Héctor Timerman afirmó que "por primera vez los fondos buitres serán investigados"

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó a los fondos buitre

El pago soberano de deuda es ley

Por 134 votos a favor, 5 abstenciones y 99 en contra, la Cámara baja aprobó en la madrugada el proyecto del Poder Ejecutivo que autoriza el reemplazo del Bank of New York por Nación Fedeicomisos, permite el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada y crea una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa desde la última dictadura hasta las reestructuración de 2005 y 2010.

Tras casi dieciséis horas de debate, la iniciativa se aprobó con 134 votos positivos. La oposición se repartió entre 99 votos en contra y 5 abstenciones. Además de los votos propios, el Frente para la Victoria sumó a sus socios del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Movimiento Solidario Popular, Movimiento Popular Fueguino; y también recibió el respaldo de los tres diputados del Movimiento Popular Neuquino y del radical Eduardo Santín.

El debate fue abierto ayer por la tarde por el presidente de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, quien pidió que haya "un voto masivo" para este proyecto de pago soberano "para preservar el proceso de reestructuración de la deuda realizado en el 2005 y 2010" y señaló que el endeudamiento que sufrió el país "fue un condicionante de la democracia".

Desde la oposición, el radical Miguel Giubergia, el macrista Federico Sturzenegger, el economista de Unen, Martín Lousteau, el socialista Juan Carlos Zabalza, y Claudio Lozano, de Unidad Popular, se pronunciaron con argumentos diferentes en contra del proyecto del gobierno.

"Esta es una ley innecesaria", subrayó Giubergia, al tiempo que resaltó que "el proyecto de ley carece de oportunidad y relevancia; porque la forma adecuada de lograr un real avance en la resolución del conflicto de la deuda originado en la suspensión de pagos de 2001, es obrar de acuerdo a las condiciones contractuales oportunamente acordadas en las reestructuraciones de los años 2005 y 2010 y se respetará así la voluntad de los tenedores de deuda soberana corriente".

Sturzenegger dijo que el proyecto de cambio de sede de pago de la deuda "no resuelve el litigio que Argentina tiene con los holdouts" y que, más aún, los holdin "no sólo no están cobrando su deuda, sino que algunos de ellos no pueden, por problemas de confianza, sentar el cambio de jurisdicción".

Zabalza también reafirmó que su bancada está en contra del proyecto de pago soberano de la deuda y cuestionó que el gobierno "haya acepta la sede de Estados Unidos sin la participación del Congreso Nacional". En la misma sintonía se expresó en contra Lousteau (UNEN), quien consideró "innecesaria" esta iniciativa porque el propio "contrato está facultado para nombrar otro fondo fiduciario" y "no resuelve el problema del bloqueo de los fondos de los bonistas reestructurados".

Lozano volvió a insistir en determinar "cuál es la deuda legítima", cuestionó que se "siga emitiendo deuda bajo legislación extranjera" y dijo que este conflicto "se puede solucionar convocando a una asamblea de bonistas".

En el cierre del debate, la presidenta del bloque del FPV, Juliana Di Tullio manifestó: "No veo espíritu constructivo en la oposición, veo un espíritu destructivo, como si quisieran que esto no funcionara. Póngale un poco de fe, porque tuvimos un excelente resultado con los canjes y hoy esperábamos una jornada de unidad nacional".

Di Tullio agregó que "la Presidenta no toma esta decisión solamente pensando en su gobierno, sino que lo hizo pensando en el futuro de todos los argentinos" y dijo a la oposición que "no se entiende por qué no nos acompañan en esta reestructuración, es ridículo que no lo hagan".

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La ONU aceptó propuesta para establecer un nuevo marco jurídico

La votación se concretó luego que el presidente del G77, Sacha Llorenti Soliz, presentará la moción. Rusia se pronunció a favor de la propuesta, mientras que EEUU y Japón lo hicieron en contra.

La propuesta impulsada por Argentina y el G77 más China de establecer un marco jurídico legal a nivel global para los procesos de reestructuración de deuda soberana obtuvo este martes 124 votos a favor en el seno de las Naciones Unidas, mientras que sólo 11 países lo hicieron en contra y 41 se pronunciaron por la abstención.

La votación se concretó luego que el presidente del G77, Sacha Llorenti Soliz, presentará la moción. En la votación, Rusia se pronuncio a favor de la propuesta, mientras que EEUU y Japón lo hicieron en contra, mientras que la mayoría de los países europeos se abstuvieron.

El canciller Héctor Timerman indicó durante su discurso frente a la Asamblea "venimos a la Naciones Unidas porque consideramos este el foro más representativo y la Asamblea General es el espacio más democrático por excelencia, donde todos los Estados participan el plena igualdad".

"Los países no se pueden permitir un escenario en el que la reestructuración de la deuda quede a la discrecional voluntad de especuladores", subrayó el canciller argentino al hacer uso de la palabra, minutos después de que los países miembro de la ONU se pronunciaran de manera mayoritaria a favor de la iniciativa argentina.

"Si la ONU fue capaz de regular hasta los aprovechamiento de los recursos marítimos, cómo no podríamos decidir lo que hoy hemos decidido", se preguntó el canciller, tras lo cual dijo estar convencido "de que hemos asumido el compromiso de reconocer el derecho de todos a vivir un presente y un futuro mejor, desterrando una de las causas que genera la violencia que tanto nos preocupa".

Según Timerman, la aprobación de la concreción de un marco jurídico para establecer procesos de reestructuración de deuda soberana en el marco de la ONU, refleja que "es hora de trazar un nuevo camino ético, jurídico y político" a nivel global.

En ese marco, dijo que "la trascendente votación es la expresión más contundente de la necesidad de "ponerle freno a la especulación desenfrenada".

El canciller sostuvo que "con la aprobación de esta resolución hemos asumido el compromiso de la hora" y que de acá en más debemos "trabajar juntos para construir un mundo justo, libre y soberano" en materia financiera.

La asamblea comenzó a las 15. 05 hora de Nueva York (16.05 en Argentina) y podría extenderse por espacio de cuatro horas, en la que los países que pidan el uso de la palabra sustentarán su votación.

El proyecto de resolución fue presentado por el presidente del G77, el boliviano Sacha Llorenti Soliz.

Dijo que la iniciativa permitirá "buscar una solución oportuna eficaz y duradera" al problema de la deuda de los países y que "es prioridad crear un marco jurídico, con miras a aumentar la eficiencia, la estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional, y el logro e un crecimiento equitativo e inclusivo".

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Primer paso para cambiar de ventanilla

El oficialismo y sus aliados juntaron 39 votos afirmativos. Hubo 27 votos negativos y 2 abstenciones. Se introdujo la alternativa de la jurisdicción francesa y la comisión bicameral para investigar la legitimidad de la deuda externa.

Por Sebastián Premici

El Frente para la Victoria (FpV) consiguió la media sanción del proyecto que establece “el Pago Soberano de la deuda exterior”. El oficialismo obtuvo 39 votos afirmativos, junto a la ayuda de sus aliados, contra 27 votos negativos de la oposición (UCR, PRO, Unen, PJ disidente). El senador Aníbal Fernández introdujo en el debate las modificaciones al proyecto original, que incluyen la jurisdicción y legislación francesa como alternativa de pago a los bonistas que entraron al canje en 2005 y 2010 y la creación de una comisión bicameral para investigar la legitimidad de la deuda externa. Desde el FpV indicaron a este diario que tales modificaciones fueron realizadas para convalidar algunos planteos de la oposición. “Toda la propuesta de Massa fue escrita por los fondos buitre. Eso (por la jurisdicción francesa) fue lo único que pudimos rescatar. Y la bicameral es por el pedido de (Adolfo) Rodríguez Saá y (Fernando) Pino Solanas”, explicó Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Solanas y Magdalena Odarda (Unen Río Negro) se abstuvieron.

