NEGOCIACION CON LOS HOLDOUTS, DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS: Misión improbable

Cristina ofreció negociar un acuerdo beneficioso e igualitario para todos los acreedores. Pero esas condiciones equitativas son las que el tribunal de Nueva York niega, porque contradicen las asimetrías del capitalismo global. Ni siquiera la prórroga de jurisdicción concedida por la dictadura habilita a Griesa a decidir sobre actos soberanos realizados en Buenos Aires. El Derecho Internacional Público y de los derechos humanos respaldan a la Argentina y hasta el FMI cuestiona la sentencia.

Por Horacio Verbitsky

La presidente CFK anunció el Día de la Bandera que la Argentina solicitará al juez de Nueva York Thomas Griesa “que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo beneficioso e igualitario para el 100 por ciento de los acreedores. Porque hay normas que cumplir y leyes que respetar aquí y también en el país donde se dictó la sentencia”. Esas condiciones equitativas, entre los distintos acreedores y entre ambas jurisdicciones, serían una forma de mitigar las asimetrías que rigen el capitalismo global, y son precisamente las que el sistema judicial estadounidense viene negando a la Argentina. La reiterada disposición a negociar mejora la posición nacional ante cualquier eventualidad pero no garantiza el resultado, en una situación que no es exagerado calificar como de emergencia, donde ningún paso ocurrirá sin consecuencias, que se miden en niveles de actividad y empleo.

Una grosera extralimitación

Horas antes de que Cristina hablara en Rosario, Griesa prohibió pagar en Buenos Aires los compromisos con el 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron la reestructuración. Esta es una extralimitación grosera que hasta ahora nadie ha señalado. La prórroga de jurisdicción fue posible a partir de la denominada “Ley Nº 21.305” que en abril de 1976 modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”. Pero ni siquiera así un juez extranjero quedó habilitado para decidir sobre actos de gobierno realizados dentro del territorio nacional, con bonos distintos a los ejecutados y cuyos tenedores no cuestionaron ninguna decisión del Estado. Por el contrario, varios de ellos avalaron ante el juez la posición argentina. Griesa podría embargar los fondos que el país destinara a esos pagos en Nueva York, lo cual crearía un nuevo escenario al explicitar que el default no surge de un acto del gobierno sino de una imposición del tribunal y pondría en primer plano la dimensión política e internacional del diferendo. Pero si los acreedores aceptaran el cambio de sede el magistrado quedaría fuera de distancia.

La Argentina está sometida a obligaciones legales contrapuestas. El fallo estadounidense defiende el derecho de propiedad de una porción de los acreedores pero el derecho internacional de los derechos humanos exige al Estado Nacional que promueva y proteja los derechos económicos, sociales y culturales de su población. Esta contradicción es característica del debate jurídico moderno y explica los desarrollos que tienen lugar ahora mismo en las Naciones Unidas y hasta en el Fondo Monetario Internacional, en busca de nuevos consensos internacionales que equilibren los intereses de acreedores y deudores a escala global. El derecho internacional respalda a la Argentina y existen instancias a las que recurrir, como la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. No es tan simple que una autoridad pública internacional o regional sostenga que los acreedores deben cobrar siempre el cien por ciento. La cuestión pasa por saber si la Argentina conserva espaldas para enfrentar un proceso largo y complejo y cuyo resultado no es obvio.

La situación económico-social tiene la consistencia que le faltaba en la crisis de fin de siglo. La deuda no sólo se ha reducido de un PIB y medio a menos de medio sino que ha cambiado su composición, de modo que la denominada en moneda extranjera y con acreedores privados no llega ni al 10 por ciento del Producto lo cual la torna muy manejable. Pero al mismo tiempo se ponen en evidencia otros desequilibrios estructurales, como la reaparecida restricción externa, manifiesta en el déficit de la industria automotriz, de la armaduría electrónica y del combustible. A esto se suma el contexto político, con un gobierno que conserva su excluyente centralidad política pero no tiene asegurada la proyección institucional más allá de dieciocho meses. Las impúdicas celebraciones del fallo por parte de políticos, hombres de negocios y columnistas han tenido amplia difusión, porque provienen de la elite cuyo pensamiento circula con facilidad. También es público que los holdouts ofrecieron financiamiento a los organizadores de los caceroleos de 2012 y a algunas ONG en las que participan políticos de la oposición. Pero estas actitudes contradicen los sentimientos preponderantes en la sociedad: desde fines del siglo pasado, la Argentina figura siempre entre el lote de países cuya sociedad tiene peor opinión de Estados Unidos, con porcentajes superiores al 70 por ciento, que sólo compiten con los de algunas naciones árabes. De la composición de estas fortalezas y vulnerabilidades contrapuestas dependerá que el tropezón se convierta en caída o que sirva de impulso para redoblar la marcha en la buena dirección.

Europa se resiste

Al comentar el fallo a pedido del New York Times, la profesora Anna Gelpern destacó la orden de Griesa al agente de pago de los bonos reestructurados, el Bank of New York, de no colaborar si la Argentina no paga también a los tenedores de los bonos originarios que no entraron en el canje, y la pretensión de extender ese requisito a todo el mundo, según la orden transmitida también a Euroclear, con sede en Bélgica. De este modo, agrega Gelpern, los proveedores de servicios financieros pasan a ser autoridades de aplicación de la deuda soberana y esto no los complace. Los europeos no son complacientes con el avance de la jurisdicción estadounidense, y Euroclear se presentó como amicus curiae a favor de la Argentina ante la Corte Suprema. El New York Times agrega que este fallo podría ser usado incluso para negarle al FMI una posición privilegiada sobre los holdouts en cualquier reestructuración futura y vincula esta posibilidad con la preocupación del gobierno de los Estados Unidos, que advirtió a los tribunales inferiores sobre el gran problema que se generaría si los países prefirieran endeudarse en Londres. Esto menoscabaría el rol de Nueva York como centro financiero mundial y podría tener “un efecto perjudicial sobre el rol sistémico del dólar estadounidense”. Un solo acreedor podría frustrar un plan de reestructuración con apoyo internacional y de este modo erosionar décadas de esfuerzo estadounidense para alentar un sistema de resolución cooperativa de las crisis internacionales de deuda. En 2012, la conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo había fijado en Doha los Principios sobre Préstamos Soberanos Responsables, por unanimidad de todos los países. Dos de ellos se refieren a la reestructuración de deudas. El Principio 7, sobre la buena fe y el espíritu de cooperación que debe animar a los prestamistas, consideró que un acreedor que compra títulos de deuda en situación problemática, con la intención de forzar su cobro por fuera de una negociación consensuada actúa “de manera abusiva”. El Principio 15 postula que en caso de reestructuración de deuda aceptada por “la mayoría calificada de los acreedores”, la carga del ajuste y/o las pérdidas debe repartirse en forma equitativa. Esos Principios de la UNCTAD pueden considerarse como principios generales ya existentes en el derecho internacional, dado que están presentes en prácticamente todos los derechos domésticos, según constató en una investigación de 2012 el Instituto Max Planck de Derecho Internacional, de Alemania. También forman parte de los “principios generales del derecho de las naciones civilizadas” mencionados en el artículo 38 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, por lo que deben guiar el comportamiento de los Estados.

