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domingo, 11 de noviembre de 2012

LOS CURAS EN LA OPCION POR LOS POBRES CRITICARON DURAMENTE EL DOCUMENTO OBISPAL: Carta a los “hermanos mayores”


El grupo que lidera Patiño Mayer no ahorró palabras para señalar lo “insuficiente” del escrito difundido el viernes. Una ácida comparación entre las críticas al aborto y la homosexualidad, y la complacencia con la tortura.

Por Washington Uranga

 
El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres calificó de “pobre” e “insuficiente” el documento emitido el viernes por la asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. En el escrito, los obispos católicos retoman el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y aluden a los señalamientos de complicidad con el régimen que se le hacen a la jerarquía católica, situación que fue reconocida recientemente por el dictador Jorge Videla. Lamentan los curas que los obispos hayan perdido otra oportunidad y sostienen que “tanta reticencia durante años a llamar las cosas por su nombre no nos permite confiar plenamente como quisiéramos en la efectividad de estas declaraciones”.

El documento de la Conferencia Episcopal fue también una respuesta a un reclamo planteado por un grupo de aproximadamente cuatrocientos laicos cristianos liderados por el escribano Hernán Patiño Mayer, que exigieron a sus obispos un pronunciamiento sobre un tema que parecía definitivamente cerrado para las autoridades de la Iglesia.

En uno de los párrafos más críticos de la declaración el grupo de sacerdotes dice que “debemos confesar que nos escandaliza que ante la sociedad parezca que usar preservativo sea más grave que la tortura; que el sexo pre-matrimonial sea más grave que violar mujeres detenidas-desaparecidas; que engendrar hijos fuera del sacramento del matrimonio sea más grave que apropiarse de niños después de tirar al mar a sus padres, que la homosexualidad es una enfermedad perversa y más grave que ser un torturador o presenciar con sadismo y complicidad sesiones de tortura, que el aborto de una mujer angustiada en su situación de embarazo no deseado o provocado sea tenido por genocidio y como algo mucho más grave que arrojar personas vivas al mar, atadas, dopadas y secuestradas”.

Los Curas en la Opción por los Pobres rechazan la llamada “teoría de los dos demonios” en la cual –dicen– se enmarca el documento episcopal al equipar el “terrorismo de Estado” con la “violencia guerrillera”. Pero respecto de las complicidades entre la dictadura y la jerarquía, los sacerdotes recuerdan que en sus declaraciones “el genocida Videla fue más allá del reconocimiento de una connivencia entre la conducción facciosa del Estado y la cúpula eclesiástica”, ponen en duda las palabras del arzobispo José María Arancedo, quien niega que tal connivencia haya existido, y señalan que existen otras “muchas instancias que no son tenidas en cuenta en el documento” episcopal.
Otro tema está referido a cuánto sabían los obispos de entonces –a quienes la jerarquía menciona como “hermanos mayores”– sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Los curas dicen que “no hace falta demasiada investigación” porque allí están los discursos de monseñor (Victorio) Bonamín, monseñor (Antonio) Plaza, monseñor (Adolfo) Tortolo (presidente de la CEA), por nombrar solo los más emblemáticos”.

Denuncia también el grupo de sacerdotes que, más allá de los párrafos de documentos con los cuales los obispos intentan justificar que algo hicieron en materia de denuncia, “sabemos bien que fueron muchas las voces eclesiásticas episcopales o presbiterales que justificaron la tortura públicamente como un ‘mal menor’, e incluso participaron de las mismas”.

El documento que lleva la firma de Juan Carlos Baigorri, Marcelo Ciaramella, Roberto Murall y Eduardo de la Serna, integrantes del secretariado de Curas en la Opción por los Pobres, dice que “no se entiende el tibio y limitado pedido de perdón de 2000 si realmente creen que hicieron todo lo debido y necesario. No se entiende el silencio de los nombres de nuestros mártires desaparecidos, asesinados o torturados, como el obispo Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Carlos Bustos, Pablo Gazzarri, Mauricio Silva, Orlando Yorio, Francisco Jálics, Wenceslao Pedernera, Alice Domon, Leonie Duquet y tantos otros, si el supuesto pedido de perdón se pretende serio y responsable”.