El resto de los senadores de la oposición mantuvieron un férreo rechazo, aunque hubo algunos matices en función de los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo. Si bien el radical Eugenio “Nito” Artaza votó en contra, cuestionó el fallo del juez Thomas Griesa y afirmó que lo que está en juego “es un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales”. Sus correligionarios obviaron los cuestionamientos hacia los fondos buitre.

“Francia tiene una normativa contra los fondos buitre, hay normativas puntuales que les impide su funcionamiento. Es decir, tienen prohibido cobrar más que la mayoría de los bonistas que accedieron a una reestructuración. Una persona como Roberto Lavagna se ha cansado de decir que hay que encontrar un lugar de pago para no sufrir embargos. La alternativa de Buenos Aires es una posibilidad”, manifestó Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque del oficialismo, al cierre del debate, que duró casi doce horas.

La novedad de la jornada estuvo dada por la formalización de los cambios introducidos por el oficialismo, luego de la reunión que mantuvo la conducción del bloque con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, el lunes por la tarde.

“Instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que se presenten a dicha Operación de Canje; quedando autorizada a tales fines, conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales ubicados en la República Francesa en los términos y condiciones de la presente Ley”, puede leerse en la nueva redacción del artículo 7 del proyecto, que también ofrece la posibilidad de emitir nuevos títulos con la legislación y jurisdicción local.

Además del cambio en el agente fiduciario y la posible nueva emisión de títulos para cambiar la jurisdicción, la iniciativa prevé que se depositen “en la cuenta del nuevo fiduciario los pagos correspondientes al 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que todavía no ingresaron al canje, quienes podrán acceder a esos fondos si aceptan cambiar los bonos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda”.

“El proyecto de ley no soluciona absolutamente nada, a lo sumo pretende buscar tiempo, dilatar la situación, pero creo que podrían haberse creado otros mecanismos”, sostuvo la radical Laura Montero, quien agregó que “el gobierno nacional debería buscar los consensos suficientes, abrirle la puerta al Congreso, convocarnos para buscar una solución por las consecuencias que implicaría el default para el país”. Pero fue el Gobierno quien convocó al Congreso para buscar dicha solución. No por nada fueron incluidas dos modificaciones que surgieron de otras propuestas legislativas.

La senadora del PRO, Gabriela Michetti, esbozó una fórmula similar, incluso “mejoró” la propuesta que había esbozado su jefe político, Mauricio Macri. “El Congreso debería buscar un consenso político y sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia de Griesa después de enero”, argumentó la legisladora, antes de afirmar que “la excusa de la RUFO es una mentira”.

El sanjuanino Roberto Basualdo se presenta en el Senado como el primer peronista en dar el salto al massismo. Por eso, durante su intervención defendió el proyecto del Frente Renovador.

–Ahora que se incorporó la jurisdicción de Francia, como propone el FR, ¿acompañará la iniciativa? –le preguntó Página/12.

–No, porque así no sirve, hay que votar todo el proyecto junto. A los norteamericanos les gusta el tema de la seguridad jurídica. Por eso nosotros proponemos derogar las facultades delegadas, y crear un instituto de estadísticas creíbles. Además mantenemos el BoNY como sede de pago, ya que es por donde pasa el 70 por ciento de las reestructuraciones del mundo –respondió.

–¿Pero qué tienen que ver las facultades delegadas con la puja con los fondos buitre? –insistió este diario.

–¿¡Pero cómo que tiene que ver!? Acá se hizo todo mal y nosotros queremos dar seguridad. Los cambios no sirven para nada –agregó el sanjuanino.

“El proyecto del massismo fue redactado por los abogados de los fondos buitre, porque sigue manteniendo la jurisdicción de Nueva York y al banco de esa ciudad. Tiene inconsistencias internas, con artículos incompletos y referencias cruzadas imprecisas”, explicó a este diario Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén).

El radicalismo votó en contra. El correntino Eugenio Artaza había amagado con votar a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero luego “fue convencido” para acompañar al resto de su bloque. Sin embargo, en su discurso ofreció algunos matices que lo diferenciaron de sus correligionarios.

“Tenemos que dar una señal fuerte tanto al juez como a los fondos especulativos. La Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. ¡¿Qué nos viene a decir ahora que si dejamos en la cola a los buitre, como dicen, no habrá inversiones en el país!? Estamos hablando de un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales. No es posible que nos sigan exigiendo seguridad jurídica para estos fondos buitre”, manifestó Artaza, quien también sugirió que el Poder Ejecutivo debería solicitarle a la Corte Suprema de Justicia una declaración de certeza sobre la legalidad del fallo de Griesa.

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Neoliberalismo y fondos buitre - por Emir Sader

Cuando se agotaba el ciclo largo expansivo del capitalismo, se impuso el debate sobre las razones de ese agotamiento y las formas de retomada del desarrollo económico. Triunfó la renacida versión del liberalismo, vocalizada en particular por Ronald, quien dijo que habría que suspender los límites a la libre circulación del capital, habría que desrreglamentar. El capital volvería a circular, habría inversiones, las economías volverían a crecer y todos ganarían.

Se promovió la libre circulación del capital en escala global, mediante la apertura de los mercados nacionales, la privatización de patrimonios públicos, la mercantilización de lo que antes eran derechos, la precarización de las relaciones de trabajo, la retracción del Estado y la centralidad del mercado.  Pero lo que pasó fue distinto de lo previsto.

Es que, como recordaba siempre Marx, el capital no está hecho para producir, sino para acumular. Liberado de las trabas del período anterior, el capital se dirigió, masivamente, hacia la esfera financiera, donde gana más, tiene liquidez total y ejerce fuerte presión sobre los gobiernos. (Una agencia de apoyo a los especuladores, una vez concluyó sus sugerencias, diciendo, literalmente: Aprovechen la fiesta, pero quédense cerca de la puerta.) En escala mundial se dio una gigantesca transferencia de recursos del sector productivo al especulativo, con el capital financiero asumiendo el rol de sector hegemónico en la era neoliberal del capitalismo.

El bajo crecimiento o el estancamiento o incluso la retracción de las economías se debe justamente al hecho de que el sector hegemónico en la economía es un sector parasitario, que no produce bienes, ni empleos. Es el capital financiero bajo su forma especulativa, que no financia el consumo, ni la investigación, ni tampoco la producción.  Vive de la compra y venta de papeles.

Los fondos buitre son el ejemplo más radical de ese carácter parasitario del capital especulativo, típico de la era neoliberal.  En ese caso, se han valido de la crisis de la deuda de los países latinoamericanos para imponer normas draconianas a gobiernos subalternos, parte fundamental de la herencia maldita recibida por los gobiernos antineoliberales.  Préstamos a intereses brutales a cambio de renunciar a la soberanía nacional.

Así, aun los gobiernos que han reaccionado en contra del neoliberalismo, empezando a construir alternativas a ese modelo agotado, tienen que enfrentar todavía esa herencia.  Para la derecha seria señal de fracaso de los gobiernos progresistas, cuando en realidad son todavía rezagos de los gobiernos de la misma derecha.

Los Brics han empezado a apuntar hacia la alternativa: un Banco de Desarrollo para el Sur del Mundo, un fondo de apoyo frente a problemas que puedan enfrentar los países del Sur del mundo. El conflicto actual con Argentina representa los estertores del modelo contra el cual fueron elegidos los gobiernos progresistas y frente al cual construyen un modelo posneoliberal.

- Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

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Mensaje al Congreso de Estados Unidos

En la carta, sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. Temor sobre la plaza Nueva York.

Por Sebastián Premici

La puja de la Argentina contra los fondos buitre generó un reclamo internacional para crear nuevos mecanismos legales que permitan proteger las reestructuraciones de deuda soberanas y evitar la arbitrariedad de un sistema judicial que logró avanzar sobre las decisiones de política económica de otro país. Este es el escenario que permite entender el contexto en el cual una serie de economistas como el Nobel adscripto a teorías neoclásicas Robert Solow, Branko Milanovic y Dani Rodrik escribieron una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos instando a los legisladores a “actuar inmediatamente y buscar soluciones legislativas para mitigar el impacto nocivo de la decisión del tribunal” de Griesa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó este texto durante su discurso de ayer, y afirmó que le gustaría leer este tipo de argumentos en la prensa local y no en los periódicos extranjeros.

