Carta abierta 16: Encrucijadas del futuro (1ra parte)

I

La Argentina, despertada de su larga decadencia desde hace más de una década cuando pocos imaginaban que un viento sureño renovaría nuestras esperanzas y expectativas, atraviesa momentos de honda significación para el futuro de una sociedad que sigue estando en disputa. Mientras el gobierno sigue dando señales claras de un rumbo asociado a la defensa de los intereses populares, desde los centros del poder económico y mediático se conspira contra la estabilidad monetaria y se busca debilitar y condicionar el camino hacia octubre de 2015. Porque sentimos las urgencias y los desafíos de la hora, porque nacimos para defender un proyecto capaz de ser portador de muchos de nuestros sueños de justicia e igualdad, creemos necesario tomar, una vez más, la palabra. Y lo hacemos con la convicción de la potencia creadora que se guarda en esta experiencia política que lleva el nombre de kirchnerismo; una experiencia que deberá batallar duramente para garantizar su continuidad en los próximos años. 

El debate político no es sólo confrontación de propuestas, diseño de alternativas, análisis racional de los cambios que la acción de gobierno produce en la sociedad. Si así fuera, no resultaría difícil coincidir en la significación positiva de la transformación producida por las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, enfrentadas por una oposición ligera de aportes y proyectos. Sin embargo, inciden también en la vida política pasiones y entusiasmos menos fundamentados, problemas que los medios de comunicación multiplican, exagerando dificultades y agigantando temores. De este modo, ha podido sostenerse que algunos hechos criminales, gravísimos pero aislados, anticiparían un crecimiento indetenible del delito, poniendo a la sociedad en el límite de la indefensión, mientras que la forzada devaluación del peso, medida obligada para retomar el control de la coyuntura cambiaria, derivaría necesariamente en vertiginosos aumentos del precio de las divisas que llevarían al descontrol de la inflación. Estas señales de alarma son desmentidas regularmente por la realidad, pero ello no impide que reaparezcan de modo recurrente. Sería equivocado explicarlo sólo por el oportunismo de algún político opositor o la persistente ofensiva mediática.

Las políticas en materia criminal, es decir las que no sólo afectan intereses sino que deben lidiar con la vida y con la muerte, se enfrentan al condicionamiento de una opinión pública altamente sensibilizada. En toda sociedad los resultados de la acción gubernamental sólo pueden evaluarse en términos globales, en porcentajes sobre la totalidad social. Pero este necesario imperio de la ley de los grandes números pareciera desconocer el valor de cada una de las vidas que siega un acto criminal, lo que cada persona tiene necesariamente de absoluto. Frente a esta tensión entre el dolor irredimible de los deudos de la víctima y una sociedad que no detiene su marcha, corresponde brindar a los primeros consideración y solidaridad. Pero será de mala política asignarles –como ocurrió en el caso Blumberg- el lugar del juez o del legislador. Por eso la Constitución, priorizando la serena reflexión, excluye la materia penal de las que pueden ser objeto de consulta popular. Prefiere ignorarlo el sedicente candidato renovador que sigue recogiendo firmas interpelando todos los dolores de la sociedad, agitando el fantasma de un gobierno de los delincuentes para denunciar un proyecto de Código Penal que representa un significativo avance porque moderniza un viejo texto desde una perspectiva democrática y ha sido elaborado por un consenso plural. Los episodios de linchamiento que tanto impactaron a una sociedad no habituada a estas respuestas no son ajenos a este clima artificialmente creado por quienes medran con el discurso del miedo para desvirtuar cualquier sentido de ciudadanía y de solidaridad. 

Tampoco contribuyen ni a la tranquilidad social ni a la eficacia de la prevención quienes convocan a la guerra contra el delito, con un tono épico digno de mejor causa, y promueven drásticas ampliaciones de la fuerza policial que permitirían el retorno a filas de aquellos que fueron separados por actos de corrupción y vejación a los ciudadanos. En la provincia de Buenos Aires se inició hace años una reforma policial inspirada en los criterios de la Seguridad Democrática y fue dejada sin efecto. Sería deseable una reflexión seria de los responsables de ese retroceso antes que seguir haciendo silencio sobre las reiteradas denuncias de la situación en las cárceles y la violencia institucional contra los más pobres, abusos que, por cierto, no son exclusivos del primer estado argentino. Nada mas elocuente que la caracterización de la Comisión Provincial por la Memoria que afirmó al respecto : “El despliegue de uniformados, asentados en la lógica de ocupación territorial, construye un escenario bélico de control de los conglomerados poblacionales pobres donde se localizan a los “peligrosos”, como potenciales enemigos de los sectores que concentran mayores niveles de bienestar económico. A unos se los controla, a otros se los protege, expresando en las políticas de seguridad la legitimación de la exclusión social y la estigmatización de los pobres.”