Anna Gelpern fue una de las expertas que hace seis meses coordinaron la reunión del Grupo de Trabajo de la UNCTAD sobre la elaboración de un Mecanismo sobre Deuda, en la que se discutieron esos principios de buena fe y de transparencia que deben aplicarse en toda negociación de deuda, complementando el enfoque puramente contractual con cláusulas de acción colectiva. Las nuevas reglas que se van abriendo paso en el mundo se alejan del enfoque anacrónico y radical del juez Griesa, en busca de consensos globales basados en el Derecho Internacional Público, con el sistema de las Naciones Unidas como órgano natural de discusión plural y democrática.

Hasta el Fondo

Por último, el jueves el propio FMI difundió un documento oficial en el que plantea prevenir el comportamiento predatorio de los holdouts en la reestructuración de deudas. El documento se titula “El marco para los préstamos del Fondo y la Deuda Soberana” e indica que se trata de consideraciones preliminares que deberían discutirse con los acreedores. El documento advierte contra los grupos minoritarios de acreedores que o no aceptan una reestructuración de sus títulos y consiguen cobrar en las condiciones originales o, después de un default, lo intentan por vía judicial. Aunque no los llama buitres ni especuladores, el FMI los caracteriza como “especializados en adquirir los títulos con un exagerado descuento y presionar por el pleno pago después de la reestructuración”. Agrega que la interpretación judicial de la cláusula de pari passu tornará más complicados los procesos de reestructuración de deuda. Si los holdouts pueden interrumpir los pagos a los acreedores que participaron en el canje, esto desalentará a otros de participar en reestructuraciones voluntarias. La disponibilidad de obtener el cobro sin pasar por un acuerdo voluntario de canje de deuda reducirá la cantidad de acreedores que acepten una reestructuración en el futuro. De este modo es evidente el fenómeno estructural en el que se encuadra el caso argentino. Hace una década, ante el caso “Elliot c. Peru” resuelto en los tribunales de Estados Unidos en forma similar al actual, el FMI lo consideró abusivo y propuso un Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana, que entonces no prosperó. Pero es previsible que en las actuales condiciones de crisis global, donde las costuras del sistema no dan para mucho más, haya una reacción política e institucional internacional para evitar que estas situaciones se repitan. El FMI discute ahora una fórmula que corrija la interpretación del pari passu, pero que sólo se aplicaría en futuros bonos, lo cual no eliminaría el problema con los existentes por lo menos durante los próximos diez años.

Barcos en el puerto

En otra columna firmada el jueves por Floyd Norris, el diario New York Times concuerda con la calificación de la Argentina como deudor recalcitrante que formuló la Cámara de Apelaciones porque “es un país que ha hecho del default un hábito nacional en los últimos dos siglos, haciendo que uno se pregunte por qué alguien le prestaría”. Esto no es cierto. En un trabajo académico realizado por los economistas de Princeton, Mark Aguiar, y de Stanford, Manuel Amador, se afirma que la mayoría de los países que hoy pueden conseguir fondos en el mercado internacional han protagonizado varias moratorias, incluyendo a Inglaterra, Francia y Alemania. Es raro que un país lo haga una sola vez, ya que “la norma es el default serial”, dicen. La abundancia de argentinos fanáticos del pronto pago y alérgicos al cambio de sede, de Nueva York a Buenos Aires, es más que llamativa. La consultora del ex secretario de Finanzas Daniel Marx, quien negoció la deuda durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, estimó que la mitad estaba en manos de argentinos, porcentaje que crecía hasta un espeluznante 63 por ciento si se excluían las deudas con el Club de París y con los organismos multilaterales. En perfecta coincidencia, los fondos que demandaron a la Argentina en Nueva York no tienen domicilio en los Estados Unidos sino en guaridas fiscales (havens, que el G-20 substituyó en sus documentos a heavens, paraísos, a solicitud de CFK). Una de ellas, Delaware, está en Estados Unidos pero tiene status extraterritorial. A juzgar por la cantidad de yates con patente de Delaware que fondean usualmente en Punta del Este, es posible que una parte de los tenedores de esos títulos también sean argentinos. Nadie desafina más que ellos cantando “New York New York”. En aquel trabajo presentado en la semana de las elecciones presidenciales de 2003 para señalarle el camino a quien resultara electo, Marx reclamó “algún mensaje para ellos”, como “negociar con el FMI”, cosa que el presidente Néstor Kirchner rehusó. Amador y Aguiar consignan que las renegociaciones son un proceso lento, que insume en promedio ocho años y que cuanto más se extienden mayores son las ventajas para los deudores. Otro estudio que citan, sobre 90 moratorias, señala que la reestructuración media aumenta en 5 puntos del PIB la carga a soportar por el país respecto del momento del default. En la Argentina ocurrió lo contrario: el peso de la deuda total se redujo y el vencimiento de los nuevos bonos argentinos emitidos no resultó más corto sino más largo que el de los anteriores impagos. “La evidencia indica que el desarrollo exitoso de largo plazo no se financia con deuda soberana, sino que más bien se asocia con un gobierno que reduce su deuda y/o acumula activos externos”, concluyen. Parece un identikit de la última década argentina, puesta ahora en riesgo por el fallo del juez Griesa.

