Creo que estas son preguntas necesarias y fundamentales para el momento actual de nuestras economía-política: "¿Por qué quedar prisionero de la inversión externa y
reproducir el modelo productivo extractivo para la exportación o el desarrollo
fabril de armaduría dependiente de insumos externos, también para la inserción
exportadora? ¿Puede construirse otro modelo productivo en el agro y en la
industria? ¿Es posible modificar el patrón de consumo estimulado por la
producción monopolista actual?"
Luego de idas y vueltas se confirmó que el Club de París
habilita la discusión para cancelar deuda pública impaga por unos 9.000
millones de dólares desde fines de mayo próximo.
Vale recordar que la puntada inicial fue dada a comienzos de
año, por el Ministro de Economía que acercó en enero una propuesta de pago en
viaje relámpago a París.
El paquete de “negociación” incluye que el FMI revise las
cuentas de la Argentina.
Todo indica que se está en caminos de “normalización” de la
inserción internacional de la Argentina con el sistema mundial del capitalismo.
El Club de París incluye a las principales potencias del capitalismo y a los
organismos internacionales.
Lo curioso del caso es que se trata de una deuda
mayoritariamente asumida en tiempos de la dictadura genocida y que por lo
tanto, bien podría catalogarse de “odiosa”.
Muchos cuestionan la posibilidad de auditar la deuda por las
sucesivas renovaciones realizadas en tiempos constitucionales, de hecho, cada
turno presidencial desde 1983 renegoció y convalidó deudas. Ocurrió con
Alfonsín, Menem, De la Rúa, Kirchner y con Fernández.
Si bien el argumento de la imposibilidad de auditar toda la
deuda es discutible, no hay duda que esta parte de las acreencias es pasible de
ser denunciada, claro que si se la investiga con procesos de auditorías
contables, incluso de carácter internacional siguiendo el ejemplo del
antecedente ecuatoriano.
El Club,
Repsol y el CIADI...
No existen dudas que el gobierno argentino busca re-establecer
lazos de inserción con el mundo capitalista, lo que supone terminar el proceso
de cesación de pagos iniciado en diciembre del 2001, para lo que resta culminar
el arreglo con el Club de París y con el 7% de los tenedores de títulos que no
ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y sus reaperturas del 2010 y 2013,
algunos de los cuales se procesan en conflictivos juicios en EEUU. Entre ambos
conceptos puede alcanzarse un valor de 15.000 millones de dólares.
Pero también, Argentina empezó a reconocer los fallos del
CIADI sumando nuevas deudas a soportar por las finanzas públicas. Insistimos en
que Argentina es el país con mayores demandas ante este ámbito del Banco
Mundial, del cual ya se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela y que Brasil
jamás suscribió. Los procesos en curso ante el CIADI constituyen una hipoteca difícil
de estimar para las finanzas públicas argentinas.
En ese camino de “normalización” es que se justifica el
acuerdo propuesto a Repsol, que esta semana defendió el gobierno ante el
Senado, para cancelar la deuda por la expropiación parcial de YPF. El pago será
en bonos con valor nominal por 6.000 millones de dólares, con vencimientos
sucesivos hasta el año 2033 y que pueden valorizarse y costar al fisco en todo el
periodo de circulación unos 11.000 millones de dólares.
Es evidente que esta danza de millones de dólares por deudas
viejas o nuevas, odiosas o reales, que bien vendría investigar y auditar,
incluso favoreciendo los procesos legales en curso en la justicia de nuestro
país, tienen como sentido “normalizar” la inserción de Argentina en el
capitalismo mundial.
¿Para qué? La explicación alude a las restricciones externas,
o sea, al ingreso de capitales foráneos para el funcionamiento del orden
capitalista local, o si se quiere al saldo positivo del ingreso y salida de
capitales.
En el 2013 se aceleró la pérdida de divisas, la llamada fuga
de capitales, ejemplificada en la caída de más de 12.000 millones de dólares de
reservas internacionales. La fuga no significa necesariamente una situación delictiva,
sino opciones de búsqueda de rentabilidad de las inversiones de capital en el
exterior. Es lo que argumentó Repsol para explicar la remisión de utilidades al
exterior por 13.000 millones de dólares en una década. Fueron fondos
relocalizados para inversiones en diversos territorios, especialmente en
África.
La fuga de capitales viene de larga data, aceleradas desde el
2011 y que intentó frenarse con la devaluación de enero pasado, algo que cuesta
asumir como política deliberada en ámbitos gubernamentales. Un interrogante de
la coyuntura remite a si se frenó el drenaje de divisas, si se puede revertir
la situación y por lo tanto si se puede considerar estable la paridad cambiaria
o requerirá nuevas adecuaciones en el corto o mediano plazo de este mismo año.
Se argumenta que el país necesita ampliar sus inversiones
para mejorar la productividad y con ella el ciclo virtuoso de la producción, es
decir el consumo y la inversión. Pura lógica de funcionamiento del orden
capitalista, que requiere de inversores con disposición a valorizar sus
capitales, o sea a producir plusvalor y obtener ganancias como resultados.
El problema son los límites a la inversión, situación clara
respecto de la inversión pública, que sostuvo en estos años la tasa general de
inversión y hace evidente la escasa disposición a invertir del capital local, algo
que se explicita en los discursos oficiales que sugieren con recurrencia a los
empresarios que inviertan en la ampliación de la producción local, con
escasísimo resultado.
Por todo ello es que la intencionalidad gubernamental pasa
por atraer inversores del exterior, en el camino que sugiere la asociación
entre YPF y Chevron. Pero también habilitar el camino de obtención de nueva
deuda, lo cual requiere terminar con la cesación de pagos como exigencia del
sistema financiero mundial.
¿Es
posible transitar otro camino, otra política económica?
