El capitalismo del siglo XXI es mucho
más poderoso y arrasador que el del pasado, y a la vez mucho más frágil,
con claros signos de senilidad y descomposición. Su capacidad
destructiva se multiplica y difunde por todos los vasos capilares de la
sociedad carcomiendo la vida, los cuerpos, los territorios y la
imaginación.
Aire y agua envenenados, alimentos que pudren el organismo, medios
que trastornan el sentido común, balas, bombas, químicos, bacterias y
virus generados para mutilar, dañar y eliminar son sólo algunos de los
elementos que van marcando las rutas del mundo de los negocios y el
poder. Y, no obstante, vemos vida brotando incansablemente hasta de las
piedras, en una lucha sin cuartel de la que nadie se atreve a perfilar
el final. El capitalismo o la vida parece ser claramente la disyuntiva
de este siglo que comienza convertido en un campo de batalla. [1]
Si bien los planes de despliegue sobre el petróleo, el agua, los
minerales, las rutas y las selvas estratégicas estaban prefigurados de
antemano, el acontecimiento en las torres gemelas de la city de Manhatan
detonó una carrera de velocidad con múltiples derroteros: Asia Central,
el Medio Oriente, África y América, sin dejar de mirar hacia Europa y
el Lejano Oriente. El Secretario de Defensa aseguraba, en 1998, que “…
Estados Unidos se encuentra en un periodo de oportunidad estratégico. La
amenaza de guerra global ha retrocedido y los valores fundamentales de
la nación de democracia representativa y economía de mercado son
adoptados en muchos lugares del mundo…” (Cohen, 1998) para instar a una
política de despliegue hegemónico planetario haciendo frente no sólo a
los competidores sino al conjunto de resistencias que emergían desde
todos los rincones del mundo.
Planes hegemónicos ambiciosos desarrollados en este siglo XXI,
consecuentemente, llevaron a poner en juego mecanismos de todos tipos,
combinados de acuerdo a las situaciones específicas. Afganistán, Irak,
Colombia, Sudán, Libia, siempre Palestina, Honduras y tantos otros
lugares recibieron parte de las esquirlas detonadas el 11 de septiembre
de 2001, unas más leves, otras contundentes. Dos casos, Pakistán y
México, fueron evaluados como piezas especiales en el rompecabezas
planetario, destinados a jugar un papel de bisagras, diques, enlaces en
contextos regionales de la más alta relevancia. El argumento: a pesar de
su situación de relativa estabilidad están en riesgo de devenir estados
fallidos súbitamente, “por colapso”. El colapso puede ser atribuido a
acciones desproporcionadas del narco, a inestabilidad social, a
problemas políticos, a migraciones, a conflictos transfronterizos o a
cualquier otra causa, incluso inundaciones que den lugar a
desequilibrios sociales. No está definido para admitir definiciones a
modo (igual que la categoría terrorista), adaptables a las
circunstancias.
Así se asienta en el Joint operating environment 2008: En la
literatura de los estados débiles y fallidos hay una dinámica que ha
recibido relativamente poca atención, y es el fenómeno de “colapso
rápido”. (…) El colapso de un estado viene usualmente como una sorpresa,
tiene un comienzo rápido y plantea problemas graves. (JOE, 2008: 35.
Traducción AEC).
México: el aliado incondicional
Después de ser el primer país de América Latina (1994) en
incorporarse a un bloque económico regional (Tratado de Libre Comercio
de América del Norte) en condiciones de total desventaja, México, en
2005, adhiere al primer bloque regional de seguridad (Alianza para la
Seguridad y Prosperidad de América del Norte) mediante un acuerdo marco
casi inespecífico, que iría siendo dotado de contenido atendiendo a las
circunstancias.
Simultáneamente a la firma de estos acuerdos, a México le toca la
distinción de entrar a formar parte del área a cargo del Comando Norte
de las fuerzas armadas de Estados Unidos en ocasión de la reorganización
ocurrida en secuela de los acontecimientos de las torres gemelas. El
Northcom, que cuida la seguridad interna de Estados Unidos, extendió sus
fronteras abarcando Canadá y México, en razón de las amplias líneas
fronterizas que comparten.
