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martes, 24 de junio de 2014

CELAC y Mercosur apoyan a la Argentina en el tema de los fondos buitre


COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN RESPALDO A LA POSICIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA REESTRUCTURACIÓN DE SU DEUDA SOBERANA

“Frente al reciente fallo judicial referido a un grupo minoritario de tenedores de títulos de deuda soberana de la República Argentina pendiente de reestructuración (hold-outs) los Estados miembros de la CELAC reiteran lo expresado en la Declaración de La Habana, adoptada por la II Cumbre de la CELAC (28 y 29 de enero de 2014) en el sentido que: “Consideramos indispensable para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional, garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas sean respetados, permitiendo que los flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según acordado con los mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda. Es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda de forma ordenada.”
San José, 20 de junio de 2014

Declaración especial de los Estados parte del Mercosur en respaldo a la República Argentina

“Las Presidentas y Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR, en conocimiento del reciente fallo judicial favorable a los planteos de un grupo minoritario de tenedores de títulos no reestructurados de la deuda soberana de la República Argentina (Hold-outs):
Manifiestan su más absoluto rechazo a la actitud de dichos Fondos, cuyo accionar obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países.
Reconocen la vocación de la República Argentina de continuar honrando sus compromisos financieros internacionales, tal como lo viene haciendo sistemáticamente desde la reestructuración de su deuda en los años 2005 y 2010, donde se obtuvo el acuerdo de más del 92% de sus acreedores.
Expresan su solidaridad y apoyo a la República Argentina en la búsqueda de una solución que no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo, en consonancia con sus políticas de desarrollo nacional.”

Tomado de aquí


Comité de la ONU ratifica libre determinación de Puerto Rico y pide a EEUU liberar a presos políticos


Se hace sentir la ONU

El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer, sin oposición, una nueva resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia, y solicita además que el caso de la Isla se discuta en la Asamblea General de este organismo.
Esto significa que en 33 ocasiones el Comité de los 24-denominado así por el número de sus miembros- ha aprobado resoluciones similares. Sin embargo, el asunto no ha sido elevado al pleno de la ONU.
La resolución fue presentada ayer por el embajador de Cuba, Rodolfo Reyes con el apoyo de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, el Movimiento de Países No Alineados y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La resolución pide además al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ponga en libertad a los presos políticos Oscar López Rivera y Norberto González Claudio. Ayer, el pedido por la liberación de López Rivera, ocupó un espacio y hasta minutos de silencio en la mayoría de los testimonios de los peticionarios.
La resolución fue aprobada por el Comité de Descolonización luego que se otorgó audiencia a la mayoría de los 47 testimonios de representantes de organizaciones políticas y comunitarias y civiles en su mayoría provenientes de Puerto Rico.
El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, criticó a la administración de Alejandro García Padilla “por su inacción” luego que el electorado puertorriqueño votó en un plebiscito en contra del status político actual.
Pierluisi repasó los resultados del plebiscito celebrado el pasado 6 de noviembre de 2012, donde el 54% de los electores rechazaron el estatus actual y el 61% escogió la estadidad como la fórmula de status político.
“Desafortunadamente, el Gobierno actual en Puerto Rico es controlado por un partido que ha perfeccionado el arte de hablar mucho sobre lo importante que es resolver el problema de estatus de Puerto Rico y, a la misma vez, hacer nada al respecto”, sentenció Pierluisi.
El líder estadista compareció a la vista celebrada ayer “en representación de los que exigen igualdad de derechos democráticos y políticos y los que rehúsan aceptar ser ciudadanos de segunda clase”. Pierluisi aseguró ante el Comité de los 24 que “el movimiento estadista se ha convertido en “la fuerza política predominante en Puerto Rico”.
Por su parte, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, celebró la resolución presentada por Cuba en reclamo de la libre determinación e independencia de Puerto Rico.
“Tengo la esperanza además, al igual que ustedes, que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya libre de presiones eleccionarias, y aunque fuera sólo por asegurar que su nombre no quede asociado para siempre con la ignominia de ser el carcelero de un gigante, ponga por fin en libertad a Oscar López Rivera”, agregó Dalmau ante el Comité de Descolonización.
Dalmau presentó además la ponencia escrita del exprimer ministro de Grecia, George Papandreou, presidente de la Internacional Socialista en favor de la libre determinación de Puerto Rico y la liberación de Oscar López Rivera.
Papandreou destacó en su ponencia que desde  hace tres décadas, la Internacional Socialista se ha expresado en apoyo a la independencia de Puerto Rico.
En tanto, el doctor Ricardo (Ricky) Rosselló Nevares se unió al reclamo para que la Asamblea General de la ONU atienda de nuevo el caso de Puerto Rico.
“La ONU tiene una clara dirección para erradicar el coloniaje a nivel global.  Por tanto, tiene la entera potestad de actuar contundentemente sobre el asunto.  Es hora de rectificar la historia para que finalmente se haga justicia al pueblo puertorriqueño.  Y el poder para lograr esa merecida justicia está en sus manos”, sentenció Rosselló Nevares.
Mientras, el representante del PNP, José (Quiquito) Meléndez, pidió a la CELAC que “respete la decisión del pueblo de Puerto Rico de anexarse a los Estados Unidos” que, a su juicio, quedó evidenciado en el plebiscito de status de 2012.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassen, repasó los resultados del plebiscito de status que rechazó el status político actual y declaró que el presidente Obama “anunció planes de iniciar otro proceso de consulta al pueblo de Puerto Rico que entendemos no cumple con los requisitos para la descolonización, no reconoce la resolución 1514 (XV), ni el derecho internacional aplicable. Tampoco se trata de un proceso vinculante”.
Única voz roja en la ONU
Aunque el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Suárez, había adelantado que la colectividad no enviaría representantes a la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, el legislador Charlie Hernández participó mediante un ayudante con una ponencia escrita.
José Ortiz leyó la ponencia del legislador del sector soberanista del PPD en la que reclamó a Estados Unidos “que no siga justificando su inacción en la falta de consenso entre hermanos puertorriqueños y exprese qué está dispuesto a hacer para atender este centenario dilema”.
Asimismo, Hernández criticó a la ONU por no tomar acción sobre el caso de Puerto Rico luego de 32 resoluciones aprobadas por el Comité de Descolonización.
“Por mi insatisfacción ante la inacción de las Naciones Unidas en el caso de Puerto Rico, he llamado esta visita la ‘peregrinación inútil’.  Sabemos de antemano el resultado: aprobarán una resolución similar a la de años anteriores y no tomarán acciones concretas.  Algunos se darán por satisfechos, otros se burlarán del proceso y otros nos quedaremos con la triste ilusión de que algún día atenderán el reclamo justo de descolonización”, concluyó la ponencia de Hernández.
Tomado de aquí


