miércoles, 27 de noviembre de 2013
lunes, 25 de noviembre de 2013
Bachelet y la necesaria refundación de la democracia - por Atilio Boron
Nadie
debería sorprenderse por los principales resultados de las elecciones
del domingo pasado en Chile: derrota oficialista, victoria amplia pero
insuficiente de Michelle Bachelet y masivo abstencionismo electoral.
Numerosos
estudios de opinión pública realizados a lo largo de los últimos años
ponían en evidencia la apatía política reinante en una parte
considerable de la ciudadanía.
Un
politólogo chileno, Juan Carlos Gómez Leyton, viene sosteniendo desde
hace un tiempo la tesis de que en Chile no sólo existe una economía
neoliberal sino que ese cáncer ha hecho metástasis y el propio país se
ha convertido en una sociedad neoliberal, signada, entre otras cosas,
por el mayor índice de desigualdad económica de América Latina.
Ahora
bien: una sociedad de este tipo tiene como rasgos principales la
despolitización, la apatía ciudadana y el desinterés por la cosa
pública, El neoliberalismo primero avasalla y después desnaturaliza a la
política reduciéndola a la mera gestión “técnica” de la economía.
Consecuencia: la democracia degenera en tecnocracia. Y si de cuestiones
técnicas se trata el vulgo tiene poco o nada que decir. Sólo los
expertos deben hablar, y a la ciudadanía se le ordena que se ocupe de
sus propios asuntos y que canalice sus ansias de participación, si es
que las tiene, con frenéticos paseos de compras por los shoppings. Su
obligación no es ejercer el autogobierno o la soberanía política porque
tales cosas son fantasmas de un pasado que ya fue.
La
única soberanía concreta, tangible, es la del consumidor y se realiza
en el mercado y no en la esfera política. El ideal, inspirado en la
polis ateniense, de ciudadanos activamente participantes en el proceso
político es un melancólico anacronismo en una época del desarrollo
capitalista en la que quienes votan, como mordazmente lo recuerda George
Soros, son los mercados.
No
sólo votan sino que, para colmo, lo hacen todos los días mientras que a
los ciudadanos se los convoca cada dos años a un nada apasionante
ritual en el cual la oferta política abrumadoramente mayoritaria, sobre
todo en el caso chileno, es conservadora y las principales alianzas
partidarias pugnan por hacerse dueñas del “centro” político, garantía
infalible de que nada importante habrá de hacerse para cambiar en algo
al sistema.
Confirmando
lo anterior, cuando en la encuesta de Latinobarómetro del año 2013 se
le preguntó a los ciudadanos chilenos si la democracia era preferible a
cualquier otra forma de gobierno un 63 contestó por la afirmativa, pero
un 21 por ciento dijo que “daba lo mismo” y un 10 por ciento que
prefería un gobierno autoritario. Es decir que un inquietante 31 por
ciento era indiferente o antagónico ante la democracia, una cifra muy
elevada pero que, aún así, demostraba una reducción en relación a
niveles históricos que marcaban, inconfundiblemente, la persistencia del
nefasto legado pinochetista.
Una
mirada a largo plazo, por ejemplo focalizando el análisis en el período
1995-2013 demuestra que en Chile los valores promedio para todo ese
período fueron los siguientes: apoyo a la democracia, 55 por ciento; al
autoritarismo; 15 por ciento, e indiferencia, 26 por ciento.
El
“país modelo” de una transición política exitosa hacia la democracia
demostraba con estas cifras el equívoco del saber politicológico
convencional que ensalzaba la experiencia política chilena como la más
acabada concreción, en Nuestra América, del otrora tan valorado (y ahora
tan devaluado) Pacto de la Moncloa que había permitido el advenimiento
de la “democracia” en la España postfranquista.
Y
rompiendo las previsiones de la cátedra y las campañas de calumnias de
los medios hegemónicos los datos de Latinobarómetro confirman que el
país con mayor apoyo ciudadano a la propuesta democrática es
...¡Venezuela! ¡Sí!, la Venezuela bolivariana, difamada, hostigada y
vilipendiada como tierra de tiranos populistas y líderes demagógicos
resultó ser aquella en la cual el ideal democrático es más valorado por
su ciudadanía.
No
sólo eso: según esta encuesta los países cuyos ciudadanos más han
aumentado el apoyo a la democracia son Venezuela (16 puntos) y Ecuador
(13 puntos), por encima de Chile (8 puntos) y Argentina (5 puntos). (1)
Conclusión:
si los liderazgos fulminados como populistas (Chávez, Maduro, Correa y,
por extensión, Evo) crean ciudadanía es porque son cualquier cosa menos
populistas; populares y genuinamente democráticos seguro, pero no
cultores de la engañifa populista [guardamos nuestras reservas ante este modo de utilizar la palabra "populista" - nota del bloguero]. La ciencia política convencional se
revela como propaganda reaccionaria ante estos pocos ejemplos.
Pero
retornemos a las elecciones del pasado domingo. A la vista de los
anteriores antecedentes no sorprende, decíamos, que la concurrencia
electoral haya oscilado en torno al 50 por ciento del electorado,
compuesto por poco menos de 14 millones de personas. Esta proporción de
abstencionismo es la más alta en toda la historia de la democracia en
Chile.
Se
argumenta que dado que el sufragio es optativo no hay por qué
alarmarse. Pero lo cierto es que el voto no sólo es un derecho; es
también una obligación de todo ciudadano de una democracia y casi la
mitad de las chilenas y los chilenos renunció a ejercer ese derecho y a
asumir la correspondiente obligación.
Bajo
esta perspectiva la votación de Michelle Bachelet, 3.070.012 sufragios
representa el 47 por ciento de quienes acudieron a votar pero un escaso
22 por ciento del total de la ciudadanía; peor aún es el caso de la
candidata de la derecha, Evelyn Matthei, cuyos 1.645.271 votos no
representan sino el 12 por ciento de los electores inscriptos.
La
conclusión que puede obtenerse de estos guarismos es que casi un cuarto
de siglo después de la salida de Pinochet los legados combinados del
autoritarismo militar y el neoliberalismo económico produjeron una
sociedad en la que se descree de la acción colectiva, se concibe a la
política como una pérdida de tiempo y se piensa que los problemas de
cada quien deberán ser enfrentados y resueltos individualmente.
La
política se convierte en un “ruido molesto” que perturba el
supuestamente racional trabajo de los mercados. Otra conclusión: el gran
fracaso del gobierno de Sebastián Piñera, que había sido saludado como
el amanecer de una nueva era en donde la burguesía atendía sin
molestas mediaciones la gestión de la cosa pública y se demostraba que
el pinochetismo podía tener un rostro sonriente, amable y a la vez
altamente eficiente. Esa ilusión se desmoronó la noche del domingo
pasado.