La presentación de la tarea de represión al delito como una guerra podría considerarse como un mero exceso retórico sino fuera que ese discurso propicia hoy en el mundo la reinstalación de los principios intervencionistas de la doctrina de la Seguridad Nacional. En nombre de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, los Estados Unidos han creado una red internacional de secuestro y detención de personas en condiciones inhumanas que pisotea las soberanías nacionales y legaliza la tortura. No sería inteligente de nuestra parte analizar las bravatas de nuestros paladines de la guerra contra el delito al margen de esa ominosa perspectiva.

Si la cuestión de la seguridad se debate en un contexto fuertemente viciado por un discurso intimidatorio que sólo puede ofrecer mano dura y multiplicación de las cárceles, la discusión mediática en el campo de la economía apela a un atávico saber convencional que parece inmune a todos los fracasos del neoliberalismo. Responsabilizando de la inflación al incremento del gasto público y la mejora de los salarios, el discurso dominante demoniza la intervención estatal y las políticas redistributivas y exime de toda culpa a los grandes empresarios formadores de precios. Frente a esta manipulación que utiliza la inflación para inducir políticas que favorecen la recesión, el desempleo, la caída del salario y la concentración del ingreso, la propuesta de precios cuidados, apoyada en un claro reconocimiento del fenómeno de alza de los precios y en una precisa explicación de sus causas, ha sido muy útil para develar el mecanismo que lleva a los aumentos, para dar cierta transparencia al funcionamiento de las cadenas de valor y para efectivamente cuidar el poder de compra de los sectores populares.

II

Hace algunas décadas la palabra globalización hizo pensar que se estaba ante un fenómeno nuevo en materia de ejercicio del poder mundial, en lo político y económico. La irrestricta movilidad de capitales, esencial a la lógica del neoliberalismo, implicó el auge de los modos de valorización financiera de ellos, que con el poder de ingresar y de retirarse sin restricciones de cualquier país, han facilitado un incremento de las crisis, inestabilidades y turbulencias en las naciones periféricas, consolidando y profundizando las asimetrías entre las potencias centrales y el resto de la comunidad internacional. Los inventores de ese vertiginoso concepto de globalización se basaban en hechos verificables producidos por una gran mutación tecnológica en el espacio telecomunicacional. La velocidad de transmisión en un único presente absolutizado de informaciones, símbolos y mensajes, prometía una transparencia inmediata para visualizar al mundo como una unidad abstracta que hacía circular millones de datos por segundo y creaba un ciudadano universal magníficamente “conectado”. Pero esos datos no son solo datos, sino modos de vida. Esa ciudadanía irrealmente postulada, dilapidaba su libertad en un océano de informaciones que hasta podían cobrar la forma de la escritura íntima, generando la ilusión de una democracia universal de opinión. Pero paradójicamente eran éstas las formas mismas que forjaban la dificultad para interpretar los nuevos poderes mundiales, yacentes en la supuesta inocencia de la “teoría de la información”, una de cuyas consecuencias es el debilitamiento de los lenguajes argumentativos y el control de la intimidad. Hay que volver entonces a poner la intimidad, su autonomía efectiva en peligro, en el marco de una crítica al procedimiento habitual de las grandes fábricas de ficciones de dominación y también a la lógica que preside la economía mundial. 

III

Cualquier análisis serio debe partir de reconocer que las perspectivas de la economía argentina se hacen gradualmente más inciertas como consecuencia de la incidencia de la crisis económico-financiera internacional, las restricciones de la demanda externa y, en particular, las expectativas de un crecimiento limitado del Brasil, nuestro principal socio comercial. En este contexto, el gobierno con el fin de limitar la fuga de divisas (comportamiento inmodificado de los grupos económicos y financieros locales y extranjeros aun en épocas de economía floreciente como la última década), se ha visto obligado a tomar medidas como el alza de las tasas de interés que pueden afectar el nivel de actividad económica – aunque sus efectos negativos son reducidos con medidas compensatorias como el Programa Fondear-. Así, la conducción económica actuó decididamente afrontando el intento de golpe de mercado sin recurrir a una política ortodoxa de ajuste por la que declama y opera el poder concentrado, pero merece una alerta constante –que por cierto están demostrando tener Kicillof y su equipo- la latente posibilidad que, agotada la liquidación de las exportaciones agropecuarias, se reiteren las presiones sobre el mercado cambiario siempre utilizadas para desacreditar y/o desestabilizar gobiernos de signo popular.. 

