(La foto no forma parte de la publicación original)
Autora: Natalia Ramos
Ésta es una de las
reivindicaciones que Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de
Mujeres de Guatemala (AMG), planteó en la última jornada del taller
sobre feminicidio y el papel de los medios de comunicación, que tuvo
lugar esta semana en la Casa Encendida de Madrid.
“Si logramos que se declare como delito de lesa humanidad a determinados tipos de feminicidio les dotaríamos de la condición de imprescriptibilidad, inindultabilidad e inamniestable. Y podrían ser perseguidos por el principio de jurisdicción internacional, sin tener en cuenta la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores”.
En esta dirección hay que avanzar, anunció la defensora de los Derechos Humanos guatemalteca, que junto a las periodistas Sandra Rodríguez (México), Lauren Wolfe (EE.UU.) y la escritora y jurista Isabel Agatón (Colombia) abordaron el papel de los medios de comunicación, la escandalosa impunidad que rodea este “fenómeno” y la importancia de narrar lo que hasta ahora era “inenarrable”, desde una visión transformadora.
En primer lugar, hablar de feminicidio significa no sólo tratar las agresiones contra las mujeres en el ámbito de la pareja, sino que incluye todo un abanico de violencia extrema contra la mujer “por el hecho de ser mujer”. Esto tiene su máxima y desgraciada expresión en el denominado “triángulo norte” o “corredor de la muerte” ubicado en Centroamérica, que atraviesa el Salvador, Guatemala y Honduras, tres países donde las cifras de asesinatos de mujeres ocupan los primeros puestos.
“Es la región más violenta del mundo en tiempos de paz, por la que transitan todo tipo de activos criminales, no sólo vinculados al narcotráfico, sino a personas convertidas en activos ilegales, sobre todo mujeres y niñas”, indica Mercedes basándose en el informe International Crisis Group. La criminalidad se atribuye a la delincuencia común, el crimen organizado, los grandes cárteres, etc. Entre otras razones por el “poderoso” papel que desempeñan los medios de comunicación y los gobiernos en la construcción de las figuras míticas de las maras y las pandillas delictivas.
La oficina federal de investigación de EE.UU. define a las maras como “una empresa delictiva que tiene una estructura organizativa, que actúa con una continúa conspiración delictiva, que emplea la violencia y cualquier otra actividad delictiva para conservar su empresa”. En su opinión, se ha magnificado la capacidad de estos grupos teniendo en cuenta que están formados por menores de edad que carecen de capacidades técnicas: “Hemos asumido que son los responsables de todos los homicidios, sabiendo que no tienen esa capacidad, e invisibilizando así la responsabilidad real que tiene el Estado, por no haber cumplido con su papel de garante y perseguidor del delito”.
El término feminicidio fue definido como “asesinato por el hecho de ser mujer” y reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez en noviembre de 2009 a raíz del caso del “Campo algodonero”, en Ciudad Juárez. En esta región de México, con uno de los mayores índices de feminicidio, la sentencia en este caso declara que el Estado es responsable por tolerancia estatal e impunidad en el asesinato de tres mujeres, Esmeralda, Laura y Claudia (dos de ellas menores de edad). El Estado se percata de la existencia de prejuicios en torno a las víctimas, que impide realizar las investigaciones oportunas por parte de las autoridades y operadores, y no hace nada al respecto, por lo que es responsable por omisión.
“Aquí empezamos a arar un campo que antes no había”, explica Julia Agatón. Constituye uno de los precedentes fundamentales para situar en el escenario público las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, que antes no eran identificadas como tales. En este sentido, la escritora es tajante: “El feminicidio es evitable, se debe y se puede prevenir”. Considera que para lograr este objetivo es esencial el hecho de narrar y hacerlo como un hecho político, histórico y transformador. “Las feministas hemos construido un relato transformador” al nombrar lo innombrable. En el caso de Latinoamérica ha consistido en “sacar las palabras del sepulcro del olvido”.