La
apatía política se alimenta en Chile de la carencia de verdaderas
alternativas políticas. Revertir esta situación será una tarea muy
difícil, casi prometeica, de la futura presidenta Bachelet, quien sólo
por una catástrofe política de incalculables proporciones podría ser
derrotada en la futura batalla electoral.
La
reconstrucción de la comunidad política -en un país que supo tenerla y
en grado sumo antes del golpe militar- requerirá la adopción de
profundas reformas que desmonten el andamiaje económico, político e
institucional establecido por la dictadura y mantenido a lo largo de
nada menos que cuarenta años. Un aparato construido por el ideólogo y
arquitecto del régimen pinochetista, Jaime Guzmán Errázuriz, y
preservado en casi todos sus detalles por sus sucesores de la
Concertación y, por supuesto, por el actual gobierno.
Para
que Bachelet pueda dar vuelta la página de la historia será preciso que
haga lo que hizo Hugo Chávez Frías el 2 de Febrero de 1999 cuando al
tomar posesión de su cargo como presidente rompió con las fórmulas
consagradas por la tradición y dijo que “Juro delante de Dios, juro
delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda
Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias
para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos
tiempos. Lo juro.”
Es
harto improbable que Bachelet produzca un juramento de ese tipo porque,
como política, no está “hecha de la misma madera” que tenía el gran
líder bolivariano. Pero es indiscutible que la reconstrucción de la
democracia en Chile requerirá indefectiblemente de la elaboración y
aprobación de una nueva constitución. No es un dato menor que las tres
que rigieron los destinos de ese país fueron todas ellas producidas por
gobiernos autoritarios y conservadores en 1833, 1925 y 1980, esta última
bajo el régimen de Pinochet. Y en ninguno de estos casos, por supuesto,
no hubo el menor atisbo de participación popular. Y si bien en los
últimos años se le introdujeron algunos cambios muy marginales, el
espíritu y la letra de la constitución pinochetista está aún vigente, y
ambos son incompatibles con la democracia.
Si
Bachelet aspira realmente a refundar la democracia chilena tendrá que
convocar por primera vez en la historia a una asamblea constituyente
elegida por el pueblo; otorgarle un plazo para que redacte un nuevo
texto constitucional y someterlo -como se hizo en Venezuela, Bolivia y
Ecuador- al veredicto popular mediante un referendo constitucional que
otorgue legitimidad a la nueva carta magna. Eso sería un primer y
necesario paso para después avanzar con la misma firmeza en la
desmercantilización y la desprivatización de gran parte de lo
mercantilizado y privatizado por cuatro décadas de neoliberalismo,
comenzando por la educación y siguiendo por la salud y la seguridad
social entre tantos otros bienes públicos convertidos en mercancías
generadoras de jugosas ganancias para los capitalistas. Si nada de esto
llegara a ocurrir, o sólo se intentaran tibios ensayos reformistas,
Chile se deslizaría aún más rápidamente hacia una nueva y sutil forma de
autoritarismo de mercado o, como lo asegura el filósofo político
estadounidense Sheldon Wolin para su propio país, hacia una suerte de
“totalitarismo invertido” caracterizado por la primacía aplastante de
los mercados y el progresivo desvanecimiento de las figuras de la
democracia y del ciudadano. Una democracia sin ciudadanos que reemplaza
la vieja fórmula de Abraham Lincoln, “gobierno del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo” por su degradación mercantil: “gobierno de los
mercados, por los mercados y para los mercados.”
Desgraciadamente,
la complacencia de la anterior gestión de Bachelet con esta fórmula no
autoriza a hacerse demasiadas ilusiones. No son muchos los casos en la
historia en que un gobernante produce un giro tan pronunciado como el
que hace falta para refundar la democracia en Chile. Una democracia que
llegó a su punto más alto en los años de Salvador Allende, y que por eso
mismo fue ferozmente combatida por el imperialismo y sus secuaces
locales. De todos modos será preciso esperar un tiempo antes de emitir
un juicio definitivo sobre la gestión de Bachelet. El realismo político
no permite abrigar demasiadas esperanzas, pero ese mismo realismo
aconseja no descartar la posibilidad –por poco probable que sea- de que
el pueblo chileno recupere su memoria, sus sueños y sus utopías, las
mismas que lo llevaron a votar por Salvador Allende, e irrumpa de manera
arrolladora en la escena política para, como lo dijera el
presidente-mártir, abrir “aquellas grandes alamedas por donde pase el
hombre libre para construir una sociedad mejor.” Sería una gran noticia,
para Chile y para Nuestra América, si tal cosa llegara a suceder.
- Dr. Atilio Boron,
director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en
Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al
Pensamiento Crítico 2013.
Nota
(1) Cf. Corporacíón Latinobarómetro: Informe 2013 (Santiago: Ediciones de Corporación Latinobarómetro 2013), pg. 6.La
Corporación realiza una encuesta anual de actitudes y opiniones
políticas en 18 países de la región. Huelga comentar que los autores del
Informe apelan a todo tipo de ridículas argumentaciones
para dar cuenta de tan aberrantes anomalías como las representadas por
los casos de Venezuela y Ecuador. No podemos perder nuestro tiempo y el
de nuestros lectores en examinar las conocidas críticas que las usinas
del imperio dirigen en contra de esos países hermanos: no hay separación
de poderes porque el oficialismo tiene mayoría en el Congreso, y no se
respeta a la oposición porque ambos tanto Chávez como Maduro y Correa le
han declarado la guerra a la prensa. Si Aznar, Berlusconi o George W.
Bush tienen mayoría en el Congreso eso prueba la rotunda legitimidad de
su mandato; si quienes gozan de esa situación son Chávez, Maduro o
Correa eso demuestra que nos hallamos ante democracias con serios
déficits o, simplemente, semi-democracias. El escandaloso doble standard
del Informe nos exime de la necesidad de entablar una discusión
con sus autores. No son analistas políticos sino publicistas al
servicio de la reacción, y sólo por excepción discutiría con ellos.
Tomado de aquí
El segundo turno en Chile - por Emir Sader
Chile era el país más politizado y de mayor participación
partidaria en América Latina. Ello no resistió a los 17 años de
dictadura de Pinochet, a los 20 años de los gobiernos moderados de la
alianza socialista-demócrata cristiana. Y, además, un sistema electoral
distrital, que distribuye las curules entre los dos bloques mayores,
excluyendo las otras fuerzas.
Las movilizaciones estudiantiles condujeron a que los partidos
tradicionales consideraran la hipótesis de una reforma del sistema
electoral, pero a medida que las movilizaciones amainaron, sólo
introdujeron la inscripción automática de los jóvenes, lo que no altera
nada, porque no hay mayor interés. Y, para agravar, se introdujo el voto
no obligatorio, lo que sólo incrementó la abstención.