“La decisión de la Corte distrital, y especialmente el interdicto que está actualmente bloqueando a Argentina de realizar los pagos al 93 por ciento de sus bonistas extranjeros, podría causar un daño económico innecesario al sistema financiero internacional, así como a los intereses económicos de Estados Unidos y de la Argentina”, sostuvieron los economistas, acompañados de otras cien firmas.

Los países del Brics –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica–, los de la Unasur, el Mercosur, las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de los 77 se han pronunciado en contra del accionar de los fondos buitre en relación con el caso argentino, por el precedente que han sentado para las reestructuraciones de la deuda y, a su vez, comenzaron a demandar cambios en la legislación, ya sea a nivel local como supranacional.

“La decisión de la Corte de que la Argentina no puede continuar pagando a los bonistas reestructurados, excepto que primero pague a los demandantes, significa que cualquier holdout acreedor puede echar a perder todos los acuerdos existentes con los tenedores de bonos que optaron por negociar. Mientras que a individuos y corporaciones se les garantiza la protección de la ley de bancarrota, no existe tal mecanismo para los gobiernos soberanos”, escribieron los economistas Milanovic, Rodrik y Solow.

La visión de estos economistas, sumada a la del Premio Nobel Joseph Stiglitz, contrasta con la de los economistas locales. Si bien la mayoría ha cuestionado el accionar de los fondos buitre, enfatizaron más su crítica al gobierno nacional antes que considerar las implicancias globales de la puja que está llevando adelante el gobierno nacional. El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo durante un reportaje en Radio Nacional que los pronunciamientos de la OEA o los Brics no tenían importancia ni incidencia en la temática y que sólo podría generarse un cambio en el sistema financiero internacional dentro del FMI. Stiglitz, por su lado, y Milanovic, Rodrik, Solow y las otras cien firmas que enviaron su carta al Congreso norteamericano estarían considerando otros escenarios.

En la carta sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. “Si bien gran parte de la deuda del mundo en desarrollo ha sido publicada bajo la jurisdicción de las leyes de Nueva York y la utilización de las instituciones financieras con sede en Nueva York, el fallo del tribunal (de Griesa) hará que sea más probable que los gobiernos soberanos busquen ubicaciones alternativas para la emisión de deuda. Gran Bretaña y Bélgica, por ejemplo, ya han aprobado una legislación destinada a prevenir este tipo de comportamiento de los acreedores holdouts”, aseveraron.

En su argumento está la pretensión de defender el statu quo de Estados Unidos como plaza financiera internacional. Es desde ese lugar que reclamaron cambios en el sistema jurídico de su país para evitar los abusos judiciales de la sentencia de Griesa, convalidada por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema.

“La decisión del tribunal (de Griesa) obstaculizaría gravemente la capacidad de los acreedores y la de los deudores a concluir de manera ordenada una reestructuración, dejando que una crisis de deuda soberana ocurra. Esto podría tener un impacto significativamente negativo en el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, como el FMI ha advertido en repetidas ocasiones”, indicaron Milanovic, Rodrik, Solow.

Lo que intentó dejar en claro este conjunto de economistas es que nada será igual en la arquitectura financiera internacional a partir del caso argentino, cualquiera sea su resolución.

spremici@pagina12.com.ar

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Una voz de apoyo desde el Mercosur

Después de varias postergaciones, la cumbre se realizará en Caracas con el regreso de Paraguay y el paso de la presidencia pro témpore a la Argentina. Se espera una declaración a favor del país en el marco del conflicto con los fondos buitre.

Por Nicolás Lantos

Más de un año tuvo que transcurrir para que los presidentes de los países que conforman el Mercosur puedan volver a darse cita: la cumbre de Caracas, prevista originalmente para diciembre último y pospuesta tres veces, se llevará a cabo mañana, con la presencia de todos los jefes y jefas de Estado del bloque, y media decena de mandatarios invitados. El encuentro implicará el regreso de Paraguay a este tipo de cumbres, tras su suspensión por el golpe de Estado institucional de 2012, el pase de la presidencia pro témpore del organismo a manos de Argentina, y la posibilidad de que Bolivia se incorpore al mismo como miembro pleno. Entre otros temas, la Argentina llevará su conflicto con los fondos buitre en busca de una nueva señal de apoyo de la región en este tema, y habrá también una declaración conjunta sobre la situación en Medio Oriente.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará esta tarde rumbo a la capital venezolana, donde mañana a primera hora se llevará a cabo el plenario del que participarán el anfitrión Nicolás Maduro, la brasileña Dilma Rousseff, el uruguayo José Mujica y el paraguayo Horacio Cartés, debutante en estas lides.

A ellos se les sumarán los asociados Michelle Bachelet (Chile) y Evo Morales (Bolivia). También estarán los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, que esta tarde participarán de los homenajes a Hugo Chávez en un nuevo aniversario de su nacimiento.

La mayoría de ellos (excepto los dos invitados centroamericanos, Ortega y Sánchez Cerén) ya se vieron las caras hace doce días en Brasilia, con ocasión de la cumbre conjunta entre las potencias emergentes del Brics y la Unasur. Allí terminó de confirmarse la cita de mañana, que se llevará a cabo con más de siete meses de demora: el encuentro, previsto en un principio para el 17 de diciembre del año pasado, se pospuso hasta fines de enero por pedido de Fernández de Kirchner, luego hasta mediados de febrero, por problemas de agenda de Rousseff, y finalmente de forma indefinida, hasta ahora, por la situación política que vivió Venezuela en esos días.

La presencia de Cartés en la cumbre del Mercosur significará el regreso de Paraguay al bloque, tras la suspensión de dos años que sufrió a raíz del golpe de Estado institucional que terminó con el mandato del ex presidente Fernando Lugo. Para reincorporarse, el Parlamento paraguayo tuvo que aceptar las medidas tomadas en su ausencia, principalmente la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. También ceder la presidencia pro témpore que deberían haber asumido hace un año: aunque en un principio Asunción pretendía recuperar su turno ahora, esto fue rechazado por el resto de los integrantes, y será la presidenta argentina quien, siguiendo el orden alfabético, recibirá ese rol de manos de Maduro.

Durante el debate se discutirán algunas cuestiones pendientes para mejorar el funcionamiento interno del mercado común, reclamadas por los socios más pequeños para compensar sus desventajas estructurales ante Brasil y Argentina.

También se buscará avanzar en la integración económica con otros dos bloques regionales: el ALBA y Petrocaribe. La agenda internacional tendrá su lugar a través de declaraciones sobre los fondos buitre y sobre la situación en Medio Oriente.

Por último, se avanzará con la inclusión de Bolivia como miembro pleno del organismo, algo que solicitó Evo Morales y es respaldado principalmente por el presidente venezolano.

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“No hay buena fe en los fondos buitre”

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que “si los fondos buitre tuvieran buena fe, también pedirían el stay”. La filial local del Citibank rechazó una presentación de NML en su contra, acusándolo de actuar “con gran hipocresía”.

El Gobierno respondió ayer a través de una nueva solicitada a las acusaciones que vertieron los fondos buitre en los últimos días, en las que insisten sobre un supuesto default en ciernes para el país. “Default es no pagar. La Argentina paga”, es el título de la respuesta oficial en los principales matutinos, en la que acusa a los buitres de “extorsionar, amenazar y difamar al país”. La solicitada se conoce un día después de que la American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de tareas de los buitres, difundiera en medios porteños que el default es una elección de las autoridades argentinas. Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó también a los holdouts de carecer de buena fe al momento de negociar y los instó a solicitar un stay (suspensión de la sentencia) para seguir negociando. Con respecto al default sostuvo que “es un eufemismo creado por calificadoras de riesgo, ya que los fondos están depositados para que los acreedores puedan percibirlos”. Ayer, el Citibank envió al juez distrital en Nueva York, Thomas Griesa, un escrito en el que pide que rechace los argumentos de los fondos buitre, que objetaron la autorización de pago de los bonos en la filial argentina.