Paralelamente resalta la importancia de transformar la narrativa jurídica. Es significativo, resalta la activista colombiana, el caso de la profesora María da Penha Peña Fernández contra el Estado de Brasil. Después de sufrir durante 15 años múltiples formas de violencia física, psíquica y sexual por parte de su marido y denunciarlo ante las correspondientes instancias públicas, en lugar de obtener la debida protección, su pareja intenta asesinarla disparándole en la columna vertebral, lo que le provoca una paraplejía.
Desde entonces “recorre el mundo en su silla de ruedas narrando su historia”, logrando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozca la responsabilidad del Estado por omisión y llevar a cabo un “patrón de tolerancia estatal a la violencia de género” como tentativa de homicidio. Por tanto, se distingue entre la responsabilidad penal del agresor y la del Estado por no prevenir ni intervenir con la debida diligencia. A raíz de este litigio, unido al apoyo y la lucha del conjunto de mujeres feministas, en Brasil la Ley contra la violencia de género, aprobada en agosto de 2006, lleva el nombre de Maria da Penha.
Pese a estos avances, la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos que se ciernen sobre el feminicidio. Coautora del libro “La guerra por Juárez”, la periodista de investigación Sandra Rodríguez apunta que, según el resultado de su análisis, la impunidad asciende al 97% de los casos durante el proceso penal, llegando al 99% cuando termina: “El delito en Ciudad Juárez no se castiga y los indicadores son casi similares a toda la República mexicana”.
Su investigación sobre la impunidad comienza a partir de la entrevista que hace a un chico de Ciudad Juárez, Vicente León, que asesinó a su hermana y a sus padres en el año 2004. Pero además el joven convenció a dos amigos para que le ayudaran a culminar el homicidio, diciéndoles que iba a resultar muy fácil. La respuesta de uno de ellos consiste en que sí le ayudará pero sólo si es antes de las once de la noche porque a esa hora ha quedado con su novia.
Aún más impactada resulta la periodista mexicana cuando le pregunta a Vicente “¿Por qué te parece tan fácil asesinar a tu familia?. “Porque nosotros nacemos con la idea de que esto es Ciudad Juárez, México es corrupción, la policía está de adorno. Cuántas mujeres han muerto y nadie ha hecho nada”. Su respuesta la lleva a un trabajo incansable de averiguaciones, delito por delito, año tras año, preguntándose “por qué hay una percepción generalizada de que en estos territorios asesinar no tiene consecuencias y el homicidio es legal de facto”.
Como factores determinantes señala la cultura patriarcal, el modelo económico empobrecedor y, en el caso de los homicidios, es esencial la falta de investigación. De 100 homicidios que se registran en Chihuahua sólo se investigan 3. Ciudad Juárez ha permanecido en el ojo de la atención internacional durante al menos 20 años por crímenes de mujeres no resueltos.
“Si no sabemos el móvil y quiénes cometen los crímenes no se podrá buscar soluciones y, por el contrario, se continuará enviando un mensaje constante de impunidad”, afirma la investigadora. Ella misma ha podido experimentar esta realidad cuando se ha visto en peligro por su trabajo: “¿qué se puede hacer?. No me sirve de nada si me ponen unos guardias detrás o cualquier otro mecanismo de protección, lo que necesitamos es que se agarren a los asesinos de los periodistas, el mensaje de que el homicidio y el asesinato no está tolerado en la comunidad”.
En este contexto Sandra añade un elemento adicional: la guerra del narcotráfico. En el año 2007-8 se inicia en Ciudad Juárez una disputa por el territorio “que ha dejado toda una estela de muerte”. Mientras el discurso oficial ofrece sus cifras de asesinatos e insiste en que es el resultado de una guerra entre narcos, “reforzando la idea de que quien muere a balazos en México en algo andaba”, la periodista confronta los datos y señala que del total de homicidios apenas se registran personas con antecedentes penales. Y agrega otro dato: de 3.000 homicidios sólo en 50 de los casos las víctimas tenían un arma, el resto estaban desarmados.
