generoso con aquel que no hizo sus aportes que con quien hizo sus aportes regularmente”. “El sistema tarde o temprano tendrá inconvenientes de solvencia y otra vez vamos a defraudar a los jubilados”, auguró el ex ministro de Economía.
Sus palabras poseen el eco del debate por la movilidad jubilatoria, cuando los dirigentes opositores auguraban que la fórmula elegida no tardaría mucho en arrojar un número negativo para los adultos mayores. En cinco años, la movilidad acumuló un incremento superior a la inflación medida por las consultoras privadas y mayor que el índice de salarios de los trabajadores privados (ver aparte).
“El tema de la cobertura previsional de los adultos mayores es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial. Creo que sólo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y por la inclusión toma este tipo de iniciativas, que no sólo están inspiradas en cuestiones de equidad, sino que se hacen con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía”, esbozó Carlos Heller (Nuevo Encuentro-FpV).
En la década del ’90, cuatro de cada diez abuelos quedaron excluidos del sistema de la seguridad social como consecuencia de las políticas neoliberales, cuyo resultado fueron una disparada del desempleo y la precarización laboral. A los dos años de la asunción de Néstor Kirchner se lanzó la primera moratoria jubilatoria que permitió incorporar a 2,8 millones de adultos mayores. Ese plan había establecido como fecha límite para regularizar la deuda previsional el año 1993. Pero como entre el período 1993-2003 se registraron los mayores índices de desi-gualdad social, esta segunda etapa de la moratoria amplió la fecha de corte a 2003.
“Vemos con beneplácito este proyecto por la inclusión. Pero son parches a la ley, que desde su sanción viene siendo modificada constantemente. Estoy de acuerdo con un sistema de reparto, pero creo que es necesario reformar el sistema previsional que actualmente no incluye a todos los que debería, sobre todo en un contexto económico debilitado”, aseveró Mirta Tundis (FR).
La prioridad en esta moratoria la tendrán los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que el sistema prevé un exhaustivo control para determinar que aquellos que accedan a este beneficio no tengan realmente la capacidad contributiva para regularizar su situación de otra manera. Los potenciales beneficiarios deberán completar una declaración jurada ante la AFIP.
Desde la Anses aseguraron que el trámite será sencillo y que los potenciales jubilados no necesitarán contar con un gestor. El nuevo plan apuntará especialmente a incluir a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30 por ciento más pobre de la población.
Esta distinción que realiza el proyecto, con el objetivo de llegar a los deciles más vulnerables de la población, fue interpretada por la oposición como “un acto discrecional del Ejecutivo”. “No estamos de acuerdo con la discrecionalidad que se les da a los funcionarios para determinar quién puede participar de la moratoria y quién no, porque ella puede dar lugar a que los potenciales beneficiarios sean manipulados al amparo de estas atribuciones”, manifestó el macrista Federico Sturzenegger.
El legislador Claudio Lozano (Unidad Popular) coincidió con la crítica esbozada por el ex presidente del Banco Ciudad y adelantó su aprobación en general pero cuestionó el artículo que especifica que sólo podrán acceder a la moratoria aquellos que no tengan los recursos suficientes como para afrontar el pago completo de una deuda previsional.
“Se beneficiará a los tres deciles más pobres de la sociedad. En 2003, tenía derecho jubilatorio un 23 por ciento de los hogares del primer decil. Con la moratoria lo llevamos al 51,6, pero todavía falta mucho”, había advertido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al momento de anunciar el lanzamiento de la nueva moratoria.
El Partido Obrero también adelantó su acompañamiento al proyecto, aunque con rechazos en la votación en particular. Por un lado, coincidió con el PRO y otras fuerzas opositoras en rechazar la atribución que tendrá el Poder Ejecutivo para determinar quién puede ingresar a la moratoria o no.
Esta distinción se agregó para llegar a los sectores más vulnerables y para corregir errores de las otras moratorias, que habían permitido el ingreso de muchas personas con altos recursos, tal cual explicó Diego Bossio, titular de la Anses, en sus distintas visitas al Congreso.
La moratoria de 2005 no permitía que los pensionados –por ejemplo, una viuda que cobraba la jubilación de su difunto marido– accedieran al beneficio. Ahora será posible tramitar la propia jubilación además de la pensión, aunque ésta no deberá superar el monto del haber mínimo. “Todos los sistemas previsionales encuentran una opción: la de favorecer privilegios sectoriales o la de favorecer la inclusión social. El Gobierno se inclinó por la segunda”, concluyó Díaz Roig.


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viernes, 15 de agosto de 2014

Viviendas al por mayor


La inversión del Estado nacional ascenderá a 28 mil millones de pesos. De las 105 mil viviendas, 64 mil serán nuevas y 41 mil, mejoramientos de existentes.

Por Sebastián Premici
“Estamos lanzando hoy un refuerzo y ampliación del plan de viviendas populares en Argentina.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo programa que permitirá construir 105.186 viviendas, de las cuales 64.151 serán unidades nuevas y 41.035, mejoramientos de unidades existentes. La inversión total alcanzará los 28.000 millones de pesos. Los recursos saldrán del Estado nacional, mientras que las provincias serán las encargadas de llevar adelante las licitaciones y el proceso de ejecución. Ayer, 18 provincias firmaron un convenio para participar de este relanzamiento del plan de viviendas titulado Vivir más Cerca.
“Este plan tiene un efecto federal, ya que todos los planes se licitarán y las provincias tendrán a su cargo la ejecución. Participarán aproximadamente 1000 pymes de todo el país en más de 1500 obras. Cada vivienda representa la movilización de distintos sectores, como el de los trabajadores, la industria del acero, la madera, ladrillos, etc. En este sentido, la vivienda es un generador de empleo y un organizador social”, explicó Fernández de Kirchner.
Con esta nueva etapa del programa Vivir más Cerca podrán generarse, según los cálculos realizados por el Ministerio de Planificación, 100.000 puestos de trabajo directos y otros 160.000 indirectos.
En el segundo trimestre del año, la generación de empleo creció un 0,5 por ciento, es decir, aproximadamente 50.000 puestos de trabajo. Los sectores que tuvieron una retracción más marcada fueron el comercio, con -0,3 por ciento y la construcción, con -4,6. La posible generación de 260.000 puestos laborales entre directos e indirectos es la apuesta a una política anticíclica para dinamizar el mercado laboral. “Necesitamos mucha actividad económica”, acentuó la mandataria.
El plan Vivir más Cerca permitirá poner en marcha 105.186 soluciones habitacionales. Del total de obras, 17.742 están próximas a iniciarse, 39.269 se encuentran en licitación, otras 18.794 serán licitadas en los próximos meses y 30.928 ya fueron presentadas.
Cada jurisdicción tendrá un cupo asignado de viviendas, que se define en función de las necesidades de cada lugar. Las jurisdicciones que firmaron el convenio con la Nación fueron Buenos Aires (con un cupo de 13.644), Catamarca (2787), Chubut (2784), Corrientes (2018), Formosa (4724), Jujuy (4429), La Pampa (1812), Mendoza (8046), Misiones (8028), Salta (3758), San Juan (4230), San Luis (1900), Tucumán (7698), Córdoba (3360), La Rioja (2736), Santa Fe (6288) y Tierra del Fuego (1164). También estarán incluidas la ciudad de Buenos Aires (700), Santa Cruz (1639), Santiago del Estero (4136), Río Negro (3232), Neuquén (3465) y Chaco (8540).
El esquema de control que aplicará el Ejecutivo permitirá redireccionar el cupo de construcciones asignadas, en caso de que una provincia no cumpla con los plazos de ejecución. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, también firmaron el convenio. Junto a la presidenta estuvieron Julio De Vido, ministro de Planificación, y Axel Kicillof, de Economía.
Durante el acto, la Presidenta realizó dos teleconferencias para anunciar la entrega de viviendas. Una fue con La Rioja, en la que el gobernador Luis Beder Herrera explicó que se entregaron 104 viviendas en el barrio Virgen de Guadalupe, en la localidad de Ciudad Nueva. El mandatario provincial agregó que ya se habían inaugurado en la provincia 214 viviendas hechas por cooperativistas.
La segunda teleconferencia fue con el Chaco, en la que el gobernador Juan Carlos Bacillef Ivanoff anunció la entrega de 40 viviendas para el barrio Marcos Bautista Bassi, ubicado en la localidad de Margarita Belén, lugar emblemático de las causas por delitos de lesa humanidad, ya que allí se ejecutó durante la última dictadura a once militantes y otros cuatro fueron desaparecidos.


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miércoles, 6 de agosto de 2014

Economía política - por Aldo Ferrer


El 5 de agosto de 2014, en ocasión de la recepción de la distinción que me confirió la Legislatura porteña, como Personalidad Destacada de la Ciencia, presenté algunas ideas que resumo en las líneas siguientes.
La economía es la rama de las ciencias sociales que se ocupa de la producción, el comercio y el dinero y de las políticas que determinan la distribución, del ingreso y la riqueza, entre países y sectores sociales. Por eso, los economistas clásicos la definían como “economía política”. En efecto, la política es un componente esencial de la disciplina.
La economía es un campo privilegiado del conflicto de ideas, intereses y valores en juego, dentro de cada país y en el orden mundial. El conflicto se expresa en el análisis de todos los problemas económicos y en las políticas aplicadas para enfrentarlos. Las ideas dominantes conforman teorías, paradigmas, que fundamentan las políticas que determinan la distribución del ingreso y la riqueza, en definitiva, del poder.
En la actualidad existen dos corrientes dominantes en la ciencia económica. Por una parte, el neoliberalismo, según el cual todas las cuestiones fundamentales de la producción, el comercio y el dinero tienen lugar en el orden global, en un mundo sin Estados ni fronteras, librado al libre juego de las fuerzas del mercado. El sustento de esta visión radica en los intereses corporativos transnacionales y, fundamentalmente, en la financiarización, es decir, la hegemonía del mundo del dinero sobre la economía real, en el capitalismo contemporáneo. Por otra parte, la visión histórico política que vincula las fuerzas del mercado con las políticas públicas y, por lo tanto, admite la posibilidad de constituir, en un sendero histórico, economías nacionales autodeterminadas dentro del orden global.
En la Argentina están presentes estas dos corrientes de la economía que, se expresan, en visiones contrapuestas del lugar que el país ocupa en el orden mundial. Para el neoliberalismo, la economía argentina es inevitablemente un segmento, un apéndice, del mercado mundial, organizada y conducida por los actores dominantes de la esfera transnacional. Desde esta perspectiva, la política económica óptima consiste en transmitir señales amistosas a los mercados para atraer capitales y ubicarnos en el lugar marginal que nos corresponde, dentro de la división internacional del trabajo. Por el contrario, para la visión histórico política, la economía argentina es un sistema vinculado con el mundo a partir de un proyecto nacional, autodeterminado por una política económica generadora de ventajas competitivas dinámicas, fundadas en la ciencia, la tecnología y la industrialización. Sobre estas bases, es posible construir una posición simétrica, no periférica, respecto de la división internacional del trabajo y los centros de poder dominantes en el orden mundial.
A partir de estas visiones, surgen respuestas opuestas a todos los problemas de la economía argentina. Entre ellos la relación Estado/mercado, fuentes del financiamiento, asignación de los recursos, distribución del ingreso y, recientemente, los buitres.
Para la visión neoliberal el Estado no debe intervenir para regular las fuerzas del mercado. El financiamiento descansa esencialmente en el crédito externo y la inversión extranjera. La asignación de los recursos refleja las ventajas comparativas estáticas basadas en los recursos naturales y los bajos salarios. La distribución del ingreso refleja la oferta y demanda de trabajo.
Para la visión histórico política el Estado debe orientar los recursos para conformar una estructura productiva avanzada y compleja, generadora de ventajas competitivas dinámicas basadas en la ciencia y el tecnología. El financiamiento descansa esencialmente en el ahorro interno y el protagonismo de las empresas nacionales, con el aporte complementario, no sustitutivo, del crédito externo y la inversión extranjera. La distribución del ingreso se funda en la expansión del empleo a niveles crecientes de productividad y las políticas de educación, salud, hábitat e inclusión social.
Respecto de los buitres, la oposición entre los dos enfoques es emblemática. El neoliberal propone aceptar el fallo del juez Griesa para evitar el derrumbe de la economía argentina y generar un flujo de dólares e inversiones que resolverían los problemas del país. Es decir, pronósticos basados en la expresión de deseos e inverificables en la realidad. El histórico político propone que los principales problemas son la inflación, la fuga de capitales, la recesión, la transformación productiva, la fortaleza fiscal, todos planteados de frontera para adentro. Afirma, asimismo, que la posición negociadora argentina se funda en la solvencia del Estado y del sistema financiero. Sobre estas bases, es conveniente buscar un acuerdo, compatible con el interés del país, aceptando la posibilidad de la prolongación del conflicto, que no provocaría ningún descalabro en el país. En resumen, los buitres son un problema marginal de la situación actual de la economía argentina. Por otra parte, la demanda de los buitres ha merecido la crítica generalizada en los foros internacionales.
Como lo revelan la crisis mundial y nuestro descalabro del 2001, el enfoque neoliberal ha fracasado. Sin embargo, continúa ejerciendo influencia en las antiguas economías industriales del Atlántico Norte y en grupos importantes de la opinión pública de nuestro país. Las próximas elecciones presidenciales son un espacio privilegiado para debatir estos problemas y el rumbo futuro de la economía argentina.
Se trata de encontrar el buen camino en democracia, dentro de la economía de mercado y de un orden mundial cargado de amenazas y oportunidades. Cuanto más fuerte sea la cohesión social, la impronta nacional de los liderazgos, la solidez de la democracia y el vigor del pensamiento crítico, es decir, la densidad nacional, mejores serán nuestras respuestas y el futuro del país.
* Profesor Emérito. Universidad de Buenos Aires.