Así el México pacifista de la autodeterminación y de la no injerencia
empezó a realizar ejercicios militares navales con el Comando Sur y a
tener intercambios y entrenamientos en el marco de las actividades del
Comando Norte.
Poco a poco, todo el funcionamiento de la Nación se fue adecuando a
las normas regionales, manteniendo siempre la distancia en salarios y la
permisividad para los capitales foráneos en el territorio mexicano,
pero conservando las brechas que hicieron apetecible el agrupamiento
regional. Desde la constitución de la Nación, nunca la soberanía se
había encontrado en las condiciones de fragilidad con las que abre el
2014. Nunca el país había estado tan desatado. Nunca se había tenido una
situación de inmoralidad, corrupción, saqueo y violencia generalizada
como la que se vive en este momento.
México ha transitado hacia un estado de impunidad en el que se han
desatendido las reglas mínimas de convivencia social: Con un poder
legislativo que sesiona amurallado por vallas de metal y de policías
para impedir que cualquiera de los supuestos representados pudiera
acercarse a ver cómo se decide su futuro, crecientemente a contrapelo
del clamor popular; con un poder judicial que rara vez, y después de
mucha presión, tiene un fallo justo; y con un poder ejecutivo vocero de
las grandes corporaciones y de los altos intereses de Washington. Tanto,
que resulta difícil no evocar las burdas y brutales imágenes de las
dictaduras militares o civiles de nuestro Sur.
Lo que 30 años de neoliberalismo, el TLCAN o la ASPAN no lograron,
fue consumado por el estado de impunidad en solamente unos meses: el
petróleo del pueblo de México se ha puesto a disposición del mejor
postor, ha dejado de ser el “patrimonio de la Nación”.
La construcción del Estado de impunidad
México es uno de los países que tuvo durante el siglo XX una de las
construcciones estatales más completas de la región, con la edificación
parcial de un amplio sistema de seguridad social así como importantes
obras en infraestructura en educación, salud y transportes. Parte de
ello fue la expropiación petrolera de manos de compañías privadas para
elevarlo al rango de bien estratégico de la Nación. En los últimos 30
años, que coinciden con la puesta en marcha del proyecto político y
económico del neoliberalismo, dicha construcción ha sido desmantelada
casi en su totalidad. Si bien es cierto que en todo momento hubo
sectores ausentes del proyecto de país (de manera acusada los pueblos
indios), durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y
hasta los años ochenta, una gran porción de la sociedad incorporada al
ámbito laboral gozó de derechos sociales conquistados por luchas
históricas, reconocidas institucionalmente. La mayor fue la Revolución
mexicana, de la que emanó una Carta Magna que reconocía la propiedad
colectiva, entre otros.
El estado del México posrevolucionario, que incluso fue tratado de
replicar en otros lugares de la región, tenía como contracara una
peculiar manera de hacer presencia en diversos espacios de la vida
social. El sindicalismo, el orden familiar, la educación, los medios de
comunicación, entre otros ámbitos seguían de manera irrestricta las
directrices de un eficaz aparato ideológico y represivo. Al mismo tiempo
que México mantenía excelentes relaciones diplomáticas con Cuba; se
constituía en lugar privilegiado de refugio para los exiliados políticos
del Cono Sur y albergaba negociaciones de paz entre distintas fuerzas
revolucionarias y los gobiernos de sus países; en México había un
proceso silencioso de represión que incluyó la llamada “guerra sucia”
contra movimientos armados, campesinos y sindicales y centenares de
asesinatos de activistas, desapariciones forzadas y personas
encarceladas por motivos políticos. Tres episodios críticos de
conocimiento público fueron la masacre de los trabajadores
ferrocarrileros en 1958 y las estudiantiles de octubre de 1968 y junio
de 1971. Y todo esto ocurrió siempre en un estado de paz.