¿Se investigan estos crímenes?, ¿dónde están las pruebas que indican que mueren porque estaban en un conflicto?, ¿dónde están los responsables de los homicidios?, se pregunta. “Y volvemos a la impunidad que en este caso permite al gobierno justificar esta barbarie y el problema es que no hay investigación en absoluto, y así no hay justicia ni se hace un camino hacia la paz”. Sobre las familias de los asesinados recae una especie de estigma y para la periodista “es terrible observar que lo primero que dicen las madres es que su hijo estaba limpio, me parte el alma ver cómo en medio del dolor por la pérdida tienen que limpiar el nombre de la víctima”.
En Guatemala las referencias sobre feminicidio reflejan uno de los índices más altos de violencia contra las mujeres, que es constante durante los casi 40 años del conflicto armado y que tiene por objeto simbólico “humillar a la comunidad”. Según los informes de la Comisión de la Verdad sobre esta contienda que, para la presidenta de la AMG, “es el genocidio más grande de América Latina y también el más desconocido” hay: 626 masacres de aldeas, más de un millón y medio de desplazadas y 200 mil personas entre asesinadas y desaparecidas. Los datos recientes “en tiempos de paz” revelan que como promedio 2 mujeres son asesinadas cada día y por cada 100 mil habitantes hay un 80 % de homicidios en la ciudad.
Y la pregunta que plantean las ponentes frente a todo esto es ¿qué podemos hacer?. Las cuatro coinciden en que es necesario una mayor implicación y voluntad política para investigar, crear narrativas de cambio, y que la justicia nacional, extraterritorial, internacional empiece a mirar hacia este tipo de crímenes. Por esta razón creen que es conveniente la creación de una Convención contra el Feminicidio, considerando que este fenómeno es reflejo de una crisis global. “Es necesario que se conviertan en homicidios de derecho internacional y que se equiparen determinados tipos de feminicidio como crímenes de lesa humanidad”, concluye Mercedes.
Insisten las cuatro activistas en que el feminicidio es evitable. Lauren Walfe matiza que para evitarlo “se tiene que incluir dentro del ámbito de los Derechos Humanos y no sólo como algo que afecta sólo a las mujeres”.
Tomado de aquí.
“Si logramos que se declare como delito de lesa humanidad a determinados tipos de feminicidio les dotaríamos de la condición de imprescriptibilidad, inindultabilidad e inamniestable. Y podrían ser perseguidos por el principio de jurisdicción internacional, sin tener en cuenta la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores”.
En esta dirección hay que avanzar, anunció la defensora de los Derechos Humanos guatemalteca, que junto a las periodistas Sandra Rodríguez (México), Lauren Wolfe (EE.UU.) y la escritora y jurista Isabel Agatón (Colombia) abordaron el papel de los medios de comunicación, la escandalosa impunidad que rodea este “fenómeno” y la importancia de narrar lo que hasta ahora era “inenarrable”, desde una visión transformadora.
En primer lugar, hablar de feminicidio significa no sólo tratar las agresiones contra las mujeres en el ámbito de la pareja, sino que incluye todo un abanico de violencia extrema contra la mujer “por el hecho de ser mujer”. Esto tiene su máxima y desgraciada expresión en el denominado “triángulo norte” o “corredor de la muerte” ubicado en Centroamérica, que atraviesa el Salvador, Guatemala y Honduras, tres países donde las cifras de asesinatos de mujeres ocupan los primeros puestos.
“Es la región más violenta del mundo en tiempos de paz, por la que transitan todo tipo de activos criminales, no sólo vinculados al narcotráfico, sino a personas convertidas en activos ilegales, sobre todo mujeres y niñas”, indica Mercedes basándose en el informe International Crisis Group. La criminalidad se atribuye a la delincuencia común, el crimen organizado, los grandes cárteres, etc. Entre otras razones por el “poderoso” papel que desempeñan los medios de comunicación y los gobiernos en la construcción de las figuras míticas de las maras y las pandillas delictivas.