La abstención, mayor al 50%, fue el factor fundamental que impidió
la victoria de la Bachelet en el primer turno. En el segundo turno, el
próximo 15 de diciembre, se sabrá qué proporción de votos tendrá ella y
cuál será el nivel de abstención.
Quién haya mirado la lista de candidatos a presidente de Chile no
diría que el golpe militar de Pinochet se produjo hace 40 años y que su
régimen terminó hace 23 años. Michelle Bachelet es hija de un ministro
militar de Allende, muerto de un colapso cardíaco en la prisión, tras 6
meses de torturas. Michelle estaba con él en la prisión.
La candidata de la derecha, apoyada por el neo-pinochetista
Sebastián Piñera, es hija de un militar, miembro de la Junta Militar de
Pinochet. Fue candidato también Marco Antonio Enríquez, hijo de Miguel
Enríquez, principal dirigente del MIR, aunque ahora Marco tuvo una
plataforma moderada.
Pero desde el golpe han pasado 17 años de dictadura, 20 años de
gobiernos de la alianza socialista-demócrata cristiana y 4 años de
gobierno de la derecha. Sin embargo, la plataforma de Bachelet refleja
problemas heredados de la dictadura.
Ella se propone convocar una Asamblea Constituyente, porque Chile
vive aún con la Constitución impuesta por Pinochet, en pleno estado de
sitio de la dictadura, si bien la carta fue reformada, sin embargo exige
una mayoría tan elevada de votos del Parlamento, que supone siempre
acuerdos entre los dos bloques para aprobar leyes importantes.
Otro de los puntos clave de su programa es la elevación de
impuestos a los más ricos, para fortalecer las políticas sociales.
Chile, que antes de la dictadura de Pinochet era uno de los países
menos desiguales del continente, se tornó uno de los más desiguales. Eso
Bachelet quiere combatir con más recursos tributarios.
El tercer tema también pertenece a la herencia maldita dejada por
Pinochet y no tocada, hasta aquí: la privatización de las universidades
chilenas, factor de las enormes movilizaciones estudiantiles, que
restaron la legitimidad de Sebastián Piñera. Bachelet presentó un plan
de recuperación del carácter público de las universidades, de 5 años,
porque los recursos para eso no constaban más en el presupuesto público.
Bachelet retorna a la presidencia en condiciones distintas de
cuando asumió por primera vez. Su último año de gobierno fue el primero
de la crisis internacional en el centro del capitalismo. En aquel
momento ella tomó medidas que protegían a los sectores más vulnerables
–como los ancianos-, abandonados a su suerte por la privatización de la
sanidad, heredada de la dictadura y nunca modificada por los gobiernos
posteriores.
Desde entonces se fortaleció la capacidad de respuesta a las
presiones recesivas producidas por la crisis en el centro del
capitalismo por parte de los gobiernos que privilegian los procesos de
integración regional y no de aquellos que, como el chileno, firmaron
Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bachelet ya manifestó
su voluntad de bajar el perfil de la participación de Chile en la
Alianza para el Pacífico e intensificar las relaciones con los países
del Mercosur. (Traducción ALAI)
- Emir Sader es académico de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.
Tomado de aquí
Embajadora de EEUU: “Reconozco resultados anunciados por el TSE”
Dice el bloguero: aunque EEUU aún no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, puede reconocer velozmente los resultados en Honduras cuando varios de los candidatos y partidos indican irregularidades. La doble vara imperial es por demás evidente. Va la nota:
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske, reconoció
que los resultados obtenidos en el conteo electoral reportado por sus
observadores y el trabajo hecho por el Tribunal Supremo Electoral (TSE),
estaban totalmente regularizados hasta horas de la noche de ayer.
“En el conteo de las mesas vimos un escrutinio que se hizo con
regularidad, donde hubo pocos incidentes de violencia, en ese sentido se
ha realizado una verdadera fiesta democrática y demuestra el interés
del votante, manifestó.
“Apoyamos el proceso electoral realizado, y hay que tener paciencia y
a la vez esperar cualquier tipo de reclamos o denuncias de los cuales
habrá tiempo para resolverlos y finalmente poder obtener los resultados,
indicó.
“Reconozco los resultados anunciados y lo que nuestros observadores
vieron en el proceso, nosotros hemos apoyado el proceso para hacerlo más
transparente, pero esta vez tenía muchos puntos que daban aún más
transparencia de incluir varios partidos en la mesa y dejar que el
pueblo observara el escrutinio, añadió.
Lo anterior, es avance del proceso electoral, también participaron
centenares de ciudadanos, porque el Registro Nacional de las Personas
(RNP) entregó unas 600 mil identidades simplemente en las dos rondas.
Hay que respetar la decisión del pueblo hondureño, apuntó.
Tomado de aquí
Elecciones Honduras: Libre denuncia irregularidades y convoca a reunión de emergencia para este lunes
La cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezada por
el coordinador general, Manuel Zelaya, dijo ayer que esta institución
política desconoce los resultados dados a conocer por los magistrados
del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por mostrar inconsistencias en más
del 20% de actas.
Manuel Zelaya, Eduardo Enrique Reina y Riccy Moncada se hicieron
presente ante la prensa nacional e internacional donde esta última,
quien representa a Libre ante el Consejo Consultivo del TSE, fue clara
al manifestar que no reconocen los resultados del máximo tribunal.
“El Tribunal ha dado proyecciones que no concuerdan con la
información que estamos recibiendo y computando a través de nuestros
propios medios de información; hay inconsistencias en más de un 20 por
ciento en las actas que no han sido cotejadas, y además han sido
enviadas a una auditoría, sin tener información del porqué han sido
enviadas a la auditoría, con el cual podría cambiar el resultado de las
proyecciones”.
Esas proyecciones no son aceptadas por Libertad y Refundación y por
lo tanto estamos convocando para las 11:00 de la mañana a toda la
dirigencia nacional, donde anunciaremos todas las medidas necesarias
para presentar esas inconsistencias, resultado que está siendo
manipulado para favorecer a uno de los candidatos y no se está
presentando, por lo tanto representan inconsistencia, dijo Reyna.
Mientras tanto, Riccy Moncada aseguró que “el TSE ha hecho una
transmisión irregular de los resultados; la elección presentó una serie
de inconsistencia hasta llegar al caso de más de 1,900 actas que tampoco
han sido incorporadas al sistema y que favorecen a nuestro partido”.
De acuerdo al procedimiento que aplica el TSE para introducir esas
actas al sistema, dijo Moncada que desconocen las verdaderas razones por
las cuales se estima que esas actas son inconsistentes.
