Mientras en la audiencia de la jornada, una de las víctimas del centro
clandestino de detención y exterminio de Córdoba, María Patricia
Astelerra, secuestrada el 1 de julio de 1976 junto con su pareja,
Gustavo Adolfo Contemponi, denunciaba que “la condición de mujer
significaba, además de las torturas habituales, el plus de la violencia
sexual" y que su embarazo de cinco meses no impidió que sus captores la
manosearan, los imputados, entre ellos el exjfe del III Cuerpo del
Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, con fluidos contactos con el
entonces cardenal Raúl Primatesta, exhibieron una escarapela amarilla y
blanca.
Durante su
testimonio Astelarra advirtió también que los represores "sentían placer
con lo sádico y lo morboso" y muchas veces "éramos víctimas de esos
juegos". “Ser mujer significaba un plus de vejación y violación",
agregó. Luego de denunciar que “los episodios de abusos sexuales siempre
fueron episodios tortuosos y degenerados, en los que participaban
oficiales y suboficiales del Ejército", Astelarra le solicitó al
Tribunal Oral Federal 1 que dichos delitos “deberían considerarse de
orden público y no solamente de instancia privada, porque fueron
cometidos por funcionarios públicos".
"Las mujeres eran reducidas a la servidumbre. Eran obligadas a trabajar, a ser esclavas sexuales. Hoy quizás muchas no lo puedan contar", manifestó Astelarra, quien, a instancias del fiscal Facundo Trotta aceptó promover una investigación penal independiente a la causa principal, por lo cual el Tribunal deberá girar las actuaciones a la Fiscalía Federal de turno.
Luego de pasar por el Campo de La Ribera, en setiembre de 1976 fue traslada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, a disposición del Comando del III Cuerpo, donde nació su hijo, quien fue entregado a su abuelo materno, José Leandro Astelarra, en enero de 1977, quien consiguió la liberación de su hija dos meses después a cambio de 10.000 dólares.
Tomado de aquí.
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