La oficina federal de investigación de EE.UU. define a las maras como “una empresa delictiva que tiene una estructura organizativa, que actúa con una continúa conspiración delictiva, que emplea la violencia y cualquier otra actividad delictiva para conservar su empresa”. En su opinión, se ha magnificado la capacidad de estos grupos teniendo en cuenta que están formados por menores de edad que carecen de capacidades técnicas: “Hemos asumido que son los responsables de todos los homicidios, sabiendo que no tienen esa capacidad, e invisibilizando así la responsabilidad real que tiene el Estado, por no haber cumplido con su papel de garante y perseguidor del delito”.
El término feminicidio fue definido como “asesinato por el hecho de ser mujer” y reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez en noviembre de 2009 a raíz del caso del “Campo algodonero”, en Ciudad Juárez. En esta región de México, con uno de los mayores índices de feminicidio, la sentencia en este caso declara que el Estado es responsable por tolerancia estatal e impunidad en el asesinato de tres mujeres, Esmeralda, Laura y Claudia (dos de ellas menores de edad). El Estado se percata de la existencia de prejuicios en torno a las víctimas, que impide realizar las investigaciones oportunas por parte de las autoridades y operadores, y no hace nada al respecto, por lo que es responsable por omisión.
“Aquí empezamos a arar un campo que antes no había”, explica Julia Agatón. Constituye uno de los precedentes fundamentales para situar en el escenario público las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, que antes no eran identificadas como tales. En este sentido, la escritora es tajante: “El feminicidio es evitable, se debe y se puede prevenir”. Considera que para lograr este objetivo es esencial el hecho de narrar y hacerlo como un hecho político, histórico y transformador. “Las feministas hemos construido un relato transformador” al nombrar lo innombrable. En el caso de Latinoamérica ha consistido en “sacar las palabras del sepulcro del olvido”.
Paralelamente resalta la importancia de transformar la narrativa jurídica. Es significativo, resalta la activista colombiana, el caso de la profesora María da Penha Peña Fernández contra el Estado de Brasil. Después de sufrir durante 15 años múltiples formas de violencia física, psíquica y sexual por parte de su marido y denunciarlo ante las correspondientes instancias públicas, en lugar de obtener la debida protección, su pareja intenta asesinarla disparándole en la columna vertebral, lo que le provoca una paraplejía.
Desde entonces “recorre el mundo en su silla de ruedas narrando su historia”, logrando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozca la responsabilidad del Estado por omisión y llevar a cabo un “patrón de tolerancia estatal a la violencia de género” como tentativa de homicidio. Por tanto, se distingue entre la responsabilidad penal del agresor y la del Estado por no prevenir ni intervenir con la debida diligencia. A raíz de este litigio, unido al apoyo y la lucha del conjunto de mujeres feministas, en Brasil la Ley contra la violencia de género, aprobada en agosto de 2006, lleva el nombre de Maria da Penha.
Pese a estos avances, la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos que se ciernen sobre el feminicidio. Coautora del libro “La guerra por Juárez”, la periodista de investigación Sandra Rodríguez apunta que, según el resultado de su análisis, la impunidad asciende al 97% de los casos durante el proceso penal, llegando al 99% cuando termina: “El delito en Ciudad Juárez no se castiga y los indicadores son casi similares a toda la República mexicana”.
Su investigación sobre la impunidad comienza a partir de la entrevista que hace a un chico de Ciudad Juárez, Vicente León, que asesinó a su hermana y a sus padres en el año 2004. Pero además el joven convenció a dos amigos para que le ayudaran a culminar el homicidio, diciéndoles que iba a resultar muy fácil. La respuesta de uno de ellos consiste en que sí le ayudará pero sólo si es antes de las once de la noche porque a esa hora ha quedado con su novia.
Aún más impactada resulta la periodista mexicana cuando le pregunta a Vicente “¿Por qué te parece tan fácil asesinar a tu familia?. “Porque nosotros nacemos con la idea de que esto es Ciudad Juárez, México es corrupción, la policía está de adorno. Cuántas mujeres han muerto y nadie ha hecho nada”. Su respuesta la lleva a un trabajo incansable de averiguaciones, delito por delito, año tras año, preguntándose “por qué hay una percepción generalizada de que en estos territorios asesinar no tiene consecuencias y el homicidio es legal de facto”.