“No reconocemos esos datos del TSE y además tenemos fundadas razones
para no reconocerlo. Las láminas, los datos, las pantallas que están
siendo presentadas, solo evidencian las inconsistencias con actas que
van a procedimiento especial, pero también con actas por no
reconocimiento de firmas; se evidencian curvas que son inaceptables,
gráficos inaceptables, irregularidades, que tienen que ser analizadas, y
que además una gran cantidad de datos no coinciden con lo recibido por
nuestro partido a nivel nacional. Asimismo tenemos informes fidedignos
por fuentes ligadas a los responsables de dar protección al material
electoral, en relación a que estuvieron introduciendo actas vía escáner
de sitios donde el escrutinio aún no había concluido”.
“Este es un claro fraude, y fraude frente a la voluntad popular que
sin lugar a dudas está siendo alterada a través de la transmisión
irregular. Nosotros respetamos la presencia de la Unión Europea con su
staff de observadores, pero de la misma manera como miembros del Consejo
Consultivo llevamos alrededor de ocho meses cuestionando todo el
proceso que ha implementado el Tribunal y que hoy culmina con estos
datos irregulares; declarar tendencia, resultados, pasando más del 20
por ciento de actas para un procedimiento especial, consideramos alejado
e irrespetuoso de la voluntad popular expresada en las urnas”.
Por su parte, el coordinador general de Libre dijo tajantemente que
“rechazamos esos resultados porque Xiomara gana las elecciones”.
“Hay un 20 por ciento de las actas, no digo que son trampa, lo que digo es que no se han escrutado”.
Nosotros no usamos armas, pero sí sabemos defender nuestros derechos.
La refundación se está perdiendo por falta de transparencia, dijo
Zelaya.
Los que alteran la paz son los que mienten, los que dan resultados
falsos; la resistencia es un proyecto de refundación nacional, nosotros
no podemos guardar silencio, estamos llamando, dijo. (MR)
Tomado de aquí
jueves, 14 de noviembre de 2013
La autoridad ya no es reticente con las víctimas, pero sí lenta: Javier Sicilia
Los gobiernos de México y EU gastan "demasiado dinero" en otras
políticas mientras la gente sigue muriendo, aseguró el activista
mexicano.
(CNNMéxico) — Las víctimas de la violencia en
México ya no se enfrentan a la reticencia de la autoridad como en años
anteriores, pero sí a la cautela y lentitud que permiten que dicha
violencia continúe, aseguró este jueves el poeta y activista mexicano
Javier Sicilia desde Washington D.C.
“Lentamente hemos ido rompiendo la reticencia, no la cautela, pero ya
podemos comenzar a hablar de manera más franca con instancias que antes
eran reticentes (…) Mi problema es con la timidez. Se gasta demasiado dinero mientras la gente sigue muriendo”, dijo Sicilia en entrevista con CNN en Español tras ser cuestionado sobre los avances en la lucha contra la violencia.
Sicilia, quien inició su activismo contra la violencia después del
asesinato de su hijo Juan Francisco en marzo de 2011, dijo que en México
"la justicia sigue siendo mínima (...) El gobierno de Enrique Peña
Nieto continúa con otro tipo de narrativa y eso nos preocupa muchísimo”.
Luego de participar este martes en una mesa redonda sobre el uso de
las drogas en América, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad consideró necesario acelerar la discusión de la legalización
de las drogas y el control de armas para aminorar la violencia.
"Estamos tratando de que se entienda que el problema de la guerra
contra las drogas involucra la regulación de las drogas, el control de
las armas, que son cosas que puede hacer Estados Unidos”, dijo.
El activista señaló que la legalización de la marihuana en Washington y Colorado es “un avance” en la materia. También indicó que el presidente Barack Obama “es muy sensible y entiende bien el problema”, pero consideró que “necesita hacer un llamado” sobre el tema.
En cuanto al uso de armas, Sicilia dijo que la Segunda Enmienda a la
Constitución estadounidense, que resguarda el derecho a poseer armas, es
una medida “nostálgica” originada en necesidades de defensa de los
primeros momentos del país y aseguró que ya no es necesaria y “está
haciendo mucho daño” en México y EU.
El gobierno mexicano no tiene como “agenda prioritaria” la
regulación de las armas y la protección de las víctimas, criticó Sicilia
que, durante su participación del martes en la mesa redonda sobre
descriminalización de las drogas organizada por la Organización de
Estados Americanos (OEA), calificó como “una estupidez” la
prohibición de drogas y aseguró que en México “ya no hay Estado ni
democracia” porque las “víctimas siguen sin justicia y continúan los
asesinatos”, según EFE.
En la reunión, el llamado de Sicilia a la descriminalización
coincidió con uno similar hecho momentos antes por el secretario general
de la OEA, José Miguel Insulza, detalló EFE.
Entrevista con Cristóbal Kay: Acaparamiento de tierras en América Latina
Sally Burch
El acaparamiento de grandes extensiones de tierras, conocido en inglés como land-grabbing,
fenómeno que surgió principalmente en la última década y que se acentuó
a partir de la crisis alimentaria del 2008, está transformando
radicalmente la estructura agraria en el mundo, desplazando al
campesinado y reforzando la agroindustria. En África y Asia, este
fenómeno corresponde principalmente a acuerdos entre Estados, donde un
gobierno acuerda la compra o arriendo de grandes extensiones –cien,
doscientas mil hectáreas o más-, en otro país, para producir alimentos
bajo su propio control y exportarlos, a fin de garantizar la seguridad
alimentaria de su población.
En América Latina, sin embargo, el proceso ha asumido una característica distinta, según explica Cristóbal Kay,
especialista en desarrollo y reforma agraria. Y es que en nuestro
continente, no son otros Estados sino principalmente las grandes
empresas translativas las que están invirtiendo en países vecinos. En
entrevista con ALAI, Kay advirtió que, entre más avanza este proceso,
más complejo se vuelve pensar en una reforma agraria en los países
afectados.
Académico especializado en
teoría del desarrollo, que estudió primero en Chile e Inglaterra, y hoy
es profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Cristóbal Kay
nos recordó que en América Latina este fenómeno tiene sus raíces en la
llamada década perdida de los años 80, con las políticas
neoliberales. Cuando los Estados disminuyeron sus políticas de crédito y
asistencia técnica al campesinado y bajaron los aranceles a la
importación de alimentos, la economía campesina quedó marginada y muchos
campesinos tuvieron que buscar otras formas de ingreso, cuando no
acudir a la migración. En cambio los sectores rurales que salieron
beneficiados fueron aquellos productores agrícolas capitalistas que
tenían acceso a las inversiones y los conocimientos necesarios para
entrar en los nuevos mercados de exportación, con nuevos productos como
el brócoli, hortalizas, frutas, palma africana aceitera.
