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jueves, 5 de junio de 2014

SE PODRAN INSCRIBIR LAS MUJERES DE 60 AÑOS Y LOS HOMBRES DE 65: Las claves de la moratoria



El proyecto de ley que llegará al Congreso en los próximos días permitirá completar aportes hasta el 31 de diciembre de 2003, con quita de la deuda con la Anses y un plan de 60 cuotas. Con esos beneficios, el 99 por ciento de los argentinos accederá a la jubilación.

Por Tomás Lukin
Cuando entre en vigencia la nueva moratoria, 99 de cada 100 personas en edad de jubilarse accederá a ese derecho. La iniciativa, que será enviada al Congreso en los próximos días, pretende universalizar la cobertura previsional. El objetivo es incorporar aproximadamente a 474 mil individuos que reúnen la edad exigida por ley para cobrar una prestación pero continúan excluidos por no contar con los 30 años de aportes necesarios. Los beneficiarios de la medida serán, en su mayoría, adultos mayores –sobre todo mujeres– que se encuentran entre el 30 por ciento de los hogares más vulnerables.
Como consecuencia de más de tres décadas de incremento sistemático del desempleo y la precarización laboral, junto con la privatización del sistema de la seguridad social, 4 de cada 10 abuelos quedaron excluidos en los ‘90 del derecho a la jubilación. El Plan de Inclusión Previsional puesto en marcha en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, permitió incorporar 2,8 millones de adultos mayores al sistema. La cobertura previsional trepó de 66,1 hasta el 93,8 por ciento actual, el nivel más elevado de toda América latina. El instrumento redundó en una sensible mejora distributiva entre los adultos mayores y se convirtió en una política de igualdad de género, ya que el 73 por ciento de las jubilaciones otorgadas gracias a aquella moratoria fueron para mujeres.
Ese plan estableció 1993 como fecha límite para regularizar la deuda previsional. Si alguien debía 10 años de aportes entre 1990 y 2000, por los primeros tres podía acogerse a la moratoria pagando con una importante quita y en cuotas que se descontaban de su jubilación, mientras que la deuda correspondiente a los siete años siguientes, precisamente la época del auge neoliberal, debía ser abonada íntegra y en efectivo. La segunda etapa del Plan de Inclusión, que arranca ahora, ampliará la fecha límite para regularizar aportes hasta el 31 de diciembre de 2003 para incorporar a 474 mil personas.
- Quiénes podrán acceder: Cualquier persona que, teniendo la edad exigida por ley –60 años las mujeres y 65 los hombres–, le falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios. La moratoria de 2005 no permitía que los pensionados –por ejemplo, una viuda que cobraba la jubilación de su difunto marido–, accedieran al beneficio. Ahora será posible tramitar su propia jubilación además de la pensión, aunque ésta no deberá superar el monto del haber mínimo (2757 pesos). Otra diferencia con el primer plan de inclusión será que, en esta oportunidad, sólo podrán participar quienes cumplan con los requisitos mínimos de edad.
- Cómo se regularizarán las deudas: Se pagará en planes de 60 cuotas, con una quita inicial cercana al 50 por ciento. En promedio, los potenciales beneficiarios tienen registrados entre 8 y 10 años de aportes, por lo que deberán saldar entre 22 y 20 años. El monto de las cuotas no podrá exceder el 30 por ciento del haber jubilatorio que pasará a cobrar quien se anote en la moratoria. Por otra parte, las cuotas se actualizarán en función del índice de movilidad jubilatoria que se utiliza para determinar los aumentos de haberes de marzo y septiembre de cada año. La moratoria que permite computar aportes hasta 1993 seguirá vigente, pero los interesados deberán optar entre ése y el nuevo sistema.
- Un “círculo rojo” alternativo: El impacto de la moratoria de 2005 fue generalizado, pero los principales beneficiarios fueron los sectores de ingresos medios. Esas familias alcanzaron los niveles más altos de cobertura previsional. El nuevo plan apunta a incluir a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30 por ciento más pobre. Durante su discurso, CFK mostró los cambios en la cobertura en los hogares de acuerdo a su nivel de ingreso. El gráfico estaba dividido en deciles (el primero representa al 10 por ciento más pobre y el último, al 10 por ciento más rico) y los primeros tres se encontraban comprendidos por un círculo rojo: “Sé que hay otros círculos rojos en Argentina, el nuestro es ése”, afirmó la mandataria en referencia a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri. “Son los tres deciles más pobres. En 2003, tenía derecho jubilatorio un 23 por ciento de los hogares del primer decil. Con la moratoria lo llevamos al 51,6, pero todavía falta mucho”, advirtió.
- Direccionamiento: La Anses verificará cada caso para asegurarse que los beneficiarios de la moratoria no sean sectores pudientes que podrían completar aportes sin quita ni cuotas. Para eso consultará un conjunto de parámetros vinculados al nivel de ingresos y consumos con tarjeta de crédito de cada postulante, que serán definidos en la reglamentación de la ley.