Obligaciones contrapuestas

Durante dos semanas de noviembre de 2013 visitó el país el Experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa para el pleno goce de los derechos humanos, Cephas Lumina. El informe fue publicado el 2 de abril de este año y contiene elementos para impugnar la decisión de la justicia estadounidense ante foros internacionales. El especialista africano, que acaba de concluir su segundo mandato y fue reemplazado por el argentino Juan Pablo Bohoslavsky, sostiene que el plan alternativo de pago que los fondos buitre rechazaron en abril de 2013 habría supuesto un considerable retorno de las inversiones iniciales que esos fondos realizaron en 2008 y cumplido las disposiciones sobre la igualdad de trato. Más allá del caso argentino, el fallo convalida la estrategia de negarse a participar en las reestructuraciones de deuda soberana y presentar una demanda para recuperar el valor nominal de la deuda más los intereses. De prosperar, “minará la capacidad de los países que se encuentren en la misma situación para reestructurar su deuda de manera ordenada, oportuna, justa y eficiente”, dice Lumina. Como la Argentina “ha logrado importantes avances en la mejora de las condiciones sociales de su pueblo no se debe permitir que los fondos buitre y las decisiones irresponsables de financiación desbaraten esos progresos”. Por eso el Experto independiente apoya la posición del Gobierno de “no ceder a las demandas irrazonables” e insta a todos los países a que promuevan legislación “para limitar la posibilidad de que inversores sin escrúpulos traten de obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerable mediante litigios prolongados”. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desde 1994 tiene rango constitucional, sostiene que la Argentina debe utilizar “el máximo de los recursos de que disponga” para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, como la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo, antes de utilizarlos para otros objetivos, “como el servicio de la deuda”. El informe menciona los “Principios Rectores sobre la Deuda Externa y los Derechos Humanos”, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2012, según los cuales ningún acuerdo de los Estados sobre su deuda externa debería afectar su obligación de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales básicos. También destaca el papel importante de la Corte Suprema de Justicia argentina en la realización de los derechos a la salud, la alimentación y la vivienda. El tribunal ha reconocido la actualización jubilatoria y revocado los recortes salariales del sector público impuestos en 2001 para cumplir el pago de la deuda. Lumina menciona el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni en la causa de Hugo Galli, donde dijeron que las obligaciones contractuales de amortización de la deuda pueden limitarse en situaciones de crisis extrema en que el Estado, de lo contrario, no podría prestar servicios básicos para sus ciudadanos ni mantener los niveles mínimos de derechos humanos requeridos por los tratados internacionales. En un tramo pertinente para la situación creada por el fallo de la Corte Suprema en Washington, el informe constata que la crisis de la deuda de 2001 tuvo graves repercusiones contrarias a los derechos al trabajo, la seguridad social, la salud y la educación y que la reestructuración posterior generó mayor espacio fiscal para la inversión social. Las políticas puestas en marcha desde 2003 para promover el crecimiento económico con inclusión social “han contribuido significativamente al establecimiento de las condiciones para la realización de los derechos humanos y la mejora del bienestar de la población”. En sus conclusiones, el Experto independiente afirma que la experiencia argentina muestra fallas fundamentales en el sistema financiero mundial y ofrece dos lecciones importantes: que el crecimiento económico es fundamental para la capacidad de pago de la deuda, mientras que la austeridad fiscal desenfrenada no puede más que profundizar la situación de pobreza y que se necesita con urgencia un mecanismo internacional independiente basado en un conjunto claro de normas y procedimientos vinculantes para resolver los problemas de la deuda soberana y luchar contra la fuga de capitales. Entre las recomendaciones que formula a los acreedores internacionales de la Argentina incluye promulgar legislación nacional para combatir los litigios abusivos de los fondos buitre y velar por que “todo acuerdo de reestructuración de la deuda soberana tenga en cuenta la primacía de las obligaciones de derechos humanos, en particular las de la Argentina con su población”.

Tomado de aquí

OPINION: ¿Qué me perdí?

Por Eduardo Aliverti

 

Hace un par de domingos, Horacio Verbitsky escribió aquí que “de tanto en tanto, la sociedad argentina es atacada por raptos de euforia en los que un tema central reclama la unanimidad de las voluntades y la exclusión de los disidentes, como si su mera existencia ofendiera la exaltada sensibilidad colectiva. Ese poder hipnótico parece capaz de abolir diferencias, historias personales e intereses sociales. El que no salta es un inglés o un holandés, o un cuerpo extraño a la Nación y enemigo del pueblo”.

Es imposible no darle la razón. Sí supongo que cabe dudar en torno de que esos embelesos pasajeros sean acaso una característica privativa de nuestro pueblo (que no es lo que Horacio dice, aclaremos, sino el desafío de ampliar su concepto). Por causas que pueden ser circunstancias de baja autoestima social, sentimientos patrioteros que permanecen guardados hasta que salta un chip y salen en masa a la superficie, hábiles manipulaciones mediáticas, líderes con muy buen sentido de la oportunidad, temas extremadamente sensibles a la piel de la comunidad, y tanto o poco más, los procesos históricos revelan que ¿casi? ninguna sociedad está a salvo de hechizos enceguecedores. Algunos desembocaron en tragedias civilizatorias que nunca está de más recordar; otros terminan en sensaciones de vergüenza ajena apenas la niebla se disipa; otros confirman que el hombre es el único animal capaz de chocar varias veces contra la misma piedra; otros demuestran que se aprende, cómo no. Lo que sí unifica a esas obnubilaciones masivas es que, aunque las sociedades se recuperen de ellas más tarde o más temprano, en el mientras tanto producen laceraciones intensas, injustas, muy injustas, en quienes predican en el desierto.