Un matiz que es oportuno establecer es que una de las más caras y
perversas cualidades de este régimen residió en su capacidad para hacer
funcionales y controlar sectores e instancias de mediación social
estratégicas a nivel nacional y regional. Esta habilidad política no se
expresaba en el control absoluto de la vida social, sino en la
cooptación y manejo de las instancias sociales que funcionaban como
articuladoras de la vida nacional. Esto se hizo manifiesto no sólo a
nivel federal, sino también en la distintas regiones políticas que
configuran al Estado mexicano. En cada una de las escalas había una
misma lógica que se expresaba en el control de diversos ámbitos (en
algunas ocasiones o geografías se controlaba el aparato productivo, en
otras las organizaciones populares, los medios de comunicación…). La
eficacia del gobierno no residía entonces en una verticalidad absoluta,
sino en una compleja red de poderes que funcionaban bajo la lógica de
controlar las prácticas y espacios sociales estratégicos.
Será a comienzos de la década de los años ochenta que comienza un
proceso de transformación que, como ocurriría en diversas partes del
mundo, incluía un discreto proceso de apertura política, acompañado de
uno voraz en el ámbito de la economía. De esta manera inició un violento
proceso de privatizaciones y reformas a la Constitución, que culminaron
en la firma del TLC en 1992 (entró en vigor en 1994) y ahora en las
privatizaciones de todo lo que restaba dentro del marco de los bienes
estratégicos de la Nación.
Los engranes del viraje
Cambios tan profundos en una sociedad como la mexicana no podían ser
realizados sin la aplicación de dispositivos de control social que
pudieran neutralizar las posibles respuestas. Esto fue evidente en el
momento en que la entrada en vigor del TLCAN fue acompañada del
estallamiento social de mayor envergadura desde las revueltas del 68. El
telón cayó y en el México que preparaba su entrada en el primer mundo
aparecían los verdaderos integrantes del pueblo: con fusiles de madera y
cuerpos forjados en el maltrato un ejército maya recorría las calles
mestizas de Chiapas repudiando el TLCAN y proponiendo una guerra contra
los vendepatrias.
El impacto fue definitivo y el zapatismo se convirtió casi
instantáneamente en una enorme fuerza política, pesando en contra de las
reformas todavía no consumadas que, después de una cuidadosa ingeniería
de la descomposición, acaban de ser aprobadas 20 años después.
Si en 2005 se firmó la ASPAN, desde ahí fue generándose, en acuerdo
con Estados Unidos, una política de securitización cuyo primer paso fue
el involucramiento del ejército en labores de seguridad interna. A la
par de un clima crecientemente represivo en contextos de movilización y
protesta social, se prefigura uno de los ingredientes principales de
esta política: la construcción de un enemigo interno, que en este caso
fue identificado públicamente con el narcotráfico. De esta manera los
primeros atisbos de una nueva estrategia de lucha contra el llamado
“crimen organizado” se remonta a los últimos años de la gestión de
Vicente Fox, coincidentes con la firma de la ASPAN, en los cuales se
desplegaron operativos policiacos y militares en las regiones más
relacionadas con la acción de los cárteles.
Sin embargo, es en 2006, después de un fraude electoral flagrante en
unas elecciones muy concurridas, que inicia realmente el proyecto de
instalación de la guerra en México que en 2007 tomará el nombre de
Iniciativa Mérida. Felipe Calderón, a quien se la he intentado hacer un
juicio por genocidio, optó por desplegar miles de efectivos militares en
distintos puntos del país usando como pretexto un relativo incremento
en los asesinatos vinculados con la disputa de los cárteles de la droga
por las rutas y mercados del país. Aun cuando hubo sectores seducidos
por la retórica bélica instaurada por el gobierno federal, el incremento
exponencial de los asesinatos, aunado a la violación de las garantías
de la población por parte de los militares y policías, propició diversas
protestas en la geografía del país. En estos años, México incorporó a
la cotidianidad, no sólo el asesinato sistemático de personas, sino
formas de violencia antes prácticamente inexistentes como masacres,
colocación de explosivos en el espacio público, cuerpos calcinados,
decapitados y mutilados que aparecían diariamente en todo el territorio
nacional.
