Primer paso para cambiar de ventanilla

El oficialismo y sus aliados juntaron 39 votos afirmativos. Hubo 27 votos negativos y 2 abstenciones. Se introdujo la alternativa de la jurisdicción francesa y la comisión bicameral para investigar la legitimidad de la deuda externa.

Por Sebastián Premici

El Frente para la Victoria (FpV) consiguió la media sanción del proyecto que establece “el Pago Soberano de la deuda exterior”. El oficialismo obtuvo 39 votos afirmativos, junto a la ayuda de sus aliados, contra 27 votos negativos de la oposición (UCR, PRO, Unen, PJ disidente). El senador Aníbal Fernández introdujo en el debate las modificaciones al proyecto original, que incluyen la jurisdicción y legislación francesa como alternativa de pago a los bonistas que entraron al canje en 2005 y 2010 y la creación de una comisión bicameral para investigar la legitimidad de la deuda externa. Desde el FpV indicaron a este diario que tales modificaciones fueron realizadas para convalidar algunos planteos de la oposición. “Toda la propuesta de Massa fue escrita por los fondos buitre. Eso (por la jurisdicción francesa) fue lo único que pudimos rescatar. Y la bicameral es por el pedido de (Adolfo) Rodríguez Saá y (Fernando) Pino Solanas”, explicó Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Solanas y Magdalena Odarda (Unen Río Negro) se abstuvieron.

El resto de los senadores de la oposición mantuvieron un férreo rechazo, aunque hubo algunos matices en función de los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo. Si bien el radical Eugenio “Nito” Artaza votó en contra, cuestionó el fallo del juez Thomas Griesa y afirmó que lo que está en juego “es un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales”. Sus correligionarios obviaron los cuestionamientos hacia los fondos buitre.

“Francia tiene una normativa contra los fondos buitre, hay normativas puntuales que les impide su funcionamiento. Es decir, tienen prohibido cobrar más que la mayoría de los bonistas que accedieron a una reestructuración. Una persona como Roberto Lavagna se ha cansado de decir que hay que encontrar un lugar de pago para no sufrir embargos. La alternativa de Buenos Aires es una posibilidad”, manifestó Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque del oficialismo, al cierre del debate, que duró casi doce horas.

La novedad de la jornada estuvo dada por la formalización de los cambios introducidos por el oficialismo, luego de la reunión que mantuvo la conducción del bloque con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, el lunes por la tarde.

“Instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que se presenten a dicha Operación de Canje; quedando autorizada a tales fines, conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales ubicados en la República Francesa en los términos y condiciones de la presente Ley”, puede leerse en la nueva redacción del artículo 7 del proyecto, que también ofrece la posibilidad de emitir nuevos títulos con la legislación y jurisdicción local.

Además del cambio en el agente fiduciario y la posible nueva emisión de títulos para cambiar la jurisdicción, la iniciativa prevé que se depositen “en la cuenta del nuevo fiduciario los pagos correspondientes al 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que todavía no ingresaron al canje, quienes podrán acceder a esos fondos si aceptan cambiar los bonos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda”.

“El proyecto de ley no soluciona absolutamente nada, a lo sumo pretende buscar tiempo, dilatar la situación, pero creo que podrían haberse creado otros mecanismos”, sostuvo la radical Laura Montero, quien agregó que “el gobierno nacional debería buscar los consensos suficientes, abrirle la puerta al Congreso, convocarnos para buscar una solución por las consecuencias que implicaría el default para el país”. Pero fue el Gobierno quien convocó al Congreso para buscar dicha solución. No por nada fueron incluidas dos modificaciones que surgieron de otras propuestas legislativas.

La senadora del PRO, Gabriela Michetti, esbozó una fórmula similar, incluso “mejoró” la propuesta que había esbozado su jefe político, Mauricio Macri. “El Congreso debería buscar un consenso político y sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia de Griesa después de enero”, argumentó la legisladora, antes de afirmar que “la excusa de la RUFO es una mentira”.

El sanjuanino Roberto Basualdo se presenta en el Senado como el primer peronista en dar el salto al massismo. Por eso, durante su intervención defendió el proyecto del Frente Renovador.

–Ahora que se incorporó la jurisdicción de Francia, como propone el FR, ¿acompañará la iniciativa? –le preguntó Página/12.

