Once comunidades de Huanacache renovaron su reclamo por la
aplicación de la ley que reconoce la preexistencia étnico-cultural del
Pueblo Huarpe Milcallac y dispone la expropiación de 780 mil hectáreas,
su tierra.
Las tierras en cuestión representan el 80% de la superficie del
departamento de Lavalle, situado al noreste de la provincia. Del total,
106.000 hectáreas han pertenecido al fisco mientras que el grueso de la
extensión, en los papeles, aparece a nombre de alrededor de 700
privados. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales la posesión la ejercen
los miembros de las comunidades que viven del pastoreo de ganado a
campo abierto. Allí, pertinazmente, sobreviven las y los descendientes
de los “indios laguneros”, aproximadamente 4.000 personas, cuya
actividad económica principal es la cría de cabras, la recolección de
junquillo y, últimamente, la manufactura de productos artesanales.
Las
demandas por la titularidad de la tierra, tramitada por los presidentes
de las comunidades, son acompañadas, entre otros, por su abogado
patrocinante, el doctor Fidel Bustelo, y por el Equipo Nacional de la
Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Una larga lucha.
El 4 de julio de 2001, un numeroso contingente proveniente del secano
bajó a la ciudad para seguir el tratamiento de la ley 6.920 y cerró la
jornada celebrando emocionado en plena Plaza Independencia su media
sanción; días después el Senado ratificó la norma. A poco de andar, el
entonces fiscal de Estado Pedro Sin interpuso una acción de
inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia
argumentando que la entrega de la titularidad a los nativos retiraba del
comercio al 80% de las tierras del departamento Lavalle e
imposibilitaba ofrecerlas en garantía.
Aquí estaba el quid de la cuestión, los privados que tienen títulos los utilizan como garantía hipotecaria para operaciones financieras o económicas, a miles de kilómetros del desierto. Tanto es así que en el molinete de la especulación, más de una vez los acreedores han venido a ejecutar la garantía y se encontraron en el desierto; hay parcelas que tienen dos o tres presuntos dueños porque, en rigor, la extensión nunca fue ocupada y sólo la usan para prendarla.
El entonces fiscal Sin
esgrimió “agravios constitucionales” al derecho a la propiedad y al
principio de racionalidad; entre idas y venidas pasaron los años sin que
se resuelva y lo que parecía un triunfo irreversible se transformó en
un camino lleno de obstáculos. Así, el planteo del fiscal devino en una
causa judicial que dio vueltas cinco años hasta que en diciembre de 2008
la Suprema Corte falló a favor de las comunidades huarpes.
Desde ese momento se inició una nueva etapa para que la ley se cumpla. La 6.920 implicó algunas resistencias entre los 700 privados con 680.000 hectáreas que deben ser expropiadas. La situación es por demás confusa porque en algunos casos para una misma parcela se presentan hasta diez propietarios; las tierras tienen delimitaciones imprecisas y, a veces, superpuestas. Para peor, en los territorios se reactivaron alambrados y tranqueras de supuestos dueños que intentan tomar posesión para cobrar la indemnización, lo que trajo aparejado más de un conflicto. Así lo admitió el Dr. Carlos Arias, director de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
En abril de 2011, el gobernador Celso Jaque buscó una salida rápida, hizo arreglos con un sector de la comunidad de Laguna del Rosario y entregó parte de las tierras fiscales: 72.647 hectáreas. El polémico traspaso dejó molestas a las otras diez comunidades que después de más de una década de lucha conjunta fueron ignoradas a la hora de decidir la escrituración de menos del 10% de las tierras a nombre de una sola.
Al respecto, el director sostuvo que se tomó esa medida para dar una “señal” de la intención del gobierno de entregar las tierras a las comunidades. Paralelamente, aseguró que se está avanzando en la implementación de la ley. Recientemente se contrató a un agrimensor para realizar la mensura de la superficie en manos privadas hasta llegar a su expropiación por parte del Estado. Asimismo reconoció que los “tiempos administrativos” no se compadecen con los tiempos y urgencias planteadas por las once comunidades huarpes que siguen aspirando a un único título en propiedad comunitaria porque responde al funcionamiento ancestral de la utilización de sus tierras.
Lavalle es
indígena. El departamento de Lavalle, ubicado en el vértice noreste de
la provincia, limita con San Juan y San Luis, cuenta con 10.212 km
cuadrados y 35.895 habitantes (censo 2010); el 90% de esa superficie la
cubre el desierto o secano, tierra salitrosa que carece de sistema de
riego. Los ríos San Juan, Mendoza y Desaguadero le ofrecían sus aguas a
través de las crecientes que dejaban ciénagas cultivables a sus orillas,
mientras que en la parte central sólo se encuentran médanos de arena.