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Neoliberalismo y fondos buitre - por Emir Sader



Cuando se agotaba el ciclo largo expansivo del capitalismo, se impuso el debate sobre las razones de ese agotamiento y las formas de retomada del desarrollo económico. Triunfó la renacida versión del liberalismo, vocalizada en particular por Ronald, quien dijo que habría que suspender los límites a la libre circulación del capital, habría que desrreglamentar. El capital volvería a circular, habría inversiones, las economías volverían a crecer y todos ganarían.

Se promovió la libre circulación del capital en escala global, mediante la apertura de los mercados nacionales, la privatización de patrimonios públicos, la mercantilización de lo que antes eran derechos, la precarización de las relaciones de trabajo, la retracción del Estado y la centralidad del mercado.  Pero lo que pasó fue distinto de lo previsto.

Es que, como recordaba siempre Marx, el capital no está hecho para producir, sino para acumular. Liberado de las trabas del período anterior, el capital se dirigió, masivamente, hacia la esfera financiera, donde gana más, tiene liquidez total y ejerce fuerte presión sobre los gobiernos. (Una agencia de apoyo a los especuladores, una vez concluyó sus sugerencias, diciendo, literalmente: Aprovechen la fiesta, pero quédense cerca de la puerta.) En escala mundial se dio una gigantesca transferencia de recursos del sector productivo al especulativo, con el capital financiero asumiendo el rol de sector hegemónico en la era neoliberal del capitalismo.

El bajo crecimiento o el estancamiento o incluso la retracción de las economías se debe justamente al hecho de que el sector hegemónico en la economía es un sector parasitario, que no produce bienes, ni empleos. Es el capital financiero bajo su forma especulativa, que no financia el consumo, ni la investigación, ni tampoco la producción.  Vive de la compra y venta de papeles.

Los fondos buitre son el ejemplo más radical de ese carácter parasitario del capital especulativo, típico de la era neoliberal.  En ese caso, se han valido de la crisis de la deuda de los países latinoamericanos para imponer normas draconianas a gobiernos subalternos, parte fundamental de la herencia maldita recibida por los gobiernos antineoliberales.  Préstamos a intereses brutales a cambio de renunciar a la soberanía nacional.

Así, aun los gobiernos que han reaccionado en contra del neoliberalismo, empezando a construir alternativas a ese modelo agotado, tienen que enfrentar todavía esa herencia.  Para la derecha seria señal de fracaso de los gobiernos progresistas, cuando en realidad son todavía rezagos de los gobiernos de la misma derecha.

Los Brics han empezado a apuntar hacia la alternativa: un Banco de Desarrollo para el Sur del Mundo, un fondo de apoyo frente a problemas que puedan enfrentar los países del Sur del mundo. El conflicto actual con Argentina representa los estertores del modelo contra el cual fueron elegidos los gobiernos progresistas y frente al cual construyen un modelo posneoliberal.

- Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).


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La fase demencial del totalitarismo neoliberal - por Alberto Rabilotta


No hay que ser un experto para ver que en los últimos meses, y de manera cada vez más acelerada, el imperialismo estadounidense y sus aliados de la OTAN están tratando de crear todas las condiciones para transformar las relaciones internacionales en un nuevo teatro de confrontaciones con vistas a mantener el ya cuestionado sistema internacional unipolar y la hegemonía neoliberal.
 
Hace apenas tres años, cuando alboreaba la multipolaridad con los esfuerzos de creación de UNASUR y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con Rusia tratando de consolidar una región euroasiática y los BRICS explorando una alternativa a la tiranía neoliberal, el imperialismo se lanzó a la creación de nuevos focos de tensión, interviniendo en Libia –que en ese entonces era un país clave de una necesaria integración africana-, en Siria y en países de África, y relanzó con fuerza la subversión en varios países latinoamericanos.
 
En la segunda parte del 2013, cuando arreciaba la agresión intervencionista en Siria, el último gran país del Oriente Medio con un sistema en el que convivían diversos pueblos, culturas y religiones, en el marco de la reunión del G20 en San Petersburgo y gracias a la carta del papa Francisco, Rusia introdujo el tema de Siria, amenazada con bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos (EE.UU.) y países de la Unión Europea (UE) por el supuesto e inventado uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, y forzó una difícil negociación para frenar la amenaza de bombardeos a cambio de sacar el arsenal químico de Siria y destruirlo.
 
La firme posición rusa en el caso de Siria, que contó con el apoyo de China y la mayoría de países del mundo, mostró por primera vez que existían fuerzas capaces en la escena internacional para ponerle límite o término al sistema unipolar creado por EE.UU. desde el derrumbe de la Unión Soviética, y comenzar el restablecimiento de un orden multipolar, algo que para el imperialismo significaría el comienzo del fin de su proyecto de hegemonía neoliberal total.
 
No en vano desde el 2013, y en particular durante la primera parte del 2014 cuando la CELAC se formó, y en perspectiva de la reunión cumbre en Brasil el BRICS esboza sus intenciones de crear instrumentos financieros para liberarse del dólar, que directamente o a través de sus lacayos locales EE.UU. y sus aliados arreciaron sus intentos subversivos en Venezuela e incrementaron la desestabilización política, financiera y económica en otros países latinoamericanos.
 
Es en esta perspectiva de desestabilización, específicamente del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que juega un importante papel la decisión y todo el actuar del juez Thomas Griesa de Nueva York para favorecer a los “fondos buitre”: esa decisión constituye una nueva arma del sistema judicial estadounidense para someter a los países deudores, que son mayoría en el mundo, a una ley estadounidense que siempre es interpretada de manera a satisfacer al gran capital.
 
Y desde enero pasado el imperialismo neoliberal puso en acción las fuerzas que desde hace años venía financiando, entre ellas los ultranacionalistas y neonazis, para crear un peligroso foco de tensión permanente en Ucrania, en la “puerta de entrada” de Rusia.
 
El rechazo del presidente constitucional Víctor Yanukovich a una integración con la UE que significaba la desindustrialización del país, disparó la operación para derrocarlo y reemplazarlo con uno que aceptaría, como ha sido el caso y muy rápidamente, el dictado de Washington, del FMI y de la OTAN, destruyendo a cañonazos y bombardeos la oposición interna en el Este del país, con el claro intento genocida de eliminar la población ruso-parlante, como dijo en la televisión un “periodista” ucraniano (1), y así recuperar esas tierras. No dijo, pero se puede asumir, que una vez “limpiadas” de “gente inútil” esos territorios servirían para instalar armamentos ofensivos de la OTAN y crear una constante amenaza directa a la seguridad de Rusia.
 
Para lanzar la reciente cruzada contra Rusia, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Moscú, Sergei  Lavrov, “si no hubiera sido Ucrania, les aseguro, cualquier otro aspecto de la política interior o exterior de Rusia les hubiera servido de razón”. Lavrov lamentó que las buenas intenciones expresadas por los “socios occidentales en Europa” no resistan la inercia de la Guerra Fría que busca “llevar a todos los europeos bajo el techo de la OTAN y hacerlos que se dirijan a Rusia con un tono severo”. Esta miopía política, agregó, está basada en la intención de imponer su voluntad a toda costa, de adoptar sanciones contra quienes disienten y tomar represalias contra quienes están por “la independencia y no aceptan obedecer el orden mundial unipolar” (2).
 
Este orden unipolar permite a EE.UU. y sus aliados la impunidad criminal que se manifestó por enésima vez en la agresión, con bombardeos y fuerzas terrestres que mataron a cerca de dos mil personas, en la Franja de Gaza. Israel actúa impunemente gracias al apoyo político, diplomático y a las armas y datos de inteligencia estadounidenses,  como confirman los documentos revelados recientemente por el informante Edward Snowden y publicados por el periodista Gleen Greenwald (3).
 
La ley estadounidense debe prevalecer.
 
Estados Unidos, cuya existencia jamás fue amenazada por guerra alguna fuera de la guerra de Secesión, no posee más que una definición ideológica de sus enemigos: aquellos que no aman el modo de vida estadounidense, se encuentren donde sea, afirmaba en 2005 el historiador Eric Hobsbawm durante una conferencia en la Universidad de Harvard dedicada a destacar las diferencias entre la hegemonía estadounidense y la otrora hegemonía británica.
 
Este historiador argumentó que Gran Bretaña, como su hegemonía no dependía de la potencia imperial sino de su comercio, se adaptó más fácilmente a las derrotas políticas, como ya lo había hecho cuando tuvo su mayor derrota política, con la pérdida de las colonias en América. Y luego recordó que durante la Guerra Fría el crecimiento de las empresas estadounidenses en el mundo fue hecho bajo el padrinazgo del proyecto político de EE.UU., con el cual se identificarían muchos de los grandes patrones así como la mayoría de los estadounidenses. A cambio, dada su hegemonía mundial, la convicción de Washington de que la ley estadounidense debe prevalecer en las relaciones de los estadounidenses con el mundo adquirió una fuerza política considerable.
 
Y Hobsbawm concluyó la conferencia con una pregunta cuya respuesta es ahora evidente: ¿Retendrá EE.UU. esta lección o cederá a la tentación de mantener una posición que se erosiona apoyándose en la fuerza político-militar, engendrando así no el orden mundial sino el desorden, no la paz mundial sino la guerra, no el avance de la civilización sino la barbarie? (4).
 
Ahora el paseo por la realidad y el despertar de la “inteligencia social”.
 
Por su naturaleza, que implica “desencajar” la economía capitalista de la sociedad y poner el Estado al servicio exclusivo de los grandes intereses económicos, financieros y comerciales, el imperialismo neoliberal no tiene otra alternativa que destruir toda forma de democracia y de soberanía popular y nacional. Su única opción es el totalitarismo. El intelectual húngaro Karl Polanyi, historiador de la economía, consideraba la idea de los “mercados autoregulados” a nivel mundial –el neoliberalismo- como una peligrosa utopía, y ya en 1945 advertía que EE.UU. tenía el basamento histórico e ideológico para intentar llevarla a cabo (5).
 
La utópica misión del neoliberalismo es instaurar un régimen universal basado en las leyes estadounidenses, como nos recuerda Hobsbawm, y para ello debe lograr que los Estados soberanos cedan su soberanía, acepten aplicar la ley estadounidense (¿No es lo que Griesa exige?) y derriben las barreras nacionales, para así convertirse en Estados garantes de un sistema al servicio exclusivo de  los intereses económicos representados en los oligopolios financieros, industriales, comerciales, mineros, agroindustriales, entre otros más cuyas casas matrices están en EE.UU., la UE, Japón, Canadá y otros países de la órbita imperial.
 
Tal sistema no admite alternativas socioeconómicas, sean nacionales o regionales y estén o no basadas en el capitalismo, que impliquen la intervención activa de los Estados, grados de planificación socioeconómica y que los pueblos a través de los organismos políticos y sociales, actuando en democracia, tomen decisiones soberanas para defender legítimos intereses populares y nacionales.
 
Precisamente porque no puede tolerar competición alguna proveniente de otras alternativas socioeconómicas, ya que no tiene absolutamente nada de positivo que ofrecer a los pueblos, es que el neoliberalismo pudo desplegarse en toda su dimensión a partir del derrumbe de la Unión Soviética, cuando también se desplomó el orden mundial multilateral, y fue  aplicado con particular saña en Rusia y demás ex países socialistas.
 
Una de las razones por las cuales el imperialismo neoliberal se lanzó en lo que parece una desbocada carrera para imponer su dictado a nivel mundial, es que en dos regiones muy importantes, América latina y Eurasia, se han lanzado movimientos de integración económica, comercial, financiera y hasta monetaria. Y que estas iniciativas –que incluyen el BRICS en tanto que mecanismo de comunicación entre varias regiones-, han recibido nuevos impulsos políticos y están dando pasos hacia la creación de mecanismos para funcionar sin una subordinación al sistema neoliberal. Para el proyecto imperial estadounidense, que busca someter a todos los pueblos, estas iniciativas regionales deben ser destruidas.
 
El ministro de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni, al responder a la pregunta de Página/12 sobre qué reflexión le merece, como jurista y no como ministro de la Corte, la situación que plantean los llamados “fondos buitre”, dijo que “veo esto con un poco de miedo. Para decir la verdad, con mucho miedo. Como diría Galeano, todo parece patas arriba. Si trajésemos a alguien que hubiese dormido unas décadas, no podría entender nada. Tengo miedo por el mundo, esa es la verdad. El poder político, el de los Estados, está sobrepasado por el poder económico de oligarquías, de pequeños grupos de personas que manipulan a su gusto los medios de comunicación y el poder económico (…) Lo digo más claramente: siempre ha habido y es inevitable que haya vínculos  y acuerdos entre los poderes político y económico, pero ahora el primero tiende a desaparecer o a ser manejado completamente por el segundo transnacionalizado”.
 
Más adelante, y al ser preguntado por qué nos encontramos hoy en tal situación, el ministro Zaffaroni responde que “esa es la segunda parte de la cuestión y respecto a la cual tenemos que pensar en el futuro. Nuestros propios gobiernos cedieron la soberanía nacional, sujetándonos a un tribunal provincial extranjero (en el caso del juez de Nueva York,  Thomas Griesa) y a una Corte Suprema que declara no interesarle nada, en favor de unos especuladores con capacidad de pagar abogados y hacer lobbies (…) Creo que lo primero que debemos hacer con miras al futuro es reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en prejuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional. Sé que me colgarán cualquier cartel para descalificar esta opinión, pero el mundo penal internacional viene pensando estas cosas desde hace algún tiempo” (6).
 
El mismo 3 de agosto en Página/12, y quizás como prueba de que se está formando esa “inteligencia social” de que hablaba Karl Marx, el filósofo José Pablo Feinmann comienza su artículo enfatizando que “el capitalismo de las últimas décadas se ha manejado en el modo del vértigo”, descripción con la cual muchos analistas y periodistas estamos de acuerdo, y luego agrega que “el Imperio es el Imperio y no habla dialectos, no respeta la autonomía de los ‘polos’, arrasa con las identidades nacionales, los Estados nacionales () el orgullo europeo y las vidas iraquíes o las vidas de quienes se le opongan. No hay política multipolar, El capitalismo es un sistema totalizador. Lo fue desde 1492, cuando nace, y lo es hoy, más que nunca, por medio de la gran revolución de este tiempo, que no es la del proletariado marxista, sino, otra vez, la del burgués conquistador: la comunicacional” (7).
 
Todo lo anterior me parece señalar que el combate contra el imperialismo neoliberal es la tarea principal, y es una tarea urgente porque en su intento totalizador ha llegado a una fase demencial y mortal para nuestras sociedades y el planeta. Y justo cuando terminaba este artículo leí el esclarecedor análisis del filósofo Fernando Buen Abad Domínguez, “Multipolaridad” si pero anticapitalista”, del cual reproduzco una pequeña parte: “Pero el peligro de la confusión (hasta no tener claro de qué “multipolaridad” hablamos o habla cada cual) no anula la necesidad de quebrar el dominio del imperio yanqui. Tampoco implica cancelar -o satanizar- cualquier iniciativa, así sea parcial, que permita dar pasos adelante hacia la soberanía concreta mandatada por los pueblos. Sólo hay que asegurarnos de que tales pasos se dirijan hacia donde los pueblos mandan y no aparezcan los piratas reformistas que siempre tuercen caminos y veredas hacia sus reinos burocráticos plagados con gerentes serviles al capitalismo. La gracia radica en no caer en las trampas semánticas de las burguesías. La gracia está en no ilusionarse con falacias ni hacerse esclavo de ellas. Ese error nos ha costado mucho.”(8)
 
- Alberto Rabilotta es Periodista argentino-canadiense.
 
Notas:
 
1.- "It’s perfectly simple. You need to kill 1.5 million people in Donbass". URL https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S9SOVarOFJk
 
2.- Sergei Lavrov en entrevista con Itar-Tass. URL http://en.itar-tass.com/russia/743470
 
3.- Cash, Weapons and Surveillance: the U.S. is a Key Party to Every Israeli Attack, by Glenn Greenwald URL https://firstlook.org/theintercept/2014/08/04/cash-weapons-surveillance/
 
4.-  Eric J. Hobsbawm, citas de las páginas 72 y 78 (capítulo tercero) de libro “L’Empire, la démocratie, le terrorisme”. André Versaille Editeur/Monde Diplomatique, 2009.
 
5.- Karl Polanyi, Capitalisme Universel ou Planification Régionale?, página 486 del libro Essais de Karl Polanyi, Éditions du Seuil, 2008.
 
6.-“Esto es un escándalo jurídico”, entrevista al ministro de la Corte Raúl Zaffaroni, Página/12 del 3 de agosto de 2014. URL http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-252153-2014-08-03.html
 
7.- José Pablo Feinmann, “La Sociedad de los Lobos”, http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-252149-2014-08-03.html
 
8.- Fernando Buen Abad Domínguez, Rebelión, 5 de agosto 2014, URL http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188114




Tomado de aquí


En Defensa de Palestina - Evo Morales, Adolfo Pérez Esquivel y otr@s


La Red En Defensa de la Humanidad (REDH), ante los trágicos sucesos que está viviendo el hermano pueblo palestino en Gaza, cumple con su deber de manifestar lo siguiente:
 
Declaramos nuestra adhesión a las palabras del compañero Evo Morales, fundador de la Red En Defensa de la Humanidad y Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por las que se declara a Israel como Estado terrorista.
 
Manifestamos nuestra absoluta repulsa al genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de un Estado fundado sobre el despojo y la ocupación colonial de los territorios palestinos.
 