Tomado de aquí



lunes, 26 de mayo de 2014

TEMAS DE DEBATE: LA POLITICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN BIOTECNOLOGIA AGRICOLA: Transgénicos en el ojo de la tormenta


En la actualidad, los transgénicos constituyen una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local, lo que se evidencia en la inversión pública y el sistema regulatorio. Cuáles son las ventajas de esa política y qué riesgos supone.

Producción: Tomás Lukin

Una ventana de oportunidad

Por Pablo Pellegrini * y Guillermo Anlló **

El mundo enfrenta una perspectiva de crecimiento demográfico y ascenso social masivo que pone en riesgo la sustentabilidad ecológica y el estilo de consumo occidental. Dichas proyecciones junto al creciente uso de biocombustibles y bioplásticos, vuelven los escenarios más temidos una realidad plausible con incipientes impactos comerciales (subas de precios, caídas en los stocks, ampliación de la frontera cultivable, etc.). En contrapartida, trae inéditas oportunidades para los países con capacidad de expandir su frontera agrícola.

La biotecnología es una revolución tecno-productiva que abre nuevos escenarios. Con ella se pueden diseñar plantas con características sumamente diversas, ya sea para obtener cultivos aptos para zonas áridas, resistentes al uso de herbicidas, con nuevos elementos nutricionales, o incluso como insumos para obtener productos industriales. Si bien no es la única técnica biotecnológica, la transgénesis supone una revolución en sí misma, pues abre la posibilidad de introducir en una planta un gen que era propio de otra especie; modifica cualitativamente los márgenes de intervención en la naturaleza, a la vez que garantiza un resultado mucho más específico que el obtenido por otras técnicas de manipulación biológica.

En el país existen trayectorias científicas consolidadas en cuanto al desarrollo de plantas transgénicas. Investigadores del sistema público fueron pioneros en Sudamérica en obtener plantas transgénicas en condiciones de laboratorio; desde hace casi 25 años, las capacidades locales de I+D se vienen multiplicando. En paralelo, Argentina también es pionera en materia de regulación de la biotecnología agrícola a través de un sistema de control de la inocuidad alimentaria y ambiental de estos cultivos.

En 1996, Argentina aprobó y adoptó el uso de cultivos transgénicos. Hoy, la mayor parte del maíz, soja y algodón implantados son de tipo transgénico. Estos, junto a la siembra directa, el desarrollo de nuevas variedades y determinados agroquímicos, conformaron un paquete tecnológico. El aumento de la productividad derivado del uso de este nuevo paquete les ha permitido a los productores que la emplearon atender el incremento de la demanda mundial y acumular ganancias, a la vez que implicó un incremento en la riqueza de la economía. El Estado obtuvo una parte vía recaudación impositiva, lo que contribuyó a sostener los distintos programas de inclusión social que implementa.