“La Argentina no se encuentra, como dicen los fondos buitre, sentando las bases para un nuevo default. Al contrario, la Argentina continúa honrando el pago de su deuda externa, tal como lo viene haciendo desde el año 2005. El 30 de junio, la Argentina pagó en concepto de intereses una suma superior a los 900 millones de dólares”, recordó el Gobierno. Los fondos buitre intentan embargar el dinero de los bonistas para lograr una ganancia exorbitante”, señala la solicitada firmada por Presidencia de la Nación. Mientras se aguarda por la reunión del martes próximo con Griesa, los buitres redoblaron el lobby. Junto a las solicitadas se publicaron artículos de opinión de especialistas financiados por la ATFA, amenazando con una reversión de las inversiones en Vaca Muerta si no se acuerda una salida con los buitres. Todo esto lo hicieron mientras reclaman un mayor diálogo con las autoridades argentinas.

“¿Cuáles serán los verdaderos propósitos de los fondos buitre? ¿Por qué incursionan en temas de hidrocarburos, de terceros países, de empresas privadas? No van a engañar a los argentinos. Esta historia ya la vivimos”, destaca el aviso publicado por el gobierno argentino. “Los fondos buitre no negocian, nunca lo hicieron. Quieren sobreendeudar al país. No intentan que la Argentina pague 1600 millones de dólares. Quieren que la Argentina tome nuevo endeudamiento por valores de 120 mil millones de dólares y que, según los analistas, podría superar los 500 mil millones de dólares”, agrega. Los dichos de Capitanich estuvieron en línea con la solicitada. Sostuvo que “es absolutamente clara la maniobra de apropiación estratégica de recursos naturales, como la de pretender un sobreendeudamiento del país y acorralar a la Argentina a un supuesto default”.

“Si existiera buena fe en los fondos buitre, automáticamente promoverían la reposición de la medida cautelar, es decir del stay, en el tiempo solicitado por la Argentina, para generar condiciones de negociación justas, equitativas y legales”, agregó. La reposición del stay fue un pedido que llevaron los negociadores argentinos al mediador Daniel Pollack. Por su parte, los bancos y las cámaras compensadoras involucrados en el proceso de distribución de los fondos elevaron a Griesa sendos pedidos para que libere el dinero de los bonistas. Los buitres presentaron una moción para que el juez no otorgue ese permiso.

El primer pedido de aclaración de la orden de Griesa provino de la filial argentina del Citibank, para permitir que los tenedores de deuda en pesos con legislación local cobren los vencimientos del 30 de junio último en bonos Discount. Sobre esta presentación, que obtuvo la autorización de pago de Griesa, se sumaron las entidades europeas Euroclear y Clearstream, y el JP Morgan Chase para bonistas japoneses. El Citi volvió a elevar esta semana un escrito al juez para que rechace la pretensión de los buitres en contra de la autorización de pago en la Argentina. El documento de la filial local del banco sostiene que “la moción de reconsideración no debe concederse cuando la parte actora persigue fines de litigar un asunto ya resuelto”. En duros términos, el banco señala, respecto de los fondos buitre, que “los demandantes argumentan ahora, con gran hipocresía, que la Corte no entendió el argumento del Citibank. Sostienen que la Corte pudo haber pasado por alto el hecho de que los bonos denominados en dólares estadounidenses son endeudamiento externo que pueden ser cubiertos por la cláusula pari passu”. Pero advierte que la resolución de Griesa, al prohibir los pagos, no se basa en una cuestión de derecho, ya que no hay argumento legal que lo sostenga, sino de hecho, para forzar un pago o un acuerdo de la Argentina con los fondos buitre.

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Los buitres, el ajedrez y la tormenta - Por Mempo Giardinelli

En materia económica, lo único que hoy se sabe con absoluta certeza, aquí, es que nada será fácil para la Argentina. Todo puede suceder, como en el ajedrez, según mueva las piezas cada jugador: el gobierno por un lado; y por el otro los fondos buitre y su mejor defensor, el juez neoyorquino Thomas Griesa. Ante el escenario se apiñan diversos espectadores: un pueblo preocupado y en silenciosa expectativa; un gobierno que paga corruptelas y negociados de gobiernos anteriores; una comunidad internacional alarmada pero sin protagonismo; una caterva de políticos y periodistas locales que desean que todo salga mal, y si es posible peor, para este país. La partida viene teniendo una asombrosa intensidad: el miércoles pasado no se sabía qué pasos iban a darse; el jueves los bonistas que entraron en los canjes supieron que el gobierno argentino les pagaba como siempre, girando millones de dólares al banco neoyorquino y deslindando responsabilidades.

Griesa retrucó declarando que ese pago de la Argentina a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 “es ilegal y no va a ser realizado”. Y ante la consulta del banco New York Mellon sobre qué hacer con el dinero ya girado, respondió: “Deberían devolverlo a la Argentina”.

Ya en la noche del viernes, desde el Ministerio de Economía el Gobierno redobló la apuesta: “Argentina paga, Griesa obstruye el cobro a tenedores de bonos”. Y en breve comunicado lo acusó directamente de querer “provocar el default de nuestro país” al pretender “anular el pago ya realizado por Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley Argentina”. Y sin eufemismos dijo que “el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitre a precio vil para obtener ganancias siderales”.

Lo que se ve desde cualquier tribuna son tres cosas: a) la decisión del juez de forzar el default de la Argentina; b) la decisión del Gobierno de dar la pelea a fondo, descalificando al juez por su parcialidad y también porque se ha metido en un terreno que no es de su competencia; c) el pánico que produce este asunto en muchos economistas y columnistas nativos.

Ahora se verá, además, si al mundo le importa realmente nuestra suerte o si se somete a los intereses de los buitres. Porque la reestructuración de deuda en 2005 y 2010 fue tan positiva que hoy nadie quiere que el país caiga en default. Esa reestructuración permitió crecer sin ajustes que hubiesen tenido serias consecuencias sociales, en lo interno, a la vez que al casi 93 por ciento de los que entraron al canje les fue bien y desean continuar cobrando en paz.

Claro que se han cometido errores graves en materia económica, como las políticas erráticas en materia antiinflacionaria; la manipulación informativa del Indec; la permisividad con los grandes poderes extractivos que además son destructores del medio ambiente; la absoluta falta de políticas de transparencia y anticorrupción, y varios etcéteras. Pero el balance de los once años que lleva el kirchnerismo en el poder no deja de ser positivo si se lo mira de buena fe. Críticamente, desde luego, pero de buena fe, es imposible no reconocer que este país es hoy abismalmente mejor que el que era hace una década, y dos, y tres y cuatro también. Por eso resulta inconveniente y hasta fastidioso para los opositores, como es lógico, pero no debería obnubilar las mentes de sus dirigencias, como sucede a cada rato.

Por eso, más allá del impresionante odio que el poder mediático ha inoculado en las clases medias, y que se expresa de manera irracional en cacerolazos, comentarios de lectores y algunas redes sociales, corresponde decir que el gobierno argentino ha desarrollado una estrategia que pudo ser cuestionada en lo discursivo –la altanería es un desdichado sello nacional– pero que en los hechos fue y está bien orientada como defensa jurídica y económica.

Mientras tanto, bueno sería, y de toda urgencia, que los poderes Ejecutivo y Legislativo decidieran nunca más ceder soberanía. Ni al Ciadi ni a tribunales neoyorquinos o de cualquier lugar del mundo. Esas claudicaciones, que en tiempos todavía cercanos fueron decididas por funcionarios buitre locales, hoy son insostenibles además de peligrosas. Y también sería saludable y urgente la develación exacta de quiénes, cómo y cobrando qué intereses tomaron la gigantesca deuda argentina del período 1976 a 2001, o sea el cuarto de siglo económicamente más ominoso de nuestra historia.