Sentirse un paria, un bajoneador del entusiasmo popular. Un fuera de juego, aunque vaya si es mérito no ser parte de un objeto retorcidamente lúdico. Como Verbitsky citó en su nota, los casos del Mundial de Fútbol del ’78 y de la guerra de Malvinas son categóricos. Los argentinos somos derechos y humanos; los desaparecidos andan de paseo por Europa; la pelota y la política no tienen nada que ver; el enemigo carece de espíritu patriótico; que traigan al principito; estamos ganando. En algunos aspectos, quizá se pueda trazar un sinónimo entre esos... arrebatos, digamos, y la papamanía que, dicen, atraviesa a todas las clases sociales. Tengo mis interrogantes acerca de que sea totalmente así, porque presumo que hay mucho, muchísimo, de prédica periodística, que usufructúa bajar línea de reconciliación nacional como eufemismo de una Cristina que debe aprender del Santo Padre y dejar de contender a sus implacables adversarios. La virtual cadena nacional en que entraron todos los medios, para desplegar una emoción de pueblo entera y completamente conmovido, tuvo picos que no debieron resistir al sentido común. Hablaron, sin ir más lejos, de una vigilia y permanencia de decenas de miles de personas frente a la Catedral metropolitana, el día de la asunción de Bergoglio. Mientras decían eso, las cámaras mostraban una Plaza de Mayo en la que se podía circular con enorme comodidad. Al margen de detalles como éstos (¿sí? ¿Al margen?), es cierto: se respira que “la gente” está contenta, o expectante, o algo así, con el Papa “nuestro”. Que siente que nos proyecta al mundo de otra manera. Que si el hombre juega unas fichas agregadas a sus costumbres de humildad, en orden a frenar los escándalos sexuales y financieros del Vaticano, o a no salir a crucificar homosexuales en público, será un argentino quien lo haya hecho. En función del objetivo de esta columna, dejaremos de lado cuál sería la importancia profunda de tal estimación. Mejor reflexionemos sobre antecedentes, probanzas, cotejos.

Verbitsky –que para el caso podría ser Juan Pérez, aunque me temo que no es fortuita su condición de judío a la hora de masacrarlo– lleva años (entiéndase bien: años) en la investigación y publicación del trayecto de la Iglesia católica argentina. En 2005 se editó El silencio (De Paulo VI a Bergoglio. Las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA). Y desde entonces no se detuvo, a través de los libros que persistieron en la temática, de innumerables artículos periodísticos, de toda vez que se lo requirió. Nadie salió a cruzarlo para desmentir su testimonio, su documentación, la prolijidad interpretativa de su trabajo. Nadie. Y, sobre todo, nadie entre quienes ahora se agolpan para decir que debería arrepentirse o rectificarse, que lo guía un rencor subjetivo, que fue y es un inmoderado sobre el silencio o la complicidad activa de Bergoglio durante la dictadura. Así que vuélvase a aquello del sentido común, supongamos que por fuera de toda consideración ideológica. ¿Cuál sensatez debe adjudicarse a que los aceptadores de las denuncias de Verbitsky –los progres y los reaccionarios, gracias a que ninguno de ellos dijo nunca nada, de nada, en contra de ellas– se hayan transformado en sus inquisidores por obra y gracia de que Bergoglio es papa y de que en consecuencia el que no salta es un inglés o un holandés? Y a continuación, quitemos de ese espectro a fascistoides, frívolos, eternos viajadores en la dirección del viento o de los intereses de sus patronales. Hablemos por un momento entre nosotros, los del palo de como quiera llamarse. Ustedes me entienden. Ustedes, nosotros, ¿desde cuándo necesitamos la confirmación puntualísima del papel particular de Bergoglio en el genocidio, para decidir dónde pararnos? ¿Qué me perdí? ¿Cuándo, y por qué, era que alcanzaba y sobraba con que ni Bergoglio, ni las sucesivas conferencias episcopales ni sus sucesivos jefes, hubieran dicho una palabra, ni hubieran expresado un gesto, sobre los desaparecidos, las torturas, los robos de bebés, los vuelos de la muerte, la alianza intrínseca entre ese demonio y el gran capital? ¿Y ahora resulta que también se trata de destruir a Estela, a las Abuelas, por haber dicho eso mismo? ¿Cuándo pasó que Estela era el símbolo universal de la lucha tan inquebrantable como inteligente por los derechos humanos, la imagen de la bondad infinita en aras de la justicia implacable, para convertirse en una fragotera que no entiende que todo cambió porque el Papa es argentino? ¿Y cuándo pasó que a otro Horacio, González, quieran sacarlo de circulación porque jodió, y cómo, su señalamiento de que una superchería no debe permitir el retroceso de la ciencia política; de todo lo que se sostuvo para bancar y movilizar el “nunca menos”, que incluyó enfrentarse a los jerarcas de la Iglesia? Insisto, ahora estoy hablando de ustedes y nosotros, los del palo, porque hay muchos –o pocos pero significativos, no sé– que parecen estar asustados. En el Gobierno, entre la militancia; en los círculos y circuitos donde toda la vida, sobre el rol que juega la Iglesia, nadie expresó duda alguna. Por supuesto: más allá de rescatar los ejemplos heroicos de los pastores asesinados; la labor de los verdaderos curas de base con hondo sentido ideológico, y no como militantes de un conservadurismo asistencialista que empieza y termina en acompañar a la pobreza sin intenciones de modificación estructural alguna; la valentía de quienes critican desde adentro a la institución eclesiástica.

No quiero ni debo desdecirme sobre lo ya expresado en este mismo espacio, en cuanto a que, transcurridos estos momentos de destello, se volverá a un rango de normalidad. Pasada la conmoción inicial, la publicación de suplementos especiales, el hurgar y detenerse ante cada palabra y gestualidad de Francisco para encontrárselo hasta en la sopa; pasadas estas Pascuas, habrá los episodios sobresalientes cada tanto. Como la visita pontificia, a mediados de año, a ese Brasil en donde la fuga de fieles católicos parece indetenible. Y en diciembre aquí. Y aquello que no está previsto y que debe verse andar, como alguna reformulación doctrinaria promotora de que en ciertos rasgos la Iglesia católica se mude del Medioevo al siglo XXI. Contemplado todo ello, se verá que la influencia de un papa argentino en la política argentina no cuenta con la proyección desmesurada que le atribuyen. Si algún huracán desencajara los términos de fuerzas y contrafuerzas que operan en la vida nacional, lo será por méritos y deficiencias de esos poderíos; no porque el Papa venga a meterse entre nosotros con capacidad de poner la mesa patas para arriba. Más aún, es la propia derecha, a través de todos sus estamentos, quien recuerda que Bergoglio ya no es Bergoglio sino Francisco, lo cual conlleva que más vale se dedique a tratar de resolver la barahúnda que tiene en su casa. Que no es la nuestra.

Sin perjuicio de eso, estos días vienen revelando que deben dar explicaciones gentes sustancialmente intachables, nutridas por el servicio a las causas populares. Gentes del coraje cívico, como apuntó en este diario Mempo Giardinelli. De la coherencia intelectual y vivencial. Del pensamiento crítico que siempre aportó para el mismo lado. Gente que nunca se dio vuelta. ¿Es esa gente la que debe dar explicaciones? ¿La que merece ser puesta bajo la lupa, mientras hablan de la ejemplar austeridad del Papa los tipos que se chorearon este país?