No todos los productores pueden acceder a este tipo de tecnología, lo que amerita políticas dirigidas a brindarles opciones. Además, existen serios problemas relacionados con la producción agrícola actual (poblaciones fumigadas con agroquímicos, deforestaciones para ampliar zonas de cultivos, vulnerabilidad de cultivos con menor interés comercial, problemas de títulos de propiedad, etc.) que requieren mayores esfuerzos para su solución. Si bien éstos no tienen una relación unívoca con el hecho de que los cultivos sean transgénicos, hay muchos actores sociales que plantean que todo forma parte de lo mismo, lo que termina entorpeciendo el debate sobre las posibilidades de la biotecnología agrícola local (algo similar a plantear que la emisión de gases contaminantes de muchos colectivos o los accidentes de tránsito –problemas reales y muy atendibles– se derivan mecánicamente del uso del petróleo, por lo que entonces sería negativo sostener políticas dirigidas a aumentar su producción local...).

Ahora bien, en la carrera tecnológica por el desarrollo de nuevos cultivos transgénicos, las grandes transnacionales son los actores dominantes. Las semillas transgénicas que circulan en el mercado llevan transgenes patentados por dichas empresas, lo que limita los márgenes de apropiación social de los beneficios de los transgénicos, entre otras razones, porque sólo innovan en transgenes que puedan tener una aplicación comercial amplia y las rentas tecnológicas asociadas se radican en sus casas centrales.

¿Qué oportunidades y desafíos se presentan para la Argentina en este escenario? El país tiene muchas capacidades locales para innovar en el sector. Si dispusiera de mayores esfuerzos para valorizar los desarrollos del sector público, estimulara la iniciativa privada local, introdujera cambios en el sistema regulatorio para depender menos de una lógica global –los elevados costos que implica atravesar el sistema regulatorio y la escasa presencia de emprendedores locales dispuestos a innovar en la materia, hacen que la mayoría de los desarrollos no lleguen al mercado— y afianzara vínculos con otros actores regionales de peso (sobre todo, Brasil), bien podría aprovecharse la tecnología de los transgénicos para disminuir la dependencia de las transnacionales y aumentar el desarrollo con inclusión social.

* Investigador del Conicet/UNQ.
** Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, FCE-UBA.

Costos y beneficios

Por Anabel Marín, Valeria Arza, Patrick van Zwanenberg y Mariano Fressoli *

La investigación y el desarrollo (I+D) en transgénicos constituye una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local. Existieron importantes inversiones públicas en el desarrollo de capacidades relacionadas con la ingeniería genética. Además, los sistemas regulatorios, en particular la propiedad intelectual, claramente favorecen los desarrollos transgénicos por sobre otro tipo de desarrollos. Tres tipos de argumentos son utilizados para justificar este apoyo y pedir incluso más soporte desde el Estado: 1) que la transgénesis ha sido muy importante en la explicación de los aumentos de productividad en la agricultura argentina. 2) que la transgénesis, en comparación con otras técnicas de mejoramiento de semillas, representa un salto cualitativo que la convierte en la tecnología del futuro, 3) que la transgénesis podría entregar aún más beneficios sociales si ésta se gestionara y controlara desde el Estado, ya que podría satisfacer demandas sociales amplias (como, resistencia a pestes locales), no atendidas por la inversión privada.

En general, los múltiples costos que han sido atribuidos a la difusión de transgénicos y su paquete de tecnologías asociadas, se ignoran, o se argumenta que si el Estado asumiera un rol más activo, podrían ser compensados por los amplios beneficios económicos que se le atribuyen. Estos argumentos tienen varios problemas.

Primero, no hay evidencia conclusiva, ni en Argentina ni en el exterior, que indique que existe una asociación positiva entre la introducción de transgénicos y el rendimiento de la tierra. Es clara la asociación entre transgénicos y rentabilidad privada –vía reducción en los costos de los pesticidas y herbicidas—, pero no lo es la asociación entre transgénicos y rendimiento por hectárea–, la cual sí se ha encontrado más claramente asociada a mejoras introducidas con otras tecnologías de mejoramiento vegetal, como el cruzamiento clásico (asistido por biología molecular) y la mutagénesis. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el desequilibrio a favor de la transgénesis cuando son los aumentos en el rendimiento de la tierra los que representan mejoras de mayor valor social, en la medida que son permanentes?