Seguramente ya no es posible repudiar esa deuda y no pagarla, como pretenden algunas posiciones extremas de la izquierda argentina [tal vez no sea imposible. Hay que ver el caso de Ecuador]. Pero sí sería bueno determinar con certeza quiénes fueron los responsables y a la vez declarar que se trata de delitos imprescriptibles.

¿Qué pasará ahora con los buitres? ¿Caeremos en default involuntario? Nadie lo sabe, aunque sí se sabe que en las más apasionantes partidas de ajedrez no sólo el tiempo es decisivo. También la inteligencia emocional, la astuta paciencia, la audacia y la sorpresa determinan las mejores jugadas. Es de esperar que los negociadores argentinos tengan todo eso, lo sigan teniendo, para superar esta tormenta feroz.

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Pérez Esquivel a Griesa: es justo no pagar una deuda ilegítima e inmoral

Al Sr. Thomas Griesa

Juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU.

 

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.

 

Más que dirigirme a usted como juez que interviene en una causa que desde hace tiempo tiene en vilo a nuestro pueblo, quiero hacerlo como persona. Quiero poder aportar más libremente a la reflexión sobre la situación que se ha generado en la República Argentina, por las pretensiones de un grupo de financistas poseedores de unos pocos bonos de la deuda externa.  Ellos  buscan cobrar el 100 % de los mismos, de manera que tendrá un grave impacto sobre la vida del pueblo argentino, habiéndolos comprado por centavos y sin jamás haber invertido para su bien.

 

Espero, Sr. Griesa, que Ud. comprende la situación que vive nuestro pueblo y las consecuencias sociales, económicas y políticas que tiene el pago de esta deuda inmoral e injusta para las personas y comunidades más necesitadas.

 

Debe tener presente que los bonos cuyo pago hoy se discute, están manchados con la sangre de las víctimas de la dictadura militar. Forman parte de una deuda contraída a espaldas del pueblo y que nunca llegó a sus manos.  Son parte del endeudamiento que después fue impuesto en los años ´90, incluso renunciando a la soberanía y cediendo jurisdicción de manera inconstitucional a tribunales extranjeros como el suyo, supuestamente para saldar las deudas anteriores.

 

Por eso  afirmamos que es una deuda ilegítima, inmoral e injusta. Detrás de los números existen rostros que nos cuestionan e interpelan, de niños, jóvenes, hombres y mujeres víctimas de la injusticia social y estructural, el empobrecimiento, la miseria y exclusión social que afectan a millones de seres humanos en nuestro país como también en América Latina y el mundo.

 

Estoy seguro que Ud. no ignora esto ni tampoco, el peso de la especulación financiera en la generación de estas situaciones. Más que una deuda externa, es ya una deuda eterna, matemáticamente impagable por más que se intenta con un alto costo en vidas humanas  y sacrificando el desarrollo del país.  Nunca puede ser justo que se privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos.

 

Es por esto también que junto a muchos otros, desde hace años venimos luchando contra el pago de estas deudas ilegítimas, exigiendo una auditoria official de las mismas, la aplicación de las leyes argentinas, la anulación de la cesión de jurisdicción y que no se continúan estas prácticas inaceptables con los nuevos bonos, contratos y tratados que se siguen firmando.

 

Sr. Griesa, no quiero poner en duda su acción como juez, pero si me preocupa la justicia ciega. Usted bien sabe que no toda ley es justa y que muchas veces se confunde lo legal con lo justo, o no se tenga en cuenta la situación de los pueblos y se los trate como algo abstracto y lejano.  Ud. debe conocer la obra de Henry Thoreau, cuando señala que si bien hay que obedecer la ley, igualmente es necesario resistir la ley injusta hasta lograr su transformación.  Me parece una reflexión pertinente con relación a estos poderosos financistas, que para sus políticas de verdadera rapiña, buscan respaldo donde no lo deberían encontrarlo. 

 

Esto no deja a un lado las omisiones y los errores cometidos por los sucesivos gobiernos de la Argentina, el Parlamento y nuestro Poder Judicial, en asumir el tratamiento de esos bonos y de toda la deuda.  Pese a reconocer, desde tiempos de la dictadura hace ya más de treinta años, la ilegitimidad e ilicitud de gran parte de la deuda generada, ninguno ha realizado lo necesario – incluyendo por ejemplo auditarla - para separar lo legítimo de lo ilegítimo, lo legal de lo ilegal, para evitar que al pueblo argentino se le siga exigiendo el tremendo costo de pagar lo que no se debe. 

 

No sé si Ud. está al tanto de que existe en nuestro país, una decisión judicial del año 2000, que establece la fraudulencia y arbitrariedad de la deuda que dio origen a los bonos hoy en posesión de los fondos especulativos que buscan obtener lo que en justicia, no les corresponde.  Existen además denuncias cuya investigación judicial está aún abierta, con relación a esos mismos bonos.  

 

De acuerdo a las leyes de nuestra república y el derecho internacional, son deudas verdaderamente nulas. Los Principios Rectores sobre la Deuda y los Derechos Humanos nos recuerdan que es responsabilidad de cada prestador y prestatario, investigar y no pagar las deudas contraídas de manera injusta.

 

Esta deuda es una herencia no querida y pesada que arrastra una carga grande de dolor y sacrificios.  Se ha transformado en un mecanismo que lleva en si la dominación y el sometimiento de todo un pueblo.

 

El país quiere y debe cumplir con  sus responsabilidades y obligaciones.  Por eso es necesario aplicar la ley pero siempre, sobre la base de distinguir entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia. Es necesario además reconocer que según el derecho, tiene prioridad la “deuda interna con el pueblo”: la lucha contra el hambre, la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales, los desafíos de la educación y salud, que no se mueran los niños de hambre y enfermedades evitables y poder alcanzar una vida digna sin que le roben la esperanza a nuestros jóvenes.

 

Estoy seguro, Sr. Griesa, que Ud. comprende lo valioso de la oportunidad que tiene para velar por la justicia, y no solo las leyes que algunos tienen más poder que otros para imponer.  Es necesario cambiar las leyes en EE.UU., en nuestro país y en muchos otros, para evitar situaciones de esta naturaleza. Mientras tanto, esperamos igual que prime la justicia y que los derechos de quienes no han sido escuchados todavía en los tribunales, tengan la prioridad que merecen.

 

Gracias por permitirme estas reflexiones. Si en algo pueda contribuir, profundizar sobre cualquier de los elementos señalados, estoy a su disposición.

 

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz y Presidente,

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina y el Servicio Paz y Justicia SERPAJ

 

-Buenos Aires, 26 de junio de 2014

Tomado de aquí

CELAC y Mercosur apoyan a la Argentina en el tema de los fondos buitre

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN RESPALDO A LA POSICIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA REESTRUCTURACIÓN DE SU DEUDA SOBERANA

“Frente al reciente fallo judicial referido a un grupo minoritario de tenedores de títulos de deuda soberana de la República Argentina pendiente de reestructuración (hold-outs) los Estados miembros de la CELAC reiteran lo expresado en la Declaración de La Habana, adoptada por la II Cumbre de la CELAC (28 y 29 de enero de 2014) en el sentido que: “Consideramos indispensable para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional, garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas sean respetados, permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda. Es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda de forma ordenada.”

San José, 20 de junio de 2014

http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/archivos/ARCH495_126.pdf

Declaración especial de los Estados parte del Mercosur en respaldo a la República Argentina

“Las Presidentas y Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR, en conocimiento del reciente fallo judicial favorable a los planteos de un grupo minoritario de tenedores de títulos no reestructurados de la deuda soberana de la República Argentina (Hold-outs):

Manifiestan su más absoluto rechazo a la actitud de dichos Fondos, cuyo accionar obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países.

Reconocen la vocación de la República Argentina de continuar honrando sus compromisos financieros internacionales, tal como lo viene haciendo sistemáticamente desde la reestructuración de su deuda en los años 2005 y 2010, donde se obtuvo el acuerdo de más del 92% de sus acreedores.