Hasta el siglo pasado los cauces fluviales sostenían el complejo de
Lagunas del Rosario y Huanacache, complejo que otorgó a los huarpes el
nombre de “indios laguneros”. También en los montes se encontraba
algarrobo dulce, jarilla, zampa, sauce criollo y chañar; en los pantanos
y lagunas crecían cañaverales y totorales. El ferrocarril y la
explotación del tanino acabaron los quebrachos y castigaron al
algarrobal; el desmonte, en general, dejó su huella ruinosa.
En la actualidad la extrema aridez avanza debido a la utilización de los ríos en sus cursos superiores y endicamiento de sus aguas. Los lugareños afirman que desde que se construyó el dique Potrerillos, el río Mendoza, en sus estribaciones, está seco.
Y sin embargo, frente a la adversidad, están los cerca de cuatro mil habitantes en los “puestos” de Lavalle que años atrás decidieron recuperar sus orígenes y organizarse como Comunidades Huarpes de Huanacache a fin de dar los pasos necesarios para que sus tierras les sean restituidas.
El
RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) del INAI da cuenta
de la existencia de 11 comunidades: Comunidad Huarpe “Juan Manuel
Villegas” de San José; Comunidad Huarpe “José Andrea Días” de San
Miguel; Comunidad Huarpe “Elías Guaquinchay” de El Retamo; Comunidad
Huarpe “Laguna del Rosario” de Lagunas del Rosario; Comunidad Huarpe
“Paula Guaquinchay” de Asunción; Comunidad Huarpe “José Ramón
Guaquinchay” de El Forzudo; Comunidad Huarpe “Santos Guayama” de
Lagunitas; Comunidad Huarpe “Secundino Talquenca” de El Retiro;
Comunidad Huarpe “Juan Bautista Villegas” de El Cavadito; Comunidad
Huarpe “Josefina Pérez” de La Josefa, y Comunidad Huarpe “Güentota” de
El Puerto. Todas estas están ubicadas en el desierto lavallino.
Reivindicación
de la identidad. La descendencia del pueblo huarpe millcayac esparcido
en el secano lavallino ha perdido su lengua, el único vestigio es un
diccionario del Padre Valdivia, elaborado en Chile en el siglo XVI que
no contempla la estructura gramatical ni la fonética, por lo que se hace
prácticamente imposible reconstruir el habla.
A la hora de la conquista, vivían en grupos no concentrados sino en asentamientos distantes tres a cuatro kilómetros entre sí sobre los médanos o en las costas de las lagunas o de los ríos tributarios, distribución similar al presente.
Formalmente, al pueblo se lo dio por fenecido con la muerte de su último encomendero Don Felipe Pizarro y Pardo, en 1772; aseveración sustentada por la lógica colonial de que, con la muerte del señor, se acabaron los indios. Los registros revelan que este pueblo fue diezmado, por un lado entregado en encomienda y esclavizado, los hombres trasladados a las minas y los lavaderos de oro de Chile o explotados en cultivos y obras de la nueva ciudad. Pero por otro lado varios autores sostienen que familias enteras se refugiaron en las lagunas y en los montes huyendo de la expoliación. Finalmente, otra versión histórica dice que el pueblo huarpe se extinguió antes de la abolición de la encomienda en 1720, criterio ratificado por la tradición histórica mitrista, funcional a la entrega de tierras comunitarias a privados que empieza a visualizarse precisamente a fines del siglo XIX, después de la mal llamada Campaña del Desierto. La aseveración de que en Mendoza no había indios recorrió todos los ámbitos en la última centuria.
Sin embargo, una y otra vez reaparecen; están en el Archivo del Arzobispado de Mendoza registrados en los Libros de Bautismo posteriores a esa fecha de abolición de la Encomienda; en los mismos se ve consignada la casta a la que pertenecía el ungido; así, entre 1784 y 1806 en Actas de Las Lagunas predominan las “actas de indios” (275 contra 14 actas de mestizos y 4 actas de españoles). Cabe recordar que el registro de las personas se realizaba mediante la fe de bautismo, que emitían las parroquias.
Aparecen también en documentos de 1838 obrantes en el Archivo Histórico de Mendoza. A raíz de un litigio se verifica un fallo que dice que “las tierras de la travesía de Huanacache son propiedad de los indios”, sin embargo, nunca se realizaron las escrituras correspondientes.
La consolidación del Estado-Nación, al igual que en la colonia, forzó a los pueblos originarios a renunciar a su identidad so pena de persecución. Así llegaron a nuestros días los puesteros de Lavalle y sus familias como parte del criollaje, los mismos que en el presente decidieron exhibir sus raíces.