Otra vez: ¿qué me perdí?

Tomado de aquí.


 

Comunicadores de Argentina - Solicitada González-Verbitsky - Contra el linchamiento corporativo de periodistas e intelectuales

Comunicadores de la Argentina (COMUNA) defiende el derecho de todos los periodistas e intelectuales a elegir los temas que son objeto de sus investigaciones y ensayos y a criticar aquello con lo que no acuerdan.

Los trabajadores de la comunicación no deben ser agredidos ni menoscabada su libertad de crítica e investigación, lo que no quiere decir que no sea legítimo el debate sobre cómo lo hacen.

 

A partir de este principio, COMUNA repudia los ataques verbales y simbólicos contra el Director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, por sus análisis y opiniones, y contra el periodista, maestro de periodistas, Horacio Verbitsky, por retomar el contenido de las investigaciones periodísticas que tienen por objeto a la cúpula de la Iglesia Católica argentina.

Esas investigaciones no pueden ser tildadas de oportunistas ya que se remontan a décadas. Por caso, su nota de siete páginas sobre “La teología de la seguridad nacional” en la revista Crisis, N° 47, de octubre de 1986; o su primicia de tres páginas sobre la isla El Silencio, publicada hacia septiembre de 1990 en el segundo ejemplar de Página/30, dirigida por Jorge Lanata, hoy al servicio de los intereses del Grupo Clarín en todos sus formatos multimediáticos.

El repudio a los ataques de estos días es doble por cuanto son usados como arietes comunicacionales que se prestan a difundir infamias y mentiras, sin aportar pruebas ni documentación, base de nuestro trabajo si se entiende a la información como ineludible “remisión a fuentes”.

Nuestra solidaridad con González y Verbitsky nace en el respeto a una trayectoria de más de medio siglo, siempre basadas respectivamente en un inmenso desarrollo académico y en investigaciones que cuentan con documentación insoslayable.

La defensa de la comunicación democrática no implica coincidencia con las opiniones de cada colega y cada medio, pero sí es fundamental para la profesión que su ejercicio pueda ser llevado a cabo con respeto por la libertad de expresión que los grandes grupos mediáticos también declaman.

Por lo mismo, es repudiable el pronunciamiento de cualquier institución, sector o grupo corporativo que intenta desacreditar investigaciones periodísticas documentadas, descalificándolas como parte de supuestas campañas.

24 de marzo de 2013 - Comunicadores de la Argentina (COMUNA)

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La actitud de Bergoglio durante la dictadura cívico-militar argentina: Rubén Dri, Madres de Plaza de Mayo, Horacio Verbitsky y RT

FRANCISCO SE DESPRENDE DE JORGE MARIO BERGOGLIO: Cambio de piel

La primera conferencia de prensa del vocero del papa Francisco fue para desprenderse de Jorge Mario Bergoglio, acusado por la entrega de dos sacerdotes a la ESMA. Como los testimonios y los documentos son incontestables, el camino elegido fue desacreditar a quien los difundió, señalando a este diario como izquierdista. Las tradiciones se conservan: es lo mismo que Bergoglio dijo de Jalics y Yorio ante quienes los secuestraron.

Por Horacio Verbitsky

En su primer encuentro con la prensa luego de la elección del jesuita Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, su vocero también jesuita Federico Lombardi descartó como viejas calumnias de la izquierda anticlerical, difundidas por un diario caracterizado por las campañas difamatorias, las alegaciones sobre el desempeño del ex provincial de la Compañía de Jesús durante la dictadura argentina y sobre todo, el papel que desempeñó en la desaparición de dos sacerdotes que dependían de él, Orlando Yorio y Francisco Jalics. Al mismo tiempo, medios y políticos argentinos de oposición incluyeron la nota “Un ersatz”, publicada aquí al día siguiente de la elección papal, entre las reacciones del kirchnerismo por la entronización de Bergoglio. También un sector del oficialismo prefirió aclamarlo como “Argentino y peronista” (la misma consigna con que cada septiembre se recuerda a José Rucci) y negar los hechos incontestables.

La reconciliación

Desde Alemania, donde Jalics vive retirado en un monasterio, el provincial jesuita germano dijo que el sacerdote se había reconciliado con Bergoglio. En cambio el anciano Jalics, hoy de 85 años, aclaró que se sentía reconciliado con “aquellos acontecimientos, que para mí son asunto terminado”. Pero aún así reiteró que no haría comentarios sobre la actuación de Bergoglio en el caso. La reconciliación, para los católicos, es un sacramento. En palabras de uno de los mayores teólogos argentinos, Carmelo Giaquinta, consiste en “perdonar de corazón al prójimo por las ofensas recibidas” 1, con lo cual sólo indica que Jalics ya perdonó el mal que le hicieron. Esto dice más de él que de Bergoglio. Jalics no niega los hechos, que narró en su libro Ejercicios de meditación, de 1994: “Mucha gente que sostenía convicciones políticas de extrema derecha veía con malos ojos nuestra presencia en las villas miseria. Interpretaban el hecho de que viviéramos allí como un apoyo a la guerrilla y se propusieron denunciarnos como terroristas. Nosotros sabíamos de dónde soplaba el viento y quién era responsable por estas calumnias. De modo que fui a hablar con la persona en cuestión y le expliqué que estaba jugando con nuestras vidas. El hombre me prometió que haría saber a los militares que no éramos terroristas. Por declaraciones posteriores de un oficial y treinta documentos a los que pude acceder más tarde pudimos comprobar sin lugar a dudas que este hombre no había cumplido su promesa sino que, por el contrario, había presentado una falsa denuncia ante los militares”. En otra parte del libro agrega que esa persona hizo “creíble la calumnia valiéndose de su autoridad” y “testificó ante los oficiales que nos secuestraron que habíamos trabajado en la escena de la acción terrorista. Poco antes yo le había manifestado a dicha persona que estaba jugando con nuestras vidas. Debió tener conciencia de que nos mandaba a una muerte segura con sus declaraciones”.