Expresan su solidaridad y apoyo a la República Argentina en la búsqueda de una solución que no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo, en consonancia con sus políticas de desarrollo nacional.”

http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/06/53a5fda2d0a72.pdf

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El pago de la deuda: una moneda de dos caras - Por Mario Rapoport*

El caso de la Argentina es presentado internacionalmente en Estados Unidos y algunos países europeos como si el victimario fuera nuestro país y la víctima los pobres fondos buitre, a los que no se les quieren pagar sus acreencias. Esto se agravaría, en palabras del aparentemente temible juez Griesa, por el hecho de que el gobierno argentino no respeta el sistema jurídico norteamericano, como si éste fuera garantía de algo más que la defensa de unos especuladores cuyas ganancias no se derivan de la economía de mercado sino de sus acciones ante el aparato judicial. Todo ello surge leyendo un duro artículo que The Washington Post publicó recientemente, y resumió el diario La Nación, donde se señala que la Argentina sabía en lo que se estaba metiendo cuando vendió sus bonos, que incluyen una renuncia a su inmunidad soberana. Por lo tanto, que asuma sus propios actos. ¿Pero los de quién? Aquí el artículo apunta a un blanco equivocado.

Debemos recordar que el actual endeudamiento argentino comenzó con una dictadura militar que impuso el terrorismo de Estado, causando miles de víctimas, al tiempo que en su economía aceptaba tomar deuda en el país del Norte bajo la jurisdicción estadounidense, violando así principios soberanos sostenidos desde fines del siglo XIX por las doctrinas Calvo y Drago. Las políticas neoliberales profundizadas por los gobiernos de Menem y De la Rúa, y apoyadas por Washington y los organismos financieros internacionales, tuvieron por base la primacía del endeudamiento externo y la aceptación de las reglas del juego del neoliberalismo establecidas por la dictadura militar. Es extraño así que se señale como principal culpable al populismo del actual gobierno, que trataría de vivir por encima de sus propios medios, cuando en realidad ese gobierno hizo todo lo posible por pagar deudas producto de una pesada herencia del pasado.

Por otra parte, el mismo artículo compara la Argentina con Detroit, ciudad norteamericana económicamente en quiebra, con un cinismo notorio, porque es bien sabido que la ley de ese país protege en su legislación a los estados o ciudades que caen en default, mientras que no existe una ley de quiebras a nivel internacional. La sola comparación posible llevaría, en cambio, a una conclusión inversa a la que propone el artículo: es la Argentina la que resultaría víctima de un sistema perverso, donde la soberanía de los países no se tiene en cuenta. Y resulta clara la responsabilidad histórica del gobierno de Washington en este sentido, cuando desde principios del siglo XX intervino militarmente en varias ocasiones en el territorio de sus “vecinos latinoamericanos” para cobrar sus deudas (recordemos el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, que inauguró la política del gran garrote para castigar a los países incumplidores de su patio trasero).

The Washington Post no habla en ningún momento de las irresponsables empresas, bancos y fondos de inversión de su país que produjeron la gran crisis del 2007/ 2008, con la caída de uno de los más grandes exponentes del mercado financiero norteamericano, Lehman Brothers, y el legado de millones de víctimas entre deudores individuales e institucionales. Quizá no resulta casual que Jay Newman, un ex empleado de esa compañía, haya recomendado a Elliott, el fondo buitre que nos acosa, ya acostumbrado a turbios manejos parecidos dentro del territorio norteamericano, ganando luego juicios que le permitieron elevar más adelante el precio de sus títulos o acciones y obtener enormes ganancias, intentar iguales métodos con las deudas de países soberanos, como en el caso del Perú, en 1995.

El negocio no era, como el posterior de la Argentina, apostar a un alza de los bonos con los riesgos subsiguientes de cualquier inversión, sino obtener un beneficio seguro apelando a un aparato político y judicial al cual Paul Singer, el dueño de Elliott, está íntimamente ligado como lobbysta y financista de campañas electorales del partido republicano. Esto representaba en verdad una violación a la sección 489 de la ley del poder judicial de Nueva York, que considera “ilícita la compra de deuda o documentos de créditos vencidos con la intención de interponer una acción judicial contra la misma”. Invocando ese principio, la demanda de los fondos Elliott contra la República del Perú fue en aquel entonces desestimada por un juez de primera instancia con argumentos absolutamente contrarios a los de Griesa. Pero, sentando un precedente funesto, su sentencia resultó apelada y anulada en segunda instancia por una nueva demanda de Elliott, que puso en juego todas sus influencias.

El artículo citado tampoco menciona el caso bien notorio de Alemania, un país que después de provocar la Segunda Guerra Mundial y producir el Holocausto de millones de judíos, se vio favorecido en 1953, sólo ocho años después de terminado el conflicto bélico, por la condonación del grueso de su deudas e indemnizaciones económicas impuestas por los vencedores. De hecho, lo mismo había sucedido anteriormente, luego de la Primera Guerra, cuando el endeudamiento alemán, financiado por Estados Unidos y tan criticado por Keynes, no impidió la llegada de Hitler al poder, con el incumplimiento ya total del Tratado de Versalles y el sonido de nuevos tambores de guerra. Se sabe bien que durante el siglo XX Alemania fue el país que más se ha negado a pagar sus deudas.

The Washington Post no llamaría, sin embargo, a los gobiernos alemanes posbélicos, que predicaban la economía popular de mercado, tan elogiada por Alvaro Alsogaray, de irresponsables populistas. Tampoco acusaría de populistas a los propios gobiernos norteamericanos que permitieron el crédito fácil y la estafa de las subprime a través de los mercados financieros, lo que produjo la crisis mundial actual, como lo reconoce en sus memorias el mismo Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal.

En verdad, los fondos buitre les han dado una lección a economistas ortodoxos, como los premios Nobel Merton y Scholes, quienes creyeron encontrar una solución matemática que permitía obtener siempre grandes beneficios en los mercados financieros, lo que terminó por hacer quebrar a su propia empresa, The Long-Term Capital Management.

El método de estos fondos demuestra que la política más rentable no es la de jugar en los mercados con la sabiduría de expertos financieros. Su verdadero aporte a la teoría económica consiste en reconocer que había que volver de otra manera a la política de las cañoneras europeas que bloquearon en 1902 los puertos de Venezuela para cobrar sus deudas. Sólo que utilizan ahora cañones pseudolegales sin moverse de su propio país con aquellos estados que cedieron la jurisdicción de sus deudas. La forma de lograr grandes ganancias no se basa ya en un modelo matemático, sino en aprovechar su influencia en el poder político y judicial para obtener las utilidades que los mercados financieros no estaban dando por sí mismos. Una lección que nuestros propios economistas ortodoxos y los gobernantes que se guiaron por ellos, y son los verdaderos responsables de esta situación, de la cual zafaron hasta ahora de ser juzgados, aparentemente desconocían, o quizá no. Como lo demuestran todavía políticos locales que coinciden con el Washington Post. La larga mano de intereses del Norte o del mismo Paul Singer ha sido también generosa con ellos.

La última novedad es que el New York Times ha seguido un camino diferente en sus razonamientos sobre el tema, al señalar, en un artículo posterior al del Washington Post, que el fallo Griesa y su validación por la Corte Suprema no sólo pone en juego la reestructuración de futuras deudas soberanas sino, y sobre todo, la posibilidad de que el mercado de Nueva York siga siendo el centro del sistema financiero internacional. Los Singer y compañía y el sistema judicial norteamericano se habrían así pasado de rosca. Cada cual defiende su juego y, en esa trampa en la que estamos, la Argentina debe defender el suyo aprovechando esas diferencias. Hay que negociar no sólo desendeudándonos sino recobrando también nuestra soberanía jurídica; poniendo de relieve las dos caras de una cuestión que no sólo es económica sino, también, fundamentalmente política, y requiere apoyos regionales y mundiales.

* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Tomado de aquí

NEGOCIACION CON LOS HOLDOUTS, DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS: Misión improbable

Cristina ofreció negociar un acuerdo beneficioso e igualitario para todos los acreedores. Pero esas condiciones equitativas son las que el tribunal de Nueva York niega, porque contradicen las asimetrías del capitalismo global. Ni siquiera la prórroga de jurisdicción concedida por la dictadura habilita a Griesa a decidir sobre actos soberanos realizados en Buenos Aires. El Derecho Internacional Público y de los derechos humanos respaldan a la Argentina y hasta el FMI cuestiona la sentencia.

Por Horacio Verbitsky

La presidente CFK anunció el Día de la Bandera que la Argentina solicitará al juez de Nueva York Thomas Griesa “que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo beneficioso e igualitario para el 100 por ciento de los acreedores. Porque hay normas que cumplir y leyes que respetar aquí y también en el país donde se dictó la sentencia”. Esas condiciones equitativas, entre los distintos acreedores y entre ambas jurisdicciones, serían una forma de mitigar las asimetrías que rigen el capitalismo global, y son precisamente las que el sistema judicial estadounidense viene negando a la Argentina. La reiterada disposición a negociar mejora la posición nacional ante cualquier eventualidad pero no garantiza el resultado, en una situación que no es exagerado calificar como de emergencia, donde ningún paso ocurrirá sin consecuencias, que se miden en niveles de actividad y empleo.

Una grosera extralimitación

Horas antes de que Cristina hablara en Rosario, Griesa prohibió pagar en Buenos Aires los compromisos con el 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron la reestructuración. Esta es una extralimitación grosera que hasta ahora nadie ha señalado. La prórroga de jurisdicción fue posible a partir de la denominada “Ley Nº 21.305” que en abril de 1976 modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”. Pero ni siquiera así un juez extranjero quedó habilitado para decidir sobre actos de gobierno realizados dentro del territorio nacional, con bonos distintos a los ejecutados y cuyos tenedores no cuestionaron ninguna decisión del Estado. Por el contrario, varios de ellos avalaron ante el juez la posición argentina. Griesa podría embargar los fondos que el país destinara a esos pagos en Nueva York, lo cual crearía un nuevo escenario al explicitar que el default no surge de un acto del gobierno sino de una imposición del tribunal y pondría en primer plano la dimensión política e internacional del diferendo. Pero si los acreedores aceptaran el cambio de sede el magistrado quedaría fuera de distancia.

La Argentina está sometida a obligaciones legales contrapuestas. El fallo estadounidense defiende el derecho de propiedad de una porción de los acreedores pero el derecho internacional de los derechos humanos exige al Estado Nacional que promueva y proteja los derechos económicos, sociales y culturales de su población. Esta contradicción es característica del debate jurídico moderno y explica los desarrollos que tienen lugar ahora mismo en las Naciones Unidas y hasta en el Fondo Monetario Internacional, en busca de nuevos consensos internacionales que equilibren los intereses de acreedores y deudores a escala global. El derecho internacional respalda a la Argentina y existen instancias a las que recurrir, como la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. No es tan simple que una autoridad pública internacional o regional sostenga que los acreedores deben cobrar siempre el cien por ciento. La cuestión pasa por saber si la Argentina conserva espaldas para enfrentar un proceso largo y complejo y cuyo resultado no es obvio.

La situación económico-social tiene la consistencia que le faltaba en la crisis de fin de siglo. La deuda no sólo se ha reducido de un PIB y medio a menos de medio sino que ha cambiado su composición, de modo que la denominada en moneda extranjera y con acreedores privados no llega ni al 10 por ciento del Producto lo cual la torna muy manejable. Pero al mismo tiempo se ponen en evidencia otros desequilibrios estructurales, como la reaparecida restricción externa, manifiesta en el déficit de la industria automotriz, de la armaduría electrónica y del combustible. A esto se suma el contexto político, con un gobierno que conserva su excluyente centralidad política pero no tiene asegurada la proyección institucional más allá de dieciocho meses. Las impúdicas celebraciones del fallo por parte de políticos, hombres de negocios y columnistas han tenido amplia difusión, porque provienen de la elite cuyo pensamiento circula con facilidad. También es público que los holdouts ofrecieron financiamiento a los organizadores de los caceroleos de 2012 y a algunas ONG en las que participan políticos de la oposición. Pero estas actitudes contradicen los sentimientos preponderantes en la sociedad: desde fines del siglo pasado, la Argentina figura siempre entre el lote de países cuya sociedad tiene peor opinión de Estados Unidos, con porcentajes superiores al 70 por ciento, que sólo compiten con los de algunas naciones árabes. De la composición de estas fortalezas y vulnerabilidades contrapuestas dependerá que el tropezón se convierta en caída o que sirva de impulso para redoblar la marcha en la buena dirección.

Europa se resiste

Al comentar el fallo a pedido del New York Times, la profesora Anna Gelpern destacó la orden de Griesa al agente de pago de los bonos reestructurados, el Bank of New York, de no colaborar si la Argentina no paga también a los tenedores de los bonos originarios que no entraron en el canje, y la pretensión de extender ese requisito a todo el mundo, según la orden transmitida también a Euroclear, con sede en Bélgica. De este modo, agrega Gelpern, los proveedores de servicios financieros pasan a ser autoridades de aplicación de la deuda soberana y esto no los complace. Los europeos no son complacientes con el avance de la jurisdicción estadounidense, y Euroclear se presentó como amicus curiae a favor de la Argentina ante la Corte Suprema. El New York Times agrega que este fallo podría ser usado incluso para negarle al FMI una posición privilegiada sobre los holdouts en cualquier reestructuración futura y vincula esta posibilidad con la preocupación del gobierno de los Estados Unidos, que advirtió a los tribunales inferiores sobre el gran problema que se generaría si los países prefirieran endeudarse en Londres. Esto menoscabaría el rol de Nueva York como centro financiero mundial y podría tener “un efecto perjudicial sobre el rol sistémico del dólar estadounidense”. Un solo acreedor podría frustrar un plan de reestructuración con apoyo internacional y de este modo erosionar décadas de esfuerzo estadounidense para alentar un sistema de resolución cooperativa de las crisis internacionales de deuda. En 2012, la conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo había fijado en Doha los Principios sobre Préstamos Soberanos Responsables, por unanimidad de todos los países. Dos de ellos se refieren a la reestructuración de deudas. El Principio 7, sobre la buena fe y el espíritu de cooperación que debe animar a los prestamistas, consideró que un acreedor que compra títulos de deuda en situación problemática, con la intención de forzar su cobro por fuera de una negociación consensuada actúa “de manera abusiva”. El Principio 15 postula que en caso de reestructuración de deuda aceptada por “la mayoría calificada de los acreedores”, la carga del ajuste y/o las pérdidas debe repartirse en forma equitativa. Esos Principios de la UNCTAD pueden considerarse como principios generales ya existentes en el derecho internacional, dado que están presentes en prácticamente todos los derechos domésticos, según constató en una investigación de 2012 el Instituto Max Planck de Derecho Internacional, de Alemania. También forman parte de los “principios generales del derecho de las naciones civilizadas” mencionados en el artículo 38 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, por lo que deben guiar el comportamiento de los Estados.

Anna Gelpern fue una de las expertas que hace seis meses coordinaron la reunión del Grupo de Trabajo de la UNCTAD sobre la elaboración de un Mecanismo sobre Deuda, en la que se discutieron esos principios de buena fe y de transparencia que deben aplicarse en toda negociación de deuda, complementando el enfoque puramente contractual con cláusulas de acción colectiva. Las nuevas reglas que se van abriendo paso en el mundo se alejan del enfoque anacrónico y radical del juez Griesa, en busca de consensos globales basados en el Derecho Internacional Público, con el sistema de las Naciones Unidas como órgano natural de discusión plural y democrática.