domingo, 18 de mayo de 2014

Tras 38 días, comuneros mapuche finalizan huelga de hambre



Tras 38 días de ayuno, los comuneros mapuche depusieron su huelga de hambre este jueves tras llegar a un acuerdo con el gobierno.

Los familiares de los reos que se encuentran en el penal de Angol y el Ministerio de Justicia confirmaron la información.

Una de las partes del acuerdo sería el traslado de los cuatro comuneros a un centro de trabajo de menor intensidad en relación a la seguridad.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, informará si se entrega el indulto presidencial a José Mariano Llanca Tori, quien padece una severa insuficiencia hepática.

Los huelguistas Cristian Levinao, condenado a 10 años por robo con intimidación, Luis Marileo y Leonardo Quijón, condenados por homicidio, comenzaron su protesta el 7 de abril, solicitando la revisión de sus causas judiciales.

Cristián Curinao, quien cumple prisión preventiva, se unió este domingo a la huelga.

Uno de los voceros, Jaime Marileo, explicó a Cooperativa los acuerdos ante la exigencia de la revisión de las condenas, el traslado al Centro de Estudio y Trabajo (CET) para poder trabajar y vivir en la tierra, y el indulto humanitario para Llanca.

“Se dio un plazo de 60 días. El Estado pone una comisión de abogados y, por este lado de nosotros, este caso lo toma Nelson Miranda y otro abogado más. El tema del CET primero se tomó de acuerdo que los que estaban en huelga de hambre tenían que someterse a un chequeo médico en el hospital de Imperial 30 días”, indicó.

Añadió que “después de los 30 días ellos se van al CET en Victoria. José Mariano Llanca, por su estado de salud grave que tiene, que el Gobierno también firmamos un acuerdo ahí, tiene que hacerse todos los chequeos, el examen que tiene, y después de eso tomar el punto de vista del indulto y se va para la casa”.


Tomado de aquí



 

Las FARC y el ELN anuncian un cese al fuego unilateral hasta el fin de las elecciones



La guerrilla hizo el anuncio desde Cuba, sede de los diálogos de paz. Lo consideraron un gesto “a favor de la reconciliación nacional”.

El equipo negociador de las Farc en La Habana anunció este viernes un cese al fuego unilateral entre el 20 y 28 de mayo, a propósito de las elecciones presidenciales.

“No puede haber seguridad para todos sin paz”, señaló la guerrilla, después de criticar que la “seguridad uribista es un ‘embeleco’ que solo acentúa el caos.

Igualmente, reiteraron su llamado para darle vida a una Asamblea Nacional Constituyente, dado que la carta política  debe ser un acuerdo de convivencia que interprete el tiempo presente.
“La paz es un derecho que está por encima de todo”, manifestaron.


Gobierno evalúa suspensión de los diálogos de paz hasta segunda vuelta

El Ejecutivo considera que la negociación debería continuar una vez se conozca el nombre del nuevo presidente.

El jefe del equipo negociador en la mesa de diálogos de La Habana, Humberto de la Calle Lombana, y el Gobierno Nacional desde hace dos semanas evalúan la posibilidad de que lasnegociaciones con las Farc queden suspendidas.

Fuentes en Cuba indicaron que el argumento de fondo está relacionado con la campaña política y la necesidad de que en las urnas loscolombianos decidan el nombre del nuevo presidente.

Esta sería la segunda vez desde que comenzaron las conversaciones que una de las dos partes suspende los diálogos.

En agosto de 2013 fueron las Farc las que hicieron una “pausa” en la mesa para analizar la propuesta del presidente Juan Manuel Santosde un referendo para convalidar los acuerdos de paz con la guerrilla.