Reconocemos y expresamos nuestra solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino y de sus organizaciones de resistencia, especialmente en Gaza, contra el intento de Israel de exterminarlo y arrebatarle los jirones que quedan de lo que fue su patria.
 
Condenamos el rol imperialista de Estados Unidos que alimenta y apoya política, financiera y militarmente a Israel ante la insólita inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas resoluciones sobre la cuestión Palestina son violadas sistemática e impunemente por Washington. Unos Estados Unidos que muestran la hipocresía y el cinismo con el que han venido actuando a lo largo de su historia, amenazando con sanciones e intervenciones a pueblos de América Latina, África y Eurasia que defienden su soberanía al mismo tiempo que respalda la acción de Israel.
 
Denunciamos la complicidad con estos hechos, por omisión en algunos casos, de los gobiernos de la Unión Europea, así como la subordinación incondicional de los oligopolios mediáticos a los dictados de Washington. ¡Basta ya de llamar guerra al genocidio perpetrado por uno de los ejércitos mejor armados del mundo contra un pueblo cuyos recursos defensivos son infinitamente inferiores en número y calidad!
 
Animamos a sumarse a la campaña por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones al Estado terrorista de Israel, siendo hora de la solidaridad activa y creativa, más allá de comunicados de condena. Hemos fallado a las más de 1600 personas asesinadas en Palestina en las últimas semanas, así como a las más de 9000 heridas desde que comenzó la operación terrorista llamada hipócritamente “Margen Protector”.
 
Exigimos el fin del apartheid y el genocidio, así como de los muros y asentamientos ilegales. Demandamos a los gobiernos del mundo que exijan a Israel el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que lo obligan a retirarse de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, retornar a las fronteras anteriores a la “Guerra de los Seis Días” (1967) y asegurar el retorno de los refugiados palestinos, tal cual fuera establecido por la Resolución del Consejo de Seguridad Nº 242 del 22 de noviembre de 1967, resolución incumplida hasta el día de hoy por el Estado de Israel.
 
Nos pronunciamos por una verdadera solución política del conflicto en Palestina sobre la base del diálogo, la negociación y la existencia de dos Estados con iguales derechos y fronteras delimitadas y reconocidas internacionalmente, solución que pasa por el inmediato levantamiento del bloqueo a Gaza y la liberación de todos los presos políticos palestinos. Saludamos la postura solidaria de los gobiernos del ALBA, Mercosur y otros gobiernos del Sur contra la bárbara conducta de Israel en Gaza.
 
Haciendo nuestras las palabras del revolucionario Nelson Mandela: “sabemos demasiado bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de Palestina”, afirmamos que Israel ha perdido moral y políticamente esta batalla frente al valiente pueblo palestino y merece la condena creciente de los pueblos del mundo a un Estado “canalla” que viola la legalidad internacional. La indoblegable resistencia palestina tendrá su recompensa más temprano que tarde en la sonrisa de sus niñas y niños en una patria libre.
 
¡Contra el terrorismo israelí y el imperialismo estadounidense, en defensa del derecho de autodeterminación de Palestina y de todos los pueblos del mundo!
 
 
La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia
4 de agosto de 2014
 
Firmas iniciales:
 
Evo Morales, Bolivia; Adolfo Pérez Esquivel, Argentina; Pablo González Casanova, México; Eduardo Galeano, Uruguay; Roberto Fernández Retamar, Cuba; Federico Mayor Zaragoza, España; Silvio Rodríguez, Cuba; Luis Arce Catacora, Bolivia; Gianni Vattimo, Italia; Gabriela Rivadeneira, Ecuador; Alice Walker, Estados Unidos; István Meszáros, Hungría/Reino Unido; Samir Amin, Egipto; Alfonso Sastre, País Vasco; Nardi Suxo, Bolivia; Enrique Dussel, México; Marta Harnecker, Chile; Carmen Bohorquez, Venezuela; Cesar Navarro, Bolivia; Miguel Barnet , Cuba; Franz Hinkelammert, Alemania/ Costa Rica; Héctor Arce Zaconeta, Bolivia; Piedad Córdoba, Colombia; Reverendo Raúl Suárez, Cuba; Martín Almada, Paraguay; Fernando Rendón, Colombia; Graziella Pogolloti, Cuba; Sacha Llorenti, Bolivia; Ana Esther Ceceña, México; Luis Britto, Venezuela; Rafael Cancel Miranda, Puerto Rico; Atilio Boron, Argentina; Theotonio Dos Santos, Brasil; Alfredo Rada, Bolivia; Farruco Sesto, Venezuela; Obispo Pedro Casaldaliga; Catalunya-Brasil; Ángel Guerra Cabrera, Cuba/ México; Juan Carlos Trujillo, Bolivia; Mel Zelaya, Honduras; Hildebrando Pérez Grande, Perú; Patricia Villegas, Colombia/Venezuela; María Nela Prada, Bolivia; Stella Calloni, Argentina; José Steinsleger, Argentina/México; Omar González, Cuba; Hugo Moldiz, Bolivia; Pascual Serrano, España; Raúl Pérez Torres, Ecuador; Obispo Raúl Vera, México; Joao Pedro Stedile, Brasil; Boaventura de Sousa Santos, Portugal; Rodrigo Álvarez Cambras, Cuba; Socorro Gomes, Brasil; Katu Arkonada, País Vasco/Bolivia






viernes, 1 de agosto de 2014

Mensaje al Congreso de Estados Unidos


En la carta, sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. Temor sobre la plaza Nueva York.