Como factores determinantes señala la cultura patriarcal, el modelo económico empobrecedor y, en el caso de los homicidios, es esencial la falta de investigación. De 100 homicidios que se registran en Chihuahua sólo se investigan 3. Ciudad Juárez ha permanecido en el ojo de la atención internacional durante al menos 20 años por crímenes de mujeres no resueltos.
“Si no sabemos el móvil y quiénes cometen los crímenes no se podrá buscar soluciones y, por el contrario, se continuará enviando un mensaje constante de impunidad”, afirma la investigadora. Ella misma ha podido experimentar esta realidad cuando se ha visto en peligro por su trabajo: “¿qué se puede hacer?. No me sirve de nada si me ponen unos guardias detrás o cualquier otro mecanismo de protección, lo que necesitamos es que se agarren a los asesinos de los periodistas, el mensaje de que el homicidio y el asesinato no está tolerado en la comunidad”.
En este contexto Sandra añade un elemento adicional: la guerra del narcotráfico. En el año 2007-8 se inicia en Ciudad Juárez una disputa por el territorio “que ha dejado toda una estela de muerte”. Mientras el discurso oficial ofrece sus cifras de asesinatos e insiste en que es el resultado de una guerra entre narcos, “reforzando la idea de que quien muere a balazos en México en algo andaba”, la periodista confronta los datos y señala que del total de homicidios apenas se registran personas con antecedentes penales. Y agrega otro dato: de 3.000 homicidios sólo en 50 de los casos las víctimas tenían un arma, el resto estaban desarmados.
¿Se investigan estos crímenes?, ¿dónde están las pruebas que indican que mueren porque estaban en un conflicto?, ¿dónde están los responsables de los homicidios?, se pregunta. “Y volvemos a la impunidad que en este caso permite al gobierno justificar esta barbarie y el problema es que no hay investigación en absoluto, y así no hay justicia ni se hace un camino hacia la paz”. Sobre las familias de los asesinados recae una especie de estigma y para la periodista “es terrible observar que lo primero que dicen las madres es que su hijo estaba limpio, me parte el alma ver cómo en medio del dolor por la pérdida tienen que limpiar el nombre de la víctima”.
En Guatemala las referencias sobre feminicidio reflejan uno de los índices más altos de violencia contra las mujeres, que es constante durante los casi 40 años del conflicto armado y que tiene por objeto simbólico “humillar a la comunidad”. Según los informes de la Comisión de la Verdad sobre esta contienda que, para la presidenta de la AMG, “es el genocidio más grande de América Latina y también el más desconocido” hay: 626 masacres de aldeas, más de un millón y medio de desplazadas y 200 mil personas entre asesinadas y desaparecidas. Los datos recientes “en tiempos de paz” revelan que como promedio 2 mujeres son asesinadas cada día y por cada 100 mil habitantes hay un 80 % de homicidios en la ciudad.
Y la pregunta que plantean las ponentes frente a todo esto es ¿qué podemos hacer?. Las cuatro coinciden en que es necesario una mayor implicación y voluntad política para investigar, crear narrativas de cambio, y que la justicia nacional, extraterritorial, internacional empiece a mirar hacia este tipo de crímenes. Por esta razón creen que es conveniente la creación de una Convención contra el Feminicidio, considerando que este fenómeno es reflejo de una crisis global. “Es necesario que se conviertan en homicidios de derecho internacional y que se equiparen determinados tipos de feminicidio como crímenes de lesa humanidad”, concluye Mercedes.
Insisten las cuatro activistas en que el feminicidio es evitable. Lauren Walfe matiza que para evitarlo “se tiene que incluir dentro del ámbito de los Derechos Humanos y no sólo como algo que afecta sólo a las mujeres”.
Tomado de aquí.