Este hecho, relata Kay, “cambió
totalmente la estructura agraria, llevando hacía un proceso de
concentración de tierras y, también, hacía un proceso de capitalización
del agro… Se expandieron estas empresas agrarias, muchas veces
incorporando a tierras campesinas, o deforestando la amazonia, llegando a
nuevas fronteras agrícolas, creando también una serie de efectos
negativos para la ecología de esos países”. Esta nueva estructura
agraria funciona con mano de obra temporal, sin estabilidad laboral y
con salarios muy bajos, o donde hay cultivos muy mecanizados, como la
soya, crea muy poco empleo. “En medio siglo, desde 1960 hasta 2010, el
cultivo de la soya pasó de 260 mil hectáreas a más de 42 millones. O
sea, se multiplicó varios cientos de veces”, señala el investigador.
Sigue nuestra conversación
sobre estos temas, en la cual Kay nos contó cómo en América Latina el
actual proceso de acaparamiento de tierras sigue parámetros novedosos a
nivel mundial, puesto que se trata esencialmente de empresas
latinoamericanas de un país que invierten en otro país latinoamericano.
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CK: Son
grandes compañías que ya controlan cincuenta mil hectáreas, o cien mil
hectáreas, por ejemplo de Argentina; que hacen después inversiones en
Paraguay, o Uruguay, especialmente para soja, o para pasto y ganadería. Y
Brasil hace lo mismo: hay muchos empresarios agrícolas brasileños que
ya hace como tres o cuatro décadas atrás, han comprado tierras en la
parte oriental de Bolivia, en Santa Cruz, en las tierras bajas de
Bolivia, y hoy en día controlan quizás un tercio de las tierras del
Oriente boliviano. Controlan como el 40 o 50% de la producción de soja
de Bolivia.
Paraguay, es el caso más
dramático. En este país, casi dos tercios de toda la producción de soja
es controlada por capitales, inversionistas, terratenientes, de origen
brasileño -la mayoría-, pero también una parte importante de
argentinos. Entonces se plantea allí un problema de soberanía nacional,
porque gran parte de esas inversiones de compra de tierra por parte de
los brasileños y los argentinos se da en la zona fronteriza con esos
países. Y, el cultivo de la soja es el más importante de Paraguay,
entonces controlando dos tercios de la producción de soja -no tengo una
cifra exacta-, pero es como controlar quizá el 40% de toda la producción
agropecuaria de ese país, por parte de esos capitales latinoamericanos.
Ahora, muchos de esos capitales
latinoamericanos están asociados con capitales internacionales. Por
ejemplo, con el famoso financista George Soros. Soros tiene una empresa
que financia las compras de tierras a través de una empresa en
Argentina, y hace inversiones a gran escala, con grandes maquinarias.
Entonces, hay algunos capitales
extranjeros, pero no es la fuerza motriz de este cambio; la fuerza
motriz viene de los propios capitales de algunos países
latinoamericanos. Incluso países pequeños como Chile, que tiene cierta
ventaja en la industria forestal. Hay un grupo forestal chileno que
tiene más de un millón de hectáreas, de las cuales la mitad está fuera
de Chile, en Argentina, Brasil y Paraguay. Como ya no hay más tierras
para reforestar en Chile, estos capitales chilenos invierten en otros
países latinoamericanos, en los que todavía hay cierta abundancia de
tierra. Ahora, esto también tiene su impacto ecológico, especialmente
con el monocultivo de eucalipto, que absorbe mucha agua, y el pino; y
entonces no se puede cultivar después, es muy difícil volver a usar la
tierra para otro uso agropecuario.
ALAI: Estas inversiones en tierra, ¿están vinculadas también a la especulación del sector financiero?
CK:
Sí, porque la ventaja es que la tierra no pierde su valor, es una buena
inversión fija, especialmente si los precios agropecuarios siguen
subiendo, y es muy probable que los precios agrícolas nunca van a bajar
de nuevo a los niveles pre-crisis del año 2008. Pero la especulación
viene más bien con estos nuevos cultivos, como decía, la palma aceitera,
palma africana, con la soja y también con la caña de azúcar. Estos
tres cultivos se pueden llamar ‘cultivos comodín’. Un colega de La
Haya, Saturnino Borras, lo llama ‘flexcrops’, que se puede
traducir al castellano como ‘cultivo comodín’, porque se los puede
dedicar a varios usos, ya sea como aceite, ya sea como comida, o para
biocombustible. Y allí viene la ventaja, es decir, depende de los
precios de los alimentos: si están bajos, dedican la caña de azúcar o la
soja al etanol. Entonces especulan de acuerdo a cómo van los precios
internacionales para cada uno de los productos. Eso le da esa
flexibilidad al capital, y el capital siempre trata de maximizar la
ganancia y la renta, usando los mercados internacionales.
ALAI:
¿De toda esta situación que acaba de describir, cómo ve las
implicaciones a futuro? ¿De qué hay que preocuparse? ¿Qué alternativas
podrían plantearse frente a esa situación?
CK:
Estos nuevos capitales que acaparan tierras, extensiones de 100 mil
hectáreas, y algunas llegando hasta a 1 millón de hectáreas, son
cantidades de tierras inimaginables históricamente, van mucho más allá
del antiguo latifundio. La diferencia es que son capitales no
exclusivamente agrarios, sino que muchos de estos nuevos inversionistas
vienen de la agroindustria, de la industria forestal, de la industria
del procesamiento de la caña de azúcar, de la palma africana. O
incluso, en el caso de capitales extranjeros, de capitales mineros o
financieros; y capital comercial, incluso hay supermercados que
invierten. Entonces, ya no es solamente un capital agrario, sino un
capital que se origina de varias fuentes, que controla la cadena
productiva. Es como toda una cadena de valor que está totalmente
integrada y controlada por ese capital corporativo, que tiene tremendo
poder, porque conoce el mercado internacional, tiene acceso a las
últimas técnicas productivas, tiene la capacidad de financiar
maquinaria, cosechadoras e industrias procesadoras.
Frente a eso, a un mercado
libre, los gobiernos no tienen la capacidad de negociar o de buscar
acuerdos más favorables para los países. Hay quizá algunas
restricciones menores.
En cuanto a las implicaciones
de este proceso, como ya mencionaba, desplazó a ciertos sectores
campesinos, creó conflictos con pueblos indígenas, tal cual lo hacen
algunas inversiones mineras, aunque estos casos son menos conocidos. Y
es que en muchas de esas zonas que los gobiernos dicen que están vacías,
que son tierras estatales, ya había poblaciones locales, indígenas, que
estaban radicadas en esas zonas, y que con estas inversiones van siendo
desplazadas.
