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jueves, 27 de febrero de 2014

México, el nuevo referente de Estados Unidos - Por Emir Sader



Hay un gran lobby mediático internacional –en que el grupo Prisa juega rol de motor– que, incomodado con el éxito de los gobiernos progresistas latinoamericanos y para defender los intereses de grandes corporaciones internacionales en la región, busca hacer de sus sueños realidad. La Alianza del Pacífico sería el sector dinámico de América latina y, como corolario, México y no Brasil, sería el gran líder continental.

La Alianza del Pacífico es la versión para el siglo XXI de otros proyectos fracasados de Estados Unidos para intentar extender a todo el continente un área de libre comercio. La primera versión fue el Nafta –Area de Libre Comercio de América del Norte–, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, en 1994, cuyos planes iniciales eran ir incorporando a países del continente, conforme sus gobiernos correspondieran a las normas del Consenso de Washington.

Después de México, Chile se presentó como el próximo pretendiente a ingresar al Nafta. Pero en el mismo año de la firma del acuerdo –1994– México vivió una gran crisis, la primera crisis específicamente neoliberal en América latina, al mismo tiempo que el levantamiento de Chiapas alzaba su grito que llamaba a la resistencia al neoliberalismo.

EE.UU. tuvo que cambiar su estrategia. No había cómo seguir invitando a países latinoamericanos a seguir a México en su opción, cuando los primeros resultados ya habían sido negativos. Washington elaboró entonces otra versión: el Area de Libre Comercio de Américas, ALCA.

Aparentemente el camino estaba despejado para que EE.UU. consolidara su hegemonía económica hacia el conjunto del continente. Sin embargo, a la crisis mexicana –1994–, seguiría la brasileña –1999– y la argentina –2001/2001–, mientras se extendían las movilizaciones continentales en contra del ALCA.

En su fase final, Brasil y EE. UU. debían concluir los acuerdos y poner en práctica el ALCA. Pero el fracaso de los gobiernos neoliberales y el rechazo de los latinoamericanos, mediante la elección de gobiernos de resistencia al área de libre comercio, empezaba a extenderse. Brasil sucedió a Venezuela y el cambio de gobierno –de Cardoso a Lula, en 2003– representó un freno al ALCA, porque el nuevo gobierno brasileño se opuso a concluir esos acuerdos.

La multiplicación de gobiernos antineoliberales en la región en los años siguientes –en Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador– constituyó un conjunto de gobiernos que, en lugar de firmar Tratados de Libre Comercio con los EE.UU., han privilegiado los procesos de integración regional –Mercosur, Unasur, Banco del Sur, Consejo Sudamericano de Defensa, ALBA, Celac, entre otros–.

Entonces EE.UU. cambió de estrategia y pasó a firmar acuerdos bilaterales con gobiernos de la región que han mantenido la opción por el libre comercio: Chile, Perú, Colombia, varios de Centroamérica y el Caribe.

Los países con gobiernos posneoliberales se han consolidado con gran apoyo popular, eligiendo y reeligiendo a sus presidentes, ya a lo largo de más de diez años en algunos casos, por lo menos siete u ocho años en otros, proyectando liderazgos populares en la región y hacia el mundo, disminuyendo la desigualdad, la pobreza y la miseria. Mientras que los otros han perpetuado la concentración de renta, la exclusión social, con gobiernos que se alternan, sin lograr la estabilidad política, el desarrollo social y la proyección internacional de políticas externas soberanas.

La Alianza del Pacífico es un nuevo intento norteamericano. Trajo a México de América del Norte y lo juntó con Colombia, Chile y Perú. No es un conjunto dinámico con prestigio y fuerza en la región, para empezar porque esos países no tienen gobiernos estables, ni tampoco han logrado disminuir la desigualdades, la pobreza y la miseria.

Como correlato al intento de proyectar a la Alianza del Pacífico está el difícil intento –en que se esmera particularmente El País– de promover a México como líder de América latina. Pero en más de dos décadas de neoliberalismo, México ha visto aumentar la pobreza, la miseria, la desigualdad y la exclusión social. Asimismo, la diseminación del narcotráfico ha multiplicado cruelmente la violencia en varias provincias del país. Para EE.UU., México es la referencia, porque es el país que sigue de forma más estricta las orientaciones de FMI y del Banco Mundial.
La Alianza del Pacífico es una alternativa para que EE.UU. intente superar su aislamiento en el continente pero, de ninguna forma, es alternativa para los países de la región que deseen superar las políticas exportadas por Washington, que efectos tan negativos ya han producido en Latinoamérica.

Tomado de aquí


 

MADURO RECIBIO EL APOYO DE MOVIMIENTOS CAMPESINOS, INDIGENAS Y MUJERES, QUE ORGANIZARON MARCHAS MASIVAS: La oposición venezolana rechazó ir a un diálogo



El secretario ejecutivo de la coalición partidaria antichavista, Ramón Guillermo Aveledo, envió una carta al vicepresidente Jorge Arreaza diciendo que no querían ser parte de un “simulacro de diálogo” con el gobierno.