–No, porque así no sirve, hay que votar todo el proyecto junto. A los norteamericanos les gusta el tema de la seguridad jurídica. Por eso nosotros proponemos derogar las facultades delegadas, y crear un instituto de estadísticas creíbles. Además mantenemos el BoNY como sede de pago, ya que es por donde pasa el 70 por ciento de las reestructuraciones del mundo –respondió.

–¿Pero qué tienen que ver las facultades delegadas con la puja con los fondos buitre? –insistió este diario.

–¿¡Pero cómo que tiene que ver!? Acá se hizo todo mal y nosotros queremos dar seguridad. Los cambios no sirven para nada –agregó el sanjuanino.

“El proyecto del massismo fue redactado por los abogados de los fondos buitre, porque sigue manteniendo la jurisdicción de Nueva York y al banco de esa ciudad. Tiene inconsistencias internas, con artículos incompletos y referencias cruzadas imprecisas”, explicó a este diario Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén).

El radicalismo votó en contra. El correntino Eugenio Artaza había amagado con votar a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero luego “fue convencido” para acompañar al resto de su bloque. Sin embargo, en su discurso ofreció algunos matices que lo diferenciaron de sus correligionarios.

“Tenemos que dar una señal fuerte tanto al juez como a los fondos especulativos. La Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. ¡¿Qué nos viene a decir ahora que si dejamos en la cola a los buitre, como dicen, no habrá inversiones en el país!? Estamos hablando de un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales. No es posible que nos sigan exigiendo seguridad jurídica para estos fondos buitre”, manifestó Artaza, quien también sugirió que el Poder Ejecutivo debería solicitarle a la Corte Suprema de Justicia una declaración de certeza sobre la legalidad del fallo de Griesa.

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Otra oportunidad para medio millón de abuelos

El proyecto del Gobierno tuvo el respaldo de la oposición, aunque la mayoría de los bloques objetaron algunos puntos. La iniciativa les permitirá acceder a la jubilación a más de 500 mil personas, la mayoría del 30 por ciento más pobre de la población.

Por Sebastián Premici

La Cámara de Diputados estaba por convertir en ley, al cierre de esta edición, la nueva moratoria previsional para que más de 500.000 personas accedan a un haber jubilatorio. Tanto el Frente para la Victoria (FpV) como las distintas fuerzas de la oposición, UCR, PRO, Unen y Frente Renovador, entre las principales, expresaron su respaldo para aprobar la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió antes en el Senado. Sin embargo, la UCR, Unen, el Frente Renovador y el PRO cuestionaron algunos artículos en la votación en particular. “La ley promovida por el Poder Ejecutivo implica el acceso del ciento por ciento de los adultos mayores al derecho de la jubilación. El sistema previsional argentino es, lejos, el mejor de América latina, porque tenemos la mejor mínima, la mejor media, el mejor sistema de movilidad y la mayor cobertura”, sostuvo Juan Carlos Díaz Roig, miembro informante del oficialismo.

La moratoria se pagará en planes de 60 cuotas, con una quita inicial cercana al 50 por ciento. El monto de las cuotas no podrá exceder el 30 por ciento del haber jubilatorio que pasará a cobrar quien se anote en la moratoria (ver aparte).

El diputado nacional Martín Lousteau (Suma+Unen) manifestó que si bien la ley de moratoria tiene un fin “loable”, el sistema previsional “es 150 veces más generoso con aquel que no hizo sus aportes que con quien hizo sus aportes regularmente”. “El sistema tarde o temprano tendrá inconvenientes de solvencia y otra vez vamos a defraudar a los jubilados”, auguró el ex ministro de Economía.

Sus palabras poseen el eco del debate por la movilidad jubilatoria, cuando los dirigentes opositores auguraban que la fórmula elegida no tardaría mucho en arrojar un número negativo para los adultos mayores. En cinco años, la movilidad acumuló un incremento superior a la inflación medida por las consultoras privadas y mayor que el índice de salarios de los trabajadores privados (ver aparte).

“El tema de la cobertura previsional de los adultos mayores es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial. Creo que sólo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y por la inclusión toma este tipo de iniciativas, que no sólo están inspiradas en cuestiones de equidad, sino que se hacen con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía”, esbozó Carlos Heller (Nuevo Encuentro-FpV).