Tomado de aquí


 

martes, 22 de abril de 2014

Actualización económica en Cuba: desafíos de un socialismo que pugna por renovarse – Por Agustín Lewit



El crecimiento de la economía cubana en la última década ha sido bastante más moderado que el resto de los países del continente, colocándose en torno al 1.8%, casi la mitad de la media regional. Una de las principales causas de ello –según admiten desde el propio gobierno de la isla- ha sido la falta de inversión extranjera. Sobre ese diagnóstico busca operar la nueva Ley de Inversión Extranjera aprobada recientemente, la cual se enmarca en el proceso de actualización económica de la isla puesto en práctica desde 2012.

Derrumbe soviético y bloqueo.

Hablar de la economía cubana implica remitirse necesariamente a dos procesos ineludibles dentro de la historia contemporánea de la isla, con alta incidencia en la actualidad. El primero, tiene que ver con las relaciones entre Cuba y la URSS y las profundas consecuencias que trajo para la primera el derrumbe del bloque soviético. A poco del triunfo de la Revolución, una vez asumido el carácter socialista de la misma, Cuba pasó a formar parte del conjunto de países protegidos militar y económicamente por Moscú, accediendo por medio de ésta a un sinfín de materias primas, productos varios y –fundamentalmente- recursos energéticos, acoplándose de lleno en lo que se conoció como la “división internacional socialista del trabajo”. Quizás alcance con decir que previo a 1991, el 85% del comercio exterior de Cuba se hacía con países del bloque socialistas. El derrumbe del polo soviético, en consecuencia, produjo un verdadero descalabro para la nación caribeña, quien entró a lo que se conoce como “Período Especial”: un proceso que significó inmensos esfuerzos, sacrificios y privaciones de la sociedad cubana en su conjunto.

A partir de entonces, todos los esfuerzos del gobierno cubano estuvieron orientados a evitar que la caída del Muro de Berlín se llevara puesta también su propia Revolución.

El otro gran factor que ha intervenido de manera determinante en el desarrollo de la vida cubana, afectando fundamentalmente su desempeño económico, ha sido el inefable bloqueo ejercido por EEUU, existente desde 1961. A pesar de la persistente y cada vez más homogénea condena internacional –la asamblea general de la ONU viene reclamando desde 1991 poner fin al mismo- el imperio norteamericano ha persistido en sus intentos de ahogar económica, comercial y financieramente a la isla, no sólo cortando todos los lazos entre ambos países, sino penalizando a cualquier otra nación que decida establecer relaciones con la misma. Sin ir más lejos, la semana pasada trascendió que el gobierno estadounidense impulsó una pena económica de 6 millones de dólares a una empresa holandesa de turismo, que transportó cerca de 45 mil turistas a Cuba entre 2006 y 2012. (http://www.nodal.am/2014/04/eeuu-impone-multa-de-59-millones-de-us-a-empresa-holandesa-por-violar-bloqueo-a-cuba/).

A pesar de que la nación cubana no ha detenido su marcha, el bloqueo norteamericano ha restringido enormemente –y continúa haciéndolo- las posibilidades económicas y sociales de la isla.

Nuevos aires, mismo horizonte.

De algún tiempo a esta parte, un número importante de cambios se suscitaron al interior de Cuba en pos de disminuir la presión estatal sobre la sociedad y a dar respuestas a demandas de diversos sectores. Ya en la década del noventa habían aparecido algunas primeras transformaciones, como la creación de las primeras empresas mixtas, la formación de cooperativas agrícolas extra estatales y la instauración de pequeños comercios privados. Pero es en el transcurso de los últimos años, donde dicho rumbo comenzó a acentuarse.

En esa dirección deben leerse los “Lineamientos de la política social y económica del partido y de la Revolución”, aprobados en abril de 2012 por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, dirigidos a sentar las bases para una actualización del modelo económico, pero ratificando, al mismo tiempo, la continuidad y la irreversibilidad de la organización socialista del país. Algunos ejemplos de ellos fueron la reciente eliminación de las instancias estatales de distribución de productos del agro, facilitando la venta directa, así como un incremento considerable de los trabajadores cuentapropistas y de las formas de empleo no estatal en general, como así también, la flexibilización en la política migratoria. En esa misma dirección, se inscribe la apertura concretada el año pasado de un mercado directo de bienes raíces (aunque prohibiendo la acumulación de los mismos) y la entrega de tierras para usufructo privado.

Sin embargo, más allá de los múltiples cambios mencionados, la pieza central del programa de modernización económica lo constituye la recientemente aprobada Ley de Inversión Extranjera, que entrará en pleno vigor dentro de los próximos dos meses. Esta nueva normativa, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el pasado 29 de marzo, establece un régimen de facilidades, garantías y seguridad jurídica a los capitales extranjeros, propiciando la atracción e instalación de los mismos en suelo cubano. Según el texto publicado en la Gaceta Oficial la semana pasada, la nueva Ley se encamina a “la obtención de financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes de empleo, la captación de métodos gerenciales y al desarrollo de encadenamientos productivos”, así como a lograr el cambio de la matriz energética del país.

En concreto, la nueva herramienta jurídica apunta a atraer cerca de 2.500 millones de dólares por año, monto calculado por el Gobierno para ubicar al crecimiento económico en la cifra esperable del 6% o 7%. También desde el propio Gobierno se han encargado con insistencia en dejar bien en claro las áreas en las cuales la nueva ley no tendrá alcance: salud, educación y financiamiento de las instituciones armadas quedarán al margen de la nueva normativa, manteniéndose las prerrogativas exclusivas del Estado cubano.