En una carta que escribió en Roma en noviembre de 1977, dirigida al asistente general de la Compañía de Jesús, padre Moura, Orlando Yorio cuenta lo mismo, pero reemplazando “una persona” por Jorge Mario Bergoglio. Nueve años antes que el libro de Mignone y 17 años antes que el de Jalics, Yorio cuenta que Jalics habló dos veces con el provincial, quien “se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a adelantarse a hablar con gente de las Fuerzas Armadas para testimoniar nuestra inocencia”. También menciona las críticas que circulaban en la Compañía de Jesús en contra de él y de Jalics: “Hacer oraciones extrañas, convivir con mujeres, herejías, compromiso con la guerrilla”. Jalics también cuenta en su libro que en 1980 quemó aquellos documentos probatorios de lo que llama “el delito” de sus perseguidores. Hasta entonces los había conservado con la secreta intención de utilizarlos. “Desde entonces me siento verdaderamente libre y puedo decir que he perdonado de todo corazón.” En 1990, durante una de sus visitas al país, Jalics se reunió en el instituto Fe y Oración, de la calle Oro 2760, con Emilio Fermín Mignone y su mujer, Angélica Sosa. Les dijo que “Bergoglio se opuso a que una vez puesto en libertad permaneciera en la Argentina y habló con todos los obispos para que no lo aceptaran en sus diócesis en caso que se retirara de la Compañía de Jesús”. Todo esto no lo dice Página/12, sino Orlando Yorio y Francisco Jalics. ¿Quién quiere destruir la Iglesia, entonces? Cada tomo de mi Historia Política de la Iglesia en la Argentina incluye una advertencia: “Estas páginas no contienen juicios de valor sobre el dogma ni el culto de la Iglesia Católica Apostólica Romana sino un análisis de su comportamiento en la Argentina entre 1976 y 1983 como ‘realidad sociológica de pueblo concreto en un mundo concreto’, según los términos de su propia Conferencia Episcopal. En cambio, su ‘realidad teológica de misterio’ 2 sólo corresponde a los creyentes, que merecen todo mi respeto”.

En defensa de la tradición

La calificación de este diario por el vocero de Bergoglio como de izquierda anticlerical revela la continuidad de arraigadas tradiciones. Es lo mismo que el ahora pontífice hizo hace 37 años con sus sacerdotes, aunque entonces implicaba un grave peligro. Las acusaciones contra Bergoglio fueron formuladas por primera vez antes de que existiera Página/12. Su autor fue Mignone, director del órgano oficial de la Acción Católica, Antorcha, fundador de la Unión Federal Demócrata Cristiana y viceministro de Educación en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Ninguno de esos cargos podía alcanzarse sin la bendición episcopal. En su libro Iglesia y dictadura, de 1986, Mignone escribió que los militares limpiaron “el patio interior de la Iglesia, con la aquiescencia de los prelados”. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Zazpe, le reveló que poco después del golpe la Iglesia acordó con la Junta Militar que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo. Mignone escribió que “en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos” y que la Armada interpretó el retiro de las licencias a Yorio y Jalics y las “manifestaciones críticas de su provincial jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder”. Para Mignone, Bergoglio es uno de los “pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”.

Dos décadas después encontré por azar las pruebas documentales que Mignone no conoció y que confirman su enfoque del caso. Que Bergoglio haya ayudado a otros perseguidos no es una contradicción: lo mismo hicieron Pío Laghi e incluso Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín.

Cronos

En estas páginas se profundizó el caso cuatro años antes de que el kirchnerismo llegara al gobierno. La primera nota, publicada en abril de 1999, “Con el mazo dando”, decía que el flamante Arzobispo porteño “según la fuente que se consulte es el hombre más generoso e inteligente que alguna haya vez haya dicho misa en la Argentina o un maquiavélico felón que traicionó a sus hermanos en aras de una insaciable ambición de poder. Tal vez la explicación resida en que Bergoglio reúne en sí dos rasgos que no siempre van juntos: es un conservador extremo en materias dogmáticas y posee una manifiesta inquietud social. En ambos aspectos se parece a quien lo designó al frente de la principal diócesis del país, el papa Karol Wojtyla”. El concepto es el mismo que expresé el jueves cuando la fumarola blanquiceleste conmovió a todas las hinchadas, de La Quiaca a Tierra del Fuego. Aquella nota contraponía la versión de Mignone con la de Alicia Oliveira, abogada del CELS y amiga de Bergoglio, cuya hermana trabajaba en la villa de Flores junto con la hija de Mignone y con los dos curas. “Les dijo que tenían que levantarse y no le hicieron caso. Cuando los secuestraron, Jorge averiguó que los tenía la Armada y fue a hablar con Massera, a quien le dijo que si no pone en libertad a los sacerdotes, yo como Provincial voy a denunciar lo que pasó. Al día siguiente aparecieron en libertad.” También incluía la refutación de un sacerdote de la Compañía de Jesús: “La Marina no se metía con nadie de la Iglesia que no molestara a la Iglesia. La Compañía no tuvo un papel profético y de denuncia, a diferencia de los palotinos o los pasionistas, porque Bergoglio tenía vinculación con Massera. No son sólo los casos de Yorio, Jalics y Mónica Mignone, de cuyo secuestro la Compañía nunca formuló la denuncia pública. Otros dos curas, Luis Dourrón, que luego dejó los hábitos, y Enrique Rastellini, también actuaban en el Bajo Flores. Bergoglio les pidió que se fueran de allí y cuando se negaron hizo saber a los militares que no los protegía más, y con ese guiño los secuestraron”. Ese sacerdote, que murió hace seis años, era Juan Luis Moyano Walker, quien había sido íntimo amigo de Bergoglio. A raíz de la nota, Bergoglio me ofreció su propia versión de los hechos, en la que aparecía como un superhéroe. Tanto él como Jalics, a quien llamé por teléfono a su retiro alemán, me pidieron que atribuyera sus declaraciones a un sacerdote muy próximo a cada uno de ellos. Bergoglio dijo que vio dos veces a Videla y otras dos a Massera. En la primera reunión con cada uno, ambos le dijeron que no sabían qué había ocurrido y que iban a averiguar. “En la segunda reunión, Massera estaba fastidiado con ese jovencito de 37 años que se atrevía a insistir.” Según Bergoglio, tuvieron este diálogo:

“–Ya le dije a Tortolo lo que sabía –dijo Massera.

–A monseñor Tortolo –corrigió Bergoglio.

–Mire Bergoglio... –comenzó Massera, molesto por la corrección.