La llamada guerra contra el narcotráfico ha incrementado y
visibilizado la presencia y actuación de efectivos norteamericanos en
suelo mexicano. Como ejemplo de ello podemos señalar la implementación
de la Operación Rápido y Furioso, a través de la cual desde Estados
Unidos fueron ingresadas de manera ilegal alrededor de 2 mil armas que
posteriormente serían utilizadas en diversos actos de violencia por el
denominado “crimen organizado”. El objetivo declarado de los agentes de
la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargados
de la operación, era rastrear a los vendedores y compradores que no
encontraron, sorprendiendo con tal grado de ¿ineficiencia?
La situación de guerra que aqueja al país desde 2006 ha dejado un
saldo de personas asesinadas que, a pesar de las cifras distintas de las
fuentes que hacen el seguimiento de datos, se coincide en que sobrepasa
los 100 mil decesos. La cifra oficial de asesinatos es de 94 mil 249 de
diciembre de 2006 a diciembre de 2011 (INEGI, 2012). Las cifras de
desplazados oscilan entre 780 mil y 1 millón 648 mil (Parametría, 2011)
aunque otras fuentes registran solamente 250 mil (Sanjuana Martínez). El
secuestro de migrantes se estima en alrededor de 10-12 mil al año
(CNDH, 2011) y los desaparecidos ascienden a alrededor de 50 mil.
Una depredación social de enormes dimensiones si pensamos que la
dictadura argentina de los setenta arrojó una cifra de 30 mil muertos.
La llamada guerra contra el narco o guerra contra el crimen
organizado impulsada desde 2006 instituyó como política de estado la
persecución y eliminación de lo que se identificaba como el enemigo
interno. Esto significa que gran parte de esos asesinatos deben ser
atribuidos a las fuerzas de seguridad del estado. Miles de policías y
militares mexicanos (se contabilizaban 7 mil en 2011) han sido
entrenados por sus pares colombianos siendo en parte financiadas estas
actividades por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. La
estimación es que Colombia ha entrenado cerca de 13 mil personas desde
2005 como parte de su política de “exportación de seguridad” que se
dirige hacia Centroamérica y algunos otros países pero, de acuerdo con
los datos, especialmente a México (Isaacson, 2014). Los vínculos entre
Colombia y México nunca habían sido tan fuertes como a partir de 2007 en
que se echó a andar el Plan México, llamado Iniciativa Mérida. En el
ámbito de la seguridad se han creado, entre otros, diversos mecanismos
de asesoría y colaboración como el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y
Justicia (GANSJ) o el Comité Colombia – México de Cooperación contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y como
indicador de toda evidencia Enrique Peña Nieto, actual Presidente,
nombró al general colombiano retirado Óscar Naranjo, [2] cuyo destacado
papel en la guerra en Colombia es de todos conocido, asesor en materia
de seguridad.
En una década la sociedad mexicana ha sufrido una transformación
brutal. La impunidad y la violencia generalizada han alterado las reglas
de socialidad previas, construidas a lo largo de todo el siglo XX. El
tejido social ha sido destruido y la moralidad social entró en un estado
de esquizofrenia. Evidentemente no sólo fue la violencia armada; la
violencia económica promovida por el neoliberalismo preparó el terreno
de una descomposición muy profunda. Los datos oficiales, generalmente
moderados, identifican que 53.3 millones de mexicanos y mexicanas (de un
total de 112) viven en situación de pobreza; de éstos, aproximadamente
la mitad se encuentran en pobreza extrema.
En el curso de una generación ese país que fue paradigma de
estabilidad y control político sutil se transformó en un infierno social
que publicitariamente se atribuye a las actividades del crimen
organizado pero que en verdad fue promovido desde el estado, sin
quitarle responsabilidad al crimen organizado. En el México de hoy hay
una clara imbricación entre economía ilegal y política; entre negocios y
crímenes; y entre corrupción, colusión y legalidad.