Por Sebastián Premici
La puja de la Argentina contra los fondos buitre generó un reclamo internacional para crear nuevos mecanismos legales que permitan proteger las reestructuraciones de deuda soberanas y evitar la arbitrariedad de un sistema judicial que logró avanzar sobre las decisiones de política económica de otro país. Este es el escenario que permite entender el contexto en el cual una serie de economistas como el Nobel adscripto a teorías neoclásicas Robert Solow, Branko Milanovic y Dani Rodrik escribieron una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos instando a los legisladores a “actuar inmediatamente y buscar soluciones legislativas para mitigar el impacto nocivo de la decisión del tribunal” de Griesa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó este texto durante su discurso de ayer, y afirmó que le gustaría leer este tipo de argumentos en la prensa local y no en los periódicos extranjeros.
“La decisión de la Corte distrital, y especialmente el interdicto que está actualmente bloqueando a Argentina de realizar los pagos al 93 por ciento de sus bonistas extranjeros, podría causar un daño económico innecesario al sistema financiero internacional, así como a los intereses económicos de Estados Unidos y de la Argentina”, sostuvieron los economistas, acompañados de otras cien firmas.
Los países del Brics –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica–, los de la Unasur, el Mercosur, las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de los 77 se han pronunciado en contra del accionar de los fondos buitre en relación con el caso argentino, por el precedente que han sentado para las reestructuraciones de la deuda y, a su vez, comenzaron a demandar cambios en la legislación, ya sea a nivel local como supranacional.
“La decisión de la Corte de que la Argentina no puede continuar pagando a los bonistas reestructurados, excepto que primero pague a los demandantes, significa que cualquier holdout acreedor puede echar a perder todos los acuerdos existentes con los tenedores de bonos que optaron por negociar. Mientras que a individuos y corporaciones se les garantiza la protección de la ley de bancarrota, no existe tal mecanismo para los gobiernos soberanos”, escribieron los economistas Milanovic, Rodrik y Solow.
La visión de estos economistas, sumada a la del Premio Nobel Joseph Stiglitz, contrasta con la de los economistas locales. Si bien la mayoría ha cuestionado el accionar de los fondos buitre, enfatizaron más su crítica al gobierno nacional antes que considerar las implicancias globales de la puja que está llevando adelante el gobierno nacional. El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo durante un reportaje en Radio Nacional que los pronunciamientos de la OEA o los Brics no tenían importancia ni incidencia en la temática y que sólo podría generarse un cambio en el sistema financiero internacional dentro del FMI. Stiglitz, por su lado, y Milanovic, Rodrik, Solow y las otras cien firmas que enviaron su carta al Congreso norteamericano estarían considerando otros escenarios.
En la carta sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. “Si bien gran parte de la deuda del mundo en desarrollo ha sido publicada bajo la jurisdicción de las leyes de Nueva York y la utilización de las instituciones financieras con sede en Nueva York, el fallo del tribunal (de Griesa) hará que sea más probable que los gobiernos soberanos busquen ubicaciones alternativas para la emisión de deuda. Gran Bretaña y Bélgica, por ejemplo, ya han aprobado una legislación destinada a prevenir este tipo de comportamiento de los acreedores holdouts”, aseveraron.
En su argumento está la pretensión de defender el statu quo de Estados Unidos como plaza financiera internacional. Es desde ese lugar que reclamaron cambios en el sistema jurídico de su país para evitar los abusos judiciales de la sentencia de Griesa, convalidada por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema.
“La decisión del tribunal (de Griesa) obstaculizaría gravemente la capacidad de los acreedores y la de los deudores a concluir de manera ordenada una reestructuración, dejando que una crisis de deuda soberana ocurra. Esto podría tener un impacto significativamente negativo en el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, como el FMI ha advertido en repetidas ocasiones”, indicaron Milanovic, Rodrik, Solow.
Lo que intentó dejar en claro este conjunto de economistas es que nada será igual en la arquitectura financiera internacional a partir del caso argentino, cualquiera sea su resolución.


Tomado de aquí


¿Argentina en default? - por Julio C. Gambina

Llegó el día D en materia de deuda y conflicto con los buitres y la Justicia de EEUU, y se discute si Argentina entró en default o no, y qué consecuencias tiene ello para la sociedad.
Argentina había depositado a fines de junio 539 millones de dólares en el Banco Mellon de Nueva York. El destino era acreditar esos fondos en las cuentas individuales de los bonistas de la legislación estadounidense ingresados a los canjes 2005 y 2010. Con el depósito se manifestaba la voluntad de pago del gobierno.
Los dineros siguen en el Banco, por ahora sin acreditarlos a los bonistas, ni reintegrarlos a la Argentina, y ni siquiera embargados por la Justicia para cancelar deuda con los buitres según la sentencia de Griesa.
No se trata de desconocer la sentencia de Griesa, como algunos creen. El gobierno teme a la cláusula RUFO, que vence a fin del 2014 y señala que si hay mejor oferta a bonistas no ingresados al canje, los demás tendrán derecho a esas mismas condiciones de oferta.
En el gobierno se estima un costo entre 120.000 a 500.000 millones de dólares si prosperara la demanda del 92,4% de tenedores de títulos ingresados a los canjes del 2005 y 2010.
Por eso, el Ministro Kicillof solo ofrece idénticas condiciones de pago a los buitres en las negociaciones con el mediador designado por el Juez.
Obviamente, los buitres, con una sentencia judicial en firme que indica pago del 100% y al contado presionan para hacerla efectiva y rechazan la oferta de la Argentina.
En el medio y tal como trascendió, la banca privada que actúa en la Argentina ofreció depositar una garantía de pago, o comprar la totalidad de los bonos de la sentencia Griesa, para facilitar la liberación de los fondos acreditados en el Mellon. Hablaron de una acción patriótica, aunque está ligada a sus propias tenencias de bonos y a la valorización de sus acciones en el mercado de capitales. Tienen intereses concretos en que no se empaste la situación económica del país.
Queda claro que cada cual atiende su juego.
El Juez se ampara en el aval de su sentencia, la confirmación en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de EEUU.
Los buitres en la sentencia y la posibilidad de lograr su objetivo de cobrar todo con ganancias superlativas.
Los bancos privados intentando morigerar el impacto del descalce del país con el sistema mundial por el default selectivo ya declarado por impresentables consultoras al servicio de la especulación y la usura del sistema financiero global.
El gobierno intentando llegar a fin de año para superar la RUFO y arreglar, aun con mayores costos el pago a los buitres.

Especulación financiera y nueva arquitectura

Los buitres son la carroña del sistema financiero, es verdad, pero amparadas en normas de funcionamiento del orden capitalista contemporáneo que estimula y alienta la desenfrenada especulación.
Es más, los Estados del capitalismo desarrollado no escatiman esfuerzos económicos para sostener un sistema infectado de operaciones tóxicas, como se las denominó en 2007.
Entre comienzos del 2012 a fines del 2013, la FED emitió mensualmente 85.000 millones de dólares para sostener la crisis de los bancos y empresas y desde comienzos del 2014 viene bajando todos los meses la emisión a los 25.000 millones actuales.
La cifra era gigantesca y lo sigue siendo. Es una emisión monetaria que alimenta la inflación en todo el mundo, pues la dominación global de EEUU le permite exportar el efecto monetario de una expansión sin respaldo.
Por todo ello el tema de fondo es la necesidad de una Nueva Arquitectura Financiera.
¿Es posible avanzar en ese sentido en el orden capitalista?
Parece que no, ya que las propuestas en ese sentido no prosperaron. Es una de las razones que explican la proliferación de una nueva institucionalidad de carácter regional.
La más reciente es el Banco de los BRICS y su Fondo para contingencias de los países miembros. Es el camino ensayado y no culminado del Banco del Sur y otras iniciativas que adornan documentos de cumbres presidenciales múltiples en la región, e incluso sostenidas en la Comisión de Finanzas de la UNASUR.
El problema radica en la subsistencia del orden global, al que se subordina la  nueva institucionalidad, que solo intenta ocupar un lugar en el orden capitalista sin denunciarlo, y menos, confrontarlo.