Señalan también que en la sociedad faltan muchos sectores que no han hecho su “mea culpa, pero no se trata de especular con el mal de muchos sino de afirmar lo que se espera del pastor: que dé ‘la vida por sus ovejas’”.

Y en referencia a lo que ahora está ocurriendo advierten que “cuando se avanza en los juicios, se escuchan voces que hablan de reconciliación, de perdón, deslizando la idea implícita de que los juicios son motivados por venganza o revanchismo, desdiciendo todo lo que han afirmado de ‘la verdad y la justicia’”. Dicen también los curas que les gustaría ver “una cercanía fraterna de los obispos con los organismos de derechos humanos que siguen luchando por la verdad, la memoria y la justicia en especial las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como en su momento lo hicieron con cariño y valentía Jorge Novak y Jaime de Nevares” para subrayar que “hoy –como ayer– más bien percibimos distancia”.

Desestiman los curas el pedido genérico de perdón hecho por los obispos “porque el pedido de perdón debe ser concreto”, señalando que “ninguno de nosotros (como sacerdotes) aceptaría una confesión tan genérica sin reconocimiento concreto de las faltas o delitos cometidos”. Ante la presunta disposición de la jerarquía a profundizar las investigaciones los sacerdotes denuncian que la Conferencia Episcopal posee “libros bastante documentados sobre este y otros temas semejantes”, piden que los obispos “colaboren en todo con la Justicia, se acerquen a aportar toda la información disponible, y acepten los fallos correspondientes para cerrar heridas no desde el olvido y la impunidad, sino desde la verdad y la justicia que tanto proclamamos”, lamentan que no se encare la complicidad de los capellanes militares con el genocidio, mientras el “condenado por la Justicia Christian von Wernich no fue suspendido en sus licencias o expulsado del ministerio” y “Videla sigue comulgando y lo dice abiertamente a pesar de haber reconocido públicamente su delito que parece no ser entendido como pecado”.



Tomado de aquí.


Aclaración: además de la Iglesia católica, es fundamental que TODAS las instituciones que apoyaron la dictadura militar le pidan perdón a la sociedad en su conjunto por adherir a las atrocidades ya conocidas.

¡Nunca más!


 








 

Menos desigualdad


Por Alfredo Zaiat

El documento del Banco Mundial “La disminución de la desigualdad en América latina en la década de 2000. Los casos de Argentina, Brasil y México” ofrece un oportuno análisis para comprender el ciclo político abierto en la región que sectores conservadores combaten con perplejidad, porque tienen el poder económico, los grandes medios de comunicación, ahora también capacidad de movilización y la voluntad de orientar la agenda pública, pero no logran debilitarlo, ni en la gestión diaria ni a la hora del recuento de votos. No lo han conseguido por el momento debido a que, pese a lo que afirman representantes de la derecha y de la izquierda, la mayoría de la población en Latinoamérica, postergada por décadas de neoliberalismo, hoy están mejor que ayer. El trabajo de investigación, presentado el mes pasado por el área de Pobreza, Equidad y Género, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, destaca que de los 17 países para los que existen datos comparables, 13 experimentaron un descenso de la desigualdad en términos del coeficiente de Gini, mientras que aumentó en otras partes del mundo, como en China, India, Estados Unidos y Europa.

En el conjunto de los 17 países de la región estudiados, el coeficiente de Gini para los ingresos per cápita de los hogares disminuyó del promedio ponderado 0,530 a finales de 1990 a 0,497 en 2010 (indicador entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad –todos tienen los mismos ingresos– y donde el valor 1 es la máxima desigualdad). Los autores Nora Lustig, Luis F. López-Calva y Eduardo Ortiz-Juárez señalan que la magnitud de esa declinación es muy relevante en un continente marcado por la desigualdad. Mencionan que en 11 de esos países la disminución de la desigualdad en la década de 2000 fue mayor que el aumento en la década de 1990. El caso de Argentina es el de las variaciones más pronunciadas, con empeoramiento del coeficiente de Gini en 8,2 por ciento en el período 1992-2002, y mejora del 9,0 por ciento en el lapso 2002-2010, porcentajes muy por encima del promedio registrado en ese grupo de países. En los años posteriores continuó la mejora, hasta ubicarse en 0,375 en el primer trimestre de este año.