Segundo, dado que por el momento son pocos los eventos transgénicos disponibles en el mercado, en gran parte la evaluación del posible desempeño e importancia de la tecnología a futuro depende de las expectativas, pero éstas difieren significativamente según el tipo de actor. ¿Sobre la base de las expectativas de quiénes debería ser financiada la inversión en transgénesis? Porque para algunos actores esta tecnología representa un cambio radical en el mejoramiento vegetal (y animal) ya que permitiría ampliar hacia otras especies el pool genético que puede utilizarse en el mejoramiento. Mientras que para otros actores, los desarrollos en transgénicos amenazan la diversidad genética y económica, podrían generar efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente difíciles de predecir, contaminan los cultivos no transgénicos e inducen a una mayor concentración productiva.

Tercero, resulta ingenuo pensar que se puede separar la “tecnología” de las instituciones que han contribuido a su desarrollo y difusión. El desarrollo de los transgénicos respondió a las estrategias de las empresas multinacionales (EMs) de generar desarrollos que les permitieran apropiarse del conocimiento, creado por ellas y por otros actores. Los marcos regulatorios internacionales que ellas mismas promueven les son funcionales a ese objetivo. En verdad sólo estados muy poderosos, de la envergadura de China han logrado algunos desarrollos en transgénicos que responden a sus necesidades locales negociando de igual a igual con las EMs. ¿Es posible pensar nuevas estrategias de investigación con un rol más preponderante del Estado, sin modificaciones profundas en los sistemas regulatorios globales (ej. de bioseguridad y derechos de propiedad) que contrabalanceen el poder de las EMs?

Finalmente, no es claro que cualquier costo que se genere por la tecnología pueda ser compensado, ya que la mayor parte de estos costos, como los que se podrían generar sobre la biodiversidad, ambiental, productiva y tecnológica, son irreversibles. Además, dado el rol dominante que tienen los transgénicos en la agenda de I+D actual, hay muchos otros costos potenciales que no se conocen porque no se ha generado información científica suficiente ni se ha buscado validar información disponible producida por otros actores de la sociedad.

Es importante repensar la política de I+D en biotecnología agrícola y equilibrar los sistemas de apoyo y las regulaciones asociadas de manera tal de asegurar la diversidad tecnológica y promover el desarrollo autónomo del país. Sólo a partir de la democratización del debate y la apertura de la agenda de I+D en biotecnología se pueden alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable.

* Centro Steps para América latina.


Tomado de aquí

QUE NEGOCIA ARGENTINA CON EL CLUB DE PARIS: Efectivo y luego cuotas





Por Tomás Lukin
 
El mecanismo de pago que negocia el Ministerio de Economía con el Club de París para regularizar la deuda en default arrastrada con ese grupo de países, contempla un desembolso inicial en efectivo. El ministro Axel Kicillof viajará esta noche a la capital francesa y el miércoles se encontrará con los miembros del Club de París para avanzar en la definición de un marco general que promueva inversiones productivas a cambio de la cancelación del pasivo. Si se avanza en los lineamientos propuestos por la Argentina, una vez concretado ese desembolso se iniciará un cronograma de pagos de mínima de mediano plazo, aproximadamente cinco años. El acuerdo contempla la posibilidad de acelerar los vencimientos si las condiciones financieras de la Argentina mejoran, como afirman los miembros del grupo de países. Cuando retomaron las conversaciones, la Argentina solicitó que el Fondo Monetario Internacional no participe de la solución y, hasta el momento, los funcionarios del Tesoro de Francia que están a cargo de la Secretaría del Club de París no lo plantearon como un requerimiento de los integrantes de ese foro informal de acreedores.