Fue necesaria la revisión de la historia de los vencidos y el surgimiento de renovados contextos políticos para que nuevas identidades surgieran a la luz como sujetos de derecho a reparar por el despojo sufrido.
Con el advenimiento de la democracia, la ley 23.302 de septiembre de 1985 fue un hito en el reconocimiento y visibilización, por parte del Estado, de los aborígenes y las comunidades indígenas existentes en el país. La norma planteaba el diseño de políticas públicas que permitieran el acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de la producción preservando las pautas ancestrales. Paralelamente, en materia de educación y salud proponía el respeto a los valores y modalidades culturales de cada pueblo. La misma fue complementada por la ley 26.160, que determina el relevamiento de los territorios y deja en claro la prohibición de los desalojos.
A nivel internacional, la referencia de peso lo constituye el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscripto por nuestro país que se expide claramente a favor de los pueblos indígenas y tribales.
Con estas herramientas, en Mendoza, a fines de los ’90 se pudo formalizar la existencia de las once comunidades huarpes de Huanacache a través de su inscripción y otorgamiento de la personería jurídica ante el INAI.
Cabe destacar que más allá de los requisitos cumplimentados para su reconocimiento legal, son los puesteros de Lavalle, a pesar del mestizaje, los que han sostenido pautas ancestrales clave como el uso no privado sino comunitario de las tierras y las aguas, así como una forma especial de la distribución de los excedentes.
Arrinconados en la superficie provincial parece que la mirada desde la ciudad no alcanza a divisar que esos son nuestros pueblos originarios, y que sus campos languidecen a costa de la prosperidad de otras zonas; sin embargo siguen ahí, una y otra vez se hacen presentes para recordar el despojo e insistir en el pleno derecho sobre sus tierras.
Axe Huarpe (Mujer Huarpe)
Un trabajo colectivo volcado en el fascículo “Memoria del Movimiento de la Mujeres Huarpe de Huanacache”, editado en 2010, permite recoger la mirada sobre su identidad al decir: “Las mujeres huarpes queremos estar a la par y en forma igualitaria luchando junto a nuestros hombres”, y agregan: “Debemos peguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Si despreciamos lo nuestro, caminamos sin horizonte ni rumbo…”.
Completan su posición diciendo: “Nos duele que busquen indios con plumas. Nuestra cultura, como las demás, ha evolucionado. No queremos que nos vean como pasado porque somos presente”.
–¿Cómo actúan los privados en relación a las tierras comunitarias?
–Los particulares saben de la ley provincial, saben que se va avanzando despacio. El territorio por el que nosotros luchamos son 780.000 hectáreas pero en catastro, en papeles, son el doble, pero ninguno ha sido notificado por el gobierno. Sabemos que el art. 5 de la ley dice que el Estado indemnizará a aquellos que tengan títulos perfectos. Para ello les pide la posesión, la escritura y la mensura al día. En estos últimos años, algunos particulares hicieron la actualización de los papeles pero no tienen la posesión, no la tienen porque la posesión es de las comunidades. Entonces vienen a hacer actos posesorios: algunos plantan un árbol, ponen alambre o hacen una ramadita, dejan a alguien y se van. Frente a esas situaciones son las comunidades las que salen a denunciar y también a actuar, entonces aparecen los conflictos… Para la Justicia nosotros somos los que hacemos un delito si vamos y desarmamos un alambrado porque dice “propiedad privada”, la fiscalía siempre les da más derecho a los particulares que a las comunidades. Por eso pedimos la publicación de los edictos (mediante los mismos los privados quedarían notificados de que la tierra está en vías de expropiación). Da mucha bronca cómo actúa la Justicia porque a veces hasta hay falsedad en las denuncias. Nosotros decimos no es propiedad privada porque es nuestro derecho, es de los que hemos estado y trabajado en el lugar.
–¿Cómo va la negociación con el gobierno por la entrega del territorio que reclaman?
–Las últimas gestiones fueron para la contratación de los agrimensores que paga el Estado para la mensura de los terrenos y la publicación de los edictos, nos interiorizarnos para poder avanzar. Nosotros siempre nos planteamos juntarnos con el Estado, es un interés nuestro y sabemos que somos los principales beneficiados… Por eso decimos: sentémonos, acordemos cosas, si tenemos que golpear puertas, hay que hacerlo pero no podemos dejarle solo al Estado. Si podemos avanzar, avanzamos juntos, no queremos responsabilizar a alguien. Queremos la tierra para vivir tranquilos pero no vamos a esperar aquí sentados que nos llamen. Lo que sucedió con Laguna de Rosario fue impuesto por el gobierno. En el sentido de decir qué se le va a dar y cómo se le va a dar a la gente de Laguna. Primero ofrecieron algo individual, que la gente fuera pagando al Estado por la tierra que ocupaba para después darle un título supletorio, pero todos se opusieron; era lo que siempre hicieron cuando teníamos una marcha o una asamblea de las comunidades, entonces ofrecían algo particular. Nosotros siempre hablamos de un solo título en una sola mensura para las once comunidades.