El estudio del BM indica que los motivos de la desigualdad en América latina están relacionados con el comportamiento de “las elites depredadoras (textual en el texto: linked to state-capture on the part of predatory elites), las imperfecciones del mercado de capitales, la desigualdad de oportunidades (en particular, en términos de acceso a la educación de alta calidad), la segmentación del mercado laboral y la discriminación contra las mujeres y los no blancos”.

La región se ha destacado históricamente en la comparación internacional por ser el continente de más alta y persistente desigualdad en el ingreso. Desde el 2000, en coincidencia con la irrupción de gobiernos progresistas –en su más amplia definición–, la desigualdad empezó a caer, según el documento del Banco Mundial. Este proceso permite comprender la adhesión mayoritaria de los sectores postergados a los gobiernos resistidos por las influyentes capas medias y altas.

La explicación de los investigadores de la disminución de la desigualdad es por dos razones principales:

1) la caída en la brecha de ingresos entre los trabajadores calificados y los poco calificados, y
2) el aumento de las trasferencias de dinero del Estado a los pobres.

La reducción de la brecha de ingresos se debió principalmente a la expansión de la cobertura en educación básica que se ha dado durante las últimas dos décadas. Mencionan que también fue por el resultado de la desaparición del efecto generado por el cambio tecnológico de los noventa, el cual demandaba trabajadores con habilidades específicas.

El análisis particular de la Argentina sugiere que la expansión del empleo, por la fuerte recuperación económica, fue un aspecto importante, además de la disminución de la desigualdad en los ingresos laborales. No fue así en Brasil y México.

Las transferencias del Estado a los pobres es el segundo efecto igualador. En México fue la expansión de la cobertura del programa Progresa/Oportunidades que implica giro de dinero en efectivo abarcando a unos 5,8 millones de hogares, equivalente al 19 por ciento del total de hogares en 2012. En Brasil, el plan Bolsa Familia explica la caída de la desigualdad por ingresos, al ampliar a casi el 30 por ciento de la población brasileña la que recibe aportes del sistema de seguridad social. De 1998 a 2009, el coeficiente de Gini disminuyó de 0,592 a 0,537, que representa una mejora de 5,4 por ciento. Por su parte, en Argentina actuó como un potente igualador de ingresos el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, luego la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura provisional a personas en edad de jubilarse sin los aportes correspondientes.

Después de analizar esos dos factores igualadores de ingresos que intervinieron en la primera década del nuevo siglo en Latinoamérica, los investigadores avisan que “el impulso redistributivo puede ser difícil de sostener”. Señalan que si bien el nivel de instrucción se ha vuelto significativamente más equitativo, no puede decirse lo mismo de la distribución de la calidad de la educación. “La experiencia de los Estados Unidos debería servir a América latina como una advertencia”, al explicar que en ese país la desigualdad de ingresos aumentó significativamente desde la década de 1980 debido a esa divergencia entre cobertura y calidad educativa, como credencial de entrada al mundo laboral. La baja calidad de la educación en el nivel secundario derivó en que muchos graduados no estuvieran “listos para la universidad”, estancándose la mejora de las cualidades laborales. Lo que no se detalla en esa investigación es que el ingreso a las universidades estadounidenses es restrictivo por los elevados aranceles, al igual que en varias universidades de la región. No es el caso de la universidad pública en Argentina.

Para sostener la igualdad a través del tiempo se requiere un esfuerzo permanente de redistribución a través del gasto público progresivo y de impuestos a los ingresos altos. La experiencia indica que la política fiscal progresiva es consistente con la prosperidad. Los gobiernos latinoamericanos que lograron romper con la histórica tendencia al aumento de la desigualdad en la década de 2000 tienen entonces el desafío de mantener ese proceso de avance de las condiciones materiales de los pobres con gasto público e impuestos progresivos y con la mejora en la calidad de los servicios públicos, como la educación, clave para continuar en el tránsito hacia sociedades más equitativas.


Tomado de aquí.




 
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