Por otra parte, esta apertura al capital internacional se da luego de que la Unión Europea, el pasado 10 de febrero, haya decidido abrir la negociación con la isla en pos de un acuerdo comercial bilateral, tras casi veinte años de acoplarse a la política de bloqueo estadounidense. Tanto la UE como el Gobierno de Raúl Castro, confían en que en los próximos meses el acuerdo comercial entre las partes prospere y se convierta en un suelo fértil donde la nueva normativa comience a actuar.

Desafíos.

Tanto las variables macroeconómicas como ciertas demandas de un sector importante de la sociedad cubana -en especial los jóvenes-, imponían desde hace rato la necesidad de llevar adelante transformaciones que actualicen la organización social y económica de la isla.

La serie de cambios aquí descriptos, y otros que presumiblemente llegarán en el corto y mediano plazo, se inscriben en esa dirección. En particular, la Ley de Inversión Extranjera aparece como una política que busca sortear los obstáculos impuestos por el bloqueo norteamericano y morigerar las consecuencias de la antigua dependencia soviética.

El desafío mayor, sin dudas, será tratar de conjugar las nuevas políticas dentro de la organización actual de la isla, es decir, lograr que el impulso al sector privado no ponga en jaque las condiciones de posibilidad del propio socialismo cubano.



Tomado de aquí



 

Gobierno y cooperativistas alcanzan acuerdo para redacción final de Ley Minera




El ministro de Gobierno, Carlos Romero, comunicó hoy por la noche que Ejecutivo y mineros cooperativistas alcanzaron un acuerdo para la redacción final de los artículos observados en el proyecto de la Ley Minera, particularmente el artículo 151 que prohíbe a las cooperativas la suscripción de contratos de asociación con empresas privadas, nacionales o extranjeras. Las cooperativas calificaron como un ‘excelente avance’ a los puntos avanzados.

‘Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras’, explicó Romero, en conferencia de prensa conjunta con los principales dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), de acuerdo a un reporte de la agencia estatal ABI.

Al respecto, el presidente de Fencomin, Alejandro Santos, ratificó los consensos logrados y negó que las cooperativas mineras hayan estado protegiendo a las empresas extranjeras, como denunció en un principio el exministro de Minería, Mario Virreira.

“Ahora hemos visto de que ha habido avances, avances a favor del movimiento cooperativo minero, entonces queremos indicar a todos mis compañeros mineros, a las 13 federaciones que estan afiliadas a Fencomin que ha sido un excelente avance; ahora después de esta reunión estamos esperando la reunión con el Presidente para dar los últimos detalles y poner fin al conflicto”, sostuvo el dirigente.

Santos adelantó que esos acuerdos serán sellados en próximo miércoles 23 de abril con el presidente Evo Morales.

Romero explicó que las cooperativas mineras podrán constituir empresas mixtas con el Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), aunque aclaró que para esa modalidad deberán adecuar su razón social, ‘sujetándose a la normativa que rige para las empresas mixtas’.
Además, informó que se acordó una disposición transitoria para las cooperativas ubicadas en el Norte de Potosí, que podrán suscribir contratos de asociación con la Comibol, para posibilitar la explotación de los yacimientos de colas y arenas, ubicados en el Distrito Minero de Catavi.

Por otro lado, informó que se consensuó el artículo 62, referente al procedimiento de adecuación de los contratos suscritos con la Comibol, al nuevo régimen jurídico establecido en la futura Ley Minera.

Precisó que se fijó un procedimiento diferenciado en términos de tiempos, es decir, los contratos que cumplieron más del 50% deberán renegociarse en un plazo máximo de 1 año, mientras que los que tienen un menor avance podrán renegociarse en 18 meses.

También señaló que se consensuó el artículo 132 del proyecto, donde se prevé que los nuevos contratos mineros serán aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional por ‘silencio legislativo’, cuando su tratamiento en el pleno exceda los 90 días.

El conflicto entre cooperativistas y el Gobierno estalló el sábado 29 de marzo luego de que la Cámara de Diputados aprobará con modificaciones el proyecto de Ley Minera, sobre todo en la firma de contratos de asociación, y lo enviará al Senado. La determinación activó el bloqueo de caminos que dejó como saldo dos mineros muertos y más de 100 heridos, la mayoría efectivos policiales.



Tomado de aquí




 

jueves, 27 de marzo de 2014

Se realizó en Costa Rica la I Reunión del Cuarteto de Cancilleres de la CELAC


El Canciller de Costa Rica, Enrique Castillo reiteró hoy el compromiso de la actual Presidencia Pro Témpore de “contribuir al fortalecimiento del diálogo político y la concertación” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al dar la bienvenida a sus colegas de Cuba, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, que integran el Cuarteto de dicho foro.

La reunión en San José, es muy importante, pues en ella se definirá el calendario de actividades para  el año 2014, así como definir la agenda de trabajo de reunión  de Coordinadores Nacionales de la CELAC que tendrá lugar en Costa Rica, el  9 y 10 de abril próximos, dijo el Ministro Castillo al instalar los trabajos del Cuarteto.

“El diálogo que hoy establecimos es determinante de lo que serán los trabajos a lo largo del año 2014”, expresó el Jefe de la Diplomacia costarricense, quien subrayó que “intercambiamos opiniones y construimos juntos la agenda de la CELAC ”.

Los Ministros del Cuarteto analizaron las próximas reuniones, entre ellas, una el próximo 4 de abril, en Beijing, en la que se definirá los contenidos del Foro República Popular China-CELAC.

