Son miles, afectan a muchos países y están fundamentalmente generados por la creciente demanda de energía y recursos naturales.
De los casos que detalla el recién creado Atlas global de Justicia Ambiental, más de 300 son de América Latina.
Y además, los más perjudicados por estos conflictos que tienen que ver con el medio ambiente son los más desfavorecidos.
Esas son algunas de las conclusiones de esta plataforma interactiva,
producto del trabajo de un equipo internacional de expertos coordinados
por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
“El Atlas muestra cómo los
conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por demandas de
materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”,
comentó Joan Martínez Alier, director del proyecto europeo de
organizaciones de justicia ambiental EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) que hizo posible este mapa. [Nota del bloguero: ¿es igual el consumo de la clase media argentina que de la clase media norteamericana? ¿igual el de la clase alta rusa que la clase alta hondureña? Creemos que no. Habría que conocer las diferencias]
“Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos
ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político
para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud”, señaló
Alier.
Injusticias medioambientales
Creado con la colaboración de activistas y académicos, el inventario
de casos medioambientales permite a los usuarios buscar y visualizar los
conflictos por tipo de material (ya sea minerales, hidrocarburos, agua o
desechos nucleares), compañías involucradas y países.
En América Latina, el mayor número de casos documentados por el atlas
se distribuyen entre Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48),
Argentina (32), Perú (31) y Chile (30).
El interesado puede, entonces, seleccionar uno de los puntos ubicados
en el mapa y obtener información sobre, por ejemplo, el juicio que
enfrentó la compañía productora de soja Monsanto en Argentina por el uso
indebido de agroquímicos.
O sobre el caso de la marca Chiquita, distribuidora de plátanos, en Colombia.
El mapa detalla que grupos defensores de derechos humanos,
medioambientales y laborales han denunciado a esta empresa por los
problemas ambientales, sociales y de salud causados por la violación de
derechos básicos de sus trabajadores y la financiación ilegal de grupos
paramilitares.
Estos son sólo dos casos de los cientos de puntos que cubren la
región: clasificados según su color, hay conflictos que tienen que ver
con el agua, la minería, la deforestación o los residuos tóxicos.
Esperanza
La iniciativa, que contó con la participación de 23 universidades y
organizaciones de justicia ambiental de 18 países, tiene varios
objetivos, entre los que se encuentra el de hacer accesible la
información y dar más visibilidad a estas disputas.
Sus creadores esperan que nuevas organizaciones civiles y expertos en
áreas específicas contribuyan para ir cubriendo de puntos los espacios y
regiones que aún están vacíos.
De momento, y aunque los miles de conflictos relevados no invitan al optimismo, sus responsables destacan las señales positivas.
“El mapa muestra tendencias preocupantes como la impunidad de las
compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los
defensores ambientales, pero también inspira esperanza”, dice Leah
Temper, coordinadora del Atlas.
“Entre las muchas historias de destrucción ambiental y de represión
política también se hallan casos de victorias en la justicia ambiental”.
De hecho, precisa Temper, este es el caso del 17% de los conflictos
analizados: se han ganado juicios legales, se ha logrado la cancelación
de proyectos y se han conseguido la devolución de bienes a algunas
comunidades.
El Atlas fue presentado este miércoles en Bruselas, en la Delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Tomado de aquí
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