¿Por qué un estado de impunidad?
Desde que se firmó el TLCAN la pretensión de Estados Unidos era incluir el petróleo como parte de las negociaciones.
México es un país muy rico, empezando por su diversidad en variedades
de maíz, en lenguas y culturas indígenas, por sus selvas, ya diezmadas
pero con gran cantidad de especies endémicas; por sus trabajadores, que
cobran salarios 10 veces menores que los de Estados Unidos en promedio.
La riqueza minera es otro elemento de relevancia, que colocó a México
como centro de actividades económicas en la colonia, junto con Perú; y
sin duda los yacimientos de petróleo, gas, e incluso uranio.
La voracidad con que el capitalismo contemporáneo ha emprendido el
saqueo de la naturaleza hace que la importancia de la conformación
física del territorio sea un atractivo privilegiado. Según datos
recientes, que constituyen un llamado de alerta sobre las dimensiones de
la extracción minera en el país, la extracción de oro en el periodo
2000-2010 (419,097 kg) duplica lo extraído durante el período colonial
1521-1830 (191,825 kg) En el caso de la plata en el periodo 1521-1830 se
extrajeron 56,144 toneladas, mientras que en el periodo 2000-2010
fueron 33, 465 toneladas, es decir que en 10 años se ha extraído casi la
mitad que en 300 años de colonia española. (González 2011).
El territorio se ha privatizado vertiginosamente en las 3 décadas de
neoliberalismo. La propiedad colectiva fue transformada en individual y
los ejidos se parcelaron y perdieron creciendo las superficies del
agronegocio, generalmente de monocultivo; y las mineras obtuvieron
amplias extensiones en concesión:
…los títulos de concesión minera expedidos en el periodo 2006-2010,
comprenden un territorio que supera los 30 millones de hectáreas -cifra
que equivale a poco más de 307 mil km2- y que representa en su conjunto
una superficie mayor a la extensión territorial total del estado de
Chihuahua, la cual asciende a 247,087 km2. Ahora bien, si se considera
el periodo 2000-2010 se advierte que la superficie concesionada a las
empresas mineras rebasa las 56 millones de hectáreas espacio que
equivale a alrededor del 25% del territorio nacional continental.
(González Rodríguez, 2011: 8-9)
Obviamente dentro de la minería contemporánea los metales de uso
industrial tienen también gran importancia. No obstante, los datos para
oro y plata marcan una tendencia o una voracidad que se repite en muchos
de los territorios mineros del mundo. Hay una especie de insaciabilidad
o una enorme preocupación por sacar los recursos antes de que los
pueblos reclamen su pertenencia, cosa que está ocurriendo en todos
lados. México es hoy el primer productor de plata (USGS, 2011) y la
extracción de oro de las empresas estadounidenses y canadienses en el
país pasó de 30 mil kg en 2005 a 89 mil en 2011, con una proyección de
94 mil para el 2018 (USGS, 2012).
Pero lo realmente estratégico es la posesión del petróleo, que en el
caso de México es un símbolo de soberanía desde el momento en que fue
expropiado de manos de compañías extranjeras en 1938. Las cifras sobre
reservas son engañosas. Sobre todo en los años recientes en que se ha
estado intentando su privatización y se manejan los montos de acuerdo
con los argumentos que justificarían la privatización. En unos casos es
mucho y hay que explotarlo para apuntalar el crecimiento de México; en
otros casos es tan poquito que ya ni vale contarlo en los acervos
patrimoniales de la Nación. La Secretaría de Energía (2012) lo calcula
en 10 mil millones de barriles para enero de 2012, pero algunos
estudiosos del tema calculan los yacimientos del Golfo de México que
todavía no están en explotación, en 29 mil millones adicionales
(Apodaca, 2013).
Desde los años noventa la presión por privatizar primero la
producción de derivados, luego la explotación, la extracción y la
exploración, han llevado a modificar la Constitución en varios momentos.