También se debe afinar el calendario de un próximo encuentro entre CELAC y la Unión Europea, con Corea del Sur,  así como más de 30 reuniones sectoriales en Costa Rica, según explicó la Vicecanciller y Coordinadora Nacional de CELAC, Gioconda Ubeda.

El Jefe de la Diplomacia costarricense resaltó que la CELAC busca potenciar los esfuerzos conjuntos de las 33 naciones de América Latina y el Caribe para promover el desarrollo sostenible “en busca de intereses compartidos y beneficios mutuos en beneficio de nuestros pueblos”.

El Canciller Bruno Rodríguez, de Cuba, dijo que la primera reunión del Cuarteto, en San José, ha sido “eficiente y armoniosa” y calificó de “momento propicio” la situación actual de la CELAC y sus perspectivas de fortalecimiento tanto a lo interno del foro, como de sus vínculos con socios extraregionales.

También, el Canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, calificó de “momento promisorio” de la CELAC por sus próximos encuentros, con la República Popular China, la Unión Europea, entre otros, lo cual, dijo, permite “presentarse de manera conjunta como región”.

En la reunión participaron el anfitrión, Enrique Castillo de Costa Rica, país que ejerce actualmente la Presidencia Pro Témpore de CELAC, los cancilleres Bruno Rodríguez, de Cuba y Ricardo Patiño, del  Ecuador,  así como la Embajadora La Celia A. Prince, representante de San Vicente y las Granadinas.

Costa Rica asumió la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el pasado 29 de enero, durante la Cumbre del bloque celebrada en La Habana, Cuba.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), es un mecanismo de concertación y diálogo político, y durante su ejercicio, Costa Rica se propone liderar el proceso de concertación política y de consenso regional.

La Presidencia Pro Témpore (PPT) permitirá la proyección en el ámbito global y regional como una país democrático, sin ejército, respetuoso del derecho internacional, con liderazgo en derechos humanos, desarme, paz y protección del medio ambiente. También será una oportunidad para promover el turismo.

Costa Rica ha dicho que durante su ejercicio se propone alentar temas como  la agenda de desarrollo post 2015, cambio climático, cooperación Sur-Sur, Desarme nuclear, seguridad alimentaria y agricultura familiar.

La CELAC agrupa a los 33 Estados de la región, y  busca profundizar la integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe, basada en el pleno respeto por la democracia y los derechos humanos.

Los países miembros de CELAC: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

lunes, 24 de marzo de 2014

Legisladores y organizaciones presentan proyecto para derogar la ley APP


Legisladores opositores y miembros de organizaciones sociales presentaron en el Senado un proyecto de derogación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) por considerar que viola artículos de la Constitución, como la división de poderes y la obligación de que las concesiones sean aprobadas por el Congreso.

Los senadores del Frente Guasu –Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Hugo Richer y Sixto Pereira–  junto con los integrantes de la bancada del Partido Demócrata Progresista, Desirée Masi y Pedro Santa Cruz, presentaron este jueves ante la Vicepresidencia del Senado  el Proyecto de Ley “Que deroga la Ley N° 5.102/2013 de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida como ley de Alianza Público-Privada (APP). La presentación estuvo acompañada de integrantes de organizaciones sociales y campesinas como Luis Aguayo y Marcial Gómez.

El texto fue recepcionado por el senador Ramón Gómez Verlangieri, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, quien prometió celeridad en la resolución de la propuesta.

En nombre de los autores del proyecto, el senador Carlos Filizzola explicó los alcances del proyecto presentado.

“Nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de Alianza Público-Privada (APP) que fue aprobado en el Parlamento y promulgado por el Presidente Cartes porque  lo que hace es vender, entregar nuestro patrimonio público en una concesión que se quiere encubrir. Porque acá lo que se quiere es privatizar el patrimonio del Estado paraguayo  durante 40 años”, dijo el legislador citado por la página de la Cámara de Senadores.

Añadió que las concesiones pueden incluir bienes fundamentales como agua y energía eléctrica, además de otorgar poderes discrecionales al presidente de la República, que puede entregar dichos recursos fundamentales sin la participación de los otros poderes del Estado.

“Esta ley también es inconstitucional porque atenta contra varios artículos constitucionales al quitarle atribuciones al Parlamente que le otorga la propia Constitución Nacional”, refirió el parlamentario. La Carta Magna establece que las concesiones deben contar con el acuerdo del Poder Legislativo.

Inconstitucional

Por su parte, la senadora Desirée Masi se refirió a los dos aspectos principales de la ley que generan especial preocupación.

En primer término aludió a la cuestión constitucional, pues esta ley viola el artículo 3 de la máxima ley de la nación, que señala que ningún poder podrá delegar o atribuirse facultades extraordinarias o la suma del poder público.

“Con esta ley redactada de esta manera, el poder Ejecutivo se atribuye poderes que son exclusivos del Legislativo e incluso del Poder Judicial. Aquellas personas, aquellos sectores sobre todo empresariales que al parecer apoyan esta ley, sin leer el texto de la Constitución, ya ven lo que está pasando en este momento, las primeras licitaciones son adjudicadas a empresas extranjeras  y esta va a ser la modalidad del APP”, expresó la legisladora citada por la web de la Cámara Alta.