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó asistir al diálogo convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El secretario ejecutivo de la coalición partidaria antichavista, Ramón Guillermo Aveledo, envió una carta al vicepresidente Jorge Arreaza para explicar su postura: “No nos prestamos para lo que derivará en un simulacro de diálogo que desemboque en una burla a nuestros compatriotas”.

Por su parte, Maduro remarcó la falta de predisposición al diálogo y la violencia fomentada por parte de la oposición. “Yo asumo las culpas que me toque asumir, pero quienes llamaron a estos muchachos, los entrenaron y los armaron, que asuman sus responsabilidades frente al país”, apuntó. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, criticó a la MUD y la acusó de no querer resolver la crisis. “Confirmado: la MUD no quiere paz, decidieron no asistir a la invitación del compañero presidente, sólo los mueve el cálculo politiquero”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Cabello cuestionó que, tras pedir que el gobierno nacional se abra al diálogo, la MUD rechace la invitación de Maduro. “¿Cómo una palabra tan hermosa: paz, causa tal reacción de rechazo en la dirigencia opositora? queda claro que toda la MUD está en el golpe”, aseguró. “Quisieron quitarnos la Navidad, los alimentos, el gas, la gasolina, la vida, los carnavales, ahora quieren quitarnos la paz. ¡No podrán!”, agregó.

Mientras, Maduro dio la bienvenida al movimiento campesino e indígena que marchó masivamente al Palacio de Miraflores –sede presidencial– y agradeció el apoyo brindado. “Esta ha sido una ofensiva muy poderosa de movilización del pueblo de todos los movimientos sociales en todo el país y todos han querido venir a ratificar su juramento con Chávez y la patria”, dijo. El presidente se había manifestado previamente a través de su cuenta en Twitter, asegurando que Venezuela seguirá derrotando a los “violentos que queman y destruyen por odio”. “Venezuela unida seguirá derrotando a los grupos violentos que queman y destruyen por odio, elevemos el respeto, la tolerancia y vencerá la paz”, fue el mensaje compartido por Maduro.

En tanto, el líder opositor Henrique Capriles dijo que no quería ser usado. “El gobierno habla de diálogo, habla de paz, pero no puede ser un llamado vacío. No se trata de ir al Palacio de Miraflores a tomarse una foto”, afirmó.

Aveledo agregó que el diálogo propuesto por el gobierno no goza de las condiciones adecuadas para efectuarse, debido a la gravedad de la situación en el país. “Hoy la convivencia está seriamente alterada por hechos conocidos, de los cuales ustedes y nosotros tenemos lecturas divergentes, y que fundamentalmente están en el ámbito de responsabilidad del gobierno. Pero el cuadro económico y social es todavía más exigente que esta crisis aguda de protestas y represión desmedida con participación en ella de civiles armados convocados por la autoridad”, apuntó la MUD como principal argumento para no acudir al encuentro propuesto por el Ejecutivo.

La alianza antichavista presentó además al gobierno condiciones para que se genere el diálogo, entre los cuales está la participación de un tercero que sirva de mediador. “Dialogar en términos convenidos previamente, con una agenda de asuntos relevantes al interés nacional, y con la participación de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que facilite, garantice y, de ser necesario, medie, para que ese diálogo sea fructífero”, exigió en la carta enviada a Arreaza.

Por otra parte, miles de mujeres marcharon desde la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana hasta el Comando Regional 5 para exigir que cese la represión a las manifestaciones de los últimos días. La marcha fue encabezada por la diputada opositora María Corina Machado y la esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, entre otras dirigentes políticas y ciudadanas que vestidas de blanco y con flores pidieron a la Guardia Nacional regular sus actuaciones en las protestas.

“Mujeres venezolanas emplazaremos de manera firme y pacífica a la Guardia Nacional Bolivariana a detener de inmediato la represión contra nuestros hijos”, expresó Machado, quien luego se dispuso a entregar un documento a los militares. Desde que se iniciaron las manifestaciones en Venezuela, a partir del 12 de febrero, 16 personas murieron. La última víctima fatal es Eduardo Ramón Anzola Carmona, un motociclista de 29 años que murió al chocar contra una barricada instalada por personas que protestaban contra el gobierno en la ciudad de Valencia. Pero algunas de las muertes se produjeron por la acción de autoridades del Estado, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional.

De hecho, la fiscalía acusó a cinco funcionarios del Sebin por su presunta vinculación con la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya, ocurridas el pasado 12 de febrero, en la parroquia Candelaria de Caracas. Los fiscales Johana Peña y Miguel Hernández imputaron a Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez Pérez, Jimmy Sáez y Jonfer Márquez. Estos funcionarios habrían incurrido en los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por el país, asociación para delinquir y obstaculización a la administración de justicia a favor de un grupo de delincuencia organizada. Por este caso también se encuentran privados de su libertad los funcionarios Andry Jaspe López y Jonathan Rodríguez Duarte, destacó el diario El Universal de Caracas.


Tomado de aquí



 

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