–Mire Massera...–le respondió en el mismo tono Bergoglio, antes de reiterarle que sabía dónde estaban los sacerdotes y reclamarle por su libertad”.

Me limité a transcribir lo que Bergoglio dijo, con la atribución que me pidió. Pero hasta hoy no me parece verosímil ese diálogo con uno de los gobernantes más poderosos y más crueles, que lo hubiera hecho desaparecer sin ningún escrúpulo. Ambos tenían en común la relación con Guardia de Hierro, el grupo de la derecha peronista en el que Bergoglio militó en su juventud y al que Massera le designó un interventor a partir del golpe, con el propósito de sumarlo a su campaña por la herencia del peronismo. En 1977 la Universidad jesuítica del Salvador recibió como Profesor Honorario a Massera, quien objetó a Marx, Freud y Einstein, por cuestionar el carácter inviolable de la propiedad privada, agredir el “espacio sagrado del fuero íntimo”, y poner en crisis la condición “estática e inerte de la materia”. Massera indicó que la Universidad era “el instrumento más hábil para iniciar una contraofensiva” de Occidente, como si Marx, Freud y Einstein no formaran parte de esa tradición. Bergoglio se cuidó de subir al estrado ese día, de modo que nadie ha visto una foto suya con Massera. Pero es inimaginable que el dictador haya recibido la distinción sin que la ceremonia fuera autorizada por el provincial jesuita que delegó la gestión diaria en una asociación civil conducida por Guardia de Hierro, pero retuvo su conducción espiritual. Luego, Massera fue invitado a exponer en la universidad jesuítica de Georgetown, en Washington. El sacerdote irlandés Patrick Rice, quien pudo dejar la Argentina luego de ser secuestrado y golpeado, interrumpió esa conferencia exigiendo explicaciones sobre los crímenes de la dictadura. Según Rice, el provincial estadounidense no hubiera invitado a un personaje semejante sin la aprobación, o el pedido, del provincial argentino. Estos hechos comprobables desmienten el diálogo fantasioso en el que el jovencito Bergoglio desafía al amo de la ESMA.

Una muerte cristiana

En 1995, un año después que el libro de Jalics se publicó El Vuelo, donde el capitán de fragata Adolfo Scilingo confiesa que arrojó a treinta personas aún vivas al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, luego de drogarlas. Además dice que ese método fue aprobado por la jerarquía eclesiástica por considerar el vuelo como una forma cristiana de muerte, y que los capellanes de la Armada consolaban a quienes volvían perturbados de esas misiones, con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo. Impresionado, retomé una investigación que había iniciado años antes sobre la isla del Tigre “El Silencio”, en la que la Armada escondió a 60 detenidos-desaparecidos para que no los encontrara en la ESMA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era propiedad del Arzobispado de Buenos Aires y allí celebraban su graduación los seminaristas que egresaban cada año y descansaba los fines de semana el cardenal Juan Aramburu. El sacerdote Emilio Grasselli la había vendido al grupo de tareas de la ESMA, que la compró con un documento falso a nombre de uno de sus prisioneros. Pero no había visto los títulos de propiedad hasta que Bergoglio me dio los datos precisos sobre el expediente sucesorio de Antonio Arbelaiz, el solterón administrador de la Curia que figuraba como dueño. Esto muestra que con aquel episodio no tuvo relación. Arbelaiz hizo testamento a favor de la Curia, que es donde fue a parar el dinero que la Armada le pagó a Grasselli por la isla, donde los 60 prisioneros pasaron dos meses encadenados. Parece el camino típico de una operación de lavado: Arbelaiz vende a Grasselli que vende a la ESMA que compra con un documento falso y la hipoteca se levanta pagándole a la Curia, que es la heredera de Arbelaiz. En uno de sus testimonios judiciales, Bergoglio reconoció que habló conmigo sobre el secuestro de Yorio y Jalics. Pero dijo que nunca oyó hablar de la isla “El Silencio”. Siempre el doble juego, la admisión privada y la negativa pública.

Por la espalda

Durante la investigación encontré por azar en el archivo del ministerio de Relaciones Exteriores una carpeta con documentos que a mi juicio terminan con la discusión sobre el rol de Bergoglio en relación con Yorio y Jalics. Busqué una escribana que certificó su ubicación en el archivo, cuyo director de entonces, ministro Carlos Dellepiane, los guardó en la caja fuerte para impedir que fueran robados o destruidos. La historia que cuenta esa carpeta suena familiar. Al quedar en libertad, en noviembre de 1976, Jalics se marchó a Alemania. En 1979 su pasaporte había vencido y Bergoglio pidió a la Cancillería que fuera renovado sin que volviera al país. El Director de Culto Católico de la Cancillería, Anselmo Orcoyen, recomendó rechazar el pedido “en atención a los antecedentes del peticionante”, que le fueron suministrados “por el propio padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”. Decía que Jalics tuvo conflictos de obediencia y una actividad disolvente en congregaciones religiosas femeninas, y que estuvo “detenido” en la ESMA junto con Yorio, “sospechoso contacto guerrilleros”. Es decir, los mismos cargos que le habían formulado Yorio y Jalics (y que corroboraron muchos sacerdotes y laicos que entrevisté): mientras aparentaba ayudarlos, Bergoglio los acusaba a sus espaldas. Es lógico que este hecho de 1979 no alcance para una condena legal por el secuestro de 1976. El documento firmado por Orcoyen ni siquiera fue incorporado al expediente, pero perfila una línea de conducta. Sumar al Director de Culto Católico de la dictadura a una conspiración contra la Iglesia sería demasiado. Por eso, Bergoglio y su portavoz callan sobre estos documentos y prefieren descalificar a quien los encontró, preservó y publicó.

1 Carmelo Giaquinta: “Reconciliándonos con nuestra Historia”, organizado por el Proyecto “Setenta veces siete” y Editorial San Pablo, en la 36ª Feria Internacional del Libro, Salón Roberto Arlt, 8 de mayo de 2010.

2 Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Plan Nacional de Pastoral, Buenos Aires, 1967, p. 14, cfr. Luis O. Liberti, Monseñor Enrique Angelelli. Pastor que evangeliza promoviendo integralmente al hombre, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 2005, p. 164.

Tomado de aquí.