La situación que llevó a devaluar la moneda -medida que incide negativamente en el nivel de actividad económica- puso de manifiesto la creciente extranjerización de la economía, la concentración de la producción y el comercio exterior en pocas firmas y la fuerte propensión a importar de la industria. Los componentes que inciden más negativamente en la balanza comercial, como el fuerte crecimiento de la importación de combustibles o la muy alta participación de componentes extranjeros en la producción automotriz, tienen que ver con las carencias estructurales de la economía argentina. La debilidad en que se encuentra el Estado para actuar frente a la presión de las grandes cerealeras que impusieron la devaluación, señala, por otra parte, la imperiosa necesidad de adoptar medidas que avancen en el control estatal sobre la oferta de exportación. El saldo de la década tiene un sesgo muy marcado de reparación social y, sin duda, se ha avanzado en el consenso sobre el rol prioritario que debe asumir el Estado en la regulación. Pero el control del aparato productivo por agentes empresarios con limitada disposición a invertir y escaso interés por fortalecer un proceso de desarrollo tecnológico autónomo, nos enfrentan al dilema de las opciones que permitan impulsar las tareas que una burguesía transnacionalizada está lejos de asegurar. Dilema que exige recuperar el debate respecto de la centralidad del Estado -incluyendo su involucramiento productivo- para un proyecto de desarrollo nacional que al mismo tiempo concentre el máximo de los atributos en cuanto a ampliación de derechos, distribución de la renta, nuevos planteos de incorporación social y medidas auto protectoras del vivir común.

Grandes empresas de telecomunicaciones, grandes capitales financieros que fluyen de un país a otro maximizando sus ganancias especulativas, multinacionales de la extracción de minerales, compañías petroleras con directorios incesantemente intercambiables, fabricantes de semillas artificiales que crean nuevas clases sociales agrarias sin conciencia social en la explotación de las tierras fértiles de todo el planeta, asimismo interligadas a grandes emporios comunicacionales, se aprestan a teledirigir las acciones de los Estados independientes, aun de los medianamente poderosos. Es cada vez más difícil gobernar estados nacionales independientes en la era de la globalización, pues en este eufemismo, se albergan las razones mismas que condicionan esa independencia, mientras guerras explícitas o larvadas de cuño antiguo, nacionales o étnicas, siguen sacudiendo distintos puntos estratégicos del planeta. 

Pero donde hay poder hay resistencia. Más allá de la obvia transferencia de ingresos a los exportadores y los grandes tenedores de divisas, entre los que se debe contar la gran banca extranjera cuyo rol contribuye poca cosa al crédito productivo, provocada por la devaluación, quienes la impulsaron imaginaban que la gestión económica perdería el control de la coyuntura, en un escenario de fuerte presión de las demandas salariales, creciente alza de los precios internos y de la cotización del dólar. En ese contexto, el gobierno de Cristina Kirchner se vería obligado a transitar un sendero de ajustes sucesivos y recurrir sin condiciones al crédito internacional, preparando de este modo al país para el nuevo rumbo económico que esos sectores pronostican como inexorable a partir del año 2015. Una presidenta que así abandonara el camino de sus políticas redistributivas y transformadoras –sostienen con alborozo los voceros del establishment- quedaría debilitada para incidir en su sucesión.

IV

Aun así en un contexto que dificulta la continuidad de las políticas de expansión de la demanda, la presidenta se niega a una drástica reducción del gasto e imagina a diario nuevas medidas que, como el Plan Progresar, la Ley para reducir el trabajo informal y el significativo aumento de la AUH, hacen a la identidad más profunda del kirchnerismo. Siguiendo con esta capacidad creativa y renovadora, pero ya en otro terreno, el gobierno tomó la decisión de crear el Ministerio de Cultura. Algunos nucleamientos empresarios, reunidos en el Foro de Convergencia Empresarial, han optado por plantear un programa máximo de retorno al neoliberalismo que niega al Estado la posibilidad de financiamiento, rechazando toda posibilidad de imponer retenciones a la producción del agro –con un tono que hace pensar que consideran esa medida como una violación a los Derechos Humanos- y ubicando un derecho de propiedad que no admite restricciones en la cumbre del orden jurídico, mientras adjudica al empresariado la exclusividad de sujeto creador de valor y cosifica a los trabajadores. Otros sectores del gran empresariado prefieren una línea menos agresiva, pero esta actitud moderada no concurre menos que la anterior a presionar al gobierno para imponer un consenso de política económica que excluye toda radicalidad que sea apropiada para cuestionar las estructuras sindicales obsoletas, aun intocadas. Estas obturan la intervención política de los trabajadores y son funcionales a los intereses de los sectores empresariales mencionados. Las palabras de Hugo Yasky el 1º de mayo definen otras aspiraciones: “La clase trabajadora no puede ser convidado de piedra a la hora de definir las políticas de un país. La clase trabajadora no puede mirar por televisión el rumbo de los cambios. Ese protagonismo hay que construirlo todos los días”. No sólo en el campo de la economía se encuentran los nubarrones que hacen difícil visualizar una salida política que garantice la continuidad del proyecto. Los problemas para definir un candidato identificado con lo realizado en ésta década revelan que el kirchnerismo -sin duda la principal fuerza política en términos de militancia y movilización- no ha completado aun el proceso de su constitución como movimiento orgánico. Se ha avanzado mucho en estos años en la adopción de un discurso que cobija en el Frente de la Victoria tanto a los militantes provenientes del peronismo como a quienes se identifican con otras tradiciones políticas. Esta confluencia, en su momento anticipada por los peronistas más lúcidos como John William Cooke, marca la superación de una larga etapa de divergencias signada por la afirmación excluyente de un peronismo que pretendía ignorar sus propias contradicciones como por la negativa de muchos sectores de izquierda para reconocer la centralidad de la experiencia política de los trabajadores, en su singularidad persistente. Sin embargo, aún no se ha logrado constituir una única fuerza con todos los que se consideran militantes y adherentes al proyecto democrático, nacional y popular.