En el tema de qué visión del
futuro, pensando especialmente si uno quiere hacer una reforma agraria,
yo creo que hoy en día es más complejo realizar una reforma agraria,
porque el campesinado ya no enfrenta al antiguo señor feudal con el cual
tenía una relación patronal clientelar. Pero había un enemigo claro
-por así decirlo- con el cual uno podía realizar su lucha social: contra
los patrones, contra los terratenientes que habían estado en esa zona
hace siglos ya, desde la colonia, con el antiguo latifundio. Ahora son
grupos inversionistas, muchas veces sociedades anónimas. Entonces,
¿cómo tener una política para tratar de expropiar o redistribuir la
tierra, frente a un capital que puede vender las tierras fácilmente o
moverse a otro lugar?
Además, ahora ya no se trata de
expropiar tierra improductiva, no cultivada, como antes con el
latifundio. No, estas son empresas capitalistas, con grandes inversiones
de alta productividad, de alta tecnología, totalmente integradas al
mercado internacional; entonces también los gobiernos son muy reacios a
tocar a esas empresas.
Por lo mismo, hoy las reformas
agrarias tendrían que ser mucho más participativas, tendrían que tener
en mente las necesidades de las comunidades indígenas, tener una opción
también de género, de incorporar a las mujeres en el proceso de la
reforma agraria, lo que no se hizo en la reforma agraria de las décadas
de los 50, 60 y principios de los 70, y también, por supuesto, tener
toda una visión ecológica, que en la reforma agraria de los 50 los 60 no
existía. Entonces, con toda esta nueva situación, es mucho más complejo
tener un programa real, masivo de reforma agraria.
Consecuentemente, para
enfrentarse a esos grandes conglomerados, como Monsanto, la lucha social
ahora tiene que ser de un movimiento también transnacional. Como, por
ejemplo, es el caso de la Vía Campesina. Hay que tener un movimiento
campesino que esté interconectado e interrelacionado y que se globalice,
se transnacionalice, aunando esfuerzos en cada país con esa lucha, más
bien global, contra los transgénicos, contra el gran capital financiero y
planteando sus propuestas a nivel de la comunidad internacional -a
través de las Naciones Unidas, como la FAO, etc., porque es allí donde
se mueven las fuerzas políticas.
Y aliándose con los movimientos
ecologistas, con los movimientos que quieren mantener la biodiversidad
genética, con los movimientos que van contra los supermercados, los
movimientos que quieren fortalecer los mercados locales, las culturas
locales, por un paisaje que no sea de monocultivo, etc. Allí, aunando
esfuerzos entre sectores rurales con sectores sociales urbanos, crear
una alianza política transnacional, para lograr cambiar este modelo de
monocultivo y depredador. Es una visión, pero por suerte que hay varios
pasos intermedios para lograr eso.
Tomado de aquí
jueves, 7 de noviembre de 2013
Los nombres prohibidos de la dictadura
El Ministerio de Defensa reveló detalles de las actas halladas con los
nombres de artistas, intelectuales y periodistas considerados
"peligrosos" por la dictadura cívico-militar. La primera "lista negra"
encontrada data del 6 de abril de 1979 y contiene a 285 personas
calificadas bajo la categoría "Fórmula 4", destinada a quienes según los
militares registraban "antecedentes ideológicos marxistas".
La cartera
de Defensa destacó en un comunicado que "es falso" que las llamadas
"listas negras" hayan tenido sólo incidencia "en la contratación dentro
de organismos estatales". A pesar de que entre los hallazgos hay una
disposición que dice que "corresponde aclarar que los medios privados de
comunicación social no tienen ninguna limitación al respecto", el
ministerio remarcó que "en la práctica, esto no funcionaba así: ningún
medio de comunicación privado se animaba a contratar a alguien señalado
como `Fórmula 4` por la dictadura".
El Ministerio encabezado por Agustín Rossi consignó que, dentro de los aproximadamente 1500 biblioratos encontrasdos, hay uno que específicamente se encarga de analizar a los "Fórmula 4", grupo que incluía a intelectuales, periodistas, artistas y comunicadores que, según la Junta Militar, supuestamente revestían el mayor nivel de peligrosidad.
En tanto, la llamada "Fórmula 2" para la catalogación de personas era destinada a personas cuyos antecedentes "no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista" y, la "Fórmula 3", a quienes -a criterio del régimen- registraban "algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.".
Defensa señaló que, para la confección de estas "listas negras", las Juntas Militares "crearon un organismo destinado a coordinar la tarea", denominado Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI). Allí confluían representantes de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de cada una de las tres armas. "El ECI definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados a partir de las sugerencias de sus miembros, analizaba sus permanentes actualizaciones, y decidía quién entraba y salía del máximo nivel de prohibición", añade el informe divulgado hoy.
La primera "lista negra" sistematizada encontrada data del 6 de abril de 1979 y contiene "12 páginas que agrupan un total de 285 nombres, todos con la calificación `Fórmula 4´", y el detalle de la profesión de cada persona. El segundo listado hallado está actualizado al 31 de enero de 1980 e incluye a 331 nombres bajo la calificación de "Fórmula 4", en tanto en su encabezado brinda una serie de recomendaciones en relación a los antecedentes consignados, entre ellas que "deben ser incinerados".
Las actas encontradas dan cuenta de un cambio de postura del régimen dictatorial tras la guerra de Malvinas, cuando la Secretaría de Información Pública ordenó "marcar una transición hacia la vida institucional plena del país" y recomendó "permitir trabajar en los medios de comunicación social administrados por el Estado" a personas que habían sido catalogadas bajo la "Fórmula 4". En esa etapa final de la dictadura la Junta Militar comenzó a desafectar nombres del listado de "Fórmula 4", excepto por 46 personas que la SIP recomendaba que no cambiaran de categorización. En esa lista quedaron, entre otros, los actores Norman Brisky y Nacha Guevara, el escritor Julio Cortázar, el director de cine Octavio Getino, el compositor Miguel Ángel Estrella, el poeta y escritor Armando Tejada Gómez y el periodista Jacobo Timerman.
Tomado de aquí
Hagamos una vaquita y, de ser necesario, ¡agrandemos el ojo de la aguja!: Dos familias copan la lista de los más ricos del mundo
Seis de las 12 personas más ricas del mundo pertenecen solo a dos
familias: los Walton y los Koch, según la revista ‘Bloomberg’. Ambas son
estadounidenses y republicanas.
Los hermanos Charles y David Koch ocupan los puestos seis y siete de
la lista de multimillonarios ‘Bloomberg 2013′, con una fortuna personal
de 47.400 millones de dólares cada uno. Son propietarios de Koch
Industries Inc., un negocio que heredaron de su padre y cuyo volumen
aumentaron en 2.600 veces.