En la década del ’90, cuatro de cada diez abuelos quedaron excluidos del sistema de la seguridad social como consecuencia de las políticas neoliberales, cuyo resultado fueron una disparada del desempleo y la precarización laboral. A los dos años de la asunción de Néstor Kirchner se lanzó la primera moratoria jubilatoria que permitió incorporar a 2,8 millones de adultos mayores. Ese plan había establecido como fecha límite para regularizar la deuda previsional el año 1993. Pero como entre el período 1993-2003 se registraron los mayores índices de desi-gualdad social, esta segunda etapa de la moratoria amplió la fecha de corte a 2003.

“Vemos con beneplácito este proyecto por la inclusión. Pero son parches a la ley, que desde su sanción viene siendo modificada constantemente. Estoy de acuerdo con un sistema de reparto, pero creo que es necesario reformar el sistema previsional que actualmente no incluye a todos los que debería, sobre todo en un contexto económico debilitado”, aseveró Mirta Tundis (FR).

La prioridad en esta moratoria la tendrán los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que el sistema prevé un exhaustivo control para determinar que aquellos que accedan a este beneficio no tengan realmente la capacidad contributiva para regularizar su situación de otra manera. Los potenciales beneficiarios deberán completar una declaración jurada ante la AFIP.

Desde la Anses aseguraron que el trámite será sencillo y que los potenciales jubilados no necesitarán contar con un gestor. El nuevo plan apuntará especialmente a incluir a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30 por ciento más pobre de la población.

Esta distinción que realiza el proyecto, con el objetivo de llegar a los deciles más vulnerables de la población, fue interpretada por la oposición como “un acto discrecional del Ejecutivo”. “No estamos de acuerdo con la discrecionalidad que se les da a los funcionarios para determinar quién puede participar de la moratoria y quién no, porque ella puede dar lugar a que los potenciales beneficiarios sean manipulados al amparo de estas atribuciones”, manifestó el macrista Federico Sturzenegger.

El legislador Claudio Lozano (Unidad Popular) coincidió con la crítica esbozada por el ex presidente del Banco Ciudad y adelantó su aprobación en general pero cuestionó el artículo que especifica que sólo podrán acceder a la moratoria aquellos que no tengan los recursos suficientes como para afrontar el pago completo de una deuda previsional.

“Se beneficiará a los tres deciles más pobres de la sociedad. En 2003, tenía derecho jubilatorio un 23 por ciento de los hogares del primer decil. Con la moratoria lo llevamos al 51,6, pero todavía falta mucho”, había advertido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al momento de anunciar el lanzamiento de la nueva moratoria.

El Partido Obrero también adelantó su acompañamiento al proyecto, aunque con rechazos en la votación en particular. Por un lado, coincidió con el PRO y otras fuerzas opositoras en rechazar la atribución que tendrá el Poder Ejecutivo para determinar quién puede ingresar a la moratoria o no.

Esta distinción se agregó para llegar a los sectores más vulnerables y para corregir errores de las otras moratorias, que habían permitido el ingreso de muchas personas con altos recursos, tal cual explicó Diego Bossio, titular de la Anses, en sus distintas visitas al Congreso.

La moratoria de 2005 no permitía que los pensionados –por ejemplo, una viuda que cobraba la jubilación de su difunto marido– accedieran al beneficio. Ahora será posible tramitar la propia jubilación además de la pensión, aunque ésta no deberá superar el monto del haber mínimo. “Todos los sistemas previsionales encuentran una opción: la de favorecer privilegios sectoriales o la de favorecer la inclusión social. El Gobierno se inclinó por la segunda”, concluyó Díaz Roig.

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Viviendas al por mayor

La inversión del Estado nacional ascenderá a 28 mil millones de pesos. De las 105 mil viviendas, 64 mil serán nuevas y 41 mil, mejoramientos de existentes.

Por Sebastián Premici

“Estamos lanzando hoy un refuerzo y ampliación del plan de viviendas populares en Argentina.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo programa que permitirá construir 105.186 viviendas, de las cuales 64.151 serán unidades nuevas y 41.035, mejoramientos de unidades existentes. La inversión total alcanzará los 28.000 millones de pesos. Los recursos saldrán del Estado nacional, mientras que las provincias serán las encargadas de llevar adelante las licitaciones y el proceso de ejecución. Ayer, 18 provincias firmaron un convenio para participar de este relanzamiento del plan de viviendas titulado Vivir más Cerca.