V

El kirchnerismo se conformó como movimiento apoyándose en la identidad del peronismo y en una estructura de poder conformada por gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales de la que resultaría difícil prescindir. Son fáciles de comprender las razones políticas e históricas que explican el rol del Partido Justicialista, pero es necesario recordar que los rumbos principales de la acción política en la última década no surgieron de decisiones orgánicas del PJ sino de una iniciativa audaz desde lo alto del poder de gobierno, que no tardó en recoger grandes adhesiones.

En la perspectiva de la renovación presidencial, la relación entre kirchnerismo y peronismo es nuevamente puesta en tensión y se debate cual es el espacio más abarcador. Cuando algunos dirigentes sostienen que el kirchnerismo es sólo una parte del peronismo debe tenerse en cuenta que una fracción significativa de la dirigencia proveniente del justicialismo se encuentra en la oposición. En consecuencia, cualquier propósito de reunificación indiscriminada del peronismo supone el apartamiento de la línea seguida desde la asunción de Néstor Kirchner. Si aceptamos que el tema central de la disputa política se refiere hoy a la continuidad de este proyecto queda claro cuál es la convocatoria que debemos formular. 

La perduración de las identidades políticas plantea un debate teórico difícil de saldar. A medida que se extendía a sectores amplios del electorado, el peronismo ha ido perdiendo perfiles claros y albergando propuestas contradictorias. El menemismo representó el intento oportunista de adecuarse a la hegemonía neoliberal y someterse a los dictados del poder económico, el kirchnerismo significó el rescate de las mejores tradiciones peronistas y de otros legados equivalentes del pensamiento emancipador. Aquella experiencia de gobierno tuvo, naturalmente, el apoyo del poder económico y la derecha política; la que estamos transitando convocó a un arco muy amplio de fuerzas populares. Esta y no otra es la contradicción central en la política argentina, y, aunque parezca paradójico, es necesario preocuparse tanto por la consolidación del peronismo que apoya a CFK como por asegurar la más amplia unidad popular en torno al gobierno nacional. 

Por cierto que esta unidad popular nada tiene que ver con agrupamientos recientemente constituidos, como el FA/UNEN, que no han podido siquiera llegar al mínimo de coincidencias imprescindible para un pronunciamiento colectivo. Los límites para el asombro no dejan de ensancharse en la política argentina: después de la indefendible gestión del presidente expulsado en 2001, se consideró que la Alianza no podía repetirse. Sin embargo, aquella desafortunada iniciativa tenía por lo menos la disculpa de haberse constituido para enfrentar a un gobierno reaccionario y, además, era un acuerdo de partidos no un conglomerado de aspirantes al liderazgo mediático.

No ha pasado inadvertida la recurrente invocación en el discurso presidencial de la figura de Raúl Alfonsín. No significa esto, seguramente, que hayan dejado de considerarse discutibles algunas de las medidas de su gobierno y gravemente reprochable al haber cedido ante la amenaza de golpe otorgando a los sediciosos las leyes de impunidad, sólo que el juicio histórico tiene que ser favorable a quien en su afán de profundizar la democracia enfrentó el hostigamiento de las corporaciones y los medios hegemónicos. Ese rescate de la mejor historia del radicalismo, también alcanza a otras tradiciones populares a las que no son fieles quienes se consideran hoy sus seguidores. Alfredo Palacios, adversario del peronismo, en su momento, participó de los primeros movimientos antiimperialistas de América Latina y fue un decidido defensor de la Revolución Cubana. Difícilmente podría soportar la vergüenza de saber que algunos de sus correligionarios hubiera votado contra el gobierno popular de Hugo Chavez, blanco de todos los ataques y maniobras de los Estados Unidos.

Tomado de aquí