Jubilaciones en movimiento


La actualización de haberes llevará la jubilación mínima a partir de septiembre a 3231,63 pesos. La movilidad del segundo semestre, del 17,2 por ciento, permite compensar la pérdida de poder de compra del período anterior.

El aumento de las remuneraciones a los jubilados y pensionados nacionales a partir del 1º de septiembre, por la aplicación del sistema de movilidad semestral de haberes, será del 17,21 por ciento sobre los montos actualmente vigentes. El acumulado anual resultante, tomando en cuenta el incremento ya aplicado en marzo pasado, es del 30,47 por ciento. La nueva mínima jubilatoria pasará así de los 2757,13 pesos actuales a 3231,63 pesos, mientras que el haber promedio, actualmente de 5755,61 pesos, alcanzará a partir de septiembre a 6746,15 pesos. La medida, anunciada ayer, beneficia a 7.422.886 jubilados y pensionados (poco más de 5,9 millones de jubilaciones y pensiones del sistema previsional integrado y casi 1,5 millón de pensiones no contributivas).
Según algunos cálculos distribuidos ayer por la Anses, la inversión social resultante del aumento es de 93.126 millones de pesos, al comparar el monto global de prestaciones de la seguridad social del año 2013 con las que acumulará el año corriente, incluyendo en la cifra las sentencias judiciales, subsidios y financiamiento de otros subsistemas previsionales. El actual es el sexto año de vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria, aplicada por primera vez en marzo de 2009. Con el actual aumento semestral otorgado, el decimosegundo, el incremento acumulado en ese período alcanza el 368 por ciento.
Entre la jubilación mínima hasta junio de 2003 y la que entrará en vigencia el 1º de septiembre (al pasar de 150 pesos a 3231,63 pesos), el aumento acumulado es del 2054 por ciento. La mejora real de dicha evolución puede verificarse a través de la conversión del haber mínimo en dólares: en 2003, esos 150 pesos equivalían a 52 dólares según su cotización oficial. Con la nueva actualización, la jubilación de base de 3231,64 pesos equivalen a alrededor de 395 dólares por su cotización actual. El aumento resultante por valor dólar entre 2003 y 2014 es superior al 660 por ciento.
La primera aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece una adecuación semestral de acuerdo con una fórmula que combina recursos tributarios, cantidad de beneficiarios e índice de salarios, fue en marzo de 2009 y ubicó la mínima en 770,66 pesos. El aumento acumulado en las doce actualizaciones dispuestas a partir de aquélla, según sostiene la Anses en su análisis, supera cualquiera de las alternativas que entonces se presentaban como más beneficiosas para los jubilados.
En efecto, el incremento por el índice de movilidad jubilatoria (368 por ciento) fue superior al que hubiera resultado de aplicar el índice de remuuneraciones de trabajadores estables (Ripte), cuyo aumento acumulado alcanzaría al presente al 303 por ciento. Mayor aún es la diferencia respecto del índice de salarios conocido como Badaro (por la causa judicial de un jubilado con ese apellido, en la que la sentencia impuso ese parámetro para el ajuste de jubilaciones y pensiones), que en estos seis años hubiera resultado en un incremento del 249 por ciento.
De tal forma, mientras que con el índice de movilidad jubilatoria, el haber mínimo resultante para septiembre es de 3231 pesos, por el índice Ripte sólo hubiera alcanzado a 2781,31 pesos, y aplicando el índice de salarios Badaro se ubicaría en 2407,33 pesos.
Una estimación extraoficial comparativa de la evolución del haber mínimo de cada año con respecto al índice de precios “alternativo” al del Indec, considerando las estimaciones de consultoras privadas hasta diciembre de 2013, y el IPCnu a partir de enero de este año, arroja los siguientes resultados: en valores deflactados, el haber mínimo que se alcanzará en septiembre resultaría entre un 12 y 15 por ciento superior al nivel vigente en septiembre de 2011 (en nivel de poder adquisitivo), entre 8 y 10 por ciento superior a septiembre de 2012, y similar o un par de puntos inferior al nivel de septiembre de 2013. En este último caso, el aumento real del último semestre (marzo-septiembre de este año ) habría compensado la caída real del semestre anterior (septiembre 2013-marzo 2014), en el que la inflación superó marcadamente el incremento de haberes del 11,3 por ciento.
La ley de movilidad jubilatoria determina que la variación previsional nunca podrá ser negativa, aunque el resultado del índice muestre una evolución negativa. En caso de que esto último ocurra, los haberes de jubilados y pensionados permanecerían inalterados.
En cuanto al cuadro estructural del universo de jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional (5.932.131 personas), el 52,8 por ciento cobra el haber mínimo. Vale recordar que recién a partir de marzo de 2009 se dispuso un régimen por el cual el porcentaje de actualización es idéntico para todas las categorías de haberes. De ese modo, se evita el “achatamiento de la escala”, ya que cuando la mínima aumentaba más que los haberes de las escalas superiores, con cada suba iba creciendo la cantidad de jubilados abarcados por la mínima.
Del 47,2 por ciento que percibe más de la mínima, 17 por ciento se ubica en el rango de uno a dos haberes mínimos (más de 3232 pesos y hasta 6464 pesos), 12,5 por ciento dos mínimas (6464 pesos) y 17,7 por ciento más de dos mínimas (por encima de 6464 pesos).
En lo que respecta a la estructura de los recursos corrientes de Anses del año 2013, por cada 100 pesos que recibió el organismo, 16,60 pesos provenían de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias. En cuanto al destino de los fondos, por cada 100 pesos que ingresan, 77,70 se destinan al pago de jubilaciones y pensiones.

Tomado de aquí


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