“Este plan tiene un efecto federal, ya que todos los planes se licitarán y las provincias tendrán a su cargo la ejecución. Participarán aproximadamente 1000 pymes de todo el país en más de 1500 obras. Cada vivienda representa la movilización de distintos sectores, como el de los trabajadores, la industria del acero, la madera, ladrillos, etc. En este sentido, la vivienda es un generador de empleo y un organizador social”, explicó Fernández de Kirchner.

Con esta nueva etapa del programa Vivir más Cerca podrán generarse, según los cálculos realizados por el Ministerio de Planificación, 100.000 puestos de trabajo directos y otros 160.000 indirectos.

En el segundo trimestre del año, la generación de empleo creció un 0,5 por ciento, es decir, aproximadamente 50.000 puestos de trabajo. Los sectores que tuvieron una retracción más marcada fueron el comercio, con -0,3 por ciento y la construcción, con -4,6. La posible generación de 260.000 puestos laborales entre directos e indirectos es la apuesta a una política anticíclica para dinamizar el mercado laboral. “Necesitamos mucha actividad económica”, acentuó la mandataria.

El plan Vivir más Cerca permitirá poner en marcha 105.186 soluciones habitacionales. Del total de obras, 17.742 están próximas a iniciarse, 39.269 se encuentran en licitación, otras 18.794 serán licitadas en los próximos meses y 30.928 ya fueron presentadas.

Cada jurisdicción tendrá un cupo asignado de viviendas, que se define en función de las necesidades de cada lugar. Las jurisdicciones que firmaron el convenio con la Nación fueron Buenos Aires (con un cupo de 13.644), Catamarca (2787), Chubut (2784), Corrientes (2018), Formosa (4724), Jujuy (4429), La Pampa (1812), Mendoza (8046), Misiones (8028), Salta (3758), San Juan (4230), San Luis (1900), Tucumán (7698), Córdoba (3360), La Rioja (2736), Santa Fe (6288) y Tierra del Fuego (1164). También estarán incluidas la ciudad de Buenos Aires (700), Santa Cruz (1639), Santiago del Estero (4136), Río Negro (3232), Neuquén (3465) y Chaco (8540).

El esquema de control que aplicará el Ejecutivo permitirá redireccionar el cupo de construcciones asignadas, en caso de que una provincia no cumpla con los plazos de ejecución. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, también firmaron el convenio. Junto a la presidenta estuvieron Julio De Vido, ministro de Planificación, y Axel Kicillof, de Economía.

Durante el acto, la Presidenta realizó dos teleconferencias para anunciar la entrega de viviendas. Una fue con La Rioja, en la que el gobernador Luis Beder Herrera explicó que se entregaron 104 viviendas en el barrio Virgen de Guadalupe, en la localidad de Ciudad Nueva. El mandatario provincial agregó que ya se habían inaugurado en la provincia 214 viviendas hechas por cooperativistas.

La segunda teleconferencia fue con el Chaco, en la que el gobernador Juan Carlos Bacillef Ivanoff anunció la entrega de 40 viviendas para el barrio Marcos Bautista Bassi, ubicado en la localidad de Margarita Belén, lugar emblemático de las causas por delitos de lesa humanidad, ya que allí se ejecutó durante la última dictadura a once militantes y otros cuatro fueron desaparecidos.

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LAS CEREALERAS LIQUIDARIAN 2700 MILLONES DE DOLARES MAS ESTE AñO: Temporada de cosecha verde

En lo que va del año, el complejo agroexportador liquidó casi un 10 por ciento más de divisas que en el mismo período de 2013. Las proyecciones en base al volumen de producción indican que la disponibilidad de dólares crecería hasta 15 por ciento en 2014.

Por Sebastián Premici

 

En el primer cuatrimestre del año, el complejo agroexportador liquidó divisas por un total de 7348 millones de dólares, un 9,6 por ciento más que lo liquidado en el mismo período de 2013. Este resultado contrasta con lo ocurrido durante las primeras cuatro semanas del año, cuando los exportadores de granos y oleaginosas tomaron la decisión de no vender su producción, situación que profundizó un conflicto político-económico que derivó en la devaluación del peso. En las primeras cuatro semanas del año, la liquidación de divisas se había contraído un 13 por ciento. Pero en lo que va del año, los embarques de soja se incrementaron un 6,2 por ciento. La normalización del mercado exportador no sólo bajó las tensiones en el mercado cambiario, sino que también repercutió en las economías de las provincias.

El 30 por ciento de las retenciones a la soja se coparticipa a través del Fondo Federal Solidario (FFS), destinado exclusivamente al financiamiento de obra pública. En el período enero-abril, las provincias recibieron 4932 millones de pesos, un 77,5 por ciento más que el acumulado en el mismo período de 2013. Todos estos datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, cuyo director es el economista Andrés Asiain. Este año podrían ingresar 2700 millones de dólares más que en 2013.

El estudio analizó los datos de la Cámara de Exportadores (CiaraCEC), el Ministerio de Agricultura y los permisos de exportación (ROE) entregados por la Ucecsi. Las autorizaciones de exportaciones de soja ascienden a 3,6 millones de toneladas, un 9,73 por ciento superior frente a las autorizaciones del año pasado, mientras que los embarques concretados en abril representaron 856.000 toneladas, un 6,20 por ciento más que el año anterior.

“Para abril, los dólares liquidados totalizaron 2919 millones, un 7,4 por ciento más que el mismo período de 2013, y un 9,6 superior en el acumulado anual”, sostuvo Nicolás Zeolla, autor del informe. Según los datos del Indec (Cuentas Nacionales, base 2004), los exportadores de materias primas no son el sector que más aporta al producto bruto interno. Primero están las exportaciones de manufacturas industriales, luego las manufacturas de origen agropecuario y, en tercer lugar, los productos primarios. Sin embargo, la liquidación de divisas del sector sojero resulta relevante para el manejo del tipo de cambio, las reservas del Banco Central y el manejo de las expectativas macroeconómicas.

Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, la actual coyuntura presenta datos que permiten avizorar un mayor flujo de divisas que el año pasado. Un indicador en este sentido sería la evolución del FFS, que surge del 30 por ciento de las retenciones a la soja. En abril, presentó un acumulado de 4932 millones de pesos, un 77,5 por ciento más que en 2013. En el caso de descontar el efecto del tipo de cambio, la distribución acumulada estimada en dólares a abril de 2014 totalizaría 543 millones, un 15,2 por ciento más que el acumulado a abril de 2013.

“Este conjunto de indicadores analizados adelantan que la oferta de divisas proveniente de las mayores exportaciones de soja de la campaña 2013/14 se incrementará para este año entre un 9 y un 15 por ciento en relación con la oferta de divisas de 2013, equivalente a unos 2700 millones de dólares extra”, sostuvo Zeolla.

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EL PROPIO FRENTE RENOVADOR ESTIMO UN COSTO FISCAL DE ENTRE 8 MIL Y 10 MIL MILLONES DE PESOS POR BAJAR RETENCIONES: Miles de millones para el sector rural

El coordinador del equipo económico de Sergio Massa y uno de los autores del proyecto de ley para bajar retenciones reconocieron a Página/12 el costo fiscal de la medida. Equivale a entre 20 y 25 por ciento del Presupuesto para la Asignación Universal por Hijo.

Por Sebastián Premici

 

El costo fiscal del proyecto de Sergio Massa para la eliminación de retenciones al trigo y una fuerte reducción en maíz y carne oscilaría entre 8 mil y 10 mil millones de pesos. Así lo reconocieron Gilberto Alegre, uno de los legisladores que presentará en el Parlamento la iniciativa junto a Felipe Solá, y Ricardo Delgado, economista de ese espacio político. Para tener una dimensión del costo fiscal, este proyecto equivaldría a reducir en un 57 por ciento los recursos por la Asignación Universal por Hijo o bajar un 42 por ciento las inversiones en transporte. El líder del Frente Renovador explicó que la eliminación de los derechos de exportación tiene por objetivo incentivar la siembra del trigo para la próxima cosecha. Sin embargo, el propio Delgado reconoció a Página/12 que sería “difícil estimar la superficie sembrada, ya que eso depende también de los precios del producto y de la relación de precios con otros cultivos”. Es decir, no existe una relación directa entre retenciones y expectativas de siembra.

En la campaña 2008/2009, la producción triguera disminuyó por razones climáticas hasta 8,3 millones de toneladas, 50 por ciento menos que la anterior. En 2009/2010, la producción quedó en 9 millones de toneladas. Sin embargo, en las dos campañas siguientes, con el actual nivel de retenciones y el mismo sistema de exportación basado en cupos, la producción creció hasta 15,8 y 14,5 millones de toneladas, respectivamente. En 2012, además, se vendieron al exterior 11,5 millones de toneladas de trigo.