El peor, en diciembre de 2013. Subrepticiamente se fue cambiando la
definición de las actividades restringidas al estado por su carácter
estratégico, pero el descontento fue subiendo de tono cuando se
empezaron a otorgar contratos de servicios múltiples, con la trampa de
que no había restricción del número de contratos que podía acumular un
mismo proveedor. Lo que no se permitió fue la extracción directa por
parte del capital privado y menos aun su participación en la producción
como se acaba de aprobar ahora.
Fue necesario vencer muchos obstáculos, entre los que destacan, por
su importancia estratégica y simbólica, algunos que han quedado
registrados como hitos en la historia de los tiempos contemporáneos:
1. Intentos de desaparecer o, por lo menos, fragilizar a la UNAM,
principal espacio de pensamiento crítico del país, con el propósito de
desactivar su potencialidad de intervención en la sociedad, de modificar
los contenidos de la educación y los imaginarios colectivos, y de
beneficiar los negocios privados con la privatización de la educación
superior.
2. Un golpe muy significativo consistió en la colusión de todo el
sistema político, sin distinción de adscripción ideológica, en contra de
los Acuerdos de San Andrés resultado de la mesa de diálogo entre el
gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construidos con
la más amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad
que se hubiera registrado en los últimos 50 años.
3. Socavamiento de las bases reales del sindicalismo mediante la
extinción por decreto presidencial de la Compañía Luz y Fuerza del
Centro donde se asentaba el sindicato con mayor y más larga tradición
democrática, el único gran sindicato independiente todavía en activo.
Esto implicó el despido de 44 mil trabajadores.
4. Embate frontal contra la fuerza de trabajo a través del control de
salarios mínimos, la desregulación de las relaciones laborales, el
desmantelamiento de la seguridad social, los sistemas de pensiones con
el objeto de cumplir los objetivos de la flexibilización laboral y de
paso alterar los sentidos sociales en torno a la universalidad de
derechos. El último paso de esta política, consumado también en 2013 es
la aprobación de una reforma laboral desprotectora del trabajo y que
conculca todos los derechos reconocidos previamente.
5. Reforma educativa que lesiona los derechos laborales del
magisterio y que introduce un control de calidad estandarizado sobre
contenidos prefijados y homogeneizadores. Esta reforma ha sido
acompañada de una desproporcionada campaña mediática de desprestigio y
linchamiento en contra de los maestros.
6. Reformas antiterroristas al código penal y civil que en 2013 han
transformado la inespecificidad de la categoría terrorista en una muy
específica que focaliza en las protestas sociales. Se tipifica el
terrorismo ampliando las sanciones a sus financiadores; se sancionan los
ataques a bienes y servicios privados y no sólo públicos; y se le
suprime un párrafo, esencial para proteger el derecho a la disidencia y
la protesta social:
Las manifestaciones que realicen grupos de personas en ejercicio de
sus derechos humanos y constitucionales, sin intención u objetivo de
atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de
presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto
sentido sobre alguna demanda, no se considerarán terrorismo.
Así es como se fue preparando el terreno para, en diciembre de 2013,
en escasos 3 días hacer pasar una reforma energética que contradice la
Constitución, los valores patrios y las consensos sociales de nuestro
largo siglo XX.
El PRI, que más que un partido es un régimen, llegó a la conclusión
del siglo XX asediado por el descrédito y el hartazgo por parte de la
población que de manera generalizada lo percibe como corrupto y creador
de toda una cultura política basada en el clientelismo, la compra de
votos, la amenaza permanente sobre los contrincantes, o el abierto
recurso del fraude electoral.