Un ersatz

Por Horacio Verbitsky

 

Entre los centenares de llamados y mails recibidos, elijo uno. “No lo puedo creer. Estoy tan angustiada y con tanta bronca que no sé qué hacer. Logró lo que quería. Estoy viendo a Orlando en el comedor de casa, ya hace unos años, diciendo ‘él quiere ser Papa’. Es la persona indicada para tapar la podredumbre. Es el experto en tapar. Mi teléfono no para de sonar, Fito me habló llorando.” Lo firma Graciela Yorio, la hermana del sacerdote Orlando Yorio, quien denunció a Bergoglio como el responsable de su secuestro y de las torturas que padeció durante cinco meses de 1976. El Fito que la llamó desconsolado es Adolfo Yorio, su hermano. Ambos dedicaron muchos años de su vida a continuar las denuncias de Orlando, un teólogo y sacerdote tercermundista que murió en 2000 soñando la pesadilla que ayer se hizo realidad. Tres años antes, su íncubo había sido designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires, lo cual preanunciaba el resto.

Orlando Yorio no llegó a conocer la declaración de Bergoglio ante el Tribunal Oral Federal 5. Allí dijo que recién supo de la existencia de chicos apropiados después de terminada la dictadura. Pero el Tribunal Oral Federal 6, que juzgó el plan sistemático de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos, recibió documentos que indican que ya en 1979 Bergoglio estaba bien al tanto e intervino al menos en un caso a solicitud del superior general, Pedro Arrupe. Luego de escuchar el relato de los familiares de Elena de la Cuadra, secuestrada en 1977, cuando atravesaba el quinto mes de embarazo, Bergoglio les entregó una carta para el obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, pidiéndole que intercediera ante el gobierno militar. Picchi averiguó que Elena había dado a luz una nena, que fue regalada a otra familia. “La tiene un matrimonio bien y no hay vuelta atrás”, informó a la familia. Al declarar por escrito en la causa de la ESMA, por el secuestro de Yorio y del también jesuita Francisco Jalics, Bergoglio dijo que en el archivo episcopal no había documentos sobre los detenidos-desaparecidos. Pero quien lo sucedió, su actual presidente, José Arancedo, envió a la jueza Martina Forns copia del documento que publiqué aquí, sobre la reunión del dictador Videla con los obispos Raúl Primatesta, Juan Aramburu y Vicente Zazpe, en la que hablaron con extraordinaria franqueza sobre decir o no decir que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados, porque Videla quería proteger a quienes los mataron. En su clásico libro Iglesia y dictadura, Emilio Mignone lo mencionó como paradigma de “pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”. Bergoglio me contó que en una de sus primeras misas como arzobispo divisó a Mignone e intentó acercársele para darle explicaciones, pero que el presidente fundador del CELS alzó la mano indicándole que no avanzara.

No estoy seguro de que Bergoglio haya sido elegido para tapar la podredumbre que redujo a la impotencia a Joseph Ratzinger. Las luchas internas de la curia romana siguen una lógica tan inescrutable que los hechos más oscuros pueden atribuirse al espíritu santo, ya sean los manejos financieros por los que el Banco del Vaticano fue excluido del clearing internacional porque no cumple con las reglas para controlar el lavado de dinero, o las prácticas pedófilas en casi todos los países del mundo, que Ratzinger encubrió desde el Santo Oficio y por las que pidió perdón como pontífice. Ni siquiera me extrañaría que, brocha en mano y con sus zapatos gastados, Bergoglio emprendiera una cruzada moralizadora para blanquear los sepulcros apostólicos.

Pero lo que tengo por seguro es que el nuevo obispo de Roma será un ersatz, esa palabra alemana a la que ninguna traducción hace honor, un sucedáneo de menor calidad, como el agua con harina que las madres indigentes usan para engañar el hambre de sus hijos. El teólogo brasileño de la liberación Leonardo Boff, excluido por Ratzinger de la enseñanza y del sacerdocio, tenía la ilusión de que fuera elegido el franciscano de ancestros irlandeses Sean O’Malley, que carga con la diócesis de Boston, quebrada por tantas indemnizaciones que pagó a niños vejados por sacerdotes. “Se trata de una persona muy vinculada a los pobres porque trabajó mucho tiempo en América Latina y el Caribe, siempre en medio de los pobres. Es una señal de que puede ser un papa diferente, un papa de una nueva tradición”, escribió el ex sacerdote. En la Silla Apostólica no se sentará un verdadero franciscano sino un jesuita que se hará llamar Francisco, como el pobrecito de Asís. Una amiga argentina, me escribe azorada desde Berlín que para los alemanes, que desconocen su historia, el nuevo papa es tercermundista. Menuda confusión.

Su biografía es la de un populista conservador, como lo fueron Pío XII y Juan Pablo II: inflexibles en cuestiones doctrinarias pero con una apertura hacia el mundo, y sobre todo, hacia las masas desposeídas. Cuando rece su primera misa en una calle del trastevere o en la stazione termini de Roma y hable de las personas explotadas y prostituidas por los poderosos insensibles que cierran su corazón a Cristo; cuando los periodistas amigos cuenten que viajó en subte o colectivo; cuando los fieles escuchen sus homilías recitadas con los ademanes de un actor y en las que las parábolas bíblicas coexisten con el habla llana del pueblo, habrá quienes deliren por la anhelada renovación eclesiástica. En los tres lustros que lleva al frente de la Arquidiócesis porteña hizo eso y mucho más. Pero al mismo tiempo intentó unificar la oposición contra el primer gobierno que en muchos años adoptó una política favorable a esos sectores, y lo acusó de crispado y confrontativo porque para hacerlo debió lidiar con aquellos poderosos fustigados en el discurso.

Ahora podrá hacerlo en otra escala, lo cual no quiere decir que se olvide de la Argentina. Si Pacelli recibió el financiamiento de la Inteligencia estadounidense para apuntalar a la democracia cristiana e impedir la victoria comunista en las primeras elecciones de la posguerra y si Wojtyla fue el ariete que abrió el primer hueco en el muro europeo, el papa argentino podrá cumplir el mismo rol en escala latinoamericana. Su pasada militancia en Guardia de Hierro, el discurso populista que no ha olvidado, y con el que podría incluso adoptar causas históricas como la de las Malvinas, lo habilitan para disputar la orientación de ese proceso, para apostrofar a los explotadores y predicar mansedumbre a los explotados.

Tomado de aquí.