Legisladores opositores y miembros de organizaciones sociales
presentaron en el Senado un proyecto de derogación de la Ley de Alianza
Público-Privada (APP) por considerar que viola artículos de la
Constitución, como la división de poderes y la obligación de que las
concesiones sean aprobadas por el Congreso.
Los senadores del Frente Guasu –Fernando Lugo, Esperanza Martínez,
Carlos Filizzola, Hugo Richer y Sixto Pereira– junto con los
integrantes de la bancada del Partido Demócrata Progresista, Desirée
Masi y Pedro Santa Cruz, presentaron este jueves ante la Vicepresidencia
del Senado el Proyecto de Ley “Que deroga la Ley N° 5.102/2013 de
promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y
mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida
como ley de Alianza Público-Privada (APP). La presentación estuvo
acompañada de integrantes de organizaciones sociales y campesinas como
Luis Aguayo y Marcial Gómez.
El texto fue recepcionado por el senador Ramón Gómez Verlangieri,
vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, quien prometió
celeridad en la resolución de la propuesta.
En nombre de los autores del proyecto, el senador Carlos Filizzola explicó los alcances del proyecto presentado.
“Nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de Alianza
Público-Privada (APP) que fue aprobado en el Parlamento y promulgado por
el Presidente Cartes porque lo que hace es vender, entregar nuestro
patrimonio público en una concesión que se quiere encubrir. Porque acá
lo que se quiere es privatizar el patrimonio del Estado paraguayo
durante 40 años”, dijo el legislador citado por la página de la Cámara
de Senadores.
Añadió que las concesiones pueden incluir bienes fundamentales como
agua y energía eléctrica, además de otorgar poderes discrecionales al
presidente de la República, que puede entregar dichos recursos
fundamentales sin la participación de los otros poderes del Estado.
“Esta ley también es inconstitucional porque atenta contra varios
artículos constitucionales al quitarle atribuciones al Parlamente que le
otorga la propia Constitución Nacional”, refirió el parlamentario. La
Carta Magna establece que las concesiones deben contar con el acuerdo
del Poder Legislativo.
Inconstitucional
Por su parte, la senadora Desirée Masi se refirió a los dos aspectos principales de la ley que generan especial preocupación.
En primer término aludió a la cuestión constitucional, pues esta ley
viola el artículo 3 de la máxima ley de la nación, que señala que ningún
poder podrá delegar o atribuirse facultades extraordinarias o la suma
del poder público.
“Con esta ley redactada de esta manera, el poder Ejecutivo se
atribuye poderes que son exclusivos del Legislativo e incluso del Poder
Judicial. Aquellas personas, aquellos sectores sobre todo empresariales
que al parecer apoyan esta ley, sin leer el texto de la Constitución, ya
ven lo que está pasando en este momento, las primeras licitaciones son
adjudicadas a empresas extranjeras y esta va a ser la modalidad del
APP”, expresó la legisladora citada por la web de la Cámara Alta.
La parlamentaria enfatizó que la ley de APP también viola el artículo
202 en su numeral 11, que establece que el Poder Legislativo es el que
tiene que aprobar o rechazar las concesiones.
“Nosotros como sectores políticos, tenemos la casi certeza de la
tendencia que tiene el presidente Cartes de concentrar el poder. Eso es
sumamente grave en un sistema republicano que se base sobre todo en ser
contralores y contrapesos entre poderes”, finalizó.
La derogación de la Ley de APP es una de las principales
reivindicaciones de la huelga general del 26 de marzo, que además
incluye el reclamo de un reajuste salarial del 25%, control de precios
de la canasta familiar, por un modelo de desarrollo nacional, por el
rechazo a la suba del pasaje, por la libertad sindical, contra la
criminalización de la lucha social, por la libertad de los campesinos
presos por la masacre de Curuguaty y la recuperación de las tierras de
Marina Cue.
Tomado de aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario