viernes, 20 de septiembre de 2013

The Obama regime




Por Atilio Boron

Es una práctica profundamente arraigada que los gobiernos opuestos a la dominación norteamericana sean rutinariamente caracterizados como “regímenes” por los grandes medios de comunicación del imperio, los intelectuales colonizados de la periferia y aquellos que el gran dramaturgo español Alfonso Sastre ha magistralmente calificado como “intelectuales bienpensantes.” La palabra “régimen” adquirió en la ciencia política una connotación profundamente negativa, misma que no estaba presente en su formulación original. Hasta mediados del siglo veinte se hablaba del “régimen feudal”, de un “régimen monárquico”, o de un “régimen democrático” para aludir al conjunto de leyes, instituciones y tradiciones políticas y culturales que caracterizaban a un sistema político. Pero con la Guerra Fría y, después, con la contrarrevolución neoconservadora, el vocablo mudó completamente su significado. En su uso actual la palabra es empleada para estigmatizar a gobiernos o estados que no se arrodillan ante los dictados de Washington, a los cuáles por eso mismo se los descalifica como autoritarios y, en no pocos casos, como sangrientas tiranías.

No obstante, una mirada sobria en relación a este asunto comprobaría la existencia de estados inocultablemente despóticos que, sin embargo, los voceros de la derecha y el imperialismo jamás calificarían como “regímenes”. En la coyuntura actual proliferan los analistas o periodistas (inclusive algunos “progres”, un tanto distraídos) que parecerían no tener mayor inconveniente en aceptar el uso del lenguaje establecido por el imperio. El gobierno sirio es el “régimen de Basher Al Assad”; y la misma descalificación se utiliza a la hora de hablar de los países bolivarianos. En Venezuela lo que hay es un “régimen chavista”; en Ecuador es el “régimen de Correa” y Bolivia se encuentra sometida a los caprichos del “régimen de Evo Morales.” El hecho de que en estos tres países se hayan desarrollado instituciones y formas de protagonismo popular y funcionamiento democrático superiores a las existentes en los Estados Unidos y la gran mayoría de los países del capitalismo desarrollado es olímpicamente ignorado. No son amigos de los Estados Unidos y, por lo tanto, su sistema político es un “régimen.”

El doble rasero que se aplica en estos casos queda en evidencia cuando se observa que las infames monarquías petroleras del golfo, mucho más despóticas y brutales que el “régimen” sirio jamás son estigmatizadas con la palabrita en cuestión. Se habla, por ejemplo, del gobierno de Abdullah bin Abdul Aziz pero nunca del “régimen” saudita, a pesar de que en este país no existe parlamento sino una mera “Asamblea Consultiva” cuyos miembros son designados por el monarca entre sus parientes y amigos; los partidos políticos están explícitamente prohibidos y el gobierno es ejercido por una dinastía que se perpetúa en el poder desde hace décadas. Exactamente lo mismo ocurre con Qatar pese a lo cual ni por asomo el New York Times o los medios hegemónicos de América Latina y el Caribe se les ocurre hablar del “régimen saudita” o el “régimen catarí.” Siria, en cambio, es un “régimen”, pese a que es un estado laico en el cual hasta hace poco tiempo convivieron diversas religiones, existen partidos políticos legalmente reconocidos y hay un congreso unicameral con representación de la oposición. Pero nadie le quita el sambenito de “régimen”. En otras palabras: un gobierno amigo, aliado o cliente de Estados Unidos, por más opresivo o violador de los derechos humanos que sea, nunca va a ser caracterizado como un “régimen” por el aparato de propaganda del sistema. En cambio, gobiernos como los de Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y varios más son invariablemente caracterizados de esa manera.[1]

Para comprobar de modo aún más rotundo la tergiversación ideológica que subyace a estas caracterizaciones de los sistemas políticos basta con recordar la forma en que los publicistas de la derecha tipifican al gobierno de Estados Unidos, considerado como el “non plus ultra” de la realización democrática. Esto a pesar de que hace poco el ex presidente James Carter dijo que su país “no tiene una democracia que funcione.” Lo que hay, en realidad, es un estado policial, muy hábilmente disimulado, que ejerce una permanente e ilegal vigilancia sobre la propia ciudadanía y que lo más importante que ha hecho en los últimos treinta años ha sido permitir que el 1 % de la población se enriquezca como nunca antes, a costa del estancamiento en los ingresos percibidos por el 90 % de la población. En la misma línea crítica de la “democracia” estadounidense (en realidad, una cínica plutocracia) se encuentra la tesis del gran filósofo político Sheldon Wolin, quien ha caracterizado al régimen político imperante en su país como “un totalitarismo invertido”. Según este autor, “el totalitarismo invertido … es un fenómeno que …representa fundamentalmente la madurez política del poder corporativo y la desmovilización política de la ciudadanía.” [2] En otras palabras, la consolidación de la dominación burguesa en manos de los grandes oligopolios y la desactivación política de las masas, estimulando la apatía política, el abandono de –y el desdén por- la vida pública y la fuga privatista hacia un consumismo desorbitado sólo sostenido por un aún más desenfrenado endeudamiento. El resultado: un “régimen” totalitario de nuevo tipo. Una peculiar “democracia”, en suma, sin ciudadanos ni instituciones, y en la cual el abrumador peso del “establishment” vacía de todo contenido al discurso y a las instituciones de la democracia, convertidas por eso mismo en una mueca sin gusto y sin gracia y absolutamente incapaces de garantizar la soberanía popular. O de hacer realidad la vieja fórmula de Abraham Lincoln cuando definió a la democracia como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.”

Producto de esta gigantesca operación de falsificación del lenguaje, el estado norteamericano es concebido como una “administración”, es decir, una organización que en función de reglas y normas claramente establecidas gestiona la cosa pública con transparencia, imparcialidad y apego al mandato de la ley. En realidad, tal como lo asegura Noam Chomsky, nada de ello es verdad. Estados Unidos es un “estado canalla”, que viola como ningún otro la legalidad internacional y lo mismo hace con algunas de los más importantes derechos y leyes del país. Así lo demuestran, para el caso doméstico, las revelaciones sobre el espionaje que la NSA y otras agencias han venido haciendo en contra del propio pueblo de Estados Unidos, para no hablar de atropellos aún peores como los que se producen a diario en la infame cárcel de Guantánamo o la persistente lacra del racismo. (3) Propongo, por lo tanto, que abramos un nuevo frente de lucha ideológica y que de ahora en más comencemos a hablar del “régimen de Obama”, o el “régimen de la Casa Blanca” cada vez que tengamos que referirnos al gobierno de Estados Unidos. Será un acto de estricta justicia, que además mejorará nuestra capacidad de análisis y contribuirá a higienizar el lenguaje de la política, ensuciado y bastardeado por la industria cultural del imperio y su inagotable fábrica de mentiras.

- Dr. Atilio A. Boron es Director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED)

[1] Conviene recordar que esta dualidad de criterios morales tiene una larga historia en Estados Unidos. Es célebre la anécdota que narra la respuesta del presidente Franklin D. Roosevelt ante algunos miembros del partido demócrata horrorizados por las brutales políticas represivas de Anastasio Somoza en Nicaragua. FDR se limitó a escucharlos y decirles: “sí, es un hijo de puta. Pero es ‘nuestro’ hijo de puta.” Lo mismo podría decirse de los monarcas de Saudiarabia y Qatar, entre otros. Ocurre que Basher Al Assad no es su hijo de puta. De ahí la caracterización como “régimen” de su gobierno.
[2] Cf. Su Democracia Sociedad Anónima (Buenos Aires: Katz Editores, 2008) p. 3.
[3] Para un examen de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos, o del “régimen” norteamericano, ver: Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, "El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por Estados Unidos" (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009)

Fuente: ALAI AMLATINA, 18/09/2013.-

Tomado de aquí.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

No al ataque contra Siria


Por Roberto Follari

Sí, el ataque estadounidense será contra Siria toda. No contra su gobierno solamente; afortunadamente por ahora no hay invasión con tropas, pero los ataques con misiles –todo el mundo sabe– no siempre terminan donde se esperaba.

Habrá muertos civiles, muertos inocentes, niños muertos, muertos de la oposición. Habrá muertos por todas partes, en primera instancia casi todos sirios, por cierto; los únicos no-locales afectados por el ataque podrían ser algunos mercenarios de los reclutados por la resistencia.


 

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Los pueblos originarios tienen su mapa



El trabajo ubica a los 38 pueblos naciones originarias en los lugares donde hoy viven. Fue realizado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios con el apoyo del Sindicato de Comercio de Quilmes.

Por Eduardo Videla
 
“Hasta ahora, los mapas con la distribución de los pueblos originarios eran los que había hecho la Iglesia. Nosotros mismos suponíamos que éramos una docena de pueblos en todo el territorio. Pero en los encuentros nos fuimos dando cuenta de que había más, y resolvimos hacer nuestro propio mapa.” Roberto Ñancucheo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, explicó de esa manera por qué las comunidades reunidas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo) resolvieron poner por primera vez sobre el papel la distribución geográfica de las 38 naciones geográficas identificadas hasta ahora en todo el territorio del país. El material, junto con un cuadernillo, será repartido por los propios integrantes de las comunidades en las escuelas de todo el país.

Ñancucheo explicó Página/12 que la necesidad se les planteó en uno de los encuentros, allá por 2009. “Había muchos compañeros de Tartagal y nosotros creíamos que eran wichís. Pero uno de ello nos dijo que era del pueblo iogys. ¿Pero si vos hablas en wichí?, le preguntamos. Sí, nos contestó, porque estoy con ellos, pero en mi casa hablamos iogys. Ahí nos dimos cuenta de que ni nosotros sabíamos cuántos pueblos hay.”

Para Walter Barraza, del pueblo tonocoté, de Santiago del Estero –aunque reside en Quilmes–, el mapa presentado ayer “refleja la identidad diversa de los pueblos que habitan el territorio, que permite considerarlo como un Estado plurinacional”. El dirigente confía en que esta información permitirá que en las escuelas “no se estudie dónde vivían los pueblos originarios y cuáles eran sus costumbres, sino por dónde viven y cuál es su situación hoy”.

El encuentro de organizaciones territoriales, explicaron los organizadores, comenzó a gestarse a partir de 2008, con el debate por la Resolución 125, por las retenciones móviles a la producción agraria. “Era un avance contra la Sociedad Rural, nuestro enemigo histórico, el que financió al Ejército para avanzar sobre nuestros territorios”, afirmó Barraza. “A diferencia de ellos –agregó–, nosotros no queremos que desaparezca la Sociedad Rural, sino que se abra la participación a otros actores.”

Si bien la organización reconoce que en el actual proceso político “hemos detectado un avance de los sectores populares sobre la gestión del Estado”, y admite que “en esta última década estamos mejor acompañados que nunca”, aseguran que “no queremos que nadie nos conduzca, fuera de nuestras propias autoridades”. Valoran que los pueblos originarios hayan sido escuchados en los últimos años para el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o del Código Civil, y trabajen en cooperación con organismos del Estado, como el INTA o el INTI, pero remarcan que queda mucho recorrido en la lucha por sus derechos. “Desde la posesión de nuestras tierras hasta el derecho a la consulta antes de encarar un emprendimiento productivo en los territorios”, grafica Ñancucheo.

La edición y publicación del mapa y el cuadernillo contó con el apoyo del Sindicato de Comercio de Quilmes, una entidad gremial que se ha mostrado interesada en la lucha de los pueblos originarios. Los materiales fueron entregados ayer por el secretario general, Roberto Rodríguez. Si la alianza indígena-sindical puede resultar sorprendente, no menos imprevista es la participación de deportistas en la movida: estuvo presente el ex futbolista Pablo Rotchen, del pueblo huarpe (Mendoza), de larga trayectoria en la lucha por los derechos de los pueblos originarios, y envió su adhesión el también ex defensor de Independiente Pedro Monzón (actual entrenador de Platense) de la comunidad guaraní.

Los 10 mil mapas impresos en tamaño afiche serán distribuidos en escuelas de veinte provincias. “En este trabajo está condensado nuestro pasado de lucha y resistencia, y también la proyección para volver al buen vivir de nuestros antepasados”, concluyó Ñancucheo.

Tomado de aquí.



lunes, 2 de septiembre de 2013

La lucha de un pueblo por un título de propiedad comunitario: TIERRA DE HUARPES



Once comunidades de Huanacache renovaron su reclamo por la aplicación de la ley que reconoce la preexistencia étnico-cultural del Pueblo Huarpe Milcallac y dispone la expropiación de 780 mil hectáreas, su tierra.

Las tierras en cuestión representan el 80% de la superficie del departamento de Lavalle, situado al noreste de la provincia. Del total, 106.000 hectáreas han pertenecido al fisco mientras que el grueso de la extensión, en los papeles, aparece a nombre de alrededor de 700 privados. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales la posesión la ejercen los miembros de las comunidades que viven del pastoreo de ganado a campo abierto. Allí, pertinazmente, sobreviven las y los descendientes de los “indios laguneros”, aproximadamente 4.000 personas, cuya actividad económica principal es la cría de cabras, la recolección de junquillo y, últimamente, la manufactura de productos artesanales.
Las demandas por la titularidad de la tierra, tramitada por los presidentes de las comunidades, son acompañadas, entre otros, por su abogado patrocinante, el doctor Fidel Bustelo, y por el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Una larga lucha. El 4 de julio de 2001, un numeroso contingente proveniente del secano bajó a la ciudad para seguir el tratamiento de la ley 6.920 y cerró la jornada celebrando emocionado en plena Plaza Independencia su media sanción; días después el Senado ratificó la norma. A poco de andar, el entonces fiscal de Estado Pedro Sin interpuso una acción de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia argumentando que la entrega de la titularidad a los nativos retiraba del comercio al 80% de las tierras del departamento Lavalle e imposibilitaba ofrecerlas en garantía.

Aquí estaba el quid de la cuestión, los privados que tienen títulos los utilizan como garantía hipotecaria para operaciones financieras o económicas, a miles de kilómetros del desierto. Tanto es así que en el molinete de la especulación, más de una vez los acreedores han venido a ejecutar la garantía y se encontraron en el desierto; hay parcelas que tienen dos o tres presuntos dueños porque, en rigor, la extensión nunca fue ocupada y sólo la usan para prendarla.
El entonces fiscal Sin esgrimió “agravios constitucionales” al derecho a la propiedad y al principio de racionalidad; entre idas y venidas pasaron los años sin que se resuelva y lo que parecía un triunfo irreversible se transformó en un camino lleno de obstáculos. Así, el planteo del fiscal devino en una causa judicial que dio vueltas cinco años hasta que en diciembre de 2008 la Suprema Corte falló a favor de las comunidades huarpes.

Desde ese momento se inició una nueva etapa para que la ley se cumpla. La 6.920 implicó algunas resistencias entre los 700 privados con 680.000 hectáreas que deben ser expropiadas. La situación es por demás confusa porque en algunos casos para una misma parcela se presentan hasta diez propietarios; las tierras tienen delimitaciones imprecisas y, a veces, superpuestas. Para peor, en los territorios se reactivaron alambrados y tranqueras de supuestos dueños que intentan tomar posesión para cobrar la indemnización, lo que trajo aparejado más de un conflicto. Así lo admitió el Dr. Carlos Arias, director de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

En abril de 2011, el gobernador Celso Jaque buscó una salida rápida, hizo arreglos con un sector de la comunidad de Laguna del Rosario y entregó parte de las tierras fiscales: 72.647 hectáreas. El polémico traspaso dejó molestas a las otras diez comunidades que después de más de una década de lucha conjunta fueron ignoradas a la hora de decidir la escrituración de menos del 10% de las tierras a nombre de una sola.

Al respecto, el director sostuvo que se tomó esa medida para dar una “señal” de la intención del gobierno de entregar las tierras a las comunidades. Paralelamente, aseguró que se está avanzando en la implementación de la ley. Recientemente se contrató a un agrimensor para realizar la mensura de la superficie en manos privadas hasta llegar a su expropiación por parte del Estado. Asimismo reconoció que los “tiempos administrativos” no se compadecen con los tiempos y urgencias planteadas por las once comunidades huarpes que siguen aspirando a un único título en propiedad comunitaria porque responde al funcionamiento ancestral de la utilización de sus tierras.

Lavalle es indígena. El departamento de Lavalle, ubicado en el vértice noreste de la provincia, limita con San Juan y San Luis, cuenta con 10.212 km cuadrados y 35.895 habitantes (censo 2010); el 90% de esa superficie la cubre el desierto o secano, tierra salitrosa que carece de sistema de riego. Los ríos San Juan, Mendoza y Desaguadero le ofrecían sus aguas a través de las crecientes que dejaban ciénagas cultivables a sus orillas, mientras que en la parte central sólo se encuentran médanos de arena. Hasta el siglo pasado los cauces fluviales sostenían el complejo de Lagunas del Rosario y Huanacache, complejo que otorgó a los huarpes el nombre de “indios laguneros”. También en los montes se encontraba algarrobo dulce, jarilla, zampa, sauce criollo y chañar; en los pantanos y lagunas crecían cañaverales y totorales. El ferrocarril y la explotación del tanino acabaron los quebrachos y castigaron al algarrobal; el desmonte, en general, dejó su huella ruinosa.

En la actualidad la extrema aridez avanza debido a la utilización de los ríos en sus cursos superiores y endicamiento de sus aguas. Los lugareños afirman que desde que se construyó el dique Potrerillos, el río Mendoza, en sus estribaciones, está seco.

Y sin embargo, frente a la adversidad, están los cerca de cuatro mil habitantes en los “puestos” de Lavalle que años atrás decidieron recuperar sus orígenes y organizarse como Comunidades Huarpes de Huanacache a fin de dar los pasos necesarios para que sus tierras les sean restituidas.
El RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) del INAI da cuenta de la existencia de 11 comunidades: Comunidad Huarpe “Juan Manuel Villegas” de San José; Comunidad Huarpe “José Andrea Días” de San Miguel; Comunidad Huarpe “Elías Guaquinchay” de El Retamo; Comunidad Huarpe “Laguna del Rosario” de Lagunas del Rosario; Comunidad Huarpe “Paula Guaquinchay” de Asunción; Comunidad Huarpe “José Ramón Guaquinchay” de El Forzudo; Comunidad Huarpe “Santos Guayama” de Lagunitas; Comunidad Huarpe “Secundino Talquenca” de El Retiro; Comunidad Huarpe “Juan Bautista Villegas” de El Cavadito; Comunidad Huarpe “Josefina Pérez” de La Josefa, y Comunidad Huarpe “Güentota” de El Puerto. Todas estas están ubicadas en el desierto lavallino.

Reivindicación de la identidad. La descendencia del pueblo huarpe millcayac esparcido en el secano lavallino ha perdido su lengua, el único vestigio es un diccionario del Padre Valdivia, elaborado en Chile en el siglo XVI que no contempla la estructura gramatical ni la fonética, por lo que se hace prácticamente imposible reconstruir el habla.

A la hora de la conquista, vivían en grupos no concentrados sino en asentamientos distantes tres a cuatro kilómetros entre sí sobre los médanos o en las costas de las lagunas o de los ríos tributarios, distribución similar al presente.

Formalmente, al pueblo se lo dio por fenecido con la muerte de su último encomendero Don Felipe Pizarro y Pardo, en 1772; aseveración sustentada por la lógica colonial de que, con la muerte del señor, se acabaron los indios. Los registros revelan que este pueblo fue diezmado, por un lado entregado en encomienda y esclavizado, los hombres trasladados a las minas y los lavaderos de oro de Chile o explotados en cultivos y obras de la nueva ciudad. Pero por otro lado varios autores sostienen que familias enteras se refugiaron en las lagunas y en los montes huyendo de la expoliación. Finalmente, otra versión histórica dice que el pueblo huarpe se extinguió antes de la abolición de la encomienda en 1720, criterio ratificado por la tradición histórica mitrista, funcional a la entrega de tierras comunitarias a privados que empieza a visualizarse precisamente a fines del siglo XIX, después de la mal llamada Campaña del Desierto. La aseveración de que en Mendoza no había indios recorrió todos los ámbitos en la última centuria.

Sin embargo, una y otra vez reaparecen; están en el Archivo del Arzobispado de Mendoza registrados en los Libros de Bautismo posteriores a esa fecha de abolición de la Encomienda; en los mismos se ve consignada la casta a la que pertenecía el ungido; así, entre 1784 y 1806 en Actas de Las Lagunas predominan las “actas de indios” (275 contra 14 actas de mestizos y 4 actas de españoles). Cabe recordar que el registro de las personas se realizaba mediante la fe de bautismo, que emitían las parroquias.

Aparecen también en documentos de 1838 obrantes en el Archivo Histórico de Mendoza. A raíz de un litigio se verifica un fallo que dice que “las tierras de la travesía de Huanacache son propiedad de los indios”, sin embargo, nunca se realizaron las escrituras correspondientes.

La consolidación del Estado-Nación, al igual que en la colonia, forzó a los pueblos originarios a renunciar a su identidad so pena de persecución. Así llegaron a nuestros días los puesteros de Lavalle y sus familias como parte del criollaje, los mismos que en el presente decidieron exhibir sus raíces.

Fue necesaria la revisión de la historia de los vencidos y el surgimiento de renovados contextos políticos para que nuevas identidades surgieran a la luz como sujetos de derecho a reparar por el despojo sufrido.

Con el advenimiento de la democracia, la ley 23.302 de septiembre de 1985 fue un hito en el reconocimiento y visibilización, por parte del Estado, de los aborígenes y las comunidades indígenas existentes en el país. La norma planteaba el diseño de políticas públicas que permitieran el acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de la producción preservando las pautas ancestrales. Paralelamente, en materia de educación y salud proponía el respeto a los valores y modalidades culturales de cada pueblo. La misma fue complementada por la ley 26.160, que determina el relevamiento de los territorios y deja en claro la prohibición de los desalojos.

A nivel internacional, la referencia de  peso lo constituye el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscripto por nuestro país que se expide claramente a favor de los pueblos indígenas y tribales.

Con estas herramientas, en Mendoza, a fines de los ’90 se pudo formalizar la existencia de las once comunidades huarpes de Huanacache a través de su inscripción y otorgamiento de la personería jurídica ante el INAI.

Cabe destacar que más allá de los requisitos cumplimentados para su reconocimiento legal, son los puesteros de Lavalle, a pesar del mestizaje, los que han sostenido pautas ancestrales clave como el uso no privado sino comunitario de las tierras y las aguas, así como una forma especial de la distribución de los excedentes.

Arrinconados en la superficie provincial parece que la mirada desde la ciudad no alcanza a divisar que esos son nuestros pueblos originarios, y que sus campos languidecen a costa de la prosperidad de otras zonas; sin embargo siguen ahí, una y otra vez se hacen presentes para recordar el despojo e insistir en el pleno derecho sobre sus tierras. 

Axe Huarpe (Mujer Huarpe)

Desde el año 2000, las “Mujeres Huarpes de Huanacache” han creado un espacio propio, íntimo, que cuidan celosamente. Lo conciben como un lugar de fortalecimiento en su lucha como huarpes y como mujeres a fin de revertir la “vergüenza y el ocultamiento” a los que fueron sometidas. Ellas realizan un encuentro anual local en el que intercambian inquietudes y se organizan para participar de los Encuentros Nacionales de Mujeres a fin de desembarcar en los talleres destinados a los pueblos originarios. El año pasado, unas 60 viajaron a Misiones después de una ardua tarea para autofinanciarse.
Deolinda Pérez, integrante de ese agrupamiento, aseguró que “acá estamos más organizadas que los hombres, somos más decididas”.

Un trabajo colectivo volcado en el fascículo “Memoria del Movimiento de la Mujeres Huarpe de Huanacache”, editado en 2010, permite recoger la mirada sobre su identidad al decir: “Las mujeres huarpes queremos estar a la par y en forma igualitaria luchando junto a nuestros hombres”, y agregan: “Debemos peguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Si despreciamos lo nuestro, caminamos sin horizonte ni rumbo…”.

Completan su posición diciendo: “Nos duele que busquen indios con plumas. Nuestra cultura, como las demás, ha evolucionado. No queremos que nos vean como pasado porque somos presente”.

“Da mucha bronca cómo actúa la Justicia” 

Diego Barros es el presidente de la Comunidad Huarpe “Paula Guaquinchay” de Asunción y uno de los referentes del conjunto de las comunidades de Huanacache. Veintitrés se trasladó al desierto lavallino para entrevistarlo e informarse sobre aspectos clave en la aplicación de la ley provincial 6.920.

–¿Cómo actúan los privados en relación a las tierras comunitarias?

–Los particulares saben de la ley provincial, saben que se va avanzando despacio. El territorio por el que nosotros luchamos son 780.000 hectáreas pero en catastro, en papeles, son el doble, pero ninguno ha sido notificado por el gobierno. Sabemos que el art. 5 de la ley dice que el Estado indemnizará a aquellos que tengan títulos perfectos. Para ello les pide la posesión, la escritura y la mensura al día. En estos últimos años, algunos particulares hicieron la actualización de los papeles pero no tienen la posesión, no la tienen porque la posesión es de las comunidades. Entonces vienen a hacer actos posesorios: algunos plantan un árbol, ponen alambre o hacen una ramadita, dejan a alguien y se van. Frente a esas situaciones son las comunidades las que salen a denunciar y también a actuar, entonces aparecen los conflictos… Para la Justicia nosotros somos los que hacemos un delito si vamos y desarmamos un alambrado porque dice “propiedad privada”, la fiscalía siempre les da más derecho a los particulares que a las comunidades. Por eso pedimos la publicación de los edictos (mediante los mismos los privados quedarían notificados de que la tierra está en vías de expropiación). Da mucha bronca cómo actúa la Justicia porque a veces hasta hay falsedad en las denuncias. Nosotros decimos no es propiedad privada porque es nuestro derecho, es de los que hemos estado y trabajado en el lugar.

–¿Cómo va la negociación con el gobierno por la entrega del territorio que reclaman?

–Las últimas gestiones fueron para la contratación de los agrimensores que paga el Estado para la mensura de los terrenos y la publicación de los edictos, nos interiorizarnos  para poder avanzar. Nosotros siempre nos planteamos juntarnos con el Estado, es un interés nuestro y sabemos que somos los principales beneficiados… Por eso decimos: sentémonos, acordemos cosas, si tenemos que golpear puertas, hay que hacerlo pero no podemos dejarle solo al Estado. Si podemos avanzar, avanzamos juntos, no queremos responsabilizar a alguien. Queremos la tierra para vivir tranquilos pero no vamos a esperar aquí sentados que nos llamen. Lo que sucedió con Laguna de Rosario fue impuesto por el gobierno. En el sentido de decir qué se le va a dar y cómo se le va a dar a la gente de Laguna. Primero ofrecieron algo individual, que la gente fuera pagando al Estado por la tierra que ocupaba para después darle un título supletorio, pero todos se opusieron; era lo que siempre hicieron cuando teníamos una marcha o una asamblea de las comunidades, entonces ofrecían algo particular. Nosotros siempre hablamos de un solo título en una sola mensura para las once comunidades.
 
 
Tomado de aquí.
 
 

Declaración oficial de la VII Cumbre de Unasur sobre la situación en la República árabe de Siria



“El Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de Unasur, reunidos en la VII Cumbre Ordinaria de la ciudad de Paramaribo, Surinam, el 30 de agosto de 2013, expresa en su primer punto su extrema preocupación por la situación en la República Árabe Siria y su hondo pesar por las irreparables pérdidas de vidas humanas y hace un firme llamado a la paz, esperando que el pueblo sirio, en el ejercicio de su soberanía, pueda encontrar una solución pacífica y negociada al conflicto.

En segundo lugar, condena las intervenciones externas que sean incompatibles con la carta de las Naciones Unidas y asimismo rechaza el desarrolllo de estrategias intervencionistas de todo tipo.

Tercero, exige el cese inmediato de toda la violencia y la suspensión del suministro de todo tipo de armamentos, por parte de otros países, hacia el territorio sirio, al respecto el derecho internacional humanitario y el inicio del diálogo entre las partes. Exige respeto y hace un llamado al secretario de las Naciones Unidas a mantener sus gestiones y profundizar sus esfuerzos para lograr el fin del conflicto.

En cuarto lugar, reitera su apoyo al representante especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Liga Árabe y la convocatoria de una conferencia internacional sobre la situación en Siria.

Quinto, reitera que el uso de armas químicas es crimen de guerra y de lesa humanidad y afirma asimismo la necesidad de tratar el tema a la luz del derecho internacional y de manera imparcial y transparente. Recuerda además las obligaciones de todas las partes bajo el derecho internacional humanitario.

Finalmente, exhorta a todas la partes a cooperar con la misión de investigacion de las Naciones Unidas en este país y urge al Consejo de Seguridad de la ONU para que con base al informe contribuya para el establecimiento de condiciones para que cesen las agresiones, se proteja a la población contra los ataques indiscriminados de todo tipo, que pongan en riesgo la vida, la integralidad y seguridad de conformidad con el derecho internacional y de las convenciones multilaterales tal y como lo establece la carta de este organismo internacional.

Paramaribo, Surinam
30 de agosto de 2013″

AVN

Tomado de aquí.

 

domingo, 1 de septiembre de 2013

"Cuando me muera quiero" - Leon Gieco

Cuando veas arder el TLC de tu vecino




Por Luis Brito García

1

Los lugares comunes sobre la Hermana República requieren radical revisión. Colombia ha dejado de ser el gran productor agrícola de las décadas pasadas. Importa más del 50% de los alimentos que consume; aproximadamente el 80% de sus importaciones de Estados Unidos integran este rubro, que también engrosa el contrabando de extracción de alimentos subsidiados desde Venezuela. Su explotación cafetalera se desplomó. Quizá contribuyeron a esta devastación las operaciones militares con saldo de más de cuatro millones de “desplazados”, eufemismo con el que se denomina a  campesinos expulsados de sus tierras y despojados de ellas por supuestas razones estratégicas.

2

La desigualdad social agraria que en parte ha mantenido el conflicto colombiano durante más de medio siglo empeora. El antropólogo y profesor universitario  Darío Fajardo Montaña expuso en marzo de 2012 en la Cátedra Mutis que “con la eliminación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), desapareció la posibilidad para los agricultores de ser beneficiarios de la titulación de tierras. El problema se agrava porque, a pesar de la actual ley de restitución, se registran ataques, asesinatos y amenazas a los líderes campesinos que fueron desplazados y que hoy reclaman la devolución de sus tierras”. Añade Fajardo que la nueva política impone  “la modalidad de la ‘empresarización’, que son asociaciones entre multinacionales y campesinos, y la extranjerización de las tierras, que favorece la titulación a las grandes empresas” (www.unalco.).   

3

Sobre la economía de Colombia pesa el beso de la muerte del neoliberalismo. Desde los noventa el presidente César Gaviria  impuso políticas neoliberales que desmantelaron la producción. Álvaro Uribe promocionó el Tratado de Libre Comercio que terminó refrendando Daniel Santos. Ésta es una de las políticas constantes de la oligarquía colombiana. Ella  significa que ingresan sin restricción la producción agrícola subsidiada de Estados Unidos y las mercancías que éste revende de sus maquilas en Asia. Los resultados no se hacen esperar. El 10% de los colombianos se apropia de más del 50% del ingreso. En contraste con Venezuela, el país menos desigual de la región,   Jairo Núñez, de Fedesarrollo, señala que según la Encuesta de Calidad de Vida que hace el Dane, el Gini colombiano (índice que mide la desigualdad) “habría llegado en 2008 a 0,59, uno de los más altos, si no el más alto del planeta y, quizá, el más alto de América Latina, la región más desigual del mundo” (Revista Semana, Bogotá, marzo 12 de 2011).

4

Pequeños y medianos productores agropecuarios van a la ruina: el Paro Agrario Nacional es una desesperada medida para evitar la quiebra. A él se suman asociaciones urbanas: el gremio de artesanos y el de zapateros, saboteados por imitaciones asiáticas de sus productos. Los transportistas protestan por el costo de los peajes, pues, a diferencia de Venezuela, las carreteras colombianas cobran el acceso. Hay movilizaciones en 25 departamentos, con más de 50 cortes viales. Aunque el  paro no es una rebelión juvenil, también se le  une el Movimiento Ampliado Nacional Estudiantil, que comprende educandos de todos los sectores, pues en Colombia, a diferencia de Venezuela, la Constitución no garantiza universidad gratuita. Se suman a la protesta los profesionales discriminados por las transnacionales. La protesta llena Bogotá y las principales ciudades del país. Los muertos pasan de la decena.  Cacerolazos locales y nacionales han estremecido el país.  A los venezolanos la melodía nos parece conocida. No hay Paquete Neoliberal sin Explosión Social.

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Se enfrentan a esta movilización  el medio millon de combatientes financiados por el Presupuesto de Defensa de Colombia, las nueve bases militares de Estados Unidos, la estrategia de negociar por separado, la Alianza del Pacífico, a la cual la vecina República ingresó hace pocos meses,  y redes mediáticas casi unánimemente conservadoras: el grupo de la familia Santos, NTN 24, RCN y la Cadena Caracol, recientemente comprada por PRISA, y Cable Noticias, adquirida por los ex pedevesas de Pacific Rubiales. Los colombianos se informan por medios alternativos, blogs, twitter, Facebook y Telesur, la única que informa el desarrollo de la protesta entre el vasto silencio de oligarcas.

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Éstos son los resultados del TLC en Colombia ¿Cuáles serán sus efectos en Venezuela? ¿Olvidamos que nuestros países suscribieron el 28 de noviembre de 2011 un “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial”, que otorga arancel cero al 91% de 3.500 partidas arancelarias, y al 9% restante le acuerda aranceles preferenciales entre 40% y 60% más bajos? Así como Estados Unidos coloca sus productos en Colombia con entera libertad, éstos pueden inundar sin restricciones a Venezuela, como si  hubiéramos firmado un TLC con la potencia norteña ¿Estarán nuestra agricultura y nuestras industrias libres de los mortales efectos del TLC? ¿O esperaremos a que desencadene efectos sociales equiparables a los que  detona en Colombia? En pocos meses, han respondido a las medidas neoliberales sublevaciones en Brasil y en la Hermana República. Cuando veas arder el TLC de tu vecino, corta el que firmaste con él.

1 septiembre 2013

Tomado de aquí.

 



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