Desde
el año 2000, las “Mujeres Huarpes de Huanacache” han creado un espacio
propio, íntimo, que cuidan celosamente. Lo conciben como un lugar de
fortalecimiento en su lucha como huarpes y como mujeres a fin de
revertir la “vergüenza y el ocultamiento” a los que fueron sometidas.
Ellas realizan un encuentro anual local en el que intercambian
inquietudes y se organizan para participar de los Encuentros Nacionales
de Mujeres a fin de desembarcar en los talleres destinados a los pueblos
originarios. El año pasado, unas 60 viajaron a Misiones después de una
ardua tarea para autofinanciarse.
Deolinda Pérez, integrante de ese agrupamiento, aseguró que “acá estamos más organizadas que los hombres, somos más decididas”.
Un trabajo colectivo volcado en el fascículo “Memoria del Movimiento de la Mujeres Huarpe de Huanacache”, editado en 2010, permite recoger la mirada sobre su identidad al decir: “Las mujeres huarpes queremos estar a la par y en forma igualitaria luchando junto a nuestros hombres”, y agregan: “Debemos peguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Si despreciamos lo nuestro, caminamos sin horizonte ni rumbo…”.
Completan su posición diciendo: “Nos duele que busquen indios con plumas. Nuestra cultura, como las demás, ha evolucionado. No queremos que nos vean como pasado porque somos presente”.
“Da mucha bronca cómo actúa la Justicia”
Diego
Barros es el presidente de la Comunidad Huarpe “Paula Guaquinchay” de
Asunción y uno de los referentes del conjunto de las comunidades de
Huanacache. Veintitrés se trasladó al desierto lavallino para
entrevistarlo e informarse sobre aspectos clave en la aplicación de la
ley provincial 6.920.
–¿Cómo actúan los privados en relación a las tierras comunitarias?
–Los particulares saben de la ley provincial, saben que se va avanzando despacio. El territorio por el que nosotros luchamos son 780.000 hectáreas pero en catastro, en papeles, son el doble, pero ninguno ha sido notificado por el gobierno. Sabemos que el art. 5 de la ley dice que el Estado indemnizará a aquellos que tengan títulos perfectos. Para ello les pide la posesión, la escritura y la mensura al día. En estos últimos años, algunos particulares hicieron la actualización de los papeles pero no tienen la posesión, no la tienen porque la posesión es de las comunidades. Entonces vienen a hacer actos posesorios: algunos plantan un árbol, ponen alambre o hacen una ramadita, dejan a alguien y se van. Frente a esas situaciones son las comunidades las que salen a denunciar y también a actuar, entonces aparecen los conflictos… Para la Justicia nosotros somos los que hacemos un delito si vamos y desarmamos un alambrado porque dice “propiedad privada”, la fiscalía siempre les da más derecho a los particulares que a las comunidades. Por eso pedimos la publicación de los edictos (mediante los mismos los privados quedarían notificados de que la tierra está en vías de expropiación). Da mucha bronca cómo actúa la Justicia porque a veces hasta hay falsedad en las denuncias. Nosotros decimos no es propiedad privada porque es nuestro derecho, es de los que hemos estado y trabajado en el lugar.
–¿Cómo va la negociación con el gobierno por la entrega del territorio que reclaman?
–Las últimas gestiones fueron para la contratación de los agrimensores que paga el Estado para la mensura de los terrenos y la publicación de los edictos, nos interiorizarnos para poder avanzar. Nosotros siempre nos planteamos juntarnos con el Estado, es un interés nuestro y sabemos que somos los principales beneficiados… Por eso decimos: sentémonos, acordemos cosas, si tenemos que golpear puertas, hay que hacerlo pero no podemos dejarle solo al Estado. Si podemos avanzar, avanzamos juntos, no queremos responsabilizar a alguien. Queremos la tierra para vivir tranquilos pero no vamos a esperar aquí sentados que nos llamen. Lo que sucedió con Laguna de Rosario fue impuesto por el gobierno. En el sentido de decir qué se le va a dar y cómo se le va a dar a la gente de Laguna. Primero ofrecieron algo individual, que la gente fuera pagando al Estado por la tierra que ocupaba para después darle un título supletorio, pero todos se opusieron; era lo que siempre hicieron cuando teníamos una marcha o una asamblea de las comunidades, entonces ofrecían algo particular. Nosotros siempre hablamos de un solo título en una sola mensura para las once comunidades.
Tomado de aquí.