El gobierno nacional estima que por la campaña 2013/2014 se exportarán 78,2 millones de toneladas de granos, aceites y otros subproductos derivados del trigo, soja, sorgo, cebada, maíz y otros. Las retenciones al agro sobre la recaudación total representarán el 6,05 por ciento. En la campaña anterior, el peso de los derechos de exportación fue del 6,12 por ciento. Es decir, la tan mentada presión fiscal del gobierno sobre el sector, vía retenciones, no subirá sino que caerá en la campaña en curso, según determinó un trabajo de Economía del Bicentenario.

Este instrumento de política económica cumple un rol central para el Estado. El total de estas ventas al exterior representarían divisas para el país por un total de 32.450,2 millones de dólares. A partir de la aplicación de los distintos derechos de exportación, el Estado recibiría 9753 millones de dólares, es decir, 66.415 millones de pesos.

Presupuesto

Una eliminación total de retenciones al trigo o una drástica reducción en otros cultivos provocaría una transferencia de recursos en favor del sector agropecuario, que beneficiaría más a los productores más grandes. En base a la estimación de Alegre y Delgado de un costo fiscal de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos, Página/12 calculó la incidencia potencial del proyecto del Frente Renovador en base al Presupuesto 2014.

- Las asignaciones familiares presupuestadas para este año ascienden a 39.786 millones de pesos. De prosperar el proyecto de Sergio Massa, su costo fiscal equivale a entre 20 y 25 por ciento de esas partidas.

- Las inversiones en transporte fueron calculadas para este año en 23.362 millones de pesos. El costo fiscal de la iniciativa del FR es equivalente al 34 y 42 por ciento del presupuesto en esta área.

- Otro rubro sensible para el conjunto de la población tiene que ver con las inversiones en agua potable y alcantarillado. Para 2014 se prevé una inversión de 10.320 millones de pesos. La reducción de retenciones propuesta por Massa equivale a una pérdida presupuestaria de entre 77 y 96 por ciento, si todo lo recaudado por esas retenciones fuera sólo para estas obras.

- En el rubro educación y cultura, el Estado nacional estimó recursos por 8360 millones de pesos. La relación en este caso va del 95 al 119 por ciento.

Soja

Luego del conflicto por las retenciones móviles, el gobierno nacional creó el Fondo Federal Solidario, que toma el 30 por ciento de las retenciones a la soja y lo distribuye directamente a las provincias, bajo el esquema de coparticipación.

Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura para la campaña 2013/2014, los ingresos por retenciones a la soja serían de 55.600 millones de pesos. De ese total, el 30 por ciento se destinará a las provincias, es decir un total de 16.700 millones. Un estudio elaborado por la Gran Makro determinó que si estuvieran vigentes las retenciones móviles, al mismo tiempo que el Fondo Federal Solidario, las provincias hubieran recibido, entre marzo de 2009 y abril de 2013, 6081 millones de pesos más.

“Frente a los desbalances de la economía, el Estado tiene que regular, distribuyendo las rentabilidades de los sectores económicos o en este caso los superávit de un sector que tiene baja presión impositiva y que ha logrado reducir los derechos de exportación en casos como el trigo y que ahora pide la eliminación de las retenciones, lo que hará que se incremente aún más este desbalance”, señaló Ernesto Mattos, del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges).

“Más allá de situaciones puntuales, el problema de fondo es la racionalización de un sector que no quiere contribuir a un proyecto colectivo. A los que les va bien, quieren quedarse con toda la renta y que la Nación se quede sin recursos. La propuesta de eliminar las retenciones al trigo es inaceptable, por su fuerte impacto en los precios internos de los alimentos”, consideró ante Página/12 el economista Ricardo Aronskind, de la Universidad Nacional General Sarmiento.

Para el economista de la Gran Makro, Federico Vaccarezza, magister en relaciones comerciales internacionales de la Untref, la discusión de fondo pasa por la potestad regulatoria del Estado. Desde este espacio elaboraron un proyecto para crear una unidad con capacidad de compra y venta de granos, al estilo de la vieja Junta Nacional de Granos, que le permita al Estado negociar directamente con otros Estados la colocación de los granos de exportación y productos elaborados.

“Esta empresa o unidad dentro del Estado se dedicaría a la compra de stock para el país, les pagaría el precio pleno a los productores para evitar los abusos de las multinacionales. Con este esquema no habría que eliminar retenciones sino que estaríamos incentivando la producción con herramientas diseñadas desde el propio Estado”, concluyó Vaccarezza.