Se trata de un conglomerado de empresas de los sectores del refinado y
distribución de petróleo, productos químicos, energía, fibra,
polímeros, minerales, fertilizantes, papel, ganadería, finanzas y muchos
otros.
Los Koch son uno de los donantes claves del Partido Republicano. En
la campaña electoral de 2012 invirtieron unos 60 millones de dólares en
‘destronar’ al presidente Obama. Se oponen a la regulación de los
derivados financieros (productos financieros cuyo valor se basa en el
precio de otro activo, sean acciones, índices bursátiles, tipos de
interés o materias primas) y la limitación de emisiones de gases
causantes del efecto invernadero.
Por su parte, los Walton, herederos de Sam y Bud Walton, fundadores
de Walmart, una corporación multinacional de minoristas, son desde hace
años la familia más rica del mundo. En 2013, Christy Walton, con una
fortuna personal de 38.400 millones de dólares, Jim Walton con 36.600
millones, Rob Walton con 35.600 millones y Alice Walton con 34.900
millones, ocupan respectivamente los puestos 9, 10, 11 y 12 de las
personas más ricas del planeta.
Walmart, uno de los donantes históricos del Partido Republicano,
cuenta con unos 2,2 millones de empleados en todo el mundo y se enfrenta
a un torrente de demandas y problemas con su plantilla por bajos
salarios, precariedad laboral, asistencia sanitaria inadecuada y
problemas relacionados con las fuertes políticas antisindicales de la
empresa.
Texto y foto/RT
Tomado de aquí
martes, 5 de noviembre de 2013
lunes, 4 de noviembre de 2013
Neoliberalismos y trayectorias de los feminismos latinoamericanos
Sonia E. Alvarez
El
desarrollo neoliberal, patriarcal, racista y colonialista ha permitido,
facilitado o incluso fomentado ciertas formas o tipos de discursos y
prácticas feministas. Pero al mismo tiempo, ha limitado, circunscrito o
hasta reprimido o criminalizado otros. Para mostrar esto, quiero
analizar la relación entre el desarrollo neoliberal, racista y
patriarcal y los movimientos de mujeres y feministas en América Latina
en tres momentos diferentes.
El
primero coincide con el inicio del neoliberalismo, lo que algunos
llaman la fase del fundamentalismo de mercado, donde el mercado es
considerado un dios y resolverá todo; y el régimen de Pinochet en Chile,
tal vez puede expresar su cristalización máxima. El segundo momento,
algunos lo han denominado neoliberalismo multicultural con "rostro
humano", en el cual la intensa explotación de los más pobres, con la
intensificación del hambre, por ejemplo, comienza a amenazar al propio
capitalismo. En esta fase, empiezan a aparecer las políticas dirigidas
específicamente a la población que vive en la miseria, por debajo de la
línea de pobreza. Y finalmente, un tercer momento (el actual) que
algunos llaman, todavía con cuestionamientos, de post-neoliberalismo, o
si se quiere, de neo-desarrollismo, que se conjuga, en algunos casos,
con el regreso del nacionalismo popular (popular ahora a menudo
entendido como multiétnico e intercultural) y que también muchas veces
muestra continuidades significativas con el modelo de acumulación
capitalista por desposesión.
“Ejército invisible”
Durante
la primera fase del neoliberalismo, la del fundamentalismo de mercado,
las mujeres, especialmente las pobres y pertenecientes a grupos raciales
subalternos, constituían una especie de "ejército invisible" que
garantizó la supervivencia de las familias y las comunidades frente a la
dramática caída de los salarios populares y de los servicios públicos
provocada por el ajuste estructural. Como sabemos, las políticas de
ajuste llevaron a las mujeres de la clase trabajadora y a los pueblos
indígenas y afrodescendientes a organizar y dirigir luchas comunitarias
por la supervivencia y contra el proceso de acumulación brutal y
militarista del capitalismo de esta primera fase, en especial durante la
llamada "década perdida" de los años 80.
El
militarismo de esa primera fase también llevó a las mujeres a liderar
las luchas por los derechos humanos en toda nuestra región. Las semillas
de los feminismos populares que hoy se extienden por América Latina ya
estaban en esas luchas de las mujeres y los grupos raciales subalternos
de los años 70 y 80. Estas luchas populares, como otros feminismos que
(re) surgen durante esta fase, evidentemente, se negaron a tener
cualquier relación con el Estado militarizado.
A
su vez, el neoliberalismo en su primera etapa tenía solamente utilidad
instrumental para los movimientos de mujeres, sustentándose en las
mujeres de clases populares para implementar los llamados programas
sociales de "emergencia", que intentaban absorber la resistencia a la doble dictadura:
la dictadura política y de mercado. La gran mayoría de militantes
feministas y de movimientos populares, no obstante, se unió a las filas
de la oposición al autoritarismo y al modelo de crecimiento orientado al
mercado.
Neoliberalismo con “rostro humano”
La
segunda fase del neoliberalismo coincide en muchos países de la región
latinoamericana, con las llamadas "transiciones democráticas", que
colocan en el poder a sectores de centro-derecha de oposición a las
dictaduras militares, pero que, en general, continuaban abrazando la
dictadura del mercado. En ese momento se produjo un intenso debate
entre militantes feministas que decidieron participar en el Estado
neoliberal democratizado en un intento por promover políticas favorables
a las mujeres y otras que se afianzaron en la oposición, reprobando las
continuidades político-económicas y culturales entre los gobiernos
post-autoritarios neoliberales y las dictaduras que les precedieron.
Esta
disputa fue especialmente feroz, dada una especie de "angustia
estratégica" o verdaderas "paradojas políticas" generadas por lo que,
siguiendo a Evelina Dagnino (2004), podríamos llamar como "confluencia
perversa" entre, por una parte, las conquistas reales de algunos
elementos de la agenda feminista en América Latina y por otra, la "Nueva
Agenda de Lucha contra la Pobreza" (New Poverty Agenda), promovida por las instituciones financieras internacionales en este segundo momento del neoliberalismo global.
La
Agenda Neoliberal contra la Pobreza consideraba que un enfoque
tecnocrático "con perspectiva de género" sería crucial para aumentar el
"capital social" de las mujeres, especialmente las mujeres pobres y
racializadas. Y el capital social femenino, a su vez, pasó a ser visto
como esencial para integrar a las mujeres a un "desarrollo de mercado"
más eficaz y eficiente (palabras clave del neoliberalismo II). Fue una
época de proliferación de políticas enfocadas a los llamados grupos
"vulnerables" –como las mujeres pobres, los grupos subalternos
racializados–.
Así,
los programas sociales de emergencia "focalizados" pasaron a ser
permanentes en este segundo momento. Y es precisamente en esta
coyuntura que el neoliberalismo va a usar una máscara más "humana",
multicultural y participativa. Y llama a las "organizaciones de la
sociedad civil" –incluyendo algunas organizaciones feministas
profesionalizadas– a ser "socias en el desarrollo y la democratización".