La parlamentaria enfatizó que la ley de APP también viola el artículo 202 en su numeral 11, que establece que el Poder Legislativo es el que tiene que aprobar o rechazar las concesiones.

“Nosotros como sectores políticos, tenemos la casi certeza de la tendencia que tiene el presidente Cartes de concentrar el poder. Eso es sumamente grave en un sistema republicano que se base sobre todo en ser contralores y contrapesos entre poderes”, finalizó.

La derogación de la Ley de APP es una de las principales reivindicaciones de la huelga general del 26 de marzo, que además incluye el reclamo de un reajuste salarial del 25%, control de precios de la canasta familiar, por un modelo de desarrollo nacional, por el rechazo a la suba del pasaje, por la libertad sindical, contra la criminalización de la lucha social, por la libertad de los campesinos presos por la masacre de Curuguaty y la recuperación de las tierras de Marina Cue.




Tomado de aquí


 

lunes, 24 de febrero de 2014

Análisis de Orlando Pérez, director de El Telégrafo, sobre las elecciones en Ecuador



Perder las alcaldías de Quito y Cuenca es simbólicamente un revés político para el movimiento PAIS. Y ganar las prefecturas de Pichincha y Guayas parecería que tampoco ocultara ese varapalo que debe ser entendido desde distintas interpretaciones.

Sin contar todavía con los resultados oficiales de todo el país, cantón por cantón y parroquia por parroquia, la disputa política se había concentrado en Quito y Guayaquil, sin contemplar lo que sucedería con la ciudad de Cuenca y otras más. Evidentemente el resultado electoral de ayer marca un punto de inflexión en el desarrollo del proceso político iniciado en 2007 con el ascenso al poder de Rafael Correa Delgado.

A lo largo de nueve elecciones la derrota quedó relativamente fuera de todo cálculo. Mucho más cuando hace apenas un año, en los comicios presidenciales y legislativos, el movimiento PAIS obtuvo un triunfo arrollador: 100 asambleístas de 137 y Correa fue elegido en primera vuelta con casi 30 puntos de distancia respecto del exbanquero Guillermo Lasso, su principal contendor.

Rodas obtuvo el 58% de los votos en Quito; Nebot el 60% en Guayaquil;  y Cabrera el 50% en Cuenca.

De las primeras evaluaciones, en el caso de la capital, se puede concluir que no se trata de un voto a favor del candidato que mostró las mejores propuestas sobre lo que hay que hacer en Quito. Por lo menos, en los debates y las entrevistas críticas, Rodas mostró falencias y desconocimiento. Por el contrario, parecería que el triunfo se debe a un aparente castigo debido a ciertos errores cometidos (pero también sobredimensionados en algunos casos) en la gestión de Augusto Barrera y quizá a un comportamiento crítico con el desarrollo del proyecto político de PAIS en la capital.

En esta ciudad se han protagonizado algunas expresiones (manifestaciones, plantones, debates y disputas) de rechazo a la decisión de explotar una parte de los campos petroleros del Yasuní ITT, además de haber tensiones políticas con algunos sectores gremiales y de la izquierda que activan sus movilizaciones y rechazos en algunos centros de educación y ONG.

Y no está por demás decir que Quito no es una ciudad que se comporte políticamente bajo un esquema tradicional o se sostenga permanentemente bajo un comportamiento clásico. Si bien conlleva un espíritu rebelde histórico ahora tuvo por delante un escenario complejo, pocas veces analizado a profundidad por los mismos dirigentes y líderes locales del movimiento PAIS, tal como lo reconocen algunos. En ese escenario, Barrera afrontó una responsabilidad dura y difícil al poner en orden la administración y decidir por un proyecto con enorme carga de riesgo en su prestigio político.

El aprendizaje de la oposición

La derecha ecuatoriana fue derrotada en nueve elecciones consecutivas. Esas derrotas significaron para los sectores empresariales, financieros y mediáticos un aprendizaje consecutivo. Para eso desarrolló una estrategia silenciosa y hasta millonaria para minar la Revolución Ciudadana a través de una campaña sostenida de desinformación, desprestigio y acoso mediático desde adentro y fuera del país.

Pichincha apoyó la reelección de Gustavo Baroja; lo mismo que hizo Guayas con Jimmy Jairala.
Ahora esa derecha ubicó a un personaje que reúne los requisitos de un libreto conocido para sostener una larga lucha, muy bien parecido al de Venezuela con Henrique Capriles. Él es Mauricio Rodas, que perdió las elecciones presidenciales de febrero de 2013, no superó el 5% de los votos, pero quedó como una opción ‘nueva’, ‘fresca’ y ‘conciliadora’. En realidad ni es tan nuevo (militó en las filas socialcristianas en los noventas) ni muy fresco porque transporta las ideas liberales de antaño y construidas desde un ‘laboratorio’ político de la fundación Ethos, asentada en México, de la que es parte Enrique Krauze. Pero menos aún es un conciliador dado su comportamiento político agresivo en sus posturas, aunque lo disimule con una sonrisa.

Ese personaje, además, reúne en su entorno a todo el aparato político, financiero y mediático que ha hecho oposición a Rafael Correa de diversos modos y todo el tiempo. Allí se encuentran los grandes grupos financieros e inmobiliarios afectados por las políticas de redistribución de la riqueza, a través de un sistema impositivo y fiscal donde más pagan los que más tienen. Por eso el eje de su campaña presidencial y ahora por la alcaldía de Quito fue menos impuestos. Y también por ello, los grandes medios de comunicación privados y comerciales han trabajado con su discurso, sus argumentos y postulados como si fuesen propios, cuando cualquier analista ingenuo podría encontrar allí una coincidencia nada casual.