No se trata de una pregunta retórica. La respuesta dividió
aguas políticas en el movimiento popular que resistió las políticas menemistas
(1991/1999) y las de la Alianza (1999/2001), y antes la de la dictadura
(1976/1983).
Una porción del movimiento popular y del pensamiento crítico
de los 70´ y los 90´ considera que las políticas de la última década
(2003/2013) son el límite de lo posible y acreditan como éxito la disminución
de los indicadores sociales tales como se manifestaban en la crisis del 2001.
Algunos de ellos se animan a suscitar la necesidad de relanzar un imaginario de
nueva ronda de reformas que pueda entusiasmar y contribuir a constituir sujetos
políticos y sociales que sostengan un proyecto político para la transformación.
El límite que se les presenta a unos y a otros es el propio
orden capitalista, bajo políticas ortodoxas o de austeridad, (como en Europa u
otros países que en nuestra región sustentan políticas de libre comercio); o
neo-desarrollistas, (sea EEUU y su intervencionismo estatal, tanto como países
con políticas críticas al neoliberalismo en América Latina). La heterodoxia
argentina choca también con el capitalismo real, que exige condiciones para
sostener un ciclo de inversiones que asegure rentabilidad adecuada al tiempo
histórico de crisis capitalista. Es la alta rentabilidad ofrecida lo que hizo
emergentes a China, India o Brasil, ante las bajas rentabilidades ofrecidas en
el capitalismo desarrollado, con tasas de interés tendiendo a cero. Se puede
escamotear el índice de precios ante cierto punto, tal como ocurrió entre 2007
y 2013, pero no se puede hacer eternamente.
La lógica del mercado capitalista solo acepta un determinado
nivel de intervención estatal, especialmente si existe organización y lucha
social desplegada en las calles. Por eso, las desmovilizaciones masivas de la
sociedad son funcionales a la demanda de “normalización” capitalista, y al
mismo tiempo, convoca a sostener la capacidad de movilización, de resistencia y
de demanda por mejoras sociales de los sectores más perjudicados en el orden
económico.
Podríamos recordar a Hugo Chávez cuando señaló a fines del
2004 que no debían esperarse soluciones para los pueblos del mundo bajo la
lógica del orden capitalista, que recordemos, se somete a la lógica de la
ganancia y la acumulación. De ahí surge la convocatoria a pensar nuevamente el
socialismo en el Siglo XXI. Se legitima así el pensamiento crítico anti
capitalista y se habilita a discutir un nuevo orden de relaciones sociales en
la economía, retomando la agenda sustentada en el Manifiesto Comunista para el
Siglo XIX y más fundada en El Capital.
Es cierto que ante este debate, muchos acusan a la propuesta
de utópica, ante los límites concretos para afirmar y desarrollar el
anticapitalismo como propuesta a construir en la sociedad actual, sea en
Venezuela o en cualquier país. Conspiran las experiencias fallidas (URSS y
Europa del Este) y aquellas en curso, entre ellas la cubana, que tiene el
límite del criminal bloqueo estadounidense y una situación de época mediada por
la ofensiva capitalista desplegada desde la crisis de mediados de los 70´. La
articulación integrada de un bloque socialista está limitado desde la desaparición
de la URSS y el bloque soviético, e incluso las articulaciones con pretensión
alternativa, el “tercer mundo”, atraviesa por los límites de sus diferentes
posiciones en la situación actual, donde el imaginario cambio si se es “emergente”
o receptor de inversiones externas, o si se está en situación de extrema
vulnerabilidad, como ocurre en la periferia del sur del mundo.
Este es el marco de la discusión en nuestro país, en la
región y en el mundo, que puede condenarnos al límite de lo posible o abordar
el camino de la crítica de la realidad, por muy dura que esta sea, es decir, la
crítica del capitalismo, lo que exige ir más allá y proponer un rumbo
alternativo. Es el camino de Cuba y el que esbozan propuestas que aun requieren
de mayores contenidos y sobre todo de una densidad social consciente suficiente
para disputar sentido común en el movimiento popular y en la sociedad.
¿Por qué quedar prisionero de la inversión externa y
reproducir el modelo productivo extractivo para la exportación o el desarrollo
fabril de armaduría dependiente de insumos externos, también para la inserción
exportadora? ¿Puede construirse otro modelo productivo en el agro y en la
industria? ¿Es posible modificar el patrón de consumo estimulado por la
producción monopolista actual?
Se puede contestar a esos interrogantes por la afirmativa,
pero requiere de un profundo debate sobre el diagnóstico de situación de la
coyuntura para pensar más allá del capitalismo, límite de lo posible para una
parte del activismo social y político. Un activismo contenido en un imaginario
de reformas que la transnacionalización apenas permite bajo ciertas
circunstancias históricas, aquellas que generó a sociedad argentina movilizada
a fines del ciclo regresivo de los 90´.
Cuando me interrogan sobre las medidas concretas acudo a la
extensa programática difundida por el movimiento obrero, campesino, de mujeres,
en defensa del medio ambiente o la relación metabólica adecuada entre los seres
humanos y la naturaleza, o la armonía entre la producción humana con la
naturaleza, e incluso sectores de pequeños y medianos productores y
empresarios, de cooperativas y el movimiento de autogestión; a los que sumo la
demanda por la des-mercantilización de la educación, la salud, la vivienda, la
transporte, la energía. Son todas propuestas a asumir socialmente para disputar
políticamente el orden capitalista y construir el otro orden posible, el
socialismo.
Claro que no es sencillo, pero es lo que muchos nos
proponemos ante una realidad que bajo la lógica de lo posible termina promoviendo
la concentración y centralización del capital para la valorización y la
explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza.
Buenos
Aires, 15 de marzo de 2014