La sucesión de negociaciones abortadas desde 2005 obliga a avanzar con precaución, pero en ambos frentes expresaron públicamente su interés en regularizar ese pasivo en default. La cifra final a pagar parte de la negociación en curso, pero el monto consolidado de la deuda ronda los 10 mil millones de dólares. Como la negociación todavía está abierta, tampoco se descarta la posibilidad de entregar bonos soberanos para cubrir alguna parte del acuerdo. “Vamos a ser implacables en que el acuerdo sea sustentable y no condicione el crecimiento económico con inclusión”, enfatizó Kicillof en febrero, cuando regresó de su primera visita a Francia.

Alcanzar un acuerdo con el Club de París forma parte del proceso de regularización de pasivos encarado por la Argentina después del default. No se trata de habilitar el camino para una inmediata y necesaria salida al mercado internacional para emitir deuda externa (algo que de hecho ya realizaron con el pago a Repsol), ya que el equipo económico considera que los requerimientos de divisas están cubiertos este año, pero entienden que, en el corto plazo, destrabará restricciones financieras para los flujos de Inversión Extranjera Directa. Antes de decidir la adquisición del nuevo material rodante para los ferrocarriles metropolitanos a la empresa estatal china CSR Sifang, el Ministerio de Interior y Transporte pidió una tasación a Marubeni, la representante en el país de la japonesa Toshiba. La opción se descartó porque el precio era prácticamente el doble que el de las formaciones chinas y además tardaban casi tres años en comenzar a entregarlas. El principal atractivo que ofrecía la firma nipona era un mecanismo de financiamiento de mediano plazo, pero condicionado a la existencia de un acuerdo con el Club de París. También desde Japón, las últimas inversiones de Toyota para ampliar sus plantas se demoraron 14 meses y desde el Gobierno sostienen que se hubieran concretado mucho antes con un acuerdo. Algo similar sucedió con inversiones de la alemana Siemens para finalizar las obras en Atucha II.

tlukin@pagina12.com.ar


Tomado de aquí


 

viernes, 9 de diciembre de 2011

“La austeridad que aplica Europa es un camino suicida” - Joseph Stiglitz

En un seminario en Económicas de la UBA, junto al ministro Amado Boudou y al prestigioso economista Bernardo Kliksberg, el Premio Nobel 2001 cuestionó los planes de ajuste y advirtió que, con este rumbo, el euro va en camino de desaparecer.


Por Tomás Lukin


“La austeridad que aplican en Europa es un camino suicida, no estimula el crecimiento ni la creación de empleo y profundiza los déficit”, sentenció el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. En un desbordado salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (FCE-UBA), el economista norteamericano brindó una conferencia donde cuestionó los planes de ajuste fiscal, la creciente concentración del ingreso en los países centrales y consideró que el euro desaparecerá si persiste la actual orientación de la política económica europea. El profesor de la universidad de Columbia reclamó una expansión del gasto para reactivar la economía global y destacó la necesidad de reestructurar las deudas de las economías europeas así como las de los individuos hipotecados en Estados Unidos. “Los costos sociales de las recetas económicas neoliberales son pavorosos”, señaló el economista Bernardo Kliksberg en el mismo encuentro, advirtiendo sobre el fuerte aumento en el desempleo juvenil en España, Grecia, Italia y la población negra en Estados Unidos.

“Crear más empleo es la única receta económica posible y eso requiere una fuerte presencia del Estado”, enfatizó el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, encargado del cierre del evento donde también participaron el decano de Ciencias Económicas, Alberto Barbieri, y el economista Daniel Heyman. “La economía global enfrentará una profunda crisis y turbulencia por los próximos años debido a una mala filosofía económica, pero la buena noticia es que a América latina le fue muy bien en la última década. Aplicaron buenas recetas, creyeron en los estímulos fiscales keynesianos y diversificaron sus economías. Esas políticas les permitieron a países como Argentina y Brasil comenzar a mejorar la elevada desigualdad de ingresos. Tenemos que aprender de América latina”, consideró Stiglitz. El Premio Nobel de Economía fue presentado por Kliksberg, quien destacó el compromiso y la coherencia del profesor de la universidad de Columbia desde que estalló la crisis financiera internacional.

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