Por todo ello, la recomposición de la derecha ecuatoriana pasa por este personaje, a quien otorga todas las facilidades para disputar el sentido político de la Revolución Ciudadana bajo la bandera de un liberalismo supuestamente dialogante, tolerante y abierto a toda propuesta.

Sin embargo, no podemos hablar todavía de una derecha sólida, unificada, coordinada y sin sus visiones y hasta tensiones internas. Por lo visto hasta ahora las distancias entre Rodas, Lasso y Jaime Nebot, a la luz de la euforia del resultado, son cortas, pero fueron evidentes las diferencias a la hora de conformar listas y proponer candidatos.

¿Cuál es el devenir del proyecto político de PAIS?

El movimiento PAIS contiene una experiencia dura de luchas electorales, pero sobre todo de disputas políticas diarias, semanales, en muchos terrenos. Y esta vez, al parecer, no midió adecuadamente el comportamiento de la derecha y no supo sumar aliados en las diversas circunscripciones para fortalecer un frente democrático.

Rafael Correa se jugó buena parte de su capital político en estas elecciones. Afrontó con mucha personalidad las dificultades y dio la cara a la avalancha mediática y política cuando asumió lo que corresponde a todo líder: poner el pecho a las balas cuando ve riesgos en el frente.

Nadie puede decir ahora, con argumentos y datos, hasta dónde perjudicó o ayudó la presencia intensa de Correa en esta campaña. Lo que sí está claro es que su participación fue explotada y exacerbada por todo el aparato político y mediático de la derecha. No hubo día ni reducto en los medios donde no se juzgara esa presencia y participación.

¿Hizo falta que Correa llegara a ello? ¿En Quito, particularmente, esas tácticas fueron favorables o dieron paso al resultado de ayer? Por lo visto y expresado por algunos sectores críticos del gobierno, a Correa no le perdonan sus postura sobre algunos temas, por ejemplo: haber retado a la rectificación del caricaturista Bonil.

De todos modos, lo dicho por Augusto Barrera, al asumir la derrota, colocó la reflexión sobre la condición original de izquierda revolucionaria que se debe recuperar, en todos los niveles y en todas las actuaciones, a partir de una autocrítica profunda y un reconocimiento cabal de toda su capacidad política y electoral, que no estuvo a la altura de esta disputa ante una derecha agresiva.

La ‘pérdida de la capital’, eso sí, también debe significar un estricto control de las conquistas y derechos alcanzados, el no dar paso a las privatizaciones, a la merma del sentido ciudadano y democrático de la participación barrial. Y por lo mismo, el devenir de PAIS en estos años, antes de la elección presidencial de 2017 conlleva una construcción de más y nuevos hitos revolucionarios.



Tomado de aquí


 

jueves, 20 de febrero de 2014

Bolivia: Ley declara héroe y heroína nacional a los indígenas Tomás Katari y Kurusa Llawi



La Cámara de Senadores sancionó la ley que declara héroe y heroína nacional a los esposos Tomás Katari y Kurusa Llawi, como reconocimiento a la lucha por la libertad de los pueblos indígenas en la colonia. El presidente Evo Morales debe promulgar la norma para que entre en vigencia. 

Katari y su esposa encabezaron la lucha indígena contra los españoles en el siglo XVIII. Liberaron a mitayos (indios esclavos) y formaron regimientos de indígenas para combatir contra los opresores, según un boletín de prensa de la instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El reconocimiento a líderes y héroes indígenas marcó una particularidad en la administración del presidente Evo Morales, que llegó al poder en 2006. En 2010, organizaciones sociales plantearon el cambio del nombre de la Plaza Murillo, ubicada en el centro del poder político, por el de Bartolina Sisa, una heroína indígena aimara y esposa de Túpac Katari.

La senadora por el departamento de Potosí, Ana Vilacama, sostuvo que gracias a esas luchas hoy están fortalecidas las organizaciones campesinas. “Muchas veces se desconoce, se deja a un lado, por eso creo, que es bueno recuperar la memoria histórica de estos líderes, los hermanos Katari y particularmente de Kurusa Llawi”, destacó.

El proyecto de ley sancionado justifica la importancia de recuperar la memoria de las Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesino en el tiempo y en el espacio y de quienes ofrendaron su vida por defender la libertad contra el dominio español.

“En reconocimiento a los líderes indígenas, el Ministerio de Culturas y Turismo, el Ministerio de Educación, Gobernación de Potosí y los gobiernos municipales de este departamento, de acuerdo a sus competencias implementarán políticas públicas de recuperación histórica  de Tomás Katari y Kurusa Llawi para su promoción y difusión con fines educativos y culturales”, dice la referida normativa.

La Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto planteó el viernes cambiar el nombre de esa urbe por el de Túpac Katari, un líder indígena que tenía como nombre real Julián Apaza y que adoptó ese apelativo en honor a los guerreros indígenas Túpac Amaru y Tomás Katari.

En diciembre del año pasado, el Gobierno puso en órbita, gracias al apoyo científico y tecnología de China, el primer satélite de telecomunicación boliviano que fue bautizado como Túpac Katari.