Hasta el Fondo

Por último, el jueves el propio FMI difundió un documento oficial en el que plantea prevenir el comportamiento predatorio de los holdouts en la reestructuración de deudas. El documento se titula “El marco para los préstamos del Fondo y la Deuda Soberana” e indica que se trata de consideraciones preliminares que deberían discutirse con los acreedores. El documento advierte contra los grupos minoritarios de acreedores que o no aceptan una reestructuración de sus títulos y consiguen cobrar en las condiciones originales o, después de un default, lo intentan por vía judicial. Aunque no los llama buitres ni especuladores, el FMI los caracteriza como “especializados en adquirir los títulos con un exagerado descuento y presionar por el pleno pago después de la reestructuración”. Agrega que la interpretación judicial de la cláusula de pari passu tornará más complicados los procesos de reestructuración de deuda. Si los holdouts pueden interrumpir los pagos a los acreedores que participaron en el canje, esto desalentará a otros de participar en reestructuraciones voluntarias. La disponibilidad de obtener el cobro sin pasar por un acuerdo voluntario de canje de deuda reducirá la cantidad de acreedores que acepten una reestructuración en el futuro. De este modo es evidente el fenómeno estructural en el que se encuadra el caso argentino. Hace una década, ante el caso “Elliot c. Peru” resuelto en los tribunales de Estados Unidos en forma similar al actual, el FMI lo consideró abusivo y propuso un Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana, que entonces no prosperó. Pero es previsible que en las actuales condiciones de crisis global, donde las costuras del sistema no dan para mucho más, haya una reacción política e institucional internacional para evitar que estas situaciones se repitan. El FMI discute ahora una fórmula que corrija la interpretación del pari passu, pero que sólo se aplicaría en futuros bonos, lo cual no eliminaría el problema con los existentes por lo menos durante los próximos diez años.

Barcos en el puerto

En otra columna firmada el jueves por Floyd Norris, el diario New York Times concuerda con la calificación de la Argentina como deudor recalcitrante que formuló la Cámara de Apelaciones porque “es un país que ha hecho del default un hábito nacional en los últimos dos siglos, haciendo que uno se pregunte por qué alguien le prestaría”. Esto no es cierto. En un trabajo académico realizado por los economistas de Princeton, Mark Aguiar, y de Stanford, Manuel Amador, se afirma que la mayoría de los países que hoy pueden conseguir fondos en el mercado internacional han protagonizado varias moratorias, incluyendo a Inglaterra, Francia y Alemania. Es raro que un país lo haga una sola vez, ya que “la norma es el default serial”, dicen. La abundancia de argentinos fanáticos del pronto pago y alérgicos al cambio de sede, de Nueva York a Buenos Aires, es más que llamativa. La consultora del ex secretario de Finanzas Daniel Marx, quien negoció la deuda durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, estimó que la mitad estaba en manos de argentinos, porcentaje que crecía hasta un espeluznante 63 por ciento si se excluían las deudas con el Club de París y con los organismos multilaterales. En perfecta coincidencia, los fondos que demandaron a la Argentina en Nueva York no tienen domicilio en los Estados Unidos sino en guaridas fiscales (havens, que el G-20 substituyó en sus documentos a heavens, paraísos, a solicitud de CFK). Una de ellas, Delaware, está en Estados Unidos pero tiene status extraterritorial. A juzgar por la cantidad de yates con patente de Delaware que fondean usualmente en Punta del Este, es posible que una parte de los tenedores de esos títulos también sean argentinos. Nadie desafina más que ellos cantando “New York New York”. En aquel trabajo presentado en la semana de las elecciones presidenciales de 2003 para señalarle el camino a quien resultara electo, Marx reclamó “algún mensaje para ellos”, como “negociar con el FMI”, cosa que el presidente Néstor Kirchner rehusó. Amador y Aguiar consignan que las renegociaciones son un proceso lento, que insume en promedio ocho años y que cuanto más se extienden mayores son las ventajas para los deudores. Otro estudio que citan, sobre 90 moratorias, señala que la reestructuración media aumenta en 5 puntos del PIB la carga a soportar por el país respecto del momento del default. En la Argentina ocurrió lo contrario: el peso de la deuda total se redujo y el vencimiento de los nuevos bonos argentinos emitidos no resultó más corto sino más largo que el de los anteriores impagos. “La evidencia indica que el desarrollo exitoso de largo plazo no se financia con deuda soberana, sino que más bien se asocia con un gobierno que reduce su deuda y/o acumula activos externos”, concluyen. Parece un identikit de la última década argentina, puesta ahora en riesgo por el fallo del juez Griesa.

Obligaciones contrapuestas

Durante dos semanas de noviembre de 2013 visitó el país el Experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa para el pleno goce de los derechos humanos, Cephas Lumina. El informe fue publicado el 2 de abril de este año y contiene elementos para impugnar la decisión de la justicia estadounidense ante foros internacionales. El especialista africano, que acaba de concluir su segundo mandato y fue reemplazado por el argentino Juan Pablo Bohoslavsky, sostiene que el plan alternativo de pago que los fondos buitre rechazaron en abril de 2013 habría supuesto un considerable retorno de las inversiones iniciales que esos fondos realizaron en 2008 y cumplido las disposiciones sobre la igualdad de trato. Más allá del caso argentino, el fallo convalida la estrategia de negarse a participar en las reestructuraciones de deuda soberana y presentar una demanda para recuperar el valor nominal de la deuda más los intereses. De prosperar, “minará la capacidad de los países que se encuentren en la misma situación para reestructurar su deuda de manera ordenada, oportuna, justa y eficiente”, dice Lumina. Como la Argentina “ha logrado importantes avances en la mejora de las condiciones sociales de su pueblo no se debe permitir que los fondos buitre y las decisiones irresponsables de financiación desbaraten esos progresos”. Por eso el Experto independiente apoya la posición del Gobierno de “no ceder a las demandas irrazonables” e insta a todos los países a que promuevan legislación “para limitar la posibilidad de que inversores sin escrúpulos traten de obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerable mediante litigios prolongados”. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desde 1994 tiene rango constitucional, sostiene que la Argentina debe utilizar “el máximo de los recursos de que disponga” para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, como la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo, antes de utilizarlos para otros objetivos, “como el servicio de la deuda”. El informe menciona los “Principios Rectores sobre la Deuda Externa y los Derechos Humanos”, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2012, según los cuales ningún acuerdo de los Estados sobre su deuda externa debería afectar su obligación de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales básicos. También destaca el papel importante de la Corte Suprema de Justicia argentina en la realización de los derechos a la salud, la alimentación y la vivienda. El tribunal ha reconocido la actualización jubilatoria y revocado los recortes salariales del sector público impuestos en 2001 para cumplir el pago de la deuda. Lumina menciona el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni en la causa de Hugo Galli, donde dijeron que las obligaciones contractuales de amortización de la deuda pueden limitarse en situaciones de crisis extrema en que el Estado, de lo contrario, no podría prestar servicios básicos para sus ciudadanos ni mantener los niveles mínimos de derechos humanos requeridos por los tratados internacionales. En un tramo pertinente para la situación creada por el fallo de la Corte Suprema en Washington, el informe constata que la crisis de la deuda de 2001 tuvo graves repercusiones contrarias a los derechos al trabajo, la seguridad social, la salud y la educación y que la reestructuración posterior generó mayor espacio fiscal para la inversión social. Las políticas puestas en marcha desde 2003 para promover el crecimiento económico con inclusión social “han contribuido significativamente al establecimiento de las condiciones para la realización de los derechos humanos y la mejora del bienestar de la población”. En sus conclusiones, el Experto independiente afirma que la experiencia argentina muestra fallas fundamentales en el sistema financiero mundial y ofrece dos lecciones importantes: que el crecimiento económico es fundamental para la capacidad de pago de la deuda, mientras que la austeridad fiscal desenfrenada no puede más que profundizar la situación de pobreza y que se necesita con urgencia un mecanismo internacional independiente basado en un conjunto claro de normas y procedimientos vinculantes para resolver los problemas de la deuda soberana y luchar contra la fuga de capitales. Entre las recomendaciones que formula a los acreedores internacionales de la Argentina incluye promulgar legislación nacional para combatir los litigios abusivos de los fondos buitre y velar por que “todo acuerdo de reestructuración de la deuda soberana tenga en cuenta la primacía de las obligaciones de derechos humanos, en particular las de la Argentina con su población”.

Tomado de aquí