Y, en su calidad de "especialistas en género" (o generólogas...),
muchas pasaron a administrar los proyectos dirigidos a las mujeres
consideradas más "vulnerables" por el neoliberalismo globalizado.
En
muchos países de la región, podemos decir que estos sectores del
feminismo se consolidaron y se volvieron dominantes, si no hegemónicos,
durante esta segunda fase del neoliberalismo. Y los feminismos y otros
sectores de los movimientos de mujeres y populares que continuaron
levantando críticas cada vez más contundentes a lo que en Chile se llamó
"el modelito" perdieron visibilidad política y sus prácticas y
discursos críticos quedaron cada vez más circunscritos y deslegitimados,
como famosamente los llamó FHC (Fernando Henrique Cardoso, entonces
presidente de Brasil), "neobobismos". Entre los deslegitimados y
silenciados estaban importantes sectores de los movimientos indígenas y
negros, que actuaban hacía varias décadas en la región, pero que en
realidad proliferaron y ganaron espacio social y cultural durante los
años 90. Por esta razón, el neoliberalismo, en su segunda fase, también
muchas veces se declaró "multicultural".
En
un intento por apaciguar lo más combativo y transgresor en estos
movimientos, el neoliberalismo promueve, en esta etapa, algunas
políticas para "integrar" mejor a los pueblos indígenas y
afrodescendientes a la "ciudadanía de mercado" (o la ciudadanía
mercantilizada, como la llama la Marcha). Es decir, algunas de las conquistas reales, producto de estas luchas antirracistas también "convergieron perversamente" con la mercantilización de la ciudadanía multicultural promovida por el neoliberalismo en su segunda fase.
Por
lo tanto, esta fase permitió la articulación de demandas más "civiles" o
cívicas por algunos sectores de movimientos indígenas, por ejemplo,
especialmente aquellos que encarnaron o por lo menos "performaron"[1] lo que Hale y Millamán han llamado el "indio permitido",
"una categoría identitaria que resulta cuando los regímenes
neoliberales reconocen activamente y abren espacio para la presencia
indígena colectiva", mientras que separan "los derechos admisibles de
aquellos prescritos, aquellos aceptablemente moderados de aquellos que
amenazarían una transformación social radical" (2006, 284 y 301).
Quiero enfatizar que no estoy proponiendo un binarismo rígido entre lo permitido y lo no permitido.
Simplemente quiero señalar dos caras del activismo que a veces
encontramos en una misma persona, dos caras que se mezclan y entrelazan
en una misma militante, una misma organización, un mismo movimiento.
Feminismo 2.0
En
el momento actual, está claro que vivimos una reconfiguración de los
campos políticos y de los movimientos sociales, lo que genera nuevas
angustias estratégicas y nuevas paradojas políticas. Por un lado,
tenemos la expansión geométrica de los feminismos populares, negros,
indígenas, lésbicos, trans, jóvenes, etc. Un feminismo cada vez
más "de masas", un "feminismo 2.0", como dice el sitio web de la Marcha
en Brasil. Y por otro lado, vemos la consolidación de proyectos y
gobiernos democrático-populares, de izquierda y de centro-izquierda, y
de feminismos que se articulan con estos proyectos populares muchas
veces a través de la "auto-organización" de las mujeres en los más
diversos movimientos y espacios políticos.
En
la coyuntura actual, quiero sólo destacar algunas preguntas que tal vez
puedan ser aprovechadas en los debates de la Marcha. En primer lugar,
parecería que la proliferación de gobiernos de izquierda o de
centro-izquierda en la región, desde finales de los años 90, habría
aumentado el espacio político para los sectores de los feminismos y
movimientos de mujeres que quedaron invisibilizados y hasta
criminalizados durante el segundo momento neoliberal. Y en algunos
casos, como en Bolivia, también se abrió espacio a las organizaciones de
mujeres vinculadas a los movimientos indígenas. Sin embargo, algunas
militantes y observadoras académicas insisten en que estos proyectos y
gobiernos muchas veces todavía comparten las suposiciones maternalistas
que guiaron las políticas "con perspectiva de género" de la segunda fase
neoliberal y por lo tanto continúan patriarcales al mismo tiempo que
absorben algunas de las demandas feministas que serían más consonantes
con el modelo post- neoliberal y/o neo-desarrollista.
Se
plantean las siguientes cuestiones en la coyuntura actual: ¿hay
"confluencias" entre las agendas de algunas corrientes feministas, los
diversos sectores de los movimientos populares, negros e indígenas, y
los gobiernos democrático-populares de hoy en día? ¿Aparecen nuevas
"perversidades" en función de esas confluencias? ¿Cuáles son las
principales "virtudes" que podemos identificar en las confluencias
actuales entre los feminismos, los movimientos étnico-raciales, y los
gobiernos de (centro) izquierda y democrático-populares? ¿Qué angustias
estratégicas y paradojas políticas caracterizan la militancia en este
tercer momento? ¿Qué discursos y prácticas feministas son permitidas y
no permitidas en el momento actual? ¿Cómo superar estos aparentes
binarismos políticos y enfrentar nuestras inevitables paradojas con más
contundencia?
Quiero
terminar subrayando que enfrentar nuestras paradojas –en lugar de la
práctica mucho más común que consiste en camuflarlas o anularlas– es
vital para los movimientos feministas y de mujeres, al igual que para
todos los movimientos sociales, porque las contradicciones y los
conflictos que generan muchas veces pueden ser muy productivos,
provocando auto-reflexiones y reflexiones críticas que con frecuencia
revitalizan y fortalecen los movimientos. Propongo, por último, que las
paradojas son lo que realmente hace a los movimientos moverse.
(Traducción: Carmen Diaz Alba)
- Sonia Álvarez
es doctora en ciencia política, profesora de la Cátedra Leonard J.
Horwitz de Políticas y Estudios de América Latina y directora del Centro
de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de
Massachusetts en Amherst (EEUU).
Referencias Citadas
Dagnino, Evelina. 2004. "Conflência perversa, deslocamentos de sentido, crise discursiva." In La cultura en las crisis latinoamericanas, editado por Alejandro Grimson. Buenos Aires: CLACSO.
Hale, Charles R. , and Rosamel Millamán. 2006. "Cultural Agency and Political Struggle in the Era of the Indio Permitido." In Cultural Agency in the Americas, editado por Doris Sommer, 281-304. Durham, NC: Duke University Press.
Artículo publicado en la revista América Latina en Movimiento No. 489 de octubre de 2013, titulada "Feminismo popular para cambiar el mundo" http://alainet.org/publica/489.phtml
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/67658
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