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ANALISIS DE LA CRISIS EUROPEA Y LAS SOLUCIONES POLITICAS FALLIDAS: “La socialdemocracia fracasó”

El prestigioso catedrático británico John Weeks evalúa que la Unión Europea se convirtió en el instrumento de Alemania para gobernar Europa. Afirma que el fracaso de la UE significará el reverdecer de los nacionalismos de derecha.

Por Sebastián Premici

“La crisis económica en Europa habla en realidad del fracaso de las políticas de la socialdemocracia. Los principales problemas de los países de la región tienen que ver con los condicionamientos que aceptaron para entrar al euro. En este contexto, la Unión Europea se convirtió en el instrumento de Alemania para gobernar Europa.” Este crudo diagnóstico corresponde al economista británico John Weeks, de la Universidad de Londres, quien estuvo en el país para participar de las Jornadas Monetarias organizadas por el Banco Central y de una charla organizada por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo (CefidAR). El académico sostuvo que lo más recomendable para los países de la región que están en crisis es salir del euro en forma conjunta, con el objetivo de que cada uno pueda comenzar un proceso de implementación de una política fiscal propia. El académico también advirtió que el fracaso de la UE como bloque de contención significará el reverdecer de los nacionalismos más extremos de las derechas europeas.

La UE, direccionada por Alemania, reaccionó a la crisis económica y financiera con una serie de planes de rescate que en la práctica significó un ajuste fiscal. El desempleo en el bloque asciende al 10,5 por ciento y en la Eurozona al 11,4 por ciento. Esto significa que hay más de 25 millones de personas sin trabajo. En España y Grecia la desocupación es del 25 por ciento. “Los alemanes dicen que no se puede gastar tanto como en 2008 y 2009, pero es al revés. Hay que incrementar el gasto público. La reducción de salarios en algunos países no ayudará en este proceso, tampoco la reducción general del gasto público con la intención de pagar la deuda contraída por ellos mismos”, sostuvo Weeks tras su paso por el país.

Entre el 2000 y 2008, el resultado primario de España fue positivo. Pero una vez ingresado en la crisis, el país ibérico alcanzó un déficit de 5 por ciento de su PBI y luego del pago a los bancos (rescate), al 12 por ciento. “Cuando España entró en un proceso de rescate, los bancos recibieron recursos para salvarse. Pero en realidad terminaron especulando con esos fondos, lo que provocó un aumento de la inestabilidad española. El crimen de la socialdemocracia (continuado por el actual partido de gobierno) fue la salvación de los bancos”, sostuvo el académico inglés.

En el caso de Italia, Weeks sostuvo que no existe un problema de tasa de interés ni un peso relativamente fuerte de la deuda. De hecho, Italia era uno de los países con excedente primario antes de la crisis. En este sentido, el punto neurálgico para Italia habría que buscarlo en las claudicaciones al momento de ingresar en la Zona Euro, al igual que Grecia. “La deuda bruta y neta de Italia es la misma de los últimos 20 años. Por eso el problema está en su tasa de crecimiento, que durante los últimos quince años fue del uno por ciento en promedio”, afirmó.

Las directrices neoliberales aplicadas en la UE sostienen que las políticas públicas de los gobiernos restringen, limitan y distorsionan la habilidad de las personas para tomar decisiones, la misma retórica que se aplicó en la década de 1990 en la Argentina. Por eso para Weeks uno de los problemas fundamentales del actual contexto pasa por la definición de la “economía”. Hace doscientos años, esta ciencia (social) era definida como “la asignación de recursos limitados para necesidades sin límites”. “La economía debería ocuparse de cómo movilizar recursos para el bienestar social. Esta fue la gran contribución de Keynes”, agregó Weeks.

Para este crítico de las visiones ortodoxas y neoliberales la solución a la crisis europea podría encontrarse en una salida conjunta del euro por parte de aquellas economías más afectadas (España, Italia, Portugal, Grecia e Islandia). Entre todos representan el 45 por ciento del PBI de la UE. “Las consecuencias del fracaso de Europa es el empobrecimiento de la clase obrera. Pero más complejo aún es el reverdecer de los nacionalismos europeos y la alta conflictividad que empieza a asomar de la mano de las derechas”, concluyó el académico.

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