Bienvenida a la Fragata Libertad. Cristina Fernández de Kirchner

Bolivia detecta invasión silenciosa de su territorio por parte de militares de EEUU

Bolivia denunció el martes la penetración de una misión mimetizada del Departamento de Defensa de Estados Unidos que realizó, en una de las montañas andinas de La Paz una operación militar encubierta, a título de “turismo e investigación”.

“Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que Estados Unidos realizó una operación militar encubierta que consistió en el envío de presuntos investigadores estadounidenses que en número de 24 llevaron a cabo investigaciones y experimentos militares destinados a la adaptación de soldados a la altura que luego deberían llevar a cabo acciones militares en varios país como Afganistan, Irak, Libia, Siria y Sudan”, afirmó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.

La misión más importante de 24 funcionarios del Departamento de Defensa de EEUU, vestidos de civiles y que se presentaron ante el servicio de Migración de Bolivia como turistas, se registró entre el 12 de junio y el 15 de septiembre en la montaña Chacaltaya, eslabón de una cadena montañosa que circunda las ciudades de La Paz y su vecina de El Alto y que se emplaza a 5.200 metros de altura sobre el nivel del mar.

“A esto llamamos no sólo una injerencia, no sólo una violación de la soberanía nacional; es una penetración, suerte de invasión, ya que es una acción que tiene un destino militar a través de este grupo”, afirmó Dávila en declaraciones a la ABI.

La denuncia se registró cuando La Paz y Washington parecían redondear un acuerdo marco de nuevas relaciones bilaterales y se aprestaban a reponer a sus embajadores en ambas capitales, tras el quebranto de los vínculos binacionales en 2008, cuando el presidente boliviano Evo Morales corrió al embajador estadounidense Philip Golberg, a quien acusó de conspiración, medida que fue contestada en términos análogos por el gobierno de George W Bush.

La funcionaria boliviana refirió, en la plataforma de su denuncia, la existencia, antes y después de junio anterior, de misiones estadounidenses con propósitos y métodos similares.

En nombre del gobierno de Morales, la Ministra de Comunicación dijo que el grupo de supuestos investigadores recibió financiamiento con fines militares.

“Este es un financiamiento militar que tiene como propósito apoyar los planes de invasión (por parte de Washington) en países donde en este momento EEUU lleva a cabo guerras destinadas al control de recursos naturales y de poblaciones civiles íntegras”, sostuvo.

Morales ha denunciado en foros internacionales las guerras coloniales del siglo XXI por tropas de EEUU.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció “la violación de la soberanía de Bolivia”, por un equipo militar de Estados Unidos que incursionó en el otrora glaciar Chacaltaya para realizar estudios de los efectos de la altura en soldados de ese país desplazados en Afganistán.

“Más allá de los propósitos” de esa expedición, la forma de incursión en el territorio nacional “representa un acto de vulneración a la soberanía boliviana”, afirmó en una conferencia de prensa.

El Ministro de Gobierno dijo además que ese hecho se constituye en una “constatación objetiva de que hay una permanente injerencia” de la potencia del norte, que demuestra la actitud “imperialista de hegemonía unipolar”.

ABI

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Sabbatella: “El Grupo Clarín sabe que la ley es constitucional pero busca dilatar su aplicación”

“Le pedimos a la Cámara que habilite la feria, que no se tome vacaciones y que resuelva en forma urgente, porque hace más de tres años que no se puede aplicar una ley votada por la inmensa mayoría de los diputados y senadores de la Nación”, sostuvo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, luego de que el organismo que encabeza presentara formalmente un pedido ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial para que se habilite la feria judicial y se avance en la resolución de la cuestión de fondo sobre la Ley de Medios. Simultáneamente, la Jefatura de Gabinete realizó una solicitud similar ante la Justicia.

“El Grupo Clarín sabe que la ley es constitucional, que más tarde o más temprano se va a aplicar, y que en cuanto la Justicia resuelva se continuará con la transferencia de oficio que iniciamos el día que fuimos a notificarlos. Pero la estrategia del Grupo es buscar medidas dilatorias que les permitan ganar tiempo y postergar su cumplimiento”, remarcó Sabbatella.