El sistema político en su conjunto, más allá de los teatros
electorales, participa de esa cultura y es corresponsable de las
reformas y golpes de disciplinamiento aplicados a la sociedad. Por
unanimidad los partidos resolvieron en contra de los Acuerdos de San
Andrés en 2001; por complicidad resolvieron por la reforma energética en
2013. La criminalización de la política se aplica lo mismo en gobiernos
de “izquierda” que de “derecha” en todo el país, incluyendo la capital
donde se ha aprobado un protocolo para el control de multitudes, que
incluye el uso de la “fuerza letal” así como el recurrente despliegue de
operativos policiacos que culminan siempre con arrestos arbitrarios,
uso excesivo de la fuerza e incluso, personas gravemente heridas por la
actuación de la policía.
Y sin embargo, se mueve
Como resultado de la inédita situación de violencia que desborda al
país, y de la transformación del estado de derecho en un estado de
impunidad, han sido muchos y diferentes los esfuerzos en la sociedad por
restablecer las condiciones de convivencia.
El país se ha convertido en un territorio en ebullición, con
movimientos organizados que luchan por autonomía en ciertos territorios,
contra la devastación minera, forestal, hidroeléctrica u otras, por la
diversidad cultural y de sistemas y contenidos educativos, por la
autodefensa en territorios amagados por la impunidad del crimen
organizado y la complicidad de las fuerzas de seguridad del estado. Los
familiares de desaparecidos o asesinados se movilizan por su búsqueda y
por castigo a los culpables. Hay grupos defensores de los migrantes que
les dan auxilio a lo largo de sus rutas hacia Estados Unidos. Existe una
variedad de iniciativas ciudadanas reclamando la vuelta del estado de
derecho. Los estudiantes, con su característica intermitencia abren
campos de lucha como los del movimiento Yo soy 132 o el de la ampliación
del ingreso a las universidades.
Los impactos del proceso que hemos descrito son diversos. Más allá de
los datos duros que dan cuenta de la destrucción y la muerte que se han
vuelto elementos cotidianos para la población, existen modificaciones
culturales y de horizonte de sentido para enormes porciones de la
población. Esto es quizá más nítido para los jóvenes, para quienes la
ausencia de perspectivas de futuro convierte al negocio de la muerte y
el avasallamiento de los otros en la única “opción racional” y hasta
deseable. Esto ha sido promovido por la apología de un estilo de vida
basado en el individualismo y el consumo, en combinación con el
desgarramiento del tejido social.
Los movimientos de autodefensa son armados, pero no son guerrillas.
Se enfrentan a los grupos armados y protegidos del crimen organizado.
Muchos otros movimientos no son armados, a pesar de que las guardias
blancas de las mineras, entre otras, los acosan y los matan.
Frente a la inoculación de la sospecha y la delación como relación
social y de la cultura del miedo como práctica cotidiana, la mexicana es
una sociedad que se defiende, pero también que construye, que crea
condiciones para un futuro distinto. Que defiende el maíz y recupera y
recrea sus formas de cultivar, de curarse, de entender la vida. Una
sociedad que reinventa sus prácticas comunitarias, sus procesos
culturales y sus modos de generar la vida.
Una sociedad rodeada de muerte que se empeña en producir vida.
Notas:
[1] Sin considerar por lo pronto los avances en la ruta de colonizar
otros planetas o astros del sistema solar, tarea en la que se están
teniendo enormes avances al localizar rastros de agua en una de las
lunas de Júpiter y en Marte.
[2] Se le ubica como el responsable de haber desmantelado a los
cárteles de Medellín y Cali. Se le conoce por su capacidad para negociar
con el narcotráfico, su cercanía con la DEA, su valiosa asesoría en el
ámbito de la contrainsurgencia, violaciones a los derechos humanos y por
su papel en la Operación Fénix consistente en el bombardeo al
campamento de paz de las FARC en territorio ecuatoriano, misión por la
cuál siendo policía fue, no obstante, nombrado general.
* Texto publicado en la revista colombiana CEPA, Año IX, Volumen I,
febrero-julio de 2014. Los autores son Integrantes del Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica, Instituto de Investigaciones Económicas,
Universidad Nacional Autónoma de México. Este trabajo forma parte del
proyecto de investigación Territorialidad, modos de vida y bifurcación
sistémica (DGAPA-IN301012).