Tomás Katari nació en el ayllu comunidad San Pedro de Macha, provincia Chayanta, departamento de Potosí.


Tomado de aquí


 

TLCAN: denuncian consecuencias devastadoras para el campo mexicano


En las dos décadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el resultado para el campo es devastador: se perdieron 4.9 millones de empleos en la agricultura familiar, 6 millones de habitantes del sector rural migraron, el PIB agropecuario pasó de 5 por ciento a 1.5 y México se convirtió en el tercer importador mundial de alimentos, destacan evaluaciones de 15 agrupaciones nacionales y de Estados Unidos y Canadá.

En el documento Mitos del TLCAN después de 20 años, las agrupaciones –entre ellas Red de Comercio Justo, Fronteras Comunes, Alianza Justicia Global, Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio– destacaron que subieron los precios de los alimentos al consumidor y paralelamente aumentó el consumo de comida chatarra.
El mercado agroalimentario mexicano es dominado por 30 trasnacionales y sólo 10 por ciento de los agricultores del país son exitosos, mientras el déficit comercial es de 119 mil 112 millones de dólares, apuntaron.

El país también se convirtió en importador de plaguicidas para responder al modelo agroexportador de hortalizas; compró en el exterior 949 mil toneladas de esos productos. Antes del tratado se gastaban 57 millones de dólares en dichas adquisiciones, y ahora 206 millones, comentó Alejandro Villamar, integrante de Rema. Dogmas y prácticas del TLCAN han sido como una camisa de fuerza mercantilista que asfixia a nuestra sociedad y la naturaleza.

El tratado, agregaron las agrupaciones sociales, “representó el abandono de la producción nacional de alimentos a favor de las importaciones –se compra el 42 por ciento de éstos–, lo que se tradujo en la caída del ingreso de los campesinos y aumento de la desigualdad”.

En una carta que enviaron a los presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, así como al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, destacaron que el libre comercio ha sido negativo para la mayoría de los habitantes de las tres naciones, pues se han hecho a un lado los derechos humanos y no hay un análisis profundo de los impactos sociales, culturales y ambientales; han predominado los intereses de un puñado de corporaciones.

Es momento de hacer a un lado la retórica sobre los beneficios del libre comercio y poner en el centro del escenario el bienestar de las poblaciones, pues el libre comercio ha implicado la desaparición del empleo de calidad, la precarización del trabajo, la degradación ambiental, el deterioro de la cohesión social y el aumento de la violencia, subrayaron.

La pérdida de soberanía alimentaria, el despojo de los recursos naturales por las empresas mineras, la excesiva concentración de la riqueza y el trastorno en el equilibrio (sic) el poder son ejemplo de que el modelo de libre comercio no funciona para los intereses de la mayoría, expresaron.


Tomado de aquí


 

sábado, 8 de febrero de 2014

Red Centroamericana de Mujeres Indígenas y Campesinas presentó el observatorio “Mujer y Tierra”



La Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) presentó el observatorio “Mujer y Tierra” que pretende evidenciar los diferentes problemas que afecta a las mujeres del área rural y que están relacionados con la falta de acceso a la tierra, de recursos financieros y técnicos, entre otros.

Según datos de RECMURIC, en Centroamérica, el 41.4% del total de la población es rural, del cual el 49.4% son mujeres quienes están marcada por una limitada autonomía, mayores riesgos de violencia a sus derechos, limitación a la propiedad de la tierra que genera pobreza y exclusión social.

Una de las mayores críticas que señala Norma Tiul, de la Articulación de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir en Guatemala es que, pese a que en la región se experimentan cambios de gobierno, la políticas públicas implementadas aún no benefician a las grandes mayorías de la zona rural, “tienden a ser excluyentes de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, por esta razón hemos unido nuestros esfuerzos para sacar adelante nuestros derechos”.

Por su parte Guadalupe Marcia representante de la Coordinadora de Mujeres Rurales en Nicaragua, manifestó su satisfacción por el observatorio, el cual pretende facilitar información desagregada por sexo que permita detallar la situación de las mujeres, “ya que su invisibilización en los registros oficiales agrícolas, es una de las principales limitantes que hay que analizar y reflexionar”.

En ese sentido, el objetivo del observatorio es recopilar, analizar y sistematizar indicadores del estado del derecho al acceso y control de la tierra de las mujeres rurales, campesinas e indígenas en los países centroamericanos para difundir el resultado del estudio.

Concretamente en el caso de El Salvador, Vera Bonilla de la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, se refirió a que en el país, la falta de la aprobación de la ley de General de Agua y la ratificación al artículo 39 de la Constitución de la República que establece la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, es uno de los principales problemas.

Sin embargo, asegura que hay avances y apertura en las diferentes carteras de Estado pero no es suficiente, “todavía nos hace falta porque los programas solo llegan a una parte de las mujeres rurales”. Agregó que solamente un 15% de las mujeres rurales tienen acceso a la tierra.

Además manifestó que una de las grandes peticiones que hacen, es que exista un presupuesto para el desarrollo de las mujeres rurales, “porque es la zona más desprotegida que tenemos”.


Tomado de aquí


 

viernes, 24 de enero de 2014

Argentina: desmontarán diez mil hectáreas de monte nativo y ya suman 360.000 en ocho años



Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.

Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.

El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.

Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.

Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.

El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).

Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.

La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.

El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.

Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.

Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.

Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-238338-2014-01-23.html

Tomado de Nodal


 
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