“Pedimos que la Cámara actué con celeridad, tal como se lo solicitó la Corte la semana pasada. Es absolutamente necesario que los jueces aceleren su decisión sobre la Ley de Medios, porque se trata de un caso de evidente urgencia institucional. No puede ser que una norma tan importante, fruto del amplio debate democrático, continúe frenada durante tanto tiempo por medidas cautelares que solo protegen los intereses concentrados de un grupo económico”, reiteró el titular del Afsca y agregó que “por eso es fundamental que se continúe trabajando sin parar, para resolver la cuestión de fondo y permitir que la ley pueda implementarse integralmente para todos y todas, sin excepciones ni privilegios”.

El pedido del Afsca fue realizado esta mañana, luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia no diera lugar al per saltum solicitado por el Poder Ejecutivo y reclamara que la Cámara Federal se expida con celeridad en la causa; al mismo tiempo que ratificara que los plazos de adecuación a la ley por parte de todos los grupos de medios están absolutamente vencidos.

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MALVINAS El colonialismo del siglo XXI

A 180 años de la usurpación, Gran Bretaña se niega a cumplir las resoluciones de la ONU amparándose en el principio de autodeterminación de los pueblos, cuya aplicación en el caso Malvinas supone su absoluta descaracterización.

Por Soledad Guarnaccia

En ocasión de los ciento ochenta años de la usurpación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, Cristina Kirchner remitió a David Cameron una carta en la que demanda poner fin al colonialismo y reitera el reclamo de diálogo conforme lo estipulan desde 1965 una decena de resoluciones de Naciones Unidas. En su respuesta, el gobierno británico expresó nuevamente su negativa a negociar, acusó a la Argentina de pretensiones colonialistas que suponen "borrar de la historia a los isleños" y pidió respetar el resultado del referéndum que se celebrará en el mes de marzo. Todo ello en nombre de una supuesta defensa del principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué, sin embargo, la aplicación de este principio en el caso Malvinas supondría su absoluta descaracterización?

En 1960 Naciones Unidas proclamó la necesidad de poner fin al colonialismo a través de la célebre Resolución 1514, que especifica los principios que deben regir los procesos de descolonización: el principio de autodeterminación de los pueblos, que consagra el derecho de los mismos a instituir sus propios gobiernos, y el de integridad territorial, que prescribe que ningún Estado puede constituirse violando el territorio de un Estado preexistente.

La cuestión Malvinas se inscribió como un caso singular de descolonización. A diferencia de Gran Bretaña, que en 1964 arguyó ante el Comité de Descolonización que debía regir el principio de autodeterminación, la Argentina -en una pieza diplomática de altísimo nivel a cargo de José María Ruda- sostuvo que Malvinas poseía un carácter específico dentro de los procesos de descolonización y que por tanto debía aplicarse el principio de integridad territorial.

 Básicamente, a diferencia de las naciones asiáticas y africanas que luchaban por su independencia, en Malvinas no se verificaba una población subyugada por un poder colonial (situación que ameritaría que rigiera el principio de autodeterminación). En cambio, su situación consistía, y consiste aún, en que parte del territorio argentino fue ocupado violenta e ilegalmente por el Reino Unido, que expulsó e impidió el retorno a las islas de las autoridades y pobladores argentinos existentes. Si Malvinas aún hoy constituye uno de los dieciséis casos de colonialismo es porque su territorio, y no su población, se encuentra en manos de un poder colonialista.

En 1965, la ONU se pronunció sobre la cuestión Malvinas a través de la Resolución 2065, que reconoce la existencia de un litigio que involucra a la Argentina y al Reino Unido. La Resolución insta a las partes a negociar, teniendo en cuenta los intereses, no así los deseos de los isleños, descartando de este modo la figura de la “autodeterminación” para la cuestión Malvinas. De haber sido éste el caso, la Resolución habría reconocido los deseos de los habitantes y éstos últimos habrían sido considerados como parte en la negociación, junto con Argentina y el Reino Unido.

Pero no fue el caso y por eso la pregunta del referéndum que los isleños planean realizar en marzo de este año (“¿Desea usted que las Islas Falckland conserven su status político como un territorio de ultramar del Reino Unido?”), incluye el verbo “desear”, que supone una atribución sólo reconocida por el Reino Unido. A su vez, dado que los isleños son considerados -desde 1983- ciudadanos británicos, el referendum supone un verdadero disparate jurídico-político en el que los británicos se instituirán como jueces de un litigio en el que son parte. Sólo una nación con innegable tradición colonialista podría asignarse semejantes potestades. Más aún, el texto que acompañará el referendum expresa que la situación política actual es de "autonomía interna" pero que el Reino Unido es responsable de la defensa y la representación exterior, dos atributos inalienables de todo sujeto político que se precie de ejercer la autodeterminación política.

Naciones Unidas ha validado en una decena de veces la Resolución 2065. Lo hizo antes y después de la guerra. Fundamentalmente, porque los resultados de un hecho basado en el uso de la fuerza no deciden una cuestión de derecho. Por ello, el Reino Unido tuvo que resignar, por ejemplo, su presencia en Hong Kong.

Todo lo dicho hasta aquí no implica desconocer que la guerra de Malvinas significó un gran retroceso en las negociaciones para recuperar la soberanía de las islas y que los militares que la decidieron, los mismos que trataron a su propia población como una colonia, merecen la condena y la reprobación pública.

Tampoco implica “borrar de la historia a los isleños”. Ni pretende convertirlos compulsivamente en argentinos. Argentina reclama el territorio, o algo todavía más básico: la reapertura del diálogo. Lo que no acepta es que el principio de autodeterminación sea aplicable al caso Malvinas.

Los que por medio de la fuerza ocupan desde hace ciento ochenta años un territorio, no pueden decidir con derecho sobre su ley. Convalidarlo sería tan impropio como pensar que David Cameron es el Franz Fanon del siglo XXI.

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MEDIOS Y COMUNICACION Sobre el “travestismo” político

Cecilia Díaz cuestiona, por estigmatización, el uso periodístico del término “travestismo político” en un sentido despectivo.

Por Cecilia B. Díaz *

 

A pesar de las inclusiones en la legislación sobre las diversidades en identidad de género, existen ciertas resistencias patriarcales en el lenguaje, especialmente en el discurso mediático. Eso ocurre con la adjetivación de “travestismo político” en un sentido despectivo hacia el sujeto al que se lo aplica.

Es extraño cómo tanto en medios hegemónicos como contrahegemónicos, en columnas y análisis de actualidad, no falta la calificación de “travestismo” político a quienes muestran un cambio en sus adhesiones, lineamientos o convicciones al votar una ley o hacer una declaración pública.

Lejos del irónico uso de la “borocotización”, afrenta destinada con exclusividad a los que se unían al Frente para la Victoria, aquí el sentido del travestismo se vincula con lo falso, con el mero disfraz para el engaño hacia el electorado que eligió a su representante.

Lo que se oculta con la estigmatización de estos términos es que las travestis construyen una identidad de género que va más allá del nombre y que viene a confrontar con lo denominado “natural”. Pero esto no es algo particular, sino que es propio del proceso identitario de toda persona. Ahora bien, del mismo modo en que se desarrolla una identidad genérica y sexual, lo mismo ocurre con la pertenencia ideológica y su respectiva ubicación en lo partidario. La diferencia radica, entonces, en que la primera es permanente e íntima, mientras que la segunda implica un compromiso público ante un elector, en una coyuntura que suele ser más variable en la posmodernidad.

Por otro lado, una amplia mayoría de ambas cámaras del Congreso nacional aprobó la Ley de Identidad de Género que benefició a un colectivo discriminado históricamente por el conservadurismo institucional. Incluso ya desde la sanción del matrimonio igualitario en los medios de comunicación pulularon más discursos reaccionarios que no tuvieron su correlato en los votos del tradicional Senado. Sin dudas, con la finalidad de polemizar con intercambios más cercanos al impacto que al conocimiento, la cobertura mediática parece sostener una mirada conservadora ante las transformaciones sociales, aun cuando fue el espectáculo el primer ámbito de inclusión a la diversidad sexual.

Resulta grave que en medio de estos avances continúe la reiteración, a modo de señalamiento y denuncia, de un constructo mediático tal como el “travestismo” político. Acaso ¿no hay otra opción del lenguaje como máscara, disfraz, careta o simulación política? Ante la negación de estos términos se demuestra una derrota ante las resistencias sociales del patriarcado y, fundamentalmente, la complicidad a las designaciones excluyentes.

* Doctoranda en Comunicación Social (UNLP), lic. en Comunicación Social (UNLaM), periodista y docente